Cuando el 10 de diciembre de 1948 Cuba firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, jurídicamente como Estado se comprometió con sus ciudadanos a cumplir una serie de mecanismos legales y libertades esenciales.
Además de garantizar una vida digna sin distinción de raza, sexo, afiliación política o religiosa a todas aquellas personas nacidas en el territorio nacional, el gobierno debía refrendar la libre circulación de ideas, libertad de expresión, asociación y el derecho a viajar a otros países.
Los derechos humanos no son mera letra muerta. No debiese depender del sistema de gobierno ni del ordenamiento jurídico existente. Son fuentes de derecho. Pero muchas naciones no lo cumplen a cabalidad. Así sucede, por ejemplo, con la pena de muerte, contraria al espíritu de la Carta de Derechos Humanos, donde países como China, Estados Unidos y Cuba la aplican.
En el caso de la isla, después del golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, algunas libertades políticas y de expresión se vieron reducidas. El partido comunista fue proscrito. Y varios medios fueron penalizados con el cierre o la censura. A pesar de la represión y violencia policial, se mantuvo el habeas corpus.
En materia de derechos sociales, Cuba mostraba avances para la época. El acceso a la salud y educación pública eran un hecho, aunque con deficiencias, sobre todo en las zonas rurales.
Con la llegada del barbudo Fidel Castro al poder, el 1º de enero de 1959, la Revolución suplantó los tres poderes básicos y se constituyó en la única fuente de derecho. Eliminó el habeas corpus y descaradamente comenzaron a violarse derechos humanos y políticos.
Cientos de antiguos miembros del gobierno de Batista fueron fusilados sin las debidas garantías jurídicas y casi todos los diarios y revistas fueron cerrados. Se prohibieron los partidos de oposición. Puso fin a las elecciones presidenciales. Las huelgas y los sindicatos independientes fueron prohibidos. Y para viajar al extranjero se necesitaba un permiso estatal.
Al apostar Castro por el comunismo, el concepto de derechos humanos sufrió un giro de 180 grados. Mientras las sociedades capitalistas otorgaban una importancia crucial a los derechos civiles y políticos, el bloque de países comunistas hacía énfasis en los derechos sociales y culturales, siempre y cuando no pusieran en tela de juicio al sistema vigente.
En esa Cuba uniforme, donde se socializó la pobreza, todos teníamos derecho a estudiar, sin pagar un centavo, desde la primaria hasta la universidad. Pero con un plan de estudios altamente ideologizado.
La salud era universal y gratuita, aparentemente. No se debía desembolsar dinero para ser atendido por un especialista u operarse del corazón. Todo se amortizaba con los salarios de miseria que recibían los trabajadores. La cultura y el deporte se abrieron a los sectores populares.
Hasta ahí llegaba el cumplimiento de los derechos humanos de Fidel Castro. No aceptaba más. Cualquiera que se opusiera a su gobierno era considerado un enemigo. Y podía aguardarle la cárcel o el destierro.
Todavía muchos en Cuba creen que democracia es salud y educación gratis. Y tener un salario que permita llevar dos platos de comida caliente a la mesa cada día. Nadie niega que eso forma parte de los derechos del hombre. Pero hay más.
Ahora mismo, cualquier cubano debiese tener derecho a fundar un partido político. Expresar sus ideas, filosofía o pensamiento en un medio público. No sufrir violencia física o represalias por ser disidente. Exigir elecciones libres. Poder viajar sin el visto bueno del Estado. Permitir que los cubanos en la diáspora puedan involucrarse en la vida política, social y económica de su patria.
Aunque al régimen le disguste, ésos son también derechos humanos. Durante los 47 años que gobernó, Fidel Castro los ignoró. En los seis que lleva como presidente, su hermano Raúl los sigue ignorando.