Por: Horacio Minotti
El kirchnerismo no acuñó el “vamos por todo”, pero la usó de modo intimidante. “Todo” fue el intento de control de la totalidad de los medios de prensa. “Todo” fue el control arbitrario del Poder Judicial al margen del mandato constitucional. Y “todo” parece haber sido, al menos mucho, del crecimiento exponencial de la Argentina en los últimos diez años, que quién sabe dónde ha ido a parar.
De todas forman los tiempos cambian y los ciclos terminan. La exuberancia opulenta de cada acción inconstitucional de los K es una exhibición de iracundia clásica de las autocracias en estado terminal. Sin re reelección posible, y sin sucesor a la vista, al kirchnerismo le queda el autogolpe a lo Fujimori o la resignación en el mediano plazo.
Aun así, el daño institucional estará hecho y costará muchos años repararlo. También será un problema el futuro económico: serían casi milagrosos otros diez años a estos niveles de bonanza, pero en este caso bien aprovechados, para crecer, para salir de la miseria estructural, para generar más educación, más salud pública, mejor infraestructura.
Así que claramente hay que ir por todo. Vamos por todo. Los que podemos soportar y valoramos que otros piensen diferente, y podemos dar el debate de ideas, tenemos el deber de ir por todo. Hay que volver al camino de democracia abierta que comenzamos en 1983 y que alguna vez abandonamos. Ir por todo debe implicar el mayor grado de libertad que sea posible, el más estricto respeto a las decisiones del Poder Judicial y su más absoluta independencia. Ir por todo debe ser sinónimo de la búsqueda del mayor grado de libertad de prensa y expresión posible.
No existe libertad que se construya prohibiendo, ni derechos que se ejerzan persiguiendo. La intensidad democrática en la Argentina ha decaído sustancialmente desde la segunda mitad de los ’80 hasta nuestros días. En aquellos tiempos, desde canales estatales se criticaba ferozmente al gobierno (Tiempo Nuevo con Neustadt y Grondona desde Canal 11) con total apertura. No se perseguía ni se censuraba medios, ni se prohibía la difusión de ideas políticas. El presidente asistía a los Tedeum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana, aun después de enfrentarse con la Iglesia por la ley de divorcio vincular. Y también a la inauguración de la Sociedad Rural, aunque los ruralistas se mostraban muy disconformes y silbaban al presidente. El Poder Ejecutivo se sometía a la ley y las sentencias del Poder Judicial. El gobierno de Raúl Alfonsín sólo emitió diez decretos de necesidad y urgencia en cinco años y medio. Contra los casi 300 de Néstor Kirchner en cuatro años.
Los que somos ya grandes lo vamos a recordar. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que encabezaba el fiscal Ricardo Molinas era un ejemplo de control extraordinario del Poder Ejecutivo y los eventuales hechos de corrupción. A Molinas lo había nombrado el mismo gobierno que luego lo dejó trabajar con absoluta libertad, sin el mínimo grado de persecución.
Parece que la Argentina hubiese sido arrasada por 100 años de decadencia, y no por dos decenas. Por eso hay que ir por todo, para recuperar toda la libertad, toda la legalidad. La palabra “democratización”, utilizada hoy por el kirchnerismo para justificar la destrucción del Poder Judicial, no es una mala palabra, está siendo manipulada, intencionadamente mal utilizada.
“Democratizar” es avanzar hacia el mayor grado de democracia posible. En las democracias modernas esto se obtiene con mayores controles, de modo que la sociedad no se limite a participar votando cada dos años, sino que cuente con instrumentos permanentes y eficientes para controlar a sus mandatarios.
Una Auditoría General de la Nación seria, cuyas mayorías no respondan a los gobiernos de turno. Una Oficina Anticorrupción como órgano independiente y concursado. Las ONG formando parte de organismos de control, juicio por jurados, acelerar los procesos judiciales, garantizar la protección contra abusos del Estado volviendo atrás con los cambios en la cautelares.
Los concursos para ocupar juzgados vacantes, transparentes y claros, y con un Consejo de la Magistratura que guarde los equilibrios y los modos de selección de consejeros que establece la Constitución. Por todo eso vamos, a fondo. Porque sin libertad no hay nada. Sin el imperio de la ley estamos todos a merced del dictador de Costa Pobre (otra vez remembranzas para los más veteranos, recordando un viejo personaje de Alberto Olmedo que se parece demasiado a varios funcionarios de hoy). Vamos por toda la libertad, por un democracia real y moderna, vamos por todo el futuro para todos.