Profundizar el camino de justicia

La llegada del aniversario número cuarenta del golpe de Estado cívico-militar de 1976 nos encuentra a los argentinos transitando un nuevo contexto político. A poco más de cien días de iniciado el nuevo Gobierno, ya hay movimientos que nos obligan a seguir redoblando esfuerzos, trabajo y militancia para que la experiencia histórica de los años setenta no sea revisada con lógica parcial, lo que nos impediría avanzar por el camino de la justicia.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri se refirió a la dictadura más sangrienta de nuestra historia como parte del proceso de consolidación de la violencia política de los años setenta. Quizá por descuido, quizá porque así lo cree, lo cierto es que el Presidente no condenó al terrorismo de Estado, sino a una violencia política en abstracto, definición que abonó durante las décadas de impunidad el discurso de los dos demonios.

A quienes militamos desde hace años por la memoria, la verdad y la justicia, reclamando el esclarecimiento y la condena a los responsables civiles y militares de los crímenes de lesa humanidad, nos inquieta esta definición tan ambigua de Macri. El esclarecimiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura debe ser una política de Estado, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, y debe contar con la firme convicción y el acompañamiento de la dirigencia política democrática para que no vuelva a repetirse jamás aquella historia. Continuar leyendo

La megaestafa de la megaminería

En momentos de aumentos de tarifas y precios que agravan la situación de millones de argentinos, el Presidente decide quitarles retenciones a las mineras, uno de los sectores económicos que más se han enriquecido desde el Gobierno de Carlos Menem en adelante.

Los fundamentos expuestos en el decreto 349/2016 que regula la medida reiteran los argumentos de quienes gobernaron los últimos 30 años y mantuvieron los privilegios del sector: la pérdida de competitividad de Argentina en relación con el resto de países de la región, los grandes costos operativos, la necesidad de promover la actividad como “vector de potenciación del federalismo” y, sobre todo, la necesidad de “implementar medidas tendientes a revertir el estado actual de la economía, generando condiciones que permitan la reactivación y una mayor competitividad para los distintos sectores productivos del país, el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo, llevando así a mayor prosperidad general al país”.

Años atrás, desde la Vicepresidencia de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación tuve la oportunidad de viajar a La Rioja, Catamarca y San Juan, debido a denuncias presentadas por pobladores de zonas cercanas a emprendimientos mineros en marcha o en carpeta. Les puedo asegurar que, a pesar de años de incentivos fiscales de todo tipo, la minería ha provocado el achicamiento o la desaparición de muchos productores locales, con quienes compite por el uso del suelo o el agua; aumenta el desempleo, la pobreza y la contaminación. Y lo que es peor, encontré una marcada debilidad de las instituciones democráticas del lugar, a partir de Gobiernos cuasifeudales, que no toleran las voces críticas, que amedrentan a quienes deciden defender una tierra mejor para sus hijos. Continuar leyendo

Qué hay detrás de los números de pobreza ocultados

Podríamos hacer una larga descripción de las razones por las que es gravísimo omitir o publicar datos sobre pobreza reales para que el Estado planifique políticas públicas que la combatan y resuelvan. La pobreza, sin dudas, es la deuda más onerosa que tiene la democracia argentina contemporánea y, particularmente, es la vergüenza más notable del ciclo kirchnerista, que seguirá sin reconocer su responsabilidad en la consolidación de estas indignas condiciones de vida en un amplio segmento de la población.

Sin embargo, esta columna intentará explicar que la pobreza, además, es un negocio para algunos sectores económicos y políticos que sin duda se benefician con su sostenimiento. Estos sectores, minoritarios, han visto crecer sus patrimonios y sus negocios durante la década, accedieron a fortunas enormes que les han permitido aislarse de las consecuencias más gravosas que la pobreza incorpora en el conjunto de la sociedad, al mismo tiempo que condiciona el acceso de los sectores más vulnerables a derechos básicos.

Entre las consecuencias más visibles que el sostenimiento y la consolidación de la pobreza traslada al conjunto de la sociedad está el crecimiento de Estados paralelos, como lo son las redes de narcotráfico o delincuencia, que afectan fuertemente al conjunto de la sociedad y se sostienen especialmente en condiciones de desigualdad como la que vivimos.

Ocultar los números de pobreza no solo es ocultar una realidad visible que se quiere negar, es también ocultar que Argentina, como el conjunto de los países latinoamericanos que crecieron en la primera década del siglo, amplió la brecha de desigualdad al interior de sus economías. Continuar leyendo

Por los derechos humanos que aún falta saldar

Este no será un 24 de marzo en el que solamente miremos para atrás y recordemos el comienzo de la noche más larga y cruel que haya conocido nuestro país. Este marzo de 2015 significa, además y luego de doce años del kirchnerismo en el ejercicio del poder, la posibilidad de reflexionar y realizar un balance acerca de una materia, los DDHH, sobre la cual el “gobierno nacional y popular” se apoyó simbólica y políticamente durante este período.

Ante todo, el kirchnerismo pretendió hacer de los DDHH una de sus banderas principales, incluso existiendo contradicciones tan dolorosas como inexplicables durante este ciclo. Para empezar, quiero decir que desde Libres del Sur entendemos a los DDHH en un sentido amplio. Luchamos de igual modo por los ultrajados ayer y hoy, porque entendemos que los DDHH son una categoría que encierra a los derechos civiles y políticos; al derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales; el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; como así también los derechos colectivos. No pareciera ser esta la concepción del kirchnerismo.

No obstante lo anterior, también debo decir que durante todos estos años existieron avances notables en esta materia. Pero me permito. a diferencia del Gobierno, remarcar el carácter colectivo de esos progresos. Son conquistas del pueblo; no pertenecen con exclusividad a ningún espacio político.

De hecho, cómo olvidar la derogación de las leyes del perdón, lo que permitió reabrir los juicios y condenar a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. No quiero tampoco dejar de mencionar la emoción que significó la recuperación de la ESMA como espacio de la Memoria. O la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hecho que nos entusiasmó y que muchos creímos implicaba que la Argentina entrara en una etapa de avances y conquistas.

Sin embargo, y frente a todos estos hechos, el gobierno de Cristina Kirchner tomó la triste decisión de impulsar a Cesar Milani como jefe del Ejército, desdibujando y amenazando todo el esfuerzo anterior y el avance institucional que aquello significó. Aun existiendo, al decir de la Justicia, “elementos suficientes” para llamar a indagatoria al general Milani, por secuestros y torturas cometidos durante la dictadura, y estando imputado en la causa por la desaparición de un conscripto, el “gobierno de los DDHH” lo sostiene con esmero y entusiasmo. Todos miran para otro lado, incluso la juventud K que dice representar ideales del campo nacional y popular. Como tampoco se hacen cargo del Proyecto X, de la ley antiterrorista, del gendarme carancho, del pedido de mano dura para reprimir la protesta social y de la omnipresente presencia del “Rambo” Berni al frente de la secretaría de Seguridad, uno de sus principales abanderados.

Como sociedad tenemos la obligación de ver los “otros” DDHH que siguen violándose y para los cuales el kirchnerismo hizo la vista gorda. Durante la proclamada “década ganada” vimos atónitos la aparición de los desmontes masivos, la proliferación de agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Estos hechos traen aparejados, a su vez, desalojos, violencia institucional y vulneración de derechos a comunidades campesinas e indígenas. La persecución en particular a los QOM por parte de los gobiernos oficialistas del Chaco y Formosa es una muestra descarada de esto. ¿Seguirá “el Cuervo” Larroque entusiasmado en desalojar de la vía pública a quienes como los QOM reclaman al Estado?

Pero seguramente la deuda política más grande que nos deja el kirchnerismo es haberle sido tan funcional a opciones opositoras que sostienen que “los DDHH son un curro”, tal como señaló hace escaso tiempo Mauricio Macri, dirigente que jamás condenó públicamente la dictadura -tal vez por los jugosos negocios que hizo su familia en aquel período- apoyó los indultos y piensa que los DDHH son cosa del pasado. Con sus pistolas Taser (armamento que la Policía Metropolitana estrenará en breve) o la salvaje represión a los trabajadores del Borda, el PRO nos da inequívocas señales de su concepción última de los DDHH. Los hechos hablan más que los gestos. Y esto le cabe a ambos gobiernos.

Frente a generaciones enteras de argentinos que quieren trabajar en otro rumbo, con la renovación política, el reconocimiento y la garantía de más DDHH desde una mirada integral, no podemos conformarnos.  En un nuevo aniversario del último golpe honramos a los que ya no están de la mejor manera, teniendo memoria y peleando por un país verdaderamente para todos. Esto se logrará garantizando el respeto por los DDHH de ayer y de hoy.

Los derechos de las mujeres son derechos humanos

Ayer se conoció la noticia de que Carlos García Muñoz, militante kirchnerista y actual funcionario de la Secretaria de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, fue condenado y detenido durante diez años en España por haber sido encontrado culpable del delito de violación en perjuicio de su ex esposa.

La abogada de la mujer, María José Varela, explicó al ser consultada por distintos medios que García Muñoz, antes de ser condenado por violación, tuvo denuncias y condenas previas en Barcelona por un delito de violencia habitual, un delito de amenazas y cinco faltas por lesiones leves; siempre contra su actual ex esposa. Luego, cuando cumplía condena por malos tratos, permaneció detenido, pero esta vez por el hecho ocurrido el 10 de Julio de 1999, cuando ingresó al domicilio de su ex esposa, le exigió mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de la mujer, la amenazó con una navaja y la violó.

A pesar de estos antecedentes, y dando una clara muestra del “compromiso” que el Gobierno Nacional tiene con los derechos humanos de las mujeres, García Muñoz es funcionario de la Secretaria de Derechos Humanos y recorre el país dando testimonio de su experiencia como ex detenido en la Mansión Seré durante la última dictadura militar. Se difundió incluso un video donde la Presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre,  destacó su presencia y lo hizo poner de pie para que recibiese una ovación del público.

Manifiesto mi repudio a la designación de García Muñoz ante cualquier dependencia como funcionario público y exijo su destitución del cargo que ocupa en la actualidad.

El Estado como botín de guerra de los que ganan una elección

Lamentablemente y como es de público conocimiento, en lo más alto de los niveles de responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional viene avanzando la investigación que involucra al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone Calcográfica.

Es sabida nuestra postura respecto de esta situación: Boudou, actualmente citado a declarar por el Juez Lijo, debería pedir licencia a su cargo y prestar su colaboración para que la justicia vaya a fondo con la investigación en el corto plazo. De determinarse que tiene responsabilidad en la causa por incumplimiento con los deberes de funcionario público, el Vicepresidente debería renunciar inmediatamente y someterse a lo que dictamine la sentencia del juez.

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