Por: Alejandro Tagliavini
Costa Rica, que no tiene ejército pero sí una selección de fútbol que sorprendió al mundo en Brasil, hoy está considerado el país con mayor “desarrollo social” de América Latina, con un PIB per cápita de US$ 11.156 anuales, entre Argentina (US$ 11.658) y Brasil (US$ 10264), y va por el buen camino: el contrario de la soberbia.
Sucede que el estatismo implica la coacción de “regulaciones” por parte de los políticos que, en su arrogancia, se creen con derecho y capaces de decidir vida y fortuna de los ciudadanos. En este sentido, es auspicioso que el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, un académico de izquierda que asumió el 8 de mayo, haya decretado la prohibición de incluir su nombre en placas de obras públicas porque éstas se erigen con “el aporte de todo el pueblo” y, además, no quiere que ver su retrato en las oficinas porque se considera un ciudadano más.
El presidente, además, ha dado muestras de sensatez, aun alejándose de ciertas tesis de su partido, como reconocer la importancia de la inversión extranjera y el libre comercio, aunque no parece dispuesto a un fuerte levantamiento de las “regulaciones” existentes. Por caso, desea reducir las tarifas eléctricas, de internet y de la gasolina, pero no termina de aceptar la eliminación de las leyes que otorgan monopolios al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Recope, de modo de dar lugar a la competencia privada que abarate los precios.
Más grande la soberbia, más destruye. En Cuba, donde los Castro quieren decidir hasta lo que deben pensar las personas, el salario medio no llega a US$ 20 mensuales y la devastación no fue mayor gracias a la ayuda de países amigos, particularmente la ex URSS (tras su caída, el PBI isleño cayó en torno al 35% entre los años 1991 y 1994 y el régimen debió abrirse al capital exterior). Pero la reciente ley de inversión extranjera sigue siendo muy restrictiva al punto que prohíbe a las empresas extranjeras contratar trabajadores de forma directa y asociarse con los emprendedores privados locales, unos 450.000 tras las reformas de 2011.
Otro caso interesante en América Latina es el de México, que logró la aprobación de la reforma en las telecomunicaciones bien intencionada aunque algo celosa. Efectivamente, si lo que se quiere es terminar con los monopolios y grupos dominantes deberían levantar las leyes que coactivamente, directa o indirectamente, dificultan la entrada de pequeños actores pero no crear un organismo burocrático, como el Instituto Federal de la Competencia, que exige al grupo que controla el 84% de la telefonía fija y el 70% de la móvil que comparta sus infraestructuras con la competencia, y a la mayor televisora del país, con el 60% del mercado, que ofrezca gratuitamente la señal a las televisiones de pago. ¿Quién es el burócrata para imponer su criterio sobre el mercado y las personas?