Por: Sergio Abrevaya
Después de desaprovechar en el período 2003-2010 el inédito superávit fiscal, tanto para modificar la matriz de la pobreza como para modernizar el sistema y la infraestructura productiva del país, y ante el actual ocaso inflacionario del “modelo” que preanuncia un aterrizaje de la economía en una zona crítica, es imperioso que los argentinos sepamos construir consensos que atemperen y finalmente disipen sus efectos sociales y recesivos. Para hallar esas coincidencias básicas y para implementarlas se requiere más madurez democrática y republicana.
La mala costumbre de la intolerancia y la crispación solamente podrá empezar a ser suplantada por el buen hábito del diálogo y la pluralidad de voces, en la medida en que se cumplan dos premisas relacionadas con la postergada maduración de nuestra cultura política.
Una, que la presidenta de la República se libere a sí misma de la dialéctica de confrontación amigo-enemigo, que se decida a escuchar a los que piensan distinto y que no termine convocando a un diálogo vacío y formal semejante al de hace tres años, apenas un truco publicitario. ¿Por qué resignarnos a que no suceda? La presidenta, en su función de estadista, debiera dar el ejemplo llamando de una buena vez a instancias de diálogo institucionalizadas con el objetivo de discutir y confeccionar políticas de Estado a mediano y largo plazo, es decir, para formular y delimitar el rumbo de un plan de desarrollo socio-productivo que sirva como guía para el desarrollo de la Argentina.
La otra premisa es que todos los que pensamos distinto sepamos acudir a ese llamado despojándonos de intransigencias cerriles y aprendiendo de una vez por todas de nuestra historia reciente.
Desarrollo, precisamente, es un concepto más activo y virtuoso que el de crecimiento. Podemos sentarnos a esperar pasivamente el crecimiento de la economía y el consiguiente aumento de los ingresos fiscales, y es posible que tarde o temprano se produzca por un aumento del precio de los comodities o por otro eventual viento de cola de la coyuntura internacional. En cambio, la apuesta al desarrollo económico y social sostenido de un país es una política activa que requiere del consenso económico, social y político.
El crecimiento de estos diez años no redundó en la reducción de la pobreza estructural. Hubo sí, un aumento del consumo producto del “derrame” pero de carácter coyuntural, totalmente dependiente del superávit comercial e insignificante en relación con el despilfarro del capitalismo subsidiario y amiguista. Así, en el plano social, no se resolvió el problema de la vivienda, por mencionar sólo un ejemplo en materia de políticas inclusivas y sustentables en el tiempo. En cambio, el sostenido avance de la droga y sus estragos durante la última década entre nuestra población más postergada indican la ajenidad del gobierno respecto a una de las peores anclas de la pobreza estructural. Por eso, el camino hacia el desarrollo económico y social debiera ser la madre de todos los debates políticos.
En tal sentido, la convocatoria y creación del Consejo Económico y Social de la República Argentina no debe hacerse esperar. Se trata de una de las respuestas posibles de las comunidades democráticas y plurales a los desafíos sociales, educacionales y productivos del mundo globalizado. Al sumar a las políticas de Estado los aportes de la dirigencia de los distintos sectores de la sociedad civil, se va conformando una proyectiva integral y de largo plazo de la vida nacional. Para que prospere tal institucionalización de un espacio de reflexión y diálogo intersectorial es indispensable el respeto a la pluralidad de ideas y un estatuto consensuado para asegurar su funcionamiento democrático.
Países con los cuales a menudo nos comparamos, institucionalizaron y le dieron fuerte impulso y legitimidad a este tipo de mecanismos que propician el intercambio de ideas y la búsqueda de intereses comunes, y están basados en una aspiración a priori común a todas las partes: alcanzar un desarrollo sostenido, sustentable e inteligente. En Brasil, por caso, el funcionamiento habitual de su Consejo Económico y Social demuestra cómo la participación del conjunto de la dirigencia sectorial puede respaldar un proyecto estatal de desarrollo nacional sostenido en el tiempo.
En varias oportunidades de nuestra vida política moderna trascendió que el Poder Ejecutivo estaba evaluando la posibilidad de enviar al Congreso de proyectos de ley de creación de este tipo de organismos, y no han sido pocas las voluntades -de las más diversas extracciones políticas- que ya se pronunciaron a favor de la institucionalización del diálogo intersectorial.
Desde la actividad gremial, dirigentes como el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, o el gastronómico Dante Camaño, reclamaron la creación de un Consejo. Por el lado de las entidades empresariales, el presidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, ha manifestado que “en el mundo se va a un diálogo tripartito entre las fuerzas del trabajo, el sector político y los empresarios. Eso es lo que necesitamos, un espacio de construcción de consensos, no sólo para la discusión de paritarias”. También la Confederación General Económica de la República Argentina (CGE) ha insistido en que “el diálogo es un ejercicio permanente, para lo cual sería valioso que se sancione una ley para que perdure en el tiempo. La CGE históricamente impulsó la creación del Consejo Económico y Social”.
Desde el mundo intelectual, Beatriz Sarlo le ha dedicado una extensa columna de opinión a la misma posibilidad; y desde la arena política cabe mencionar -entre otras manifestaciones- el pedido que le realizó a la Presidenta el principal referente del FAP, Hermes Binner -al que se sumó más recientemente Victoria Donda-, solicitándole la convocatoria de un Consejo Económico y Social ya que “el camino es el diálogo de todos los sectores, trabajadores y empresarios”.
Finalmente, ha quedado demostrado en el primer año de vida del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que orgullosamente presido, que no solamente es posible sentar en una mesa de diálogo a los representantes de todo el abanico social, político, gremial, religioso, profesional, académico y empresarial, sino que, además, esta valiosa herramienta de diálogo y reflexión puede alcanzar efectivamente acuerdos propositivos a favor de la convivencia y de los intereses comunes y duraderos de los ciudadanos porteños.
Los argentinos tenemos una oportunidad para dejar atrás la atmósfera irrespirable de los escraches y la intolerancia. Se trata de aprender y de valorar la dinámica de la pluralidad, abriendo los cauces de participación y diálogo a todos los sectores representativos de la vida social. Si lo hacemos, el país comenzará a mirar las próximas décadas con el optimismo con que se atisba un horizonte de inclusión, trabajo y sustentabilidad social.