Por orden de Cristina Fernández de Kirchner y bajo el pretexto de “regular” la protesta social, diputados K han presentado en el Congreso un proyecto de ley anti-manifestaciones. Si una marcha o corte no se avisa dos días antes a la autoridad, o afecta algún servicio público, o impide el tránsito, seguramente serán declarados ilegítimos y reprimidos. La supuesta “mediación” con dos horas de plazo es apenas otra excusa previa al uso de la fuerza policial.

Como la Presidenta ha elegido descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores y el pueblo con políticas de ajuste, sabe que las luchas sociales seguirán en ascenso y busca impedirlas represión mediante. De paso, estando ya los K en su cuenta regresiva en el poder, en nombre de la “gobernabilidad” quieren dejarle hecho el trabajo sucio al futuro gobierno. Mauricio Macri, Sergio Massa, Daniel Scioli y todo el establishment, chochos. Tan revulsivo es el proyecto que incluso dentro del propio oficialismo se han levantado voces críticas.

Que un corte de calle o de autopista genera trastornos es un hecho obvio. Sin embargo, de nada sirve ir al efecto y no a la causa: la llave de la solución la tienen los gobernantes, si en vez de desoír los reclamos populares les dieran respuesta concreta. Lo que no puede explicar el kirchnerismo es por qué, después de la presunta “década ganada”, la desigualdad y la conflictividad social no dejan de crecer…

Este proyecto es tan retrógrado que debemos ir más de medio siglo atrás para hallar algún intento represivo similar fuera de los años de dictadura: el plan Conintes, en los ’60. Ni siquiera Carlos Menem pudo hacer algo así. Además, es inconstitucional. El Poder Ejecutivo se arroga la facultad de decidir a su antojo si una manifestación es legítima o no, en un ataque inédito a derechos constitucionales básicos. En cuanto a la “colisión de derechos”, ni el contexto histórico ni la propia Constitución atribuyen mayor jerarquía al derecho a la circulación vehicular que a los derechos democráticos y sociales.

A la vez, en versión corregida y aumentada, el legislador del PRO Helio Rebot acaba de presentar en la Legislatura porteña un proyecto que amenaza quitarle los planes sociales a los beneficiarios que se movilicen -por ejemplo- por un aumento del monto, por vivienda u otro reclamo. Un engendro casi fascista, que busca doblegar por el hambre a los sectores más vulnerables que reclamen por sus derechos.

El proyecto K pretende criminalizar a los trabajadores que luchan por su salario o contra los despidos -sobre todo los docentes y de la salud-, a los desocupados pero también a todo otro sector social que se movilice para hacerse oír: vecinos por la seguridad o contra los cortes de luz, jubilados por el 82 por ciento móvil, estudiantes por mayor presupuesto, familiares de tragedias como las de Once o Cromañón por justicia, mujeres por sus derechos, pueblos originarios por sus tierras, ambientalistas contra las megamineras, policías o gendarmes por sus salarios, y tantos otros.

Después de la ley “antiterrorista”, el Proyecto X de espionaje y el ascenso del represor César Milani a jefe del Ejército, este proyecto termina de desenmascarar el doble discurso K sobre los derechos humanos. El “relato” kirchnerista ya está en su declive definitivo y se profundizará el giro político a izquierda de más y más trabajadores, jóvenes y sectores medios.

Por eso, cuando este proyecto de ley represiva se trate, desde el MST-Nueva Izquierda y junto a muchas otras organizaciones políticas y sociales vamos a rodear el Congreso para exigir que no sea aprobado.