Por: Luis Novaresio
“Esto se acabó. Son dos decisiones tomadas: no más balas de goma para disuadir conflictos y no más público visitante”. Enojado y con tono decidido, el ministro de seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires Ricardo Casal anunció hace algunas horas cómo se reaccionará ante la muerte de otra persona en el marco de un partido de fútbol. Uno puede discutir -no es el caso de quien escribe- la conveniencia o no de que asista el público visitante al demencial fútbol argentino, en donde matar o morir está tan naturalizado como el local, empate y visitante del viejo PRODE de Manrique. Es más: quizá sea hora de obligar por 6 meses a jugar el fútbol con las tribunas vacías para permitir que los delincuentes mencionados con el eufemismo de “barrabravas” se queden sin el negocio de las entradas y carnets truchos, el reparto libre de drogas entre los que van a la cancha y los múltiples negocios de trapitos, patas de plomo y demás que regentean estos personajes. Eso, ya se sabe, no va a pasar. Porque desarticular esa red de delincuencia es atacar el corazón de la mano de obra ocupada en sindicatos y partidos políticos que usan a estos violentos para “fines” partidarios de esas agrupaciones.
La falta de público visitante en las canchas puede discutirse. Pero evitar que la policía porte armas reglamentarias sin siquiera proyectiles de goma antidisturbios es un verdadero disparate. Así no, ministro Casal.
El policía que mató al hincha Javier Jerez disparándole una bala de goma en el pecho a quemarropa es un asesino. Merece que todo el Código penal le caiga encima sin atenuantes. Actuó, por lo menos, con negligencia sino con deliberación y saña inadmisibles. Este accionar, inadmisible, se insiste, de un uniformado ¿da derecho a desarmar a todo el cuerpo policial? Si se piensa que lo que este hombre ha hecho es la regla común de todos sus colegas estamos en problemas serios. El ministro, si así lo cree, está diciendo implícitamente que toda la policía no puede portar armas porque no está en condiciones psicofísicas de hacerlo de acuerdo a la ley y a los procedimientos.
Si en cambio lo que se pretende es proteger a la mayoría de personas honestas que de buena fe va a sufrir por su camiseta a la cancha quitándole las armas que en todo el mundo la policía tiene para evitar un delito y, eventualmente, reprimirlo, es que hemos perdido el norte. Cuando los uniformados se enfrenten a los barras enfierecidos, drogados o hambrientos de violencia, ¿qué les va a ofrecer la policía? ¿Una estampita del Papa Francisco? ¿Un café con medialunas? Casal dijo textualmente: las armas “se reemplazarán por otros métodos que garanticen las distancias entre el tumulto y la policía” para que “no haya riesgo de vida“. ¿Que qué? ¿Un escudo y una tonfa, ese bastón o “palito para abollar ideas” como decía la inolvidable Mafalda, es lo que espera el ministro que tenga un policía que gana con suerte 7000 pesos por mes para contener a semejante grupo de sacados disfrazados de hinchas? Si es un chiste, es de mal gusto. Si es una política de estado de seguridad, es preocupante. Si usted fuera policía, amigo lector, ¿expondría su cuerpo y su integridad a los barras munido apenas de un bastón, un casco y de la orden política de separar el tumulto que garantice distancia? Yo, tampoco.
Los que conocen del tema saben quién es ese puñado de violentos. Más: están grabados por las cámaras de seguridad. Si no las desconectan, si no pierden los video, si hay coraje en los funcionarios y especialmente en los jueces, pueden estar presos por un largo rato. Para viajar en ómnibus de aquí a Zárate hay que dejar registrado el documento de identidad en la empresa de micros para identificar al simple pasajero. No ponerle nombre y apellido, foto y domicilio, a los asesinos y ladrones que se aprovechan de la fiesta popular más importante de la Argentina es impericia o complicidad. Ninguna de las dos causas, excusa al buen gobernante.