El proceso de paz entre Colombia y las FARC enfrenta un cuadro muy complicado que empieza a afectar la confianza de la opinión pública en las negociaciones. Hace diez meses que las conversaciones están virtualmente estancadas tras casi dos años y medio de intentos en la búsqueda de una solución negociada. Los recientes ataques de las FARC contra las fuerzas armadas, que rompen torpemente una tregua unilateral e indefinida, pueden comprometer todo el esfuerzo de negociación y corre el riesgo de volver a fojas cero. Sería lamentable que eso ocurriera.
Uno de los puntos del impasse en el dialogo en La Habana es el relativo a la inserción de los guerrilleros en la vida política tras un eventual acuerdo de paz. Mientras unos exigen borrón y cuenta nueva con plena capacidad de participar en actividades proselitistas, el gobierno plantea, entre otras, la necesidad de abstención de los principales responsables de la violencia y atentados terroristas. La solución no parece fácil en particular tras los nuevos hechos de violencia en Cauca.
Otro problema son los guerrilleros de las FARC no colombianos. De acuerdo a información de prensa estarían participando activistas de Chile, Venezuela, Ecuador, Argentina y de diversos países europeos. Un argentino de creciente notoriedad, es el segundo extranjero de más alto rango en la estructura de las FARC. Algunas fuentes periodísticas lo vinculan con ciertos políticos y agrupaciones locales. La información periodística hasta incluye referencias a la eventual conexión de las FARC con el narcotráfico en la Argentina. Más allá de la veracidad de estos datos, el tema expone un problema con derivaciones que van más allá de las decisiones que podrían adoptarse en las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC.
Es evidente que el tema del reciclaje de los integrantes de las FARC tendría connotaciones sensibles para los países de origen de esos guerrilleros. La presunta participación de argentinos en las FARC como también en distintas expresiones del islamismo integrista en Medio Oriente, plantea la duda si el gobierno nacional conoce el alcance de los riesgos, potenciales o presentes, involucrados. También en lo que hace al nexo entre estos grupos extremistas y el narcotráfico. La gravedad del tema recomendaría algún tipo de explicación para tranquilidad de la opinión pública.
También la Cancillería debería estar más atenta. Es de esperar que el Palacio San Martin posea más información que la que surge de fuentes periodísticas sobre el proceso de paz entre Colombia y las FARC. Sin embargo, el grado del relacionamiento diplomático actual con Bogotá no permite mayor confianza. La colaboración mutua parece ser de muy bajo voltaje diplomático como resultado, entre otros, de un clima bilateral de pobre intensidad y limitadas coincidencias. El excesivo acercamiento a Venezuela podría ser otro motivo.
El tema de fondo, por sus consecuencias, merecería de un enfoque, una seriedad y un involucramiento diplomático distinto. Y eso es así, en definitiva, por tratarse de una variedad de cuestiones delicadas y entrelazadas que incluye al terrorismo internacional, el narcotráfico y el crimen organizado. Todas graves amenazas a la seguridad nacional. Consecuentemente, no se debería seguir mirando para otro lado.