Por: Luis Novaresio
El jefe de gobierno local decide, finalmente, hacerse cargo de un servicio que no sale ni un metro de su ciudad y aparecen los “pero” por la tardanza, el futuro o las formas. Una política pide disculpas por un innecesario exabrupto sobre lo que el Congreso Nacional ampara por ley e inmediatamente se sospecha de intenciones ocultas en sus excusas. Y, por fin, todo el mundo reconoce que es un disparate jurídico la retención de la Fragata Libertad en manos de acreedores buitres a los que no hay que pagarles y los que se ubican en la oposición proponen hacer una colecta solidaria para terminar abonándoles.
Vivimos en un país que ha superado las naturales divisiones ideológicas o de pensamiento y se ha instalado en la descalificación prejuiciosa que, en lo posible, aniquile al que está enfrente. Habrá que recordar que estos modelos de actuar reflejados en tres escasos ejemplos se hacen carne en las sociedades conducidas por dirigentes que sugieren estos modos a sus dirigidos.
La intolerancia se activa cuando quien tiene la función de representar la azuza, la incita y hasta la entroniza como valor positivo. Por las dudas vale reiterar: nunca ser intolerante es positivo. Una cosa es ser firme en las convicciones pero siempre respetuoso del prójimo. Otra, bien distinta, es no admitir la chance de escuchar al otro, despreciarlo de movida y considerarlo el enemigo.
El ingeniero Macri se vio presionado por lo que más teme: las encuestas. El descontento con la clase dirigente del 8N lo convenció de que la inacción no era una herramienta opositora. No fueron suficientes las elementales razones jurídicas y lógicas que lo invitaban a cumplir con una promesa de campaña de asumir la gestión del servicio de transporte más porteño que se tiene. Tampoco el real argumento del desprecio que sufre del gobierno nacional alcanzó para extender esta decisión más de 10 meses. Ayer, Mauricio lo hizo: será el responsable de los subterráneos. Y está bien que así sea. Por eso, suena innecesario y altamente sospechoso que un sector de los delegados sindicales del sector haya empezado a poner objeciones. Estos dirigentes que se dicen preocupados por el servicio para los usuarios pero que no alzan la voz por que un trabajador a partir de los 5000 pesos de sueldo paga impuesto a las ganancias. Raro, cuanto menos. Explicable, si se mira desde el cristal de hacer política de la intolerancia a cualquier precio.
Gabriela Michetti confundió una mirada personal con la pretensión de que eso puede ser ley para todos. La Argentina considera que todas las personas, del mismo o diferente sexo, son iguales ante la ley, pueden casarse y formar una familia. Proponer evitar que una criatura sea adoptada por una pareja gay so pretexto de que se somete a ese niño a la mirada discriminatoria de algún sector es amparar a los sectarios que actúan con prejuicio. En todo caso, hay que actuar sobre el que discrimina y no sobre el discriminado. La diputada nacional pidió disculpas. ¿Cuánto hace que un dirigente con responsabilidad de poder no pide perdón? A pesar de eso, no alcanza. Dirigentes que han defendido con valentía la igualdad pero que están enrolados en el oficialismo nacional hicieron pesar más su militancia política que su reconocimiento con el que se disculpa. “No le creemos que lo haga sinceramente”, dijeron desde los colectivos gays. Otra vez vale mucho más descalificar al otro porque osa cruzarse a la vereda política opuesta e invocar un “sincerómetro” inapelable que reconocer que algo habrá cambiado en nuestra nación si un político se disculpa en estos temas tan sensibles.
Por fin, no hay quien no reconozca que el atropello de Ghana reteniendo la fragata no tiene un solo justificativo legal. Unos tenedores de bonos que hacen especulación con sede en las Islas Caimán aprovecharon la labilidad de un país definido como “de cuarta” por el ex canciller Andrés Cisneros y embargaron, sin causa, un buque insignia de la Argentina. Los que lo hicieron, cuanto menos, son atropelladores de la ley. Entonces, nada menos que desde la Unión Cívica Radical, la madre de la institucionalidad y del respeto a las normas, se propone hacer una colecta solidaria entre nosotros para pagarle el embargo a los que se llevan puestas la ley, las normas internacionales y el sentido común nacional. Así lo sugirió el ex senador José María García Arecha. El disparate no tiene otro fin que generar un acto de irritación sobre el Gobierno sin importar la razón o lo que corresponde. Es oponerse por mero gesto de intolerancia.
Tres ejemplos que pintan estos tiempos. No hay una que venga bien. Descalificar cuenta más que disentir. Despreciar desde el poder vale más que discutir argumentos. Son momentos en donde imponer la idea de que la intolerancia, insisto, es plausible. A no confundirse. Pensar y actuar así es invocar una autoritaria convicción de que alguien no tiene parte de la razón sino toda. Y eso, es peligroso.