No tengo dudas de que aún hay muchos convencidos defensores del período de gobierno inaugurado por Néstor allá por 2003 y continuado por Cristina Kirchner desde el 2007 hasta hoy. No me refiero aquí a lo que el líder opositor venezolano Henrique Capriles llama “los enchufados”, es decir, aquellos que indebidamente y con prebendas fueron beneficiados por el gobierno de Chávez y Maduro. Está claro que también en el kirchnerismo hay muchos de estos “enchufados”, algunos de ellos con altos cargos de gobierno, pero pienso dejarlos de lado a los fines de este artículo por considerarlos moralmente irrecuperables y metodológicamente fáciles de predecir.
Es el grupo de los convencidos el que aquí me ocupa. En esta parcialidad encontramos honestos ciudadanos que vieron en este gobierno muchas de las reivindicaciones y proyectos con los que siempre soñaron o, en el caso de los más jóvenes, la concreción de las ideas que los fueron colmando en sus convicciones. Es ese porcentaje de simpatizantes y electores que, pese a todo, sigue confiando en las intenciones y el accionar de este gobierno el que me motiva a preguntar: ¿cuántos sapos más serán capaces de tolerar antes de retirarle la confianza al gobierno?
Para quien, como yo, no comulga con este modelo desde sus inicios por ver en él la reafirmación de un Estado proteccionista, populista, prebendario y a contramano del mundo, todo lo que sucede actualmente duele pero no sorprende; se lo toma como una consecuencia inevitable de cualquier gobierno populista. Sí considero necesario cuestionarme, parafraseando el título de aquél libro de Umberto Eco, ¿en qué creen los que sí creen?.
¿Qué piensan cuando la política social, uno de los bastiones del modelo, no da abasto para contener los estragos que la inflación real genera (no lo que mide el Indec, organismo al cual ni los más convencidos consideran hoy día fidedigno) sumergiendo en la pobreza a cada vez más ciudadanos? Tal vez estén convencidos de los argumentos de funcionarios y de la propia presidente cuando sostiene que los aumentos de precios (no hay inflación según ellos) son consecuencia de malos empresarios que, por desgracia, viven en su mayoría en Venezuela y Argentina.
¿Qué piensan cuando el nombramiento y ascenso de un general de inteligencia altamente sospechado de haber tenido participación directa en la represión ilegal durante el Proceso tira por la borda una activa política de impulsar el juzgamiento de los involucrados en los delitos cometidos durante aquel gobierno de facto? ¿No sospechan que tamaño respaldo a César Milani tenga algo que ver con sus cualidades para el espionaje sobre la sociedad civil? ¿No se da esto de bruces con lo que los defensores de derechos humanos creen, y la ley así lo indica, debe ser el rol de las fuerzas armadas en democracia?
¿Cómo concilian el sueño cuando el denostado por corrupto y neoliberal senador Carlos Menem acompaña, cada vez que su salud se lo permite, los proyectos del gobierno en el Senado? ¿Qué los lleva a pensar que Lázaro Báez es diferente de Armando Gostanian? ¿Bajo qué criterios entienden que los actuales empresarios que obtienen concesiones de todo tipo son diferentes a quienes se beneficiaron de algunas irregulares privatizaciones durante los ’90? La innumerable cantidad de pruebas que vinculan a la familiar Kirchner con Báez y sus empresas tal vez no sean suficientes para probar actos de corrupción en la politizada justicia argentina, pero sí son más que suficientes para cualquier bienintencionado e informado observador. Qué decir de las causas que vinculan al vicepresidente con la ex Ciccone Calcográfica; ¿es realmente el vice con el que soñaban cuando pensaban “refundar” el país? ¿A qué se debe si no es a la necesidad de proteger amigos o testaferros del poder el accionar de la procuradora Alejandra Gils Carbó batallando por la destitución de fiscales independientes?
La desviación de los fondos para la construcción de viviendas populares por parte de Schoklender como apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ¿no los hace pensar un segundo en la cantidad de recursos dilapidados que podrían atender situaciones de emergencia social aún presentes a pesar de la “década ganada”? ¿Cómo toman el uso de los subsidios al transporte que el multiprocesado Ricardo Jaime, otrora secretario de Transporte y compañero de Kirchner desde sus tiempos santacruceños, hacía en beneficio particular y de los “suyos”?
El calamitoso estado de los servicios públicos, con los emblemáticos casos de los trenes y la energía a pura vigencia, ¿son achacables a las empresas prestadoras de esos servicios cuando la función primordial del Estado es su regulación y control? ¿Cuán autónomas son estas empresas para tomar decisiones sobre gastos corrientes, inversiones y tarifas? Claramente no lo son y la situación en la que este rubro se encuentra está a la vista de todos; ¿en qué se basan quienes aún exculpan al gobierno nacional por estos problemas?
Las sospechas de corrupción involucran al centro mismo del poder, no puede aducirse desconocimiento o contentarse con que es un fenómeno mundial para diluir responsabilidades; el fracaso de la política energética, junto con la innumerable cantidad de promesas incumplidas, deberían arrojar al gobierno en un descreimiento absoluto; la escasez de dólares que llevan a endurecer con distintas medidas el cepo cambiario no pueden atribuirse a un contexto donde sobran dólares en el mundo; no pueden exculparse en la falta de tiempo para lograr que el transporte público sea cuando menos seguro si ya llevan 10 años de mandato.
Sinceramente no creo que los convencidos kirchneristas sean tan solo una versión extrema del “roban pero hacen” sino que creo que se acercan más al fenómeno de negación estudiado desde la psicología. Tal vez sea difícil reconocer que detrás de un florido discurso y de consignas altruistas se esconde una desmesurada ambición por acumular dinero y poder beneficiándose para ello de los recursos públicos. La explicación la intuyo también desde el lado emocional y por qué no desde la soberbia que impide reconocer que, al fin y al cabo, se equivocaron con este gobierno.