Sucede lamentablemente con regularidad que los gobiernos que tienen en estado deplorable aquello que efectivamente les compete por teoría, por costumbre y por derecho tienden a ocuparse de temas de los cuales ningún gobierno del mundo se ha podido ocupar satisfactoriamente. En esta ocasión, tanto el jefe de Gabinete como el ministro de Economía, por orden expresa de la Presidente de la nación, han decidido ocupar su tiempo en el precio del Solanum lycopersicum, comúnmente conocido como tomate.
Axel Kicillof es licenciado en economía, con un doctorado en la misma área y notas sobresalientes en sus estudios, y es quien cree, o nos quiere hacer creer, que medidas como el flamante programa “Precios Cuidados” es una eficaz herramienta para frenar la escalada inflacionaria que durante 2013 trepó casi hasta el 30%. Mónica Zapata es una empleada de 46 años cuyo testimonio recogió el diario La Nación recorriendo alguno de los supermercados adheridos al programa y sostuvo: “Cuando hubo acuerdos, los productos con precios congelados no estaban en las góndolas. Sólo sirve para tapar un poco la inflación, que viene en aumento desde hace meses”. Seguramente Mónica no conoce El capital de Karl Marx ni la vida del influyente economista inglés John Maynard Keynes pero tiene sentido común y algo de experiencia histórica reciente, además de que puede expresar sus pensamientos con libertad.
Con 20.000 productos en las góndolas y programas que van desde los 500 (como el anterior “Mirar para Cuidar” impulsado por el ex secretario Guillermo Moreno) a los 194 productos (del recientemente lanzado “Precios Cuidados” que abarca la CABA y el conurbano), con aumentos previos y posteriores de esos productos, faltantes y demás inconvenientes que surgen cuando la larga y torpe mano del Estado deja sus ineludibles tareas para ocuparse de lo que no puede ni debe regular, el fracaso está más que asegurado.
Siempre es posible forzar la razón hasta límites insospechados y así sucede cuando se anuncia la posible importación de tomate de Brasil para poder cumplir con lo acordado en el programa de control de precios. Si es negocio traer tomate de Brasil porque lo producido aquí es más caro, sin dudas va a haber empresarios dispuestos a hacerlo sin ningún anuncio ni promoción del gobierno y lo único que imposibilitaría esto es alguna traba puesta justamente por el propio Poder Ejecutivo. Si la decisión finalmente es abrir la importación del tomate para que no suban los precios, ¿por qué no lo hicieron antes?, ¿por qué no abrirla para el resto de los productos que sufren aumentos? ¿Es tan sólo para no sentir que fracasan con un plan anunciado como lo han hecho en todos los otros de estas características, como por ejemplo los de heladeras para todos, autos para todos o milanesas para todos? ¿Cuáles son los “mecanismos sancionatorios” de los que habla el jefe de Gabinete para los empresarios que no cumplan? ¿Estas sanciones estarían acordes a nuestro marco legal en un país donde los precios son supuestamente libres?
Sin dudas que el mundo de las ciencias sociales tiene muchos menos consensos en comparación a los que pueden existir en las denominadas ciencias duras pero hay cuestiones que están casi tan probadas como la ley de gravedad. Si se tratara de medicina, a este tipo de iniciativas con las cuales el gobierno se enfrasca de manera recurrente no quedaría otra que tratarlas como mala praxis.
Tiene tanto de lo cual ocuparse un Estado moderno que es realmente absurdo observar que se ocupa de cuestiones en las que no tiene nada bueno para aportar. En términos de infraestructura por ejemplo, da vergüenza observar que en el país no se hacen modernizaciones importantes desde los denostados años ’90; las dificultades en cuanto a recursos humanos y tecnológicos para combatir el narcotráfico son claras y notorias; el combate a la inseguridad no da ningún resultado positivo y tiende a incrementarse; el funcionamiento de la burocracia estatal ha ido perdiendo profesionalismo para ganar en militancia e ineficiencia; el marco institucional e impositivo es absolutamente desalentador de la inversión (al menos para aquellos empresarios sin vinculaciones con el Estado); la corrupción florece a la vista de todos y poco es lo que se hace para transparentar las acciones del Estado. Estas y otras muchas cuestiones son propias del Poder Ejecutivo y nadie puede sustituirlo en estos quehaceres, de esto hay que ocuparse.
En términos generales y sin pedir demasiado, lo mejor sería que el Estado intente desmalezar la cantidad de trabas que hacen del comercio y la vida cotidiana un calvario y poner los cimientos de un desarrollo sostenible porque en definitiva, ¿qué culpa tiene el tomate de que este gobierno sea populista?