Uno a uno el equipo económico va derivando pilares que llegó a considerar indestructibles, como la apreciación desmedida del peso, la flexibilización del cepo cambiario, aunque sólo para pequeños ahorristas, la coordinación de la revisión de las estadísticas del Indec con el FMI, el endurecimiento de la política monetaria, para subir las tasas de interés con el objetivo de frenar la suba del dólar y la sangría de reservas y ahora el pago de una compensación a Repsol por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF, después que se reafirmara no sólo que no se le iba a pagar sino que, por el contrario, se le iba a exigir un resarcimiento por supuesto daño ambiental.

En todos los casos, las iniciativas recibieron, con diferentes matices, la aprobación de los agentes económicos, esto de los bancos, industriales, del comercio y servicios y también de la mayoría de los economistas profesionales.

Sin embargo, esos giros, acentuados claramente desde el cambio parcial del gabinete el 20 de noviembre, no fueron suficientes para revertir las expectativas de corto plazo, y en particular sus principales efectos: la actividad productiva y comercial literalmente se derrumbó; la inflación se aceleró peligrosamente pese a la insistencia con fracasados controles de precios y encuentros con los empresarios de 38 cadenas de valor de la producción y los servicios; la balanza comercial registró el menor superávit comercial en 13 años; el desempleo cae más por el efecto de la menor oferta de trabajadores en respuesta a la destrucción de puestos en la actividad privada que a la creación de empleos netos y el rojo fiscal se incrementa por el debilitamiento de la capacidad de recaudar impuestos en una economía que se contrae.

Y si bien, se van dando pasos que apenas unos meses atrás parecían como impensables, aún restan muchos otros cruciales para que la Argentina pueda volver aspirar a competir en el mercado internacional de capitales, sea para obtener financiamiento ante el agotamiento de la capacidad de uso de la máquina de imprimir billetes para asistir al fisco, sea para encarar demorados emprendimientos de infraestructura, sea para darle vida a Vaca Muerta, más allá de un modesto plan piloto de unos 3.000 millones sobre 37.000 millones de dólares que se había planificado en junio de 2012 para el quinquenio hasta 2017.

Son muchos pasos los que quedan por dar, y hacerlo de a uno como anticipó desde el primer día el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, no ayuda a cambiar las expectativas y reencauzar la economía al sendero de crecimiento con menor inflación y creación genuina de puestos de trabajo.

Asignaturas pendientes
En el orden internacional:
• Avanzar en la normalización de las estadísticas de PBI y sociales (no sólo de pobreza e indigencia, sino también de empleo donde aparecen muchos distritos con plena ocupación pese a que la oferta de trabajadores es inferior a un tercio de la población);

• Cierre del capítulo del default, tanto con los holdouts como con el Club de París. Para este último habrá que aceptar, como país miembro, que el Fondo Monetario Internacional audite las cuentas públicas y haga las recomendaciones de política, aunque eso no signifique que haya que tomarlas.

Mientras que en el orden doméstico, pero con claras implicancias para cambiar la percepción que tiene el resto del mundo sobre la economía Argentina quedan:
• Comenzar a desarmar la maraña de subsidios económicos, en particular los que benefician a los sectores de medianos a altos ingresos, y reforzar los programas asistenciales, aunque deberían tener como norte la superación de los factores que les dieron origen más que perpetuarlos como una causa perdida;

• Avanzar en forma decidida hacia el levantamiento del cepo cambiario;

• Abandonar los fracasados intentos de controlar la inflación con acuerdos de precios y reuniones multitudinarias con las cadena de valor;

• Destrabar al pago y autorización de importaciones, en particular de insumos y partes esenciales para la producción y la exportación;

• Liberar el giro de dividendos a los accionistas del resto del mundo, para que aliente el ingreso de capitales a través de inversiones extranjeras directas;

• Actualizar de manera automática por la variación de los precios reales de la economía los mínimos no imponible del Impuesto a las Ganancias, para dejar de cobrar el impuesto inflacionario a los trabajadores;

• Permitir a las empresas la actualización de sus balances por inflación, para dejar de gravar utilidades sólo nominales que desalientan la inversión productiva;

• Rediscutir el régimen de coparticipación de impuestos con las provincias, para que disminuya la discrecionalidad y crezca la racionalidad en el reparto de los recursos.

Pese a esa agenda tan amplia, gran parte de la dirigencia empresaria y muchos economistas se aventuraron a predecir un futuro inmediato mejor tras el acuerdo del Gobierno con Repsol, pese a que aún resta superar un escollo no menor, como es el Congreso que no sólo deberá refrendarlo sino también firmar el abandono de la política de desendeudamiento y autorizar la emisión de deuda: ahora para Repsol, más adelante para acordar con los holdouts y seguramente también con el Club de París.

En un par de días la presidente, Cristina Kirchner, hablará en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Ahí se verá si hay decisión tomada de acelerar el paso, o si será tiempo una vez más de hacer revisionismo de la última década y continuar con el gradualismo, pese a que esa estrategia hasta ahora ha mostrado más costos para la sociedad que beneficios.