Por: Horacio Minotti
Son múltiples las resoluciones judiciales suspendiendo el llamado a elecciones primarias para la categoría de consejeros de la Magistratura. Ciertamente, el Poder Judicial reaccionó a tiempo y magistrados de todas las jurisdicciones dictaron medidas cautelares suspendiendo el proceso electoral. Por ende, la realización de dicha elección es hoy ilegal, prohibida por los magistrados, y el cronograma electoral no rige en lo atinente a “consejeros”.
El otorgamiento de medidas cautelares de las llamadas “innovativas”, es decir, las que apuntan a suspender la ley vigente (en este caso la que cambia la composición y modo de selección de miembros del Consejo) implica un alto grado de certeza respecto de la decisión judicial posterior, y por ello, para otorgársela, el grado de “verosimilitud en el derecho” que requiere el Código Procesal debe ser muy contundente.
Así lo explica el juez Pablo Cayssials en la resolución en la que otorga la medida cautelar solicitada por la Asamblea Permanente en Defensa de la Constitución (APDC). Dice el magistrado: “La Corte Suprema de Justicia ha señalado que dentro de las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión”.
Dicho eso, Cayssials otorga la medida cautelar solicitada por APDC. Entonces, dado el alto grado de verosimilitud en el derecho invocado por la asamblea, por el cual el juez otorgó la cautelar, debe colegirse que, cualquiera sea la defensa del Poder Ejecutivo, poco podrá hacer para cambiar la idea que del caso se ha hecho el juez. Por ende, estamos frente a cautelares otorgadas con el solo y único fin de cumplir con los procedimientos requeridos en la acción de amparo, otorgando al Ejecutivo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa; pero resulta a todas luces un hecho altamente previsible la declaración de inconstitucionalidad definitiva de la norma impugnada.
Por ende, ley suspendida y calendario electoral ídem, con evidentes muestras de que la cuestión de fondo se resolverá por el mismo camino. Sabemos que el partido de gobierno tiene como norma violar las normas, ignorar al Poder Judicial y sus sentencias y transitar todo camino que vaya al margen de la ley. Pero si los partidos de oposición, aun con estas medidas judiciales vigentes, presentan listas de candidatos a consejeros de la Magistratura, estarán violando la ley tanto como el gobierno, e ignorando a la Justicia del mismo modo que lo hace el oficialismo.
Caemos entonces en cuentas más que claras. A nadie le importa un bledo lo que digan los jueces si las listas se presentan igual con la ley y el calendario electoral suspendidos. De origen, los partidos opositores debieron omitir participar de un proceso electoral que ellos mismos reputaron inconstitucional. Si mañana el Congreso aprueba la tortura como modo de obtener información de los adversarios políticos, seguramente la oposición pondrá el grito en el cielo, pero ¿aún así saldrá a torturar contendientes electorales? La respuesta, sin cortapisas, debe ser idéntica a la que debiese darse a la presentación de candidatos a consejeros. ¿Y si los jueces declaran la tortura inconstitucional? ¿Los opositores saldrán a torturar de todos modos por si el gobierno lo hace?
Más allá de todas las excusas políticas dadas, referentes a que si no presentaban candidatos el gobierno se quedaba con todos los cargos del Consejo, ahora los partidos saben que los jueces han suspendido la vigencia de la ley y el cronograma electoral. Fehacientemente. Muchos jueces. Y son esos partidos de oposición los que pontifican a los cuatro vientos que el gobierno desoye al Poder Judicial, y por tal razón lo tilda de absolutista y antirepublicano, y es cierto, lo es. Pero ignorando los fallos judiciales y presentando candidatos a consejeros, ¿la oposición no sería exactamente lo mismo?
Por momentos, algunos partidos de oposición dan la sensación de sentirse bastante decepcionados de los fallos que respaldaron la vigencia de la Constitución en los últimos días. No porque pensaran en ganar la elección de consejeros, sino porque aun perdiendo, dada la forma en que se diseño el sistema electoral (de mayorías relativas para esa categoría en los tres estamentos), les hubiesen quedado cuatro carguitos más para repartir y medio centenar de contratitos. Algo así como el plan social jerarquizado de algunos políticos de estas horas.