Por: Luis Novaresio
¿Qué piensa Cristina Fernández de los casos de abortos en mujeres violadas o que pueden perder la vida si continúan con la gestación? ¿Qué opina la Presidente de las últimas idas y venidas judiciales?
Los recientes hechos de interposición de acciones judiciales para evitar interrupciones de embarazos en los extremos previstos por el Código Penal no sólo son contradicciones del sistema jurídico sino desconocimiento de la acordada de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 13 de marzo de este año indicó que deben evitarse estas estrategias burocráticas que dilaten el acceso a un derecho reconocido por la ley y por el máximo Tribunal.
El caso de la joven de 32 años abusada y violada en una red de trata soportó, además del innecesario meneo público de su situación, el hostigamiento religioso del capellán del Hospital Ramos Mejía que propuso dar una misa en la puerta de la casa de la mujer y hacer sonar las campanas de su iglesia cuando se practicara la intervención quirúrgica. Con el mayor respeto por las convicciones de fe, uno pregunta: ¿es digno de la herencia del más grande solidario de la historia, aquel que proponía el amor al prójimo como a uno mismo, recurrir a una ceremonia pública con tintes medievales de escrache público a una mujer violada? ¿Puede tirar una piedra ese sacerdote contra la casa de alguien sometida a la trata de personas? ¿Le ofreció antes ese sacerdote o su superior ayuda a la víctima de uno de los delitos más aberrantes que existen? ¿Es cristiano quien procede así con una mujer violada?
En cualquier caso, y como la religión debe estar reservada a la conciencia íntima de cada uno, de lo que se trata aquí es de saber cómo se reacciona públicamente frente a una resolución del máximo órgano judicial que interpreta la legalidad argentina. En una república, la ley la interpreta finalmente la Corte. Ni un sacerdote, ni un presidente ni un periodista. Todos ellos, si son democráticos, deben respetarla. El Tribunal dijo claramente en la causa “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”, hace exactamente 7 meses, que ninguna mujer deberá ser impedida de acceder a la interrupción de su embarazo en el caso de violación o que peligre su salud. No hay términos medios. La jueza Myriam Rustán de Estrada en la Capital y su par de Santa Fe Claudio Bermúdez decidieron apartarse de ese mandato. Están, técnicamente, en su derecho de hacerlo ya que se sabe que en nuestro país el control constitucional es disperso y los fallos de los tribunales supremos no obligan a adoptar la misma posición. Es también cierto que la norma que fije la Corte es una advertencia para los magistrados inferiores respecto de cómo se llegará a resolver en definitiva el caso controvertido. Queda por pensar que los jueces mencionados tienen o inviolables convicciones sobre el tema o invocan el burocrático paso de los tiempos judiciales para desoír a sus superiores. En cualquier caso, la que paga, como siempre, es la mujer violada o en riesgo por su salud. Inadmisible.
La pregunta que se impone ahora es otra. ¿Qué piensa la titular del Poder Ejecutivo Nacional sobre el tema? ¿Por qué no se pronuncia públicamente? Ya se sabe que Cristina Fernández padece de una proclividad casi diaria a hablar en público fijando posición sobre casi todo desde su atril. Su versatilidad oratoria la ha llevado desde el sistema económico mundial a un libro sobre Sarmiento, por poner dos ejemplos extremos. Es por eso más extraño que no se la haya escuchado hablar sobre estos casos. Alguna vez dijo que ella era católica, cuando se la consultaba sobre el aborto. Eso, por las dudas, no alcanza. Las convicciones religiosas de los funcionarios son eso: convicciones personales. Lo que reclamamos aquí es saber si no correspondería que la Presidente de la Nación se pronunciara por la defensa de la resolución de la Corte Suprema que exhorta a evitar trabas burocráticas para que la mujer violada o con riesgo de salud acceda a un tratamiento de interrupción de embarazo en un hospital público, seguro y de manera gratuita al simple, vital y nada menor efecto de ratificar la división de poderes y el sistema republicano. No sería justo que para algunas cosas en la óptica presidencial la Corte sea relevante y para otras no.
Todos los días se escuchan diatribas a los que no quieran respetar la ley y las resoluciones judiciales, algunas ya bautizadas con fecha y todo como el 10 D. La Presidente, mujer orgullosa de serlo además, ¿no debería pedir que en nombre de su género se respete la decisión del máximo Tribunal del 13 de marzo pasado? Aun cuando la Corte falle en contra de las convicciones personales de ella, ¿no es esa sentencia republicana y merece el apoyo público de la doctora Kirchner? En una gestión en donde casi todo se expresa en primera persona del singular, no alcanza con que su ministro de Salud haya bien reclamado el cumplimiento del protocolo.
Parece que en este tópico, la profusa cantidad de palabras de los discursos presidenciales, tiene un vacio. ¿No?