Buen comienzo: volvemos a tener estadística criminal

Martín Etchegoyen Lynch

Este anuncio del Ministerio de Seguridad es una gran noticia. No por el contenido de las estadísticas, que analizaremos luego, sino porque por mucho tiempo el Estado, ausente en esta materia, prefirió esconder las cifras, para así simular que el delito no crecía.

No hay sistema de seguridad actual en el mundo civilizado que no base su estrategia de trabajo en las cifras delictuales. Y en su consiguiente pormenorizado análisis. Cualquier departamento de Policía organizado tiene su Unidad de Análisis Criminal, la que “despedaza” las cifras para saber el cuánto, el cómo, el dónde y el porqué del delito en determinada jurisdicción. Y los de más avanzada, además, cuentan con programas de predicción delictual. Basándose en ello organizan las rutinas de patrullaje e investigación.

En Argentina manejábamos hacia un lugar desconocido sin GPS (ni mapa). El anuncio oficial es un feliz principio, no hay buen tratamiento sin buen diagnóstico. Entonces, ¿qué nos están diciendo las primeras cifras?

Una aclaración previa al análisis. Las cifras estadísticas se corresponden a los delitos denunciados, es decir, a la cifra blanca. La cifra negra, el delito no denunciado, no aparecerá. Esta se calcula por surveys (encuestas al público en general). Cuanto menos confianza tiene la gente en el sistema policial y judicial, mayor será la cifra negra, porque hay delitos que no se denunciarán al advertir los ciudadanos que será una pérdida de tiempo. Ejemplo: robo de un estéreo. Las pocas surveys que se han hecho en forma privada en Argentina arrojaron el resultado de denuncia de sólo uno de cada tres delitos, con la excepción de los homicidios. Como modo de comparación, en los Estados Unidos, por cada delito denunciado hay otro que no se reporta. Resumen: con excepción de los homicidios, las estadísticas reflejarán un tercio de la realidad.

Y una segunda aclaración, también en cuanto a los homicidios, en la provincia de Buenos Aires se denunció que la Procuración General, a cargo de las estadísticas criminales, ordenaba clasificar como “averiguación de muerte”, y consiguientemente no los incluía en su estadística oficial, a los homicidios N. N. (en principio, con autor ignorado), presumiblemente con fines de tergiversar las altas cifras de este delito, en connivencia con el Gobierno anterior.

Entonces, con las salvedades expuestas, la tasa de homicidios cada cien mil personas a nivel país es, prima facie, estadísticamente aceptable, ya que se acerca a similares de grandes ciudades de Estados Unidos, aunque está muy por encima de la mayoría de las capitales europeas y, con distintos matices, en Argentina más de la mitad de la población se conglomera en un espacio reducido (Conurbano bonaerense, sur de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Rosario), donde la tasa es de dos dígitos, lo que le da características de emergencia (o epidemia, en lenguaje de la ONU). Es decir, la mitad del país vive en condiciones de inseguridad inaceptables en materia de homicidios, mientras la otra mitad, desperdigada en nuestro vasto territorio, se halla en condiciones relativamente seguras. La maravilla de la estadística no debe alejar al gobernante de esta realidad.

 

Robos

Las cifras cercanas a los mil robos cada cien mil personas de tasa general para Argentina nos hacen estar en el triste primer lugar de América, según cifras del Programa para Desarrollo de la ONU. En Argentina se roba el doble que en Brasil y unas seis veces más que en Perú o Bolivia, por ejemplo. Lideran la tabla cada cien mil habitantes las provincias de Mendoza, Neuquén, Salta y Córdoba.

 

Violaciones

También en esta clasificación, como en la de homicidios, llegar a dos dígitos significa estar en el peor lado de la tabla. Y Argentina, aún en ese límite promedio, tiene distritos con tasas preocupantes, como la provincia de Salta, con 27,5 o Mendoza, con 18,9 cada cien mil habitantes.

 

En definitiva, contar con estos datos es un buen comienzo para empezar a trabajar en serio en programas probados para la baja de los delitos enunciados.