Uno de los últimos discursos de la Presidente procuró poner el problema fuera del área del Gobierno denunciando conspiraciones, corporaciones y la falta de transparencia de los otros poderes del Estado. Paradójicamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha sido uno de los que menos ha hecho en favor de la transparencia.

La mayoría de los países de la región ya cuentan con una ley de acceso a la información pública. Más allá del permanente discurso de democratización, el Gobierno ha eludido los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso de la Nación para reglamentar el acceso a la información pública, herramienta fundamental para la investigación ciudadana y periodística para poder auditar al Poder y luchar contra la corrupción. Si bien cabe destacar el decreto 1172/03 sancionado por Néstor Kirchner que habilita la posibilidad de acceder a cierta información dentro de la órbita del Ejecutivo, el mismo resulta insuficiente para otorgarle al ciudadano el debido y suficiente resguardo.

El tema tuvo múltiples oportunidades de salir adelante: 2004, 2010 y 2014. Sin embargo, en ningún momento prosperó aun teniendo el kirchnerismo mayoría automática para sancionar cualquier ley sin siquiera generar un debate (metodología que el oficialismo ha optado por utilizar en proyectos importantes como el código procesal penal). Si bien el tema da para largo, prefiero no entrar en particularidades de los distintos proyectos sobre legitimación pasiva (quienes serían sujetos obligados a tener que brindar información). Lo que está claro es que, teniendo la posibilidad de resolver la controversia y optar por una opción, ha decidido abandonar el debate y dejarnos sin la tan necesaria ley. Ni debate, ni decisión unilateral. Ninguna ley.

En los hechos, el Gobierno Nacional ha atentado contra la información pública procurando resguardar los datos en sede judicial. Sin ir tan lejos en octubre del año pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y dejó firme una sentencia de Cámara que condenaba a la IGJ a brindar información sobre empresas y sociedades vinculadas al caso Ciccone. Lo hizo por un amparo presentado por Gil Lavedra con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles.

Ahora, mientras se niegan a sancionar leyes de acceso a la información el público utilizan su influencia y posición privilegiada para difundir información de privados. El caso más reciente es el escrache del Gobierno Nacional al periodista Damián Pachter, compartiendo públicamente información privada sin ninguna ley que lo habilitara. Es una demostración de un Estado policíaco, fascista que viola garantías constitucionales con tal de generar un golpe de efecto mediático. Es de una miseria impresentable.

Niegan la posibilidad de que los ciudadanos controlemos y vigilemos al Gobierno pero se han esmerado en crear una agencia de inteligencia paralela en manos del militar Milani, ha avanzado ilegítimamente sobre la ciudadanía con el Proyecto X y ahora pretende crear una nueva agencia de inteligencia para ordenar la manera en que deben observar a los ciudadanos.

Sin embargo, de la posibilidad de que los ciudadanos controlemos a los funcionarios públicos, ni noticia. Esto es el kirchnerismo, una corporación que procura acumular tanto poder como sea posible, violando tantas reglas como haga falta y con el menor control posible por parte de los ciudadanos.