Por: Daniel Muchnik
La aprobación por la Cámara de Diputados de la reforma del Código Procesal Penal tiene todos los ingredientes de las acciones que viene aplicando el kirchnerismo, devenido en cristinismo desde hace una década.
En definitiva se impone el criterio de la mayoría, no se escucha y se menosprecia a las minorías en el Parlamento, no se polemiza, no hay consenso, no hay criterio, no hay estudio a fondo del tema.Todo aquel que reflexione distinto es peligroso y puede pasar por destituyente. En definitiva : el Congreso actúa de la manera que lo quiere y lo pide el Poder Ejecutivo. Se aprueban leyes con la velocidad del rayo, sin que muchos de los que votan sepan su contenido, por negligencia o porque reciben órdenes terminantes de pasar por alto toda discusión.
Institucionalmente hablando se parece a un régimen arbitrario, caprichoso, donde impera la voz del amo. De esta forma es perjudicial y antidemocrático. Así son las cosas: los parlamentarios del oficialismo han elegido el camino de la sumisión. La mayoría ha autorizado a nombrar 17 fiscales y otros 1.633 funcionarios en la Procuración.
Los legisladores verticalistas fueron cristalinos ante la ofensiva y las críticas de sus colegas de la oposición. Juliana Di Tulio, conductora del bloque K, se ofuscó ante los cuestionamientos y dijo: “No tenemos miedito. Como dijo la Presidenta no nos van a amedrentar los buitres ni los caranchos” (La referencia de ” caranchos” fue a los jueces que se están animando a investigar algunos negocios).
En estos últimos años, el cristinismo no necesitó esfuerzos para que el poder y lo público fueran, para sus dirigentes, una sola cosa. No fue pragmatismo. Fue estrategia de acción política directa. Precisamente, un sector importante de la oposición en el Congreso buscaba que se definiera que los fiscales deben ser fiscales de la ley, no del poder de turno, y limitar las arbitrariedad que puede cometer la Procuradora General, por lo que hay que fijarle controles específicos, muy rígidos.No es esto un tema menor en el terreno de la vida política activa, pensando en la actualidad y en el futuro.
La intención del gobierno es clara: crear condiciones para la impunidad de los funcionarios bajo la lupa de la Justicia, y evitarles cárcel o cargos muy graves que hagan historia. Los que han delinquido, ¿lograrán evitar las sanciones? El próximo gobierno puede darle la espalda a esta reforma y otras leyes de impunidad, rechazarlas, pero, a un año de las elecciones, bien puede haber acuerdos con algunos candidatos a la Jefatura de Estado para sellar ciertos compromisos de “protección”. Todo actuado con ansiedad por lo visto extrema. Hay que insistir : falta un año, es imprevisible el futuro, los que actuaron mal buscan tentar al diablo, a cualquier precio.
Las leyes son indispensables en una sociedad organizada. Que se resguarda en ellas para evitar injusticias y la anarquía. Pero con ese principio elemental no se puede acallar los requerimientos de sectores de esa sociedad que no forman parte del poder, que no tienen posibilidad de decidir ni de reclamar. A los que se condena a la pasividad, o a la negación de su existencia…
Desde su condición de mayoría (en el último proceso electoral) el cristinismo sigue haciendo oídos sordos al resto del país y actúa arbitrariamente. Ni siquiera ahora, donde la adhesión a la Presidenta y lo que representa ha mermado considerablemente.