Con los distintos actores pero repitiendo los mismos roles, nuestro país fue vaciado reiteradamente a lo largo de su historia. Los despojos más recientes se hicieron presentes con el Plan Bonex, de la mano de Menem y, casi 10 años más tarde, del radicalismo en 2001.

Nuestro país tiene una memoria dolarizada, es cierto. La liberación de tasas que comenzó con la dictadura y la proliferación de la valorización financiera convirtieron a muchos ricos en más ricos y a la mayoría de la sociedad en más pobre. La cosa, con sus más y sus menos, con algunos casos aislados de ejercicio de soberanía, transcurrió así hasta el colapso de fin de siglo pasado y principios de este.

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La Justicia argentina se ha convertido en un corporativo obstáculo para el libre y democrático ejercicio de los otros dos poderes, legítimos representantes del poder popular. Siempre se ha repetido aquella máxima de que “los jueces hablan por sus sentencias”. Sin embargo, hoy parece cobrar más valor el que “los jueces pretenden gobernar con sus sentencias”, aquejando la tan mentada institucionalidad republicana.

Sobran ejemplos. Desde el caso Ley de Medios hasta el de Marita Verón, pasando por la prescripción que favorece al ex gobernador Jorge Sobish y la absolución del ex presidente Fernando de la Rúa. La administración de justicia se ha manifestado con mayor virulencia en una institución que difícilmente resulte capaz de asegurar confianza e igualdad ante la ley.

Una especie de absolutismo judicial recorre cada rincón del país, enfermando el “espíritu de las leyes” del que hablaba Montesquieu, que aparece disimulado bajo el maquillaje de una independencia que sólo se manifiesta retóricamente. Jueces que departen alegres vacaciones pagadas por una de las partes a quien deben juzgar, la impudicia de tribunales que favorecen –y hasta protegen– la trata de personas, causas que prescriben en nombre de un tiempo en que nadie ha sabido –o querido– investigar o muertos de la brutal represión policial del diciembre de 2001 cuya memoria espera ser reparada; se demoran ante la indiferencia cortesana.

Es curioso cómo durante la década del ’90 y hasta el colapso de la fiesta neoliberal de 2001, ningún juez se opuso a las sucesivas reformas laborales que sacrificaban la suerte de los trabajadores al fervor empresario. O cuánto se ha tardado en cuestionar a las AFJP y las ART, verdaderas transferencias de recursos de los trabajadores a favor del sistema financiero especulativo. Lógicamente, existen excepciones. Valga como ejemplo el juez Oscar Garzón Funes, quien suspendió la privatización de Aerolíneas Argentinas cuando todavía no se había realizado, pero que la Corte Suprema de entonces, con mayoría menemista y en una medida sin precedentes, en cuestión de horas le quito el caso y dio vía libre a la operación de entrega, por nombrar sólo una de aquella época.

A casi 30 años de la recuperación democrática, han cambiado presidentes y cuerpos legislativos, pero ellos siempre están allí, escudándose en la estabilidad del cargo y la repetición de apellidos de la justicia hereditaria, como si se tratara de una sucesión nobiliaria. Ante el menor asomo de un jury de enjuiciamiento, renuncian y todo queda en la nada, aunque el artículo 115 de la Constitución Nacional diga que los jueces destituidos quedarán sujetos a juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. No, se retiran a sus estudios privados para disfrutar de suculentas jubilaciones y patrimonios.

Pareciera que esa estabilidad resultara una patente de corso para que sus sentencias hablen, pero se acomoden al interés de los poderes económicos, y, lo que es peor, que esto sea considerado administración de justicia. Actúan casi como nuevos señores feudales. Condenan primero y fundamentan después, incluso con fallos redactados por fiscales –que apetecen aparecer en los medios–, a los que no les quitan ni una coma.

Es impensado suponer –excepto en un país donde reine el imperio judicial– que 38 asesinatos de personas indefensas en diciembre de 2001 merezcan una absolución, mientras que por esas mismas horas existan condenas de prisión sin haber probado delito alguno, ante el silencio casi cómplice de los supremos. Es impensado que ningún juez haya resuelto la cautelar presentada por el diario La Nación para no pagar impuestos durante 10 años. Ejemplos hay a montones.

Luis XIV de Francia repitió hasta el cansancio aquella famosa máxima “el Estado soy yo”. Los reyes han sido la misma imagen de Dios. Eran, también, propietarios de los bienes y la vida de los hombres. Soberanos sin tener a nadie por encima de ellos. Aquel lugar que el “derecho divino de reyes” reservaba a los monarcas es ahora ocupado por otra majestad: “su señoría”.

Los reyes eran responsables sólo ante Dios. La monarquía era pura, ya que la soberanía radicaba por entero en el rey, cuyo poder rechazaba toda limitación legal. Toda ley era una simple concesión voluntaria; y toda forma constitucional y toda asamblea existían a su arbitrio. La no-resistencia y la obediencia pasiva eran prescripciones divinas. En cualquier circunstancia, la resistencia al rey era un pecado y acarreaba la condenación eterna.

Aquellos que hoy se rasgan las vestiduras ungidos de tanto desborde republicano deberían ser menos concesivos con las corporaciones, incluida la judicial, y bregar por una verdadera división de poderes. Del Ejecutivo y el Legislativo, obviamente. Pero también de los poderes fácticos que se disimulan en Talcahuano 550.

He ahí la nueva institucionalidad. Los jueces gobiernan por sus sentencias a través del derecho divino de jueces, propios del Leviatán hobbesiano.

Durante el debate sobre el Memorando de Entendimiento con Irán que busca esclarecer el atentado a la mutual judía ocurrido hace casi dos décadas, y cuya causa judicial se hallaba totalmente paralizada, tanto en los medios de comunicación como en las comisiones del Senado, se ha escuchado decir a miembros de la oposición y dirigentes políticos y sociales que el tratado firmado tenía como finalidad ocupar un lugar protagónico en el comercio bilateral con el país persa.

Es cierto que el comercio bilateral se ha incrementado con la nación asiática, pero nuestro país no ha sido el único que lo ha hecho. Durante el año pasado el total de exportaciones de nuestro país al mundo arrojó 81.205 millones de dólares de los cuales sólo un 4% (U$S3248,2 M) corresponden al conglomerado de naciones de Medio Oriente, conformado por 15 países.

Si se lo compara con los datos de 2002, encontramos que ese año el guarismo es el mismo (4%), aunque es de suponer que existe una variación de precios y cantidades en virtud tanto de la volatilidad de los bienes exportables como de la diversificación y aumento de las ventas al exterior.

Ahora bien, si se toman únicamente las exportaciones hacia el país islámico, hallaremos que durante 2012 las ventas decrecieron en orden al 7% respecto del año anterior. Siguiendo con esa serie, durante 2011 el descenso se ubicó en el 34% respecto de 2010. Contrariamente, durante este último existió un aumento de casi el 70% respecto de 2009, y en 2009 una merma del 26% respecto de 2008.

Asimismo, entre 2007 y 2012, las ventas arrojaron un incremento del orden del 329%, como se dijo, impactado principalmente por el aumento de los precios internacionales de los bienes exportables. No obstante ello, en esos últimos seis años el porcentaje de exportaciones a Irán sobre las exportaciones totales fue del 0,57% para 2007; 1,54% para 2008; 1,53 para 2009; 2,13% para 2010; 1,28% para 2011 y 1,29% para el año pasado. Resultando un promedio del 1,4% para el período.

El diario Perfil, en su edición del 29 de mayo de 2011, planteaba que “el grueso de las exportaciones a Irán está controlado por apenas un puñado de compañías agropecuarias. Las cinco que mayor volumen mueven cuentan con el 78% del total de las ventas. La lista de 2010 la encabezaron Cargill, Louis Dreyfus Argentina (LDC), Bunge Argentina, Oleaginosa Moreno Hermanos y Nidera, seguidas por Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza, Asociación de Cooperativas Argentinas, ADM Argentina, y Vicentín. Uno de los principales reclamos de los familiares de las víctimas de los atentados es que algunas de estas empresas son de origen judío y están haciendo negocios con Irán, cuando está implicado en la voladura de la AMIA. “Nos produce cierto tipo de escozor que algunos de los que realizan transacciones comerciales sean de origen judío”, afirma -en esa edición- Luis Czyzewski, representante de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, en relación a la presencia de Louis Dreyfus y Bunge en los negocios. Según fuentes cercanas a LDC, la compañía tuvo cerrada las ventas directas a Irán varios años, pero esta medida ya no tiene vigencia, por lo que negocia libremente con Teherán”. Por lo visto, nadie dejó pasar la ocasión de hacer negocios.

Curiosamente, EEUU, país que ha promovido sanciones económicas contra Irán para seguir manteniendo la hegemonía del control nuclear del planeta en manos de unos pocos países con pasado imperial, ha aumentado durante el año pasado casi un tercio sus exportaciones al país al que ha puesto en la lista del “eje del mal”.

En su retórica hacia el mundo, los EEUU han procurado que la Unión Europea (UE) aplicara sanciones económicas a Irán consistentes en dejar de exportar hacia aquella, mientras el país del norte pasaba a ocupar el rol de vendedor de los productos que la UE dejaba de vender. Así es como la venta de trigo y otros cereales entre enero y agosto del 2012 constituyeron el 45% de todas las mercancías estadounidenses que llegaron a la República Islámica. Los lácteos estadounidenses duplicaron su volumen hacia Irán en comparación con los de 2011. Mientras que en esos ocho meses sumaron exportaciones por casi 200 millones de dólares. Estos datos fueron revelados por en su momento por la Oficina del Censo de los EEUU.

Así y todo, el total de exportaciones de la UE a Irán durante el 2010 supusieron 11.300 millones de euros, creciendo justamente el mismo porcentaje que disminuyó el ejercicio anterior (8,8%). Un desagregado por países arroja los siguientes datos: Alemania exportó a Irán en 2010 por 3.800 millones de euros, Italia por 2.060 millones, Francia por 1.700, Holanda por 587, Bélgica por 581, Suecia por 564 y España orilló los 500 millones.

Todos estos países aumentaron sus exportaciones en valor a Irán durante 2010. Desde el espectacular 65% de Suecia, al pobre 0,5% de Alemania, que, aun así, se ubica como el mayor exportador de la UE a la república islámica.

La evidencia empírica demuestra que, a pesar de la retórica, nadie ha dejado de ejercer el comercio. Ni EEUU ni la UE, cuyas exportaciones no sólo no han cesado sino que, por el contrario, han aumentado. Caer en el lugar ramplón de las frases hechas da la impresión de ignorancia o mala fe.