Ha dicho Cristina que con la marcha del 18F ha nacido el “Partido Judicial”. A su juicio, ese día ha asomado un nuevo actor político que busca desestabilizar a través de un “golpe blando” dado a través de resoluciones judiciales que afectan a funcionarios de su Gobierno.

No es la primera vez que Cristina atribuye una “actitud desestabilizadora” a quienes critican su gestión. Ella misma reafirmó su tesis diciendo que en otro momento tuvieron esa vocación los “generales mediáticos” que sobredimensionaron las movilizaciones ciudadanas ocurridas tras la muerte de Axel Blumberg y tras el dictado de la Resolución 125.

Cristina tiene enormes dificultades para admitir la realidad. Tanto es así que por momentos la niega y, como si fuera presa del delirio, recrea un contexto que en nada se parece a lo que todos vivimos. No es razonable pensar que aquella marcha que movilizó a cientos de miles de argentinos que reclamaban justicia ante la muerte de un fiscal tuvo el propósito de desestabilizar al Gobierno nacional. Habrá habido unos pocos que insultaron a la Presidente o que tuvieron gestos incalificables hacia ella. Pero sólo eran marginales. En su inmensa mayoría quienes allí marchaban tenían un común denominador: reclamar el esclarecimiento de aquella muerte y exigir que la Justicia no padezca interferencias.

¿Y por qué ese reclamo? Porque el fiscal murió cinco días después de haber imputado judicialmente a la Presidente y un día antes de ir al Congreso a fundamentar su denuncia. Porque la Presidente, tras el deceso del fiscal, dijo que no dudaba que había sido victima de un homicidio. Y dijo algo más: que creía que la muerte obedecía a una disputa entre servicios de inteligencia que dependen de su propio Gobierno. Ante lo inexorable del hecho y frente a semejantes definiciones presidenciales, ¿cómo pensar que la sociedad no iba a sensibilizarse con la victima e iba a movilizarse para reclamar justicia?

Fue el accionar del gobierno en general y de la Presidente en particular la causa determinante de la movilización social. No fueron los fiscales ni el “Partido Judicial” los que motorizaron la marcha. Fue el malestar que generó la reacción oficial ante la muerte la que lo hizo.

Salvo Cristina y sus laderos, nadie en Argentina habló de “desestabilización” ni de “golpe de Estado”. Así, el Gobierno plantea la “idea golpista” y después se victimiza de lo que él mismo ha sugerido. Con ello la indignación crece porque sólo un cínico puede ver en una marcha silenciosa una acción que ponga en riesgo la institucionalidad.

Cristina debería revisar sus criterios de análisis porque fallan desde hace tiempo. Porque aquellos “generales mediáticos” a los que acusó sólo reflejaron sucesos que efectivamente ocurrieron. Y aunque tal vez potenciaron los hechos, jamás los inventaron. La marcha de Blumberg fue tan impactante que el entonces presidente Kirchner tomó en cuenta el dato y, pocos días después de que se hizo, recibió al convocante para solidarizarse y ofrecerle colaboración. Las marchas vinculadas a la Resolución 125 o la del 8N también fueron multitudinarias y así fueron mostradas. Y por mucho que pudieron los medios haber magnificado la dimensión de esas manifestaciones, el rumbo de la política no se vio alterado por ello. Kirchner concluyó su mandato con un alto nivel de aprobación y Cristina ganó categóricamente dos elecciones presidenciales tras esos episodios.

La misma lógica cabe aplicar al modo en que analiza el fin último del “Partido Judicial”. Es inadmisible pensar que la evolución de procesos judiciales se conviertan en un riesgo para las instituciones. Nadie jamás puede sentirse amenazado en un juicio, simplemente porque en el mismo siempre gozará del derecho a defenderse y toda decisión podrá ser recurrible a instancias superiores.

Y aquí volvemos otra vez a lo ya dicho. Ningún fiscal y ningún tribunal inventó los hechos que originaron el “caso de la falsedad documental en la venta de un auto”, el “caso Ciccone” o el “caso The Old Found/Formosa”, que se debaten en los tribunales como consecuencia de las inconductas de Amado Boudou y sus amigos. Para que esos procesos pudieran avanzar, primero fue necesario que el Vicepresidente actúe del modo que lo hizo en cada caso. Siendo así, enjuiciar a un funcionario con semejantes “cualidades” lejos de debilitar las instituciones las fortalece.

En la Justicia no está imputada la democracia. Están imputados funcionarios públicos que deben dar cuenta de sus actos. Creer que Cristina o Boudou son la democracia es, tal vez, el mayor castigo que pueda recibir la institucionalidad. Ese sí es un golpe a la lógica de la república.

El secreto que debe descubrir Cristina pasa por salir de su encierro y admitir la realidad. Y entender que las críticas y los reclamos no conllevan voluntades golpistas si no solo vocaciones de cambio. Porque cuando las convivencia social se perturba por hechos traumáticos o por debates altisonantes, es necesario cambiar para retomar la senda que conduzca a la paz social.

Porque, al fin y al cabo, Cristina debería saber que a la realidad no hay que ocultarla o maquillarla para que luzca acorde a sus necesidades políticas. Hay que asumirla y cambiarla si hace falta, pero nunca es buena idea negarla. Porque como ya dijera un catalán famoso, “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.