Los funcionarios del Gobierno parecen haberse constituido ahora también en una especie de censores de idoneidad de los jueces. En efecto, como si fuera el mismísimo Catón, Julián Alvarez acaba de declarar al juez Luis María Cabral incompetente e inoperante para expedirse sobre “cuestiones sensibles para el Estado, como el tratado con Irán”.

Agregó que Cabral “no había estudiado para eso” como si sí lo hubiera hecho específicamente, por ejemplo, la jueza Ana María Figueroa que como integrante de la Sala fue la que se prestó al juego del poder ejecutivo para poner en marcha el procedimiento que terminó con la destitución de Cabral. O como si Claudio Marcelo Vazquez, el abogado ultrakirchnerista puesto en su lugar, también fuera un especialista profesionalizado en el tema.

Lo que sí resulta francamente vergonzoso es la ignorancia de Alvarez que parece desconocer la trayectoria del juez Cabral en materia penal en virtud de la cual se desempeña en ese fuero desde hace décadas y como consecuencia de la que llegó a la subrogancia de la vacante en la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal.

¿De dónde saca Alvarez, un joven que solo le debe a su militancia política el lugar que ocupa, que Cabral no está preparado para el análisis de “las cuestiones sensibles para el Estado”? ¿Acaso supone Alvarez que él tiene el poder para decidir cuáles son las “cuestiones sensibles para el Estado” y luego, en función de eso, acomodar “comisiones especiales” para que las juzguen?

Le recordamos al viceministro que en la Argentina “no hay comisiones especiales”, según reza el artículo 18 de la Constitución, y que la conformación amañada, acomodada a sus intereses y antijurídica de una Sala de la Cámara de Casación, es equivalente a crear una comisión especial.

El abogado Vázquez ni siquiera se ha desempeñado en la magistratura: es un abogado privado de vinculaciones estrechas con La Cámpora y el Gobierno y que se ha especializado en defender en los medios el llamado “proyecto de democratización de la Justicia”. Vázquez integraba la lista de conjueces que el gobierno aprobó con su mayoría simple y automática en el Senado sin observar los requisitos constitucionales de las mayorías especiales que pide la Constitución para la designación de magistrados.

Alvarez quizás haya olvidado también, luego de su paso por la facultad de Derecho (que no sabemos para qué lo capacitó), que las leyes no pueden aplicarse retroactivamente, esto es, no pueden aplicarse para atrás (salvo en el caso de la ley penal más benigna) porque esa logística produciría un verdadero desbarajuste y una inseguridad jurídica de tal magnitud que la vida civilizada no sería posible, pasando a ser reemplazada por un mamarracho de organización en donde la suerte de los ciudadanos quedaría en manos del Estado y de las ocurrencia de sus funcionarios.

Esta retroactividad es, precisamente, de la que el Gobierno se está valiendo para aplicarle la nueva ley de subrogancias al juez Cabral. Esta norma le permite a la mayoría automática (simple) kirchnerista en el Consejo de la Magistratura remover jueces subrogantes de acuerdo a su única voluntad y decisión. Según la ley anterior (que debería seguir gobernando la situación de Cabral por el principio de irretroactividad) los jueces subrogantes tienen todas las características del juez natural (inamovilidad, indemnidad) y deben permanecer en sus cargos hasta tanto un juez definitivo sea nombrado.

A Cabral lo echaron sin que mediara ninguno de estos procedimientos. De hecho, el abogado Vázquez es otro subrogante, no es el juez definitivo porque para su nombramiento la presidente no elevó su pliego al Senado.

Más allá de que no sea un requisito constitucional -porque obviamente de lo contrario no podrían nombrarse jueces que no lo hayan sido antes- recordemos el detalle que Vázquez jamás ha ocupado un cargo en la judicatura, con lo que uno de los lugares en el máximo tribunal penal del país pasaría a estar ocupado por un señor que no tiene la más mínima experiencia tribunalicia. Seguramente Alvarez y todo el gobierno deben haber quedado impactados por sus sobresalientes conocimientos para resolver “cuestiones sensibles para el Estado”

Los dichos del viceministro de Justicia no hacen otra cosa que agregar más componentes absurdos a una discusión que, evidentemente, solo ha sido motivada por el hecho que el Gobierno no tolera que lo controlen ni mucho menos que le discutan su poder.

El acuerdo con Irán ha sido un adefesio de principio a fin. Inició una era de oscuridades en la Argentina que terminaron con un fiscal muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su casa y con una presidente acusada de encubrir a criminales.

Ahora, sus efectos residuales están haciendo volar por la ventana a jueces probos bajo el argumento de que “no estudiaron para eso” como si, quien lo dice, fuera una eminencia jurídica con capacidad para ejercer una especie de censura profesional sobre los demás.

Sería muy interesante que alguien más temprano que tarde ponga fin a todo este cachivache dirigido únicamente a encubrir ineptitudes que no hecho otra cosa más que avergonzar internacionalmente al país.