Una década con deudas pendientes

El balance de la década kirchnerista deja como gran tema pendiente la reforma tributaria. El sistema tributario argentino es de los más regresivos del mundo porque se sustenta en impuestos indirectos al consumo, donde más pagan los que menos tienen.

El IVA es el impuesto que más recauda, en segundo lugar se ubica el impuesto a las ganancias, que afecta el ingreso de casi todos los trabajadores, y el cuarto es el impuesto al cheque, el más distorsivo.

Planteamos por ello eliminar el IVA a los productos de la canasta básica de alimentos, medida tomada por Dilma Roussef en Brasil, para quitar presión inflacionaria sobre los precios y de justicia social, gravar la renta financiera, rever los gravámenes de la renta minera y el juego.

En Argentina en 2012 el 10 por ciento de la población más rica gana 22 veces más que el 10 por ciento más pobre. En 1994 la población más rica ganaba 19 veces más que el 10 por ciento más pobre. Como ejemplo del deterioro sufrido cabe señalar que en 1974, la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres era solo de 9,5.

Esto significa que no se ha roto el patrón de los años noventa y por lo tanto los más beneficiados de la bonanza de casi diez años de crecimiento siguen siendo los sectores concentrados, sin avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Hoy el gobierno debe recurrir a medidas extraordinarias para hacerse de fondos fiscales, apropiación de fondos de las jubilaciones, disponibilidad de reservas del banco central, emisión monetaria, préstamos del Banco Nación, y el blanqueo de capitales.

La calidad institucional está vinculada en muchos aspectos a la sustentabilidad de estos procesos económicos y también de los sociales y políticos. Las últimas leyes enviadas desde el Poder Ejecutivo al parlamento han encontrado el camino del deterioro de la calidad institucional.

Vemos un fin de ciclo de una década que deja pendiente también una reforma judicial profunda en el sentido que lo reclama la ciudadanía, con una justicia independiente y de cercanía con la gente.

El propio gobierno ha despreciado su mejor obra institucional y uno de sus mejores logros en los diez años: la Corte Suprema de Justicia. Un gobierno que ha tenido importantes conquistas en el campo de los derechos humanos, que hemos reconocido desde la oposición y se lo ha reconocido el país, termina discutiendo con los organismos de Derechos Humanos en torno a una ley que envían al Congreso de la Nación.

Fueron estos organismos quienes tildaron de inconstitucional y de recortar gravemente, una vez más, los derechos de los más vulnerables y de los que menos tienen, cuando se discutió en el Senado la norma que establece fuertes límites a la posibilidad de presentar medidas cautelares contra el Estado.

Esta es una década que deja, principalmente, deudas pendientes en materia económica, hay que gravar la renta financiera, petrolera y minera y también el juego. Hay que eliminar el IVA a los productos de la canasta básica de alimentos, porque es hora de diseñar con sesgo progresista un sistema impositivo equitativo.

 

Fuente: DyN

Corrupción, connivencia e impunidad, un círculo peligroso para cualquier sociedad

Hace un año la tragedia de Once dejó 51 víctimas y 700 heridos, todos ellos jóvenes, estudiantes, trabajadores, la mayoría ellos pertenecían a hogares de bajos recursos. Hoy el recuerdo de su familia y el homenaje de toda la sociedad es la expresión más firme en busca de justicia frente a un gobierno ausente ante el dolor y sin capacidad de respuestas para solucionar el deficiente sistema ferroviario que sigue vigente.

Siempre he sostenido que es imprescindible que el Estado ejerza el adecuado control y fiscalización del transporte de pasajeros con una firme política de regulación de los servicios públicos concesionados, que garantice a los usuarios condiciones adecuadas tanto en calidad como cantidad de servicio. Me opuse en su momento a la política de privatizaciones y desde aquel momento mi preocupación por la calidad del servicio público que reciben los usuarios ha sido permanente.

En mi condición de senador socialista presenté iniciativas parlamentarias que no sólo buscan regular el servicio de trenes de pasajeros, sino que además solicité la presencia del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido y del entonces secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi, para que expliquen y brinden informes sobre la actividad de fiscalización y control de la concesión del servicio público ferroviario de pasajeros de la ex línea Domingo F. Sarmiento, después de la fatalidad que nos conmovió el 22 de febrero del año pasado.

La tragedia de Once es la clara muestra del perverso funcionamiento del sistema de los servicios públicos concesionados que desde la década de los noventa mantiene una connivencia entre funcionarios y empresarios donde los perjudicados siempre son los usuarios. Entes de control intervenidos por el Estado que nunca defienden al usuario, subsidios millonarios pactados entre cuatro paredes sin ningún tipo de control, cuya resultante es la del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime con 40 causas judiciales por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Es necesaria una política de Estado que apunte a desarrollar el ferrocarril de pasajeros y de cargas. Somos uno de los países con los mayores índices de muertes en accidentes viales en rutas sobrecargadas de camiones. Es necesario un desarrollo del sistema ferroviario para que los ciudadanos puedan viajar a su trabajo en condiciones seguras.

Corrupción, connivencia e impunidad es un círculo peligroso para cualquier sociedad. El fracaso de este modelo privatizador ha sido muy grande, esto ha significado un costo terrible para todos los argentinos.

No hay dudas que la gobernabilidad es dar las respuestas correctas al ciudadano.