Por: Yamil Santoro
Tener algún tipo de discapacidad en América Latina hoy día puede condenarte a una vida de sinsabores más allá del padecimiento que te toque. Por distintas circunstancias de la vida conozco la temática de cerca: familiares con discapacidad, convivencia durante unos meses en un hogar de chicos con discapacidad y víctimas de violencia doméstica; también fui docente integrador en el secundario y llevé adelante algunas causas contra el Estado en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Conozco lo que se sufre y los esfuerzos extraordinarios que realizan muchas familias por darle la mejor vida posible a quienes padecen alguna complicación.
Las personas con algún tipo de discapacidad no son improductivas más allá de la limitación específica que posean. Sin embargo, pesa sobre ellos una sospecha general o desconfianza que no tiene sustento fáctico. Este no es un dato menor, siendo que 1 de cada 10 personas en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. En Argentina hay aproximadamente 5 millones de discapacitados (12,5%). Y buena parte de ellos vive en zonas rurales con nulo o bajo acceso a programas de integración y desarrollo.
Tomando una variable, en América Latina más del 70% de las personas con discapacidad no poseen empleo. En Argentina dicha variable llega al 75%, es decir, 3 de 4 personas con discapacidad son desempleadas. En los países desarrollados la diferencia suele ser poco significativa entre la población que posee alguna complicación y la que no. Vale aclarar que varios de estos países poseen leyes que obligan a las empresas a cumplir ciertos cupos con personas con discapacidad. Este sistema compulsivo se suele complementar con un sistema de incentivos fiscales para ayudar a revertir la tendencia.
Quitando casos específicos de éxito, como el caso de la cooperativa de masajistas En Buenas Manos, cuyos emprendedores son personas con discapacidad visual, es muy raro ver a personas con discapacidad al frente de alguna organización.
En Argentina, para acceder a la mayoría de los beneficios que la ley le reconoce a esta población, hace falta tramitar el Certificado Único de Discapacidad (comparto guía de La Usina). Los beneficios van desde el derecho a viajar gratis a la cobertura integral médica (que rara vez se cumple), subsidios y ayudas para ser empleado. Sin embargo, los problemas de acceso a la información, la falta de presupuesto o las burocracias suelen impedir el funcionamiento adecuado de las políticas públicas del sector. Es muy cuestionable el éxito de las medidas nacionales en torno a la problemática por lo que merecen un serio replanteo.
Yendo a un caso específico de éxito relativo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires posee una de las normativas más inclusivas en la materia (la Constitución de la CABA sostiene que el 5% de los empleados públicos deben ser personas con discapacidad y una batería de leyes complementarias pone sobre el gobierno porteño la carga de hacer cumplir dicha normativa). Lo cierto es que a lo largo de los últimos años el GCBA ha hecho un gran esfuerzo tendiendo a dicho objetivo y es común cruzarse en dependencias públicas con personas con algún tipo de dificultad. Si bien el proceso viene dando buenos resultados, encontré algo que permitiría mejorar el rendimiento del proceso.
Actualmente, el proceso diseñado plantea que las personas se inscriban primero en un registro único laboral a cargo de la COPIDIS, generando una base de datos a la cual luego se remiten las búsquedas que se asocien a los perfiles relacionados. El problema es que no aparecen publicadas las búsquedas activas y eso impide que personas que se encuentran por fuera de la base de datos puedan acceder al servicio. La propuesta es modificar el sistema y convertirlo en una bolsa de empleo virtual como Búmeran, donde las dependencias públicas puedan cargar directamente sus búsquedas laborales al igual que los contratistas del gobierno porteño (que también están obligados a respetar el cupo). De esa manera se evitan los intermediarios y se aceita el funcionamiento.
El otro día conocí el portal Incluyeme. Ellos han desarrollado una herramienta que permite a cualquier organización subir sus búsquedas laborales en un portal destinado a personas con discapacidad. Sin necesidad de desarrollar otra plataforma, podría implementarse dicha herramienta y de ésta manera simplificar el proceso de búsqueda laboral para personas con discapacidad. Podría acordarse, además, usar la base de datos para promover programas y capacitaciones para fortalecer a la comunidad.
En mi opinión, debemos trabajar en conjunto articulando a actores del sector privado junto con entidades gubernamentales para poder ayudar a quienes lo necesitan. Hoy tenemos una herramienta en nuestras manos que nos permitiría potenciar la eficiencia de las políticas públicas vinculadas con discapacidad. La tecnología nos abre las puertas para transformarle la vida a muchas personas. Depende de nosotros dar un paso hacia el futuro y promover que el Estado esté cada vez más al servicio de las personas y no al revés.