Por: Victoria Donda Pérez
Lamentablemente y como es de público conocimiento, en lo más alto de los niveles de responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional viene avanzando la investigación que involucra al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone Calcográfica.
Es sabida nuestra postura respecto de esta situación: Boudou, actualmente citado a declarar por el Juez Lijo, debería pedir licencia a su cargo y prestar su colaboración para que la justicia vaya a fondo con la investigación en el corto plazo. De determinarse que tiene responsabilidad en la causa por incumplimiento con los deberes de funcionario público, el Vicepresidente debería renunciar inmediatamente y someterse a lo que dictamine la sentencia del juez.
De no ser así, es decir, de no ser el vicepresidente quien voluntariamente pida licencia, sin dudas debería ser Cristina Fernández de Kirchner quien se lo solicite. Al menos demostraría que la presidenta no tiene nada que esconder en este asunto y que la “sintonía fina” que prometió en el plano institucional, cuando fue reelecta por el 54% de los votos en el 2011, no es solo una anécdota electoral.
Ahora bien, hay un hilo conductor entre lo que está investigando la justicia en esta causa y en varias otras, con lo sucedido en la década de los ’90 en relación a los funcionarios políticos y los bienes públicos. Y no es casual, en los noventa el kirchnerismo forjó sus primeras armas para insertarse en la política nacional; lo hicieron a través de sus gestiones en la municipalidad de Río Gallegos y luego en la Gobernación de Santa Cruz. Del mismo modo, resulta por lo menos curioso que el vicepresidente Boudou haya comenzado su actividad política en esos años en la juventud neoliberal de la UCeDe.
Lo que quiero decir es que, como en los ’90, el justicialismo no ha tenido ningún inconveniente para, en primer lugar, tener una relación muy pragmática con figuras provenientes de las canteras del pensamiento liberal, cuya característica es el desprecio por lo público y la utilización del Estado en pos del beneficio personal o privado. Recordemos la responsabilidad de la clase política en el desguace del Estado, el crecimiento patrimonial de los funcionarios menemistas y la impunidad que siguió a ese saqueo.
Para terminar, quiero detenerme un segundo en este último párrafo, porque creo que es uno de los principales valores del espacio político que integro. El Frente Amplio UNEN ha dicho con claridad que somos la única garantía de que el enriquecimiento de funcionarios, luego de tantos años de gestión kirchnerista, no quede impune. Algo que no está dispuesto a llevar adelante el Frente Renovador de Sergio Massa (por razones obvias), ni Mauricio Macri, que vaya casualidad, está procesado en una causa judicial siendo el Jefe de Gobierno porteño…