Por: Julián Obiglio
El narcotráfico actúa como un globo a medio inflar, que al ser apretado en un sector, desplaza el aire hacia el extremo contrario. Gracias al combate que México y Colombia desarrollaron contra los narcos, el negocio de la droga se ha ido desplazando hacia tierras menos controladas, que permitan mayor movilidad y, por lo tanto, reducción de costos de producción, traslado y comercialización.
Nuestro país se ha convertido en una de esas tierras liberadas en la que cada día alrededor de cien vuelos ilegales cruzan la frontera para ingresar o extraer drogas, personas o productos de contrabando. Cien vuelos que aterrizan o despegan de alguna de las más de mil quinientas pistas clandestinas que florecen por todo nuestro territorio.
Ello sucede porque no se toman esenciales medidas de seguridad, similares a las que se aplican en la mayoría de los países de nuestra región, y sin dudas, en los Estados Unidos y Europa. El primer paso debe ser blindar nuestras fronteras, tanto terrestres, como aéreas y fluviales. No sirve de nada poner escáneres en los puestos aduaneros si los traficantes ingresan impunemente a escasos metros del control oficial. La Gendarmería debería patrullar esas zonas cumpliendo la función para la cual ha sido entrenada, en lugar de estar ocupando tareas que desconoce, como la seguridad urbana. Lo mismo vale respecto de la Prefectura en los cursos fluviales. Hoy esa fuerza debería estar patrullando los ríos fronterizos, pero en cambio el Gobierno le ha asignado tareas tales como la protección de los políticos que viven en Puerto Madero.
Es indispensable una radarización real, esto es con tecnología específicamente diseñada para detectar aviones en vuelo, su altura y su trayectoria. La radarización requerida es la de tecnología 3D, ya que ubica a la aeronave en latitud, longitud y altura. Hoy hay tan sólo tres radares de ese tipo funcionando, cuando en realidad se requieren al menos quince para cubrir la totalidad de la frontera norte.
Los radares tipo RASIT que se emplazaron en la frontera cuando Cristina Kirchner anunció el rimbombante “Plan Escudo Norte” no sirven para detectar aviones. Esa tecnología está diseñada para detectar formaciones de tanques en planicies o buques en altamar, lo cual no tiene nada en común con los medios con que operan los traficantes, quienes se desplazan en grupos pequeños por la selva.
Es absolutamente necesario contar además con un protocolo de intercepción de aeronaves, que pueda llegar al punto del disparo de derribo, siguiendo pasos similares a los que hoy usan la Prefectura y la Armada para el disparo de hundimiento de buques no identificados detectados navegando ilegalmente dentro de nuestro litoral marítimo. Contar con radares pero no tener este tipo de protocolo funcionando es como tener policías que solamente se dediquen a mirar las cámaras de seguridad, sin facultad de intervenir ante la ocurrencia de un delito.
Diversos funcionarios del Gobierno Nacional han dicho que una ley de derribo equivale a aplicar la pena de muerte sin juicio previo. Ello es absolutamente errado y lo saben, ya que todo protocolo de intercepción establece ciertos pasos que necesariamente se deben cumplir previo al derribo de una aeronave hostil (pedido de identificación, contacto visual, orden de aterrizar, vuelos rasantes, tiro de advertencia, etc.). Y no solo ello, sino que en la mayoría de los protocolos del mundo se reserva la orden de derribo al ministro de Defensa, que debe confirmarla en dos o tres oportunidades por vía radial.
Debido a la falta de estas políticas Argentina se ha convertido en un país de elaboración, consumo y tránsito de droga. Es decir que somos un país que recibe la materia prima, la procesa y luego la exporta o consume en su propio territorio. Esta situación se traduce en un aumento del delito en todas las esferas. La droga es la culpable de las muertes por enfrentamientos entre bandas de traficantes en disputa por un territorio; o la que lleva a los jóvenes a robar, asesinar y secuestrar para conseguir los fondos con los cuales comprarla. La adicción es la que empuja a miles de jóvenes a la prostitución y la que trae aparejada, entre otras cuestiones, la trata de personas.
Son muchas las medidas que deben tomarse para combatir y vencer al narcotráfico. Acciones de prevención e inclusión social deben combinarse con sostenidas políticas de seguridad que incluyan adecuada remuneración y entrenamiento del personal de las fuerzas de seguridad. El documento recientemente presentado por la Iglesia indicó perfectamente algunos de estos ejes.
Luego de diez años al frente del Gobierno Nacional, la señora Presidenta y su gabinete de ministros deberían entender que la lucha contra las drogas no reconoce ideologías, sino la sincera voluntad de vencer a un enemigo que lucra con la muerte de nuestros ciudadanos. Es tiempo de asumir responsabilidades e implementar un plan integral de lucha contra el narcotráfico que está devorando nuestra sociedad. No hacerlo demuestra ausencia de interés por lo que le sucede a los argentinos, o en todo caso un alto nivel de inoperancia, o lo que sería más grave aún, un grado de complicidad importante con los narcotraficantes.