Por: Pedro Caviedes
Se ha celebrado con cierta euforia, sobre todo desde algunos sectores del gobierno colombiano, y algunos políticos, el haber logrado un acuerdo sobre el segundo punto en la negociación con las FARC (el que habla de la participación en política de este grupo una vez desmovilizado), de los seis que conforman la agenda. Sin embargo, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido un poco más discreto, al recordar, en medio de los discursos que celebran el hecho, que “nada está acordado, hasta que todo esté acordado”.
A pesar de ser consciente del avance maravilloso que sería para Colombia que en lugar de un grupo narcoterrorista haya un partido político, sí son muchas las dudas que me asaltan al leer sobre lo acordado.
La primera duda radica en la confianza que se le pueda tener, una vez desmovilizados, a los miembros de un grupo que lleva demasiados años engañando al país, incluso después de que los hechos los han dejado en evidencia, como en el caso de los diputados del Valle, que ejecutaron a sangre fría, y cuya muerte quisieron atribuir a un ataque del ejército.
Otra duda tiene que ver con quiénes y cómo, de este grupo, podrían ejercer cargos de elección popular, o presentarse a elecciones, ya que muchos de ellos están acusados de crímenes de lesa humanidad. ¿No sólo no pagarían un solo minuto de cárcel, sino que además tendrían todas las garantías para ejercer el intento de llegar al poder? ¿Cómo actuaría una persona que ha cometido esta clase de delitos, sentada en una silla del Congreso de la República, o investida (en un caso hipotético) de presidente?
Me resulta difícil comentar sobre este tema, ya que la paz es un anhelo que desde hace demasiados años tenemos los colombianos. ¿Cómo sería el país, si por fin hubiera paz con la guerrilla? Lo paradójico es que este proceso, que ha resultado en el que más avances se han logrado, se da después de una década en la que a la guerrilla se le propinaron golpes inimaginables, y su poderío militar ha disminuido sustancialmente. Pero por eso resulta más complejo aceptar que impongan puntos en la agenda, o que se hable de garantías para ejercer la política, como si no fueran más que unas pobres víctimas de un Estado perseguidor, y olvidando que esas garantías por las que ahora claman, muchas veces no pudieron tenerlas miles de colombianos de bien, porque las FARC interponían sus balas y amenazas en el camino de los que no estaban de acuerdo con ellos, o consideraban sus enemigos, tan solo por el hecho de ser dueños de una empresa, o de hacer parte de un gobierno.
En ese sentido me pregunto si la agenda de las negociaciones se trata de un proceso en el que un grupo entrega sus armas para reinsertarse en la sociedad, o de un cúmulo de reformas, que no se sabe con que derecho constitucional, la guerrilla negocia con el gobierno. Se habla de un “estatuto para la oposición”, de una “revisión al régimen electoral”, de un “fortalecimiento en la transparencia de procesos electorales en zonas que tradicionalmente son vulnerables al fraude…”. ¿Significa entonces que tenían razón? ¿No debe el gobierno, por su cuenta, revisar el régimen electoral y fortalecer la transparencia de los procesos, sin que unas personas que llevan décadas al margen de la ley intervengan? Si se tiene que crear un estatuto para la oposición, ¿significa esto que ahora mismo en Colombia no se puede ejercer oposición? Yo veo que el presidente Uribe la ejerce desde hace mucho y que, quizá, el mayor peligro que enfrenta, para poder seguir ejerciéndola sin que lo maten, proviene precisamente del grupo que hoy pide garantías para que no los maten cuando la ejerzan.
Por último, uno de los mayores miedos que escucho es a que los miembros del secretariado de las FARC participen en política es que en Colombia termine gobernando una especie de Chávez, que lleve al país a la ruina. Yo no estoy de acuerdo. Pero porque me parece que podría ser peor. Chávez, con todo el daño que hizo, antes de ser presidente, que yo sepa, no mataba, secuestraba, masacraba, atentaba contra la infraestructura de su país, ni extorsionaba ni sembraba minas y traficaba con drogas.
Sin embargo, habría que ver si Colombia los escoge. Y yo quiero dudarlo.