Por: Luis Novaresio
Aburren las frases vacías. Las pronunciadas desde una autoproclamada reencarnación de la Patria con voz quebrada y gesto teatral. Las de los que se proponen la opción y juegan a ver qué violación es menos indigna, si la de levantar la mano en el Congreso y favorecer un atropello o la sufrida en domicilio por quien se ausentó en aquel debate.
Suenan vacías las décadas ganadas, la soberanía popular o la vigencia del modelo. Irrita presenciar la sobreactuación de la defensa de la libertad de expresión pergeñada con necesidad y urgencia por quien no se usó esa velocidad para sancionar al que corre a balazos de goma a periodistas que hacen su tarea. Indigna todo eso cuando una mujer se planta frente a sus cuarenta millones de conciudadanos y dice: “El que mata a otro pierde el derecho a tener derecho. Y esto no es mano dura. El victimario aún tiene voz para reclamar por sus derechos y omite la voz de la víctima, acallada de una vez y para siempre. El que se preste a esa retórica comete un error conceptual y cae en una retórica inmoral”. Es el conjunto de frases más trascendentes que se ha escuchado en esta semana. Todos deberíamos releerlas y aprenderlas de memoria.
Habría que comenzar por pedirle disculpas a esa mujer. Alguien con dedicación en la función pública está obligado. Alguno de los que insisten día por medio con discursos eternos como letanías podría atinar a sentirse avergonzado y ofrecer, al menos, la compasión. Y nada. Y nadie. Chisporroteos verbales para ganar la guerrita de desprestigiar al otro en medio de la batalla de la mayoría que apenas quiere vivir seguro y con cierta dignidad. La mayoría (y la minoría) de los inquilinos del poder, da pena.
Diana Cohen Agrest es la madre de Ezequiel. Hace casi dos años, ese pibe de 26 años salió en defensa de una amiga a la que un ladrón armado le quería robar. El delincuente lo golpeó y a pesar de tenerlo tirado al suelo le disparó dos veces. Lo asesinó. En primera instancia, el homicida fue condenado a perpetua. Esta semana, la Cámara de Casación le redujo la pena y consideró que debe modificarse la figura penal que prevé una pena de entre 10 y 25 años porque, a juicio de los magistrados, la defensa de Ezequiel casi provocó la consecuencia fatal.
No hay dudas que el que mata a otro pierde el derecho a tener derecho. Y no a la defensa, no al proceso debido ni siquiera pierde el derecho a la vida. Pierde el derecho a ser considerado víctima. Las cosas por su nombre: víctima es el asesinado y no el asesino como pretenden los abolicionistas. Esta disparatada corriente penal sostiene que el homicida de Ezequiel no es culpable de tener un arma, de amenazar a dos personas, de golpear al chico y de gatillar dos veces. El ladrón que coacciona y mata no es culpable. Los responsables somos todos que construimos una sociedad que lo obligó a ser ladrón y homicida. Y eso incluye a la madre de Ezequiel. Esta mamá, dicen los abolicionistas, es corresponsable de no haberle dado al criminal de su hijo el derecho a una vida mejor para que él evitara empuñar el arma homicida. No hay derecho. Claro que no hay derecho a que Diana Cohen Agrest sufra esta humillación.
Quizá quede la esperanza de que el Tribunal oral Criminal 28 de la Capital aplique el máximo de la pena que, en el mejor de los casos, hará que unos 15 años el homicida camine por la calle como cualquiera de nosotros. Aunque, claro, puede que eso sea mucho antes.
Por eso, sería bueno que alguno de los que se llena la boca hablando de la democratización de la justicia sonriendo por el tratamiento express que tuvieron 6 leyes que en nada, en nada, absolutamente en nada, prevén evitar que Diana se reproduzca en otros argentinos, le pidan disculpas. Para empezar. Y ponerse luego a trabajar para ganar una década, o diez decenios, en pos del derecho de los inocentes. Ella debería. Y no hablo de Cohen Agrest.