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Nueva corrida cambiaria en un ambiente de default

El mercado financiero ha comenzado a descontar que la reciente baja de las tasa de interés del 27 al 26 por ciento fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) -que apunta a la renovación de las letras LEBAC y que repercute en una baja del resto de las tasas- no fue una medida tomada por su presidente Juan Carlos Fábrega sino por el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Lo grave del caso es que esta baja de un punto se produce en un escenario peor al de mediados de enero pasado, antes de la devaluación del 25 % del peso frente al dólar oficial decidida por Fábrega con el aval de Cristina Fernandez y sin la venia de Kicillof. En ese momento, se pensaba que la Corte Suprema de los EE.UU. tomaría el caso argentino y el pago de la sentencia con los holdouts por unos 1350 millones de dólares se pasaría al 2015. Ahora, en cambio, el mercado teme que hasta se pueda acelerar el pago de los bonos del canje porque la Argentina no pudo hacer el pago a los bonistas que entraron a a los canjes I y II. Un default técnico tampoco estaba en consideración y la activación de la cláusula RUFO y el pago de seguros de default menos. Mientras, la única esperanza para arreglar la situación -un acuerdo entre privados para comprar esa sentencia -se desvanece.

Cabe recordar que, antes de la devaluación de enero, el BCRA emitía dinero a un ritmo diario de unos 500 millones de pesos. En la actualidad, emite aproximadamente unos 1000 millones de pesos por día y con el agravante que se ha producido una importante caída de la demanda de dinero por parte del público, que empieza a desprenderse de la moneda argentina mas rápido que antes. Este es el peor de los mundos en materia de política monetaria: un excesivo aumento de la emisión de pesos y una moneda local cada vez menos en demanda.

La contracara se observará en la política cambiaria. Por lo tanto, es muy probable que el BCRA se vea obligado a devaluar mas rápido el valor del dólar oficial -que está casi en los 8,25 pesos- frente al resto de las variedades de dólar como el contado con liqui, el dólar bolsa o el dólar paralelo. Alcanzando un nuevo máximo histórico, la divisa norteamericana se ubica por encima de la barrera de los 13 pesos en el mercado informal, ya que que los agentes buscan su cobertura frente a un futura devaluación. Si en estas condiciones el BCRA no devalúa el peso, perderá todavía más reservas internacionales, que llegan hoy a los 29,000 millones de dólares. La situación no podría ser peor: faltan dólares (por una menos liquidación de exportaciones con el precio de una soja en baja), el déficit fiscal crece para financiar el gasto público y el de cuenta corriente es el más alto de los últimos años, la suba de la inflación no se detiene y los problemas de conflictividad laboral se acrecientan.

Esta nueva intromisión de Kicillof en la política monetaria del BCRA no hace más que alentar las versiones que indican que en pocos días -y en la medida que la Presidente lo acepte- sería inevitable la renuncia de Fábrega, el llamado “Garante” del sistema financiero. Esta vez, su final parece estar más cerca de lo que muchos creen. Fiel a su estilo, Kicillof ya está preparado para tomar el control del organismo, el único bastión de la economía que todavía no maneja directamente. Si saca a Fábrega, la posibilidad de emitir pesos libremente ya será una realidad.

Kicillof quiere el Banco Central para evitar otra devaluación

Una sutil tarea de esmerilamiento, como las que acostumbra, ha comenzado a realizar desde la semana pasada el ministro de Economía con la autoriadad monetaria, Juan Carlos Fábrega, para quedarse con el manejo de esa institución. La intención de Axel Kicillof de desembarcar en el BCRA está relacionada con un hecho que podría ocurrir en el futuro: una nueva corrida cambiaria, similar a la acontecida en enero último, cuando Fábrega decidió devaluar un 25% el peso, llevándolo de 6,50 a 8 pesos por dólar en sólo 3 días.

Fabrega le ganó la interna a Kicillof -que se negaba a devaluar- y descomprimió la presión en el mercado cambiario. Este es un evento que no se puede descartar en el marco de la pelea con los holdouts. Si el Gobierno sigue emitiendo unos 1.000 millones de pesos por día, si el déficit fiscal no se reduce, si la inflación no se frena y se empiezan a fugar dólares nuevamente, será difícil evitar una nueva devaluación de la moneda similar a la de enero. Kicillof lo sabe y por eso quiere ubicar al frente del BCRA al actual secretario de Finanzas, Pablo López, quien fue el director que colocó Kicillof cuando era viceministro para controlar a Mercedes Marcó del Pont.

La conferencia de prensa del pasado jueves de Kicillof en el microcine del Palacio de Hacienda mostró dos facetas preocupantes. La primera, la dura crítica hacia el banquero Jorge Brito, amplificada luego con el discurso de la presidente Cristina Kirchner. La segunda, la fuerte embestida contra el titular del BCRA. De ese modo, el ministro prácticamente dinamitó a la autoridad monetaria sin nombrarla. La sola mención de Sedesa (Seguro de Depósitos), una sociedad anónima creada en 1995 con el objeto de administrar el Fondo de Garantía de los Depósitos del sistema financiero de la cual es socio con el 1%, dejó mal herido a Fábrega.

Kicillof explicó allí que los banqueros querían utilizar parte de ese fondo como una suerte de garantía para pagar la sentencia a los holdouts. “Querían pagar con parte del dinero de la gente” dijo el ministro, quien dio a entender que Fábrega también estaba de acuerdo en utilizar ese recurso, ya que los banqueros se habían reunido antes con él, más allá de que dicha intervención fue solicitada por la Presidente al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zaninni.

De acuerdo a algunas versiones de los propios banqueros todo fue armado por Kicillof para desgastar a Fábrega y dejarlo al descubierto. Lo curioso es que en esa conferencia del jueves Kicillof sólo contestó en forma contundente la pregunta de un periodista de C5N referida a la intención de los banqueros a comprar la sentencia contra la Argentina a los holdouts, cuando embistió contra Brito y acusó indirectamente a Fábrega, pero no respondió prácticamente ninguna de las restantes preguntas que le hicimos los periodistas acreditados de Infobae, TN, y Ámbito Financiero.

Práctica habitual

La historia reciente muestra que, desde que Axel Kicillof llegó al Poder Ejecutivo -como viceministro de Economía, el 10 de diciembre del 2011-, ha esmerilado a gran parte del equipo económico. Sus víctimas fueron su superior Hernán Lorenzino, al que prácticamente le intervino el Ministerio apenas llegó y dejándole solo la posibilidad de manejar los temas referidos a la política de desendeudamento. Luego, al asumir como ministro en noviembre del año pasado, se cargó a Mercedes Marcó del Pont. La había comenzado a esmerilar al intervenir el BCRA en marzo del 2012 cuando por su indicación se reformó la Carta Orgánica de esa institución.

Guillermo Moreno, el entonces todo poderoso Secretario de Comercio, fue otra de sus víctimas. Presentó su dimisión luego de que Kicillof fuera promovido como ministro de Economía, nombrando en su reemplazo a su amigo Augusto Costa. Pero el esmeril al parecer no se detiene.

En la mira de Kicillof esta ahora el llamado “garante” del sistema financiero: Juan Carlos Fábrega, un correcto presidente del BCRA, un hombre leal a la Presidente dispuesto a renunciar en el momento que se lo pidan y también Jorge Capitanich.

Ahora sólo falta que Kicillof solicite sus renuncias, como ocurrió con las anteriores figuras del equipo económico, para transformase en una suerte de superministro de la Economía, sin oposición alguna.

Tres cláusulas legales condenan a Argentina frente a los holdouts

Las cláusulas legales que forman parte de las condiciones de los títulos de deuda pública emitidos por los gobiernos argentinos en los últimos 50 años se deben señalar como la base del problema por el cual la Argentina debe pagar los 1500 millones de dólares que reclaman los llamados fondos “buitre”.

Se trata de tres cláusulas fueron establecidas por los distintos gobiernos de turno para incentivar a los inversores minoristas e institucionales a la compra de bonos argentinos luego de los default ocurridos desde la crisis de la deuda de América Latina en 1982. Por haber sido una especie de “defaulteador serial”, la Argentina tuvo que colocar esas cláusulas que ahora pueden hacer caer una de las reestructuraciones de deuda “más exitosas del mundo”, en palabras del gobierno.

La primera es la llamada cláusula “Pari Passu”(PP), que figura en la  mayor parte de las emisiones de deuda soberana. Significa “un trato igualitario para aquellos bonistas de un país que entren o no entren a un canje de deuda pública”. Está en la primera página del Prospecto de emisión de los títulos de deuda y establece que ningún bonista que haya participado de un canje puede recibir un pago sin que el resto, que prefirió rechazar la oferta, también lo haga. La Argentina quedó expuesta a esta cláusula al realizar el Canje I, en marzo de 2005, y luego el Canje II, en octubre de 2010, ya que hubo un 93 % de acreedores que entró en esos canjes pero un 7 % restante no lo hizo; son los llamados holdouts y, entre ellos, los Fondos Buitre. De estos últimos, los fondos Elliot, Aurelius, Blue Angel y 13 bonistas ganaron finalmente el juicio a la Argentina con una sentencia favorable de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, a cargo del Juez Thomas Griesa, que obliga a la Argentina a pagar unos 1500 millones de dólares a esos demandantes.

Esta cláusula se empezó a utilizar a partir de 1995, cuando el fondo especulativo Elliott, el que le ganó la demanda a la Argentina, la utilizó en un juicio en el año 2000 contra el gobierno peruano de Alberto Fujimori cuando un tribunal de Bélgica le ordenó a ese país pagar una sentencia por unos USS 60 millones por bonos defaulteados en el Plan Brady comprados por unos 20 millones dólares.

En cuanto a la Argentina, la deuda total por la aplicación de la PP no sólo incluiría los 1500 millones de dólares más intereses, sino que podrían sumarse demandas de otros holdouts que alcanzarían un monto de entre 4000 y 8000 millones de dólares, y no 15000 millones como afirma el ministro Axel Kicillof.

La segunda cláusula es la Right Upon Future Offer, más conocida por sus siglas: RUFO. Significa el derecho a una oferta mejor para los que entraron en los canjes si el gobierno mejora las condiciones propuestas a alguno de los bonistas que no ingresaron en los Canjes I y II. Esto implica que, si el gobierno mejora la oferta al 7 % de los bonistas que no entraron al canje hasta ahora, tiene la obligación de hacer lo mismo con el 93 por ciento de acreedores que sí aceptaron los Canjes  I y II.

Esta cláusula vence el 31 de diciembre de este año. En este caso, desde el gobierno afirman que, si se les paga a estos fondos como lo exige el fallo Griesa, también habrá que pagar unos 150.000 millones que demandarán quienes entraron en los canjes I y II, es decir, el 93 por ciento que aceptó la oferta frente a un minoritario 7 % que no la rechazó.

La cifra de 150.000 millones de dólares, que dio a conocer el ministro Axel Kicillof, suena desmesurada en función de lo que han cobrado los bonistas que aceptaron los canjes. Pero Kicillof sostiene que podrían reclamar una mejora del 1600 %, que es lo que lograron los fondos que demandaron a la Argentina ante el tribunal de Nueva York.

Hasta su vencimiento, el gobierno tampoco puede cambiar la jurisdicción de pago de los bonos, como intentaba hacer y el juez Thomas Griesa se lo prohibió. Esta subordinación de la reestructuración de deuda a la justicia extranjera buscaba darles seguridad jurídica a los inversores. Por lo tanto, si la Argentina quiere cambiar el lugar de jurisdicción de los bonos con legislación extranjera con Nueva York, Europa o Japón, o si no se pagan los vencimientos de los bonos, puede incurrir en una falta y caer en lo que se llama “default técnico”.

La tercera es la “Class Actions” (CCAs) o Acción de Clase. Se trata de una cláusula instrumentada como un símil de escudo que busca minimizar el daño que puede ocasionar el creciente atractivo de la estrategia de los holdouts.  Se la conoce como cláusula de acción colectiva o directamente CACs, y se trata de un artilugio legal que permite imponer a los bonistas que no entran en los canjes -los holdouts- el acuerdo de una mayoría que oscila entre el  66% y el 75%. Pero en este caso lo que complica a la Argentina es el no haber apelado a esta cláusula. Para algunos especialistas, hubiera evitado problemas mayores dado que un 93 % aceptó la reestructuración; pero al no existir esta cláusula los fondos buitre lograron su cometido en la justicia.

Ante una crisis de deuda sin problemas de deuda

El laboratorio de experimentos económicos financieros a los que nos tienen acostumbrados los gobiernos y los ministros de la Economía tal vez no esperaba esta nueva experiencia que enfrenta la Argentina luego de la decisión de la Corte Suprema de los EEUU.  Es que será difícil explicar en los libros de historia económica del futuro cómo un país que canceló toda su deuda con el FMI, que realizó dos canjes para normalizar su deuda pública en default y la redujo espectacularmente, que le pagó puntillosamente a los  acreedores desde el 2006 hasta el presente puede llegar a caer en default. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está a punto de entrar en “una crisis de la deuda sin problemas de deuda”.

La impericia, la soberbia y la inexperiencia con la que se aborda el problema para pagarle unos 1500 millones de dólares a los holdouts tal vez sean los términos que más se adecúen a esta nueva cruzada “anti-buitre” que encabeza el  ministro Axel Kicillof, quien ha manifestado irresponsablemente a través de un comunicado enviado por el ministerio de Economía que el 30 de junio próximo la Argentina no pagará un vencimiento de deuda por 900 millones de dólares.

Lo más grave del caso es que Kicillof podría trasformase en una de las victimas de esa “crisis de deuda sin problemas de deuda” si el  dólar libre o ilegal se dispara en los próximos días como ocurrió en las tantas crisis cambiarias y financieras que se produjeron en nuestro país. Kicillof debería considerar que la última se produjo en enero pasado y en esa oportunidad el BCRA tuvo que devaluar el dólar oficial un 25%. Como dato, hay que mencionar que las reservas del BCRA desde que llegó Axel Kicillof en noviembre pasado a la titularidad de la cartera de Economía cayeron unos 3000 millones de dólares.

Un nuevo aumento del tipo de cambio junto a una baja en las reservas intencionales del BCRA en Argentina podría ser un golpe letal para un ministro que ha quedado inmovilizado, sin reflejos y sin respuestas, ante al decisión de la Corte Suprema de los EEUU y del levantamiento del stay por parte de la Cámara de Apelaciones del segundo Circuito de Nueva York a cargo del Juez Thomas Griesa. En particular porque una nueva crisis financiera llevará consigo un aumento de los precios que el gobierno esta vez no podrá contener con el programa de Precios Cuidados. Solo basta mencionar que el vienes antes de conocerse la decisión de la Corte de los EEUU el valor del dólar en el mercado libre llegaba a los 11,70 pesos, mientras que en la actualidad supera los 12,50 mostrando un aumento del 7 %.

En caso de defaultear y no mostrar voluntad de pago frente a una sentencia de un tribunal de Nueva York avalada por la Corte Suprema de Justicia de los EEUU, Argentina se expone a perder el reducido financiamiento internacional que tenía para el sector público y también para el sector privado.  Cabe recordar que en el corto plazo la Provincia de Buenos Aries necesita colocar en el mercado internacional unos 500 millones de dólares, la Ciudad de Buenos Aires debe financiar unos 890 millones de dólares y la provincia de Mendoza busca unos 250 millones de dólares en el mercado de externo. Nadie les prestará a gobernadores de un Estado que puede caer en defualt.

El proyecto de YPF para financiar el yacimiento de Vaca Muerta, donde se necesitarían invertir aproximadamente unos 20.000 millones de dólares en los próximos cinco años, quedaría en el olvido. Ningún inversor se atreverá a financiar el crecimiento de una compañía estatizada de un país en cesación de pagos. Este escenario tambien afectará fuertemente a las inversiones en el sector privado.

El ministerio de Economía sostuvo este miércoles por la noche que la suspensión de las medidas cautelares dictadas por el juez de Nueva York Thomas Griesa “impiden” el pago de los cupones de la deuda reestructurada que vencen el 30 de junio próximo en la jurisdicción de Nueva York. Lo llamativo es que el comunicado finaliza indicando que ”Argentina reitera la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados”. Esto deja abierta la posibilidad aún de cambiar la jurisdicción, pese al rechazo del juez Griesa y la  posibilidad de declarar el primer default de la deuda sin problemas de deuda, a diferencia de anteriores ocasiones cuando se defaulteaba porque el país no podía pagar su deuda por crisis financieras internacionales
como las del 82 que sacudió a todos los países de la región o la ultima tan recordada de fines del 2001.

Los modales del ministro Kicillof

La famosa frase de Néstor Kirchner “¿Qué te pasa Clarín, ¿estás nervioso?” es un buen ejemplo para comenzar esta columna. En ese caso no está dirigida al grupo dirigido por Héctor Magnetto, sino al ministro de Economía, Axel Kicillof, quien cuando lo sacan de su libreto está cerca de sufrir un ataque de nervios o de pánico.

En los últimos años del gobierno de Cristina Fernández, cuando ministros de Economía como Amado Boudou o Hernán Lorenzino anunciaban buenas noticias ante micrófonos, lucían contentos y hasta rozagantes, con ganas de hablar de los temas referidos a su cartera. Lamentablemente, este no es el caso de Kicillof, quien cuando sube al estrado para anunciar un resultado positivo como el éxito de los Precios Cuidados para bajar la inflación, se transforma ante las preguntas de los periodistas que concurren a sus conferencias de prensa. El ministro logra que estas instancias se transformen en una especie de boomerang ya que le juegan en contra por su mal humor y soberbia manifiesta. Es importante que tome conciencia del rechazo que genera frente a los periodistas que escuchamos sus palabras y luego debemos comentarlas en la prensa oral y escrita.

Es realmente sorprendente cómo la cara del joven ministro, que hasta luce simpático antes de disertar sobre el tema del día, comienza a transformarse al estilo del Mr. Hyde creado por el Dr Jekyll o el Frankenstein de Mary Shelley. Es increíble su metamorfosis cuando le cambian el libreto. No se parece en nada al profesional destacado, al joven graduado con medalla de oro en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y solo superado en promedio por el dirigente montonero Mario Eduardo Firmenich. En realidad, parece un chico de mal carácter, enojado y muy mal educado.

En particular el ministro se exaspera y entra en estado de shock con las preguntas de los periodistas del Grupo Clarín. En este caso le tocó a la amable profesional de Radio Mitre, Mariel Di Lenarda, quien en tono cordial solo preguntó por un tema que está en boca de todos. “¿Ministro, quería saber que pasará con el mínimo no imponible?” preguntó la cronista, desatando la ira de Kicillof. “No sé si también quiere preguntarme sobre quién ganará el Mundial 2014 de Brasil o sobre el sexo de los ángeles”, fue su respuesta. Pero no contento con ello, agredió intelectualmente a la periodista y al resto de quienes lo escuchábamos por no “no tener la capacidad de hacer preguntas con respecto al tema” y mostrando además una falta total de galantería hacia una dama que preguntaba en tono cordial y con respeto.

Kicillof aclaró que él no estaba para responder preguntas que no forman la agenda del día como lo hizo también su correcta jefa de prensa, Jessica Rey, quien debe obedecer las órdenes del ministro. La historia muestra que tanto Roberto Lavagna, la expulsada Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau y hasta Carlos “El Mudo” Fernández se caracterizaron por tratar bien a los periodistas que concurren  a las conferencias enviados por sus respectivos medios. Estos a veces deben estar desde muy temprano y en muchos casos no pueden preguntar porque no entran en la short list que integran solo los primeros cinco periodistas que se anoten.

Quizas Kicillof debería manejar sus nervios en cada conferencia de prensa, o hacer una especie de media training, y ante preguntas que no están en la agenda, tratar de responderlas como han hecho siempre sus antecesores. La suba de los “Precios No Cuidados”, la baja de las tasas de interés, una futura devaluación del peso parecida a la de enero, el inminente pago al Club de París y la pelea con los Fondos buitre. Por ese motivo es probable que si Nestor Kirchner viviera, tal vez le preguntara al ministro ¿Qué te pasa Axel Kicillof,  estás nervioso?

El problema es la numerología K

El intento del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, de justificar que el ministro Kicillof diera la orden de no difundir los índices de pobreza e indigencia por “problemas metodológicos, de actualización y de empalme con el nuevo IPC nacional” esconde no sólo una gran hipocresía, sino también el desconocimiento total del tema del que está hablando. En realidad no se trata de un problema de la metodología de medición que aplica el Indec sino de la especie de numerología que viene practicando el Gobierno desde enero de 2007, cuando Guillermo Moreno decidió intervenir el organismo oficial de estadística.

En primer lugar, debemos decir que la metodología es una pieza fundamental para todo tipo de investigación, y es un método científico, internacionalmente aceptado, cuyo fin es sistematizar los procedimientos. En cambio la numerología, a la que parece suscribir el jefe de Gabinete, es una práctica adivinatoria que utiliza los números. Se trata de un conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación mística entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. Algo parecido a lo que ocurre en el Indec, más allá de la pseudo-normalización recientemente anunciada del cálculo del índice de precios al consumidor, definido como IPCNu.

Si bien Capitanich reconoció que el Instituto Nacional de Estadística discontinuó la publicación de la serie histórica del indicador por “severas carencias” en la medición anterior con la actual, omitió explicar que se trata de dos series totalmente distintas.  Los indicadores que se tenían que dar a conocer ayer eran los correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares del segundo semestre del año pasado. El último dato se divulgó el 29 de octubre de 2013, correspondiente al primer semestre de ese año. Además, Capitanich debería explicar por qué Axel Kicillof dio la orden no sólo de no publicar los indicadores sino también de adulterar el cronograma de publicación de esos datos del Indec.

En su justificación el Jefe de Gabinete manifestó que “hay una metodología de cálculo diferente, una modificación de carácter estructural en el cálculo del IPC urbano federal, antes era sólo del Gran Buenos Aires. Hay problemas de empalme”. Esto es totalmente inexacto, ya que en febrero, en la conferencia de prensa que dio Axel Kicillof para presentar el nuevo IPCNu base 2004, que reemplaza al viejo IPC base 1993, el ministro dijo “no habrá coeficiente de empalme entre la base nueva y la base vieja, algo inédito en la historia de la estadísticas del Indec”. Por ese motivo el jefe de Gabinete sumó otra incongruencia al advirtir que “cuando se dé a conocer nuevamente los valores de pobreza e indigencia, será porque se habrán resuelto estos problemas metodológicos y de empalme”. ¿De qué empalme habla Capitanich si Kicillof dijo que las series no se podrán empalmar porque se trata de canastas de medición con diferentes productos y diferentes precios?

Claramente, lo que el Gobierno no quiso hacer es mostrar los números que tiene el Indec en base a las nuevas mediciones que no tienen nada que ver con los de la última EPH difundida en octubre que indicaba que al cierre del primer semestre de 2013 se encontraban por debajo de la línea de pobreza unos 448.000 hogares, los que incluían a 1.189.000 personas. A su vez de ese total se encontraban bajo la línea de indigencia 189.000 hogares, lo que significaba unas 367.000 personas indigentes. Esto es, apenas 4,7 por ciento del total de la población en el primer caso y 1,4 por ciento en el segundo.

Por si esto fuera poco, y exhibiendo un desconocimiento total del tema, Capitanich afirmó que “la última actualización del poder de compra se hizo en 2001 y se determinó en ese momento el valor de la CBA actualizando el valor de la misma que daba el proyecto de investigación sobre pobreza en la Argentina, del Gobierno de Raúl Alfonsín”. Esto también es falso ya que para construir la nueva metodología del IPCNu se tomaron los valores de las canastas actualizadas del último trimestre del 2004.

El Indec salió al cruce con un comunicado que virtualmente replica los dichos de Capitanich, al indicar que “el valor de la CBA se determinó actualizando mensualmente el valor de la canasta que el proyecto ‘Investigación sobre Pobreza en Argentina’ fijó en 1985 en 16 australes. Esto es lo que se conoce como ‘Canasta de Costo Mínimo’. Para realizar esta actualización se utilizó la variación de precios del IPC GBA según la composición de la CBA inicialmente definida. Según el tipo de cambio nominal los referidos 16 australes eran equivalentes a algo menos de u$s17. de 1985”.

De este modo, las expectativas favorables, a favor de una mayor transparencia que generó la elaboración de un nuevo índice de inflación, con la venia del FMI, vuelven a opacarse. Está claro que esta nueva intervención del ministro de Economía dan cuenta de un manejo discrecional de las estadísticas públicas similar o peor al de la época en que Guillermo Moreno mandaba en el Indec.