La CGT moyanista y la CTA que conduce Pablo Micheli ratificaron la marca del 14 de marzo para reivindicar acciones desde una óptica, por lo pronto, alejada de los conceptos centrales de solidaridad y distribución de la riqueza que hacen a la esencia del sindicalismo.

Este jueves, el sector sindical que “lidera” Hugo Moyano, así como la disidencia de la CTA que ¿conduce? Pablo Micheli, ratificó una marcha de “protesta nacional” que se realizará al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Carlos Alfonso Tomada.

Entre las reivindicaciones que se llevarán a cabo se encuentran:

-“Paritarias sin techo”; Unificación y Universalización de las Asignaciones Familiares; y la Derogación del Mínimo no imponible del impuesto a las ganancias sobre el salario.
Ante ello es dable decir que no es ningún secreto que ambos sectores sindicales se encuentran enfrentados con el Gobierno. La fracción de Pablo Micheli desde el conflicto de la 125, mientras que la facción Moyanista casi con inmediatez a que la Presidenta fuese investida como tal en su segundo mandato, producto de la magra cosecha en las listas por parte del sindicalismo representado por Moyano.

Va de suyo que la ruptura con el Gobierno por parte del Moyanismo es de una gran mezquindad y volatilidad en términos de concepción ideológica y política.
Más allá de estas digresiones sería importante analizar los motivos por los cuales se realiza la marcha.

1-  NEGOCIACIÓN SALARIAL SIN TECHO

La negociación colectiva en la Argentina es libre, por lo que las partes negocian libremente, ya sea salarios o condiciones de trabajo sin restricción alguna.
El Estado tiene la facultad de verificar el acuerdo para constatar que no viole las normas laborales vigentes, así como ver la oportunidad y conveniencia de los mismos, facultad que deviene de la ley 14.250.

Cuando esa verificación tiene resultado positivo, se lo concreta en una resolución, siendo ese proceso lo que se denomina homologación. El instituto de la homologación es lo que le da a los acuerdos laborales su validez para que sea aplicado a todos los trabajadores de una misma actividad o del nivel de negociación que se trate (rama de actividad, sector, empresa, establecimiento).

Con esa facultad, sobre todo con los conceptos de oportunidad y conveniencia por cuestiones de política económica, el Estado podría no homologar acuerdos que imposibilitaran llevar a cabo la política económica emprendida por el Estado.
Sin embargo, no existe antecedentes en este Gobierno que indique la violación de la libertad de negociación de las partes utilizando la facultad de “oportunidad y conveniencia” para no homologar un acuerdo.

Es cierto que a veces se tiran determinados lineamientos para la negociación en términos porcentuales, pero la dinámica negocial siempre (en esta etapa) ha sobrepasado esos lineamientos, lo que desmiente el denominado techo en paritarias.

De todas formas más preocupante es el talante de las otras dos reivindicaciones:

2- UNIFICACIÓN Y UNIVERSALIZACIÓN DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

Plantear la universalización de las asignaciones familiares no es una postura que, realmente, se condiga con las tradiciones del sindicalismo. Se puede plantear una nueva gradualidad, pero no su universalización, porque ello rompe con el principio de solidaridad sindical.

¿Es realmente solidario que,  por ejemplo,  un gerente de Techint S.A., aunque este no deje de ser un trabajador asalariado, cobre asignaciones familiares?

La idea de la asignación familiar es la de un complemento para que los trabajadores puedan afrontar gastos por nacimiento, educación, maternidad, entre otros, suponiendo en esa lógica, beneficiar a aquellos que sus sueldos quizá no alcancen o terminen siendo muy ajustados para poder llevar adelante esos gastos y contingencias.

Va de suyo que en la disparidad salarial entre el salario más bajo y más alto, la universalización de las asignaciones pone un sesgo de injusticia cuando las cobran trabajadores que por su calidad de ingresos tienen un gran poder de ahorro.

La CGT en su momento – unificada y con Hugo Moyano a la cabeza – criticó duramente a Elisa Carrió cuando planteó que la Asignación Universal por Hijo debía ser cobrada por todos, por los más pobres y  por los más ricos sin excepción, ni escalas, porque suponía una transferencia de recursos a sectores que no los necesitaban.

Sin embargo el planteo actual de universalización de las asignaciones familiares tiene la misma lógica.

3- LA DEROGACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA LOS ASALARIADOS

Aquí cabría un razonamiento similar al anterior, puesto que no se discrimina salarios con gran capacidad de ahorro de salarios de subsistencia en términos amplios, poniendo a la subsistencia en este caso como aquella que permite un buen standard de vida.

Hay cuestiones que producto de las transformaciones de la sociedad y del mundo del trabajo que se ha operado desde la década del 70 a nivel mundial y fundamentalmente, en los 90 a nivel local, han hecho mella culturalmente en el accionar sindical, perdiéndose cierta concepción solidaria que el sindicalismo tiene como base fundacional.
Esta marcha que se prepara para este 14 de marzo no tiene esencia sindical, sino está traspasada por el espíritu liberal contrapuesto al colectivismo gremial que plantea, efectivamente, la redistribución de la riqueza.

La solidaridad de los trabajadores, la solidaridad sindical tiene ese espíritu “robinhoodiano” de quitarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen y eso incluye a trabajadores de alto poder adquisitivo.
Hay sectores sindicales que han luchado contra la cultura de los 90, que hoy se ven cooptados por esa cultura al tratar de poner un acento opositor – con la lógica que combatieron – a un proceso político que ha hecho en estos últimos 50 años, la mayor redistribución de la riqueza a favor de los trabajadores, redistribución en la que hay que seguir trabajando porque la desigualdad aún persiste con cierta dureza.

Trabajar en esa línea implica salir de la mezquindad, proponer soluciones efectivamente solidarias, sin perder de vista la esencia misma de la organización sindical, lo que implica inclusive dejar de lado a veces aspiraciones personales en pos del interés colectivo.
Esta marcha tiene muy poco de estas cualidades y sus reclamos están lejos de los trabajadores, porque la transferencia de ingresos que propone quiebra el principio solidario.

Fuente: Télam

Desde esta columna siempre hemos dicho que los conflictos laborales y sociales son el motor y la prueba de una democracia sustantiva activa y en continuo progreso.

Claro está que en esa conceptualidad del conflicto juega un rol fundamental – mas allá de las divergencias – la buena fe entre las partes, cuestión esta que desde el sector sindical no estuvo presente en al conflicto de Maxiconsumo.

En la cuestión docente entendemos que la buena fe negocial está presente de ambas partes, el problema de la misma es su propia complejidad. Complejidad que tiene varias aristas.

La primera es que es una negociación articulada, cuyo primer eslabón es el acuerdo de un piso mínimo garantizado por la Nación para todo el país, pero después tiene una segunda etapa donde juegan un rol esencial las provincias para desarrollar en cada lugar la escala salarial y los aumentos salariales, propiamente dichos.

A su vez esta articulación contiene en su interior otras problemáticas:

1) El negociador “patronal” de primera instancia, el Ministerio de Educación a nivel nacional, en realidad no tiene bajo su órbita en el ámbito de la educación inicial y primaria escuelas a su cargo.

Ello implica que no tiene docentes directos bajo relación de dependencia, el salario mínimo que se fija en esa negociación a nivel nacional en realidad es la garantía que la Nación le da a los maestros de un salario inicial, pero sin que éstos dependan de ella.

Obviamente, este es un caso sui generis donde alguien que no es “empleador” garantiza un salario.

Esta es una señal que los sindicatos docentes deberían tener en cuenta a la hora de manifestar las posibles medidas de fuerza, puesto que desde la lógica de la negociación colectiva alguien que no es empleador no tiene porque garantizar ningún tipo de salario.

El segundo dato a tener en cuenta es que el ámbito donde se desarrolla el conflicto es la educación pública y, no la educación privada, siendo además que este Gobierno ha puesto un acento más que importante en ese pilar de la sociedad.

2) La segunda problemática radica en que esa negociación se articula con las negociaciones salariales a nivel distrital y, al no tener la Nación trabajadores en relación de dependencia directa, ni escuelas propias bajo su órbita – quizá sea el momento de repensar y debatir sobre la estructura de la educación en la Argentina – al fijar el piso del salario inicial no debe pensar en su poder de erogación, sino en la posibilidad de erogación de las demás jurisdicciones.

En esa dinámica la/s propuestas siempre van a estar más cerca del porcentaje menor puesto que se deben tener en cuenta las capacidades de inversión en salario de todos los distritos que van a converger en la negociación salarial posterior.

3) El tercer nivel de complejidad está dado porque el empleador directo son las provincias y, en algunos casos las municipalidades.

Para que la negociación salarial sea coherente y el primer nivel de negociación – el nacional – funcione efectivamente como piso y garantía de la misma, las provincias deberían tener una correspondencia directa con el nivel de inversión en educación por parte de la Nación.

O sea, tener entre sus prioridades primeras y directas la educación como lo hace el Gobierno Nacional. Ello implica que la responsabilidad principal en el desarrollo de la paz social o del conflicto recae principalmente en las provincias.

Todas estas cuestiones hacen que las “paritarias” docentes tengan un nivel de conflictividad alto y de exposición mayor.

En general todo conflicto afecta a las partes y a un tercero, esa es la dinámica de cualquier conflicto. En este caso el tercero que afecta es la población de educandos, fundamentalmente de los sectores obreros y más carenciados, por un lado, y a sus padres en términos de desbalance de la tarea educacional y de programación de las actividades familiares.

Tal cuestión logra una gran repercusión y pareciera que las medidas de fuerza docente fueran una “agresión” al cuerpo social.

Sin embargo, si negáramos esta posibilidad de conflicto le estaríamos negando a un sector de los trabajadores, lo que todos los trabajadores tienen por derecho.

Después entra en juego la racionalidad del conflicto; cuándo y cómo debe desarrollarse un paro o una huelga; cuándo optar por otras medidas de fuerza; cuándo el diálogo es posible y cómo debe canalizarse, finalmente, el conflicto.

La peculiaridad de la negociación salarial docente merece respuestas originales para no agotar, ni ensimismarse en las medidas de fuerza tradicionales, que son fundamentales para el movimiento obrero, pero que deben ser aplicadas racionalmente y como último, ultimísimo recurso, sobre todo cuando se actúa en la órbita de la educación pública.

Es imposible no notar que en el ámbito de la educación privada no existen, prácticamente, conflictos y los salarios no son diferentes en un ámbito que en otro, hasta podemos decir que las condiciones de trabajo en el sector privado son peores que en la educación pública.

Es cierto que los sindicatos del sector privado y del sector estatal – en la educación – no son los mismos, pero no es menos cierto que en muchos casos los maestros convergen tanto en la educación pública como en la privada, pero tienen – sin generalizar por supuesto – comportamientos distintos dependen del ámbito en que actúen.

El conflicto es en tanto este escenario inherente a cualquier negociación salarial y como tal es parte de ese proceso democratizador.

Nadie niega las justas reivindicaciones salariales en las distintas zonas por parte de los docentes, ni su encomiable tarea educativa, pero a la hora de las definiciones en toda negociación deben contemplarse las necesidades propias y las posibilidades ajenas en el contexto de cada sociedad, así como el contexto en el que se desarrollan.

El paso dado por el kirchnerismo en materia de fijación de salarios docentes ha sido una innovación laboral y excepcional en la historia sindical argentina, poniendo en marcha un mecanismo democrático de diálogo social a tales efectos.

Por lo tanto no podemos dejar de señalar lo importante de la paritaria docente, más allá de los conflictos y las posiciones de cada una de las partes. Esta es una muestra cabal más que, el gobierno de Nestor Kirchner primero, y el de Cristina Fernández después, siempre pusieron en marcha mecanismos democratizadores sustanciales en la sociedad. Simplemente, defendámoslos con racionalidad.

Fuente: Télam

En las últimas horas hemos asistido a un “conflicto” que aparece como una puja intersindical por la representación del colectivo de trabajadores del Supermercado Mayorista Maxiconsumo.

Dicho “conflicto” se manifiesta con una medida de fuerza efectista por parte del Sindicato de Camioneros que ¿“reclama”? el encuadramiento de los trabajadores de la empresa bajo su ámbito de representación y, por ende, la consecuente aplicación de su convenio colectivo de trabajo.

Para que haya un conflicto intersindical de este tipo los trabajadores deben –con acierto o no– estar encuadrados en otro sindicato, como lo es este caso que lo están bajo la esfera de representación de Comercio y, por lo tanto, el convenio de aplicación es el de esa actividad.

La actual ley de asociaciones sindicales en su artículo 59 impone una solución a los problemas intersindicales con el objeto de evitar, precisamente, situaciones como las que hoy se viven en Maxiconsumo.

O sea, existen instancias hacia adentro de la estructura sindical, instancias administrativas e instancias judiciales para definir y dar término a tales situaciones.

¿Cómo se define un encuadramiento sindical?

Se coteja lo que se denomina la personería gremial –la representación sindical legal y efectiva- del o los sindicatos en cuestión con la actividad de la empresa y, de acuerdo con ese cruce, se debe definir por aquella entidad sindical en la que coincidan los dos tópicos –personería gremial + actividad de la empresa.

En el presente caso, la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en las actuaciones relativas al conflicto ente los Sindicatos de Camioneros, de Comercio y la empresa Maxiconsumo, declaró la nulidad -por falta de capacidad de representación legal suficiente de parte del gremio de camioneros- de un convenio suscripto tras un conflicto de encuadramiento suscitado en 2007. Por ende, para el Ministerio de Trabajo a camioneros no le alcanzaría su capacidad de representación para comprender bajo su “ala” a los trabajadores de Maxiconsumo.

Sin perjuicio de ello, aún quedaría la vía del artículo 59 de la ley de asociaciones sindicales para establecer el encuadramiento efectivo del personal del autoservicio mayorista, o en su caso la vía judicial para impugnar la resolución del Ministerio.

Todos estos datos nos ponen ante una primera conclusión, habiendo vía administrativa y judicial pendiente, las medidas de fuerza son injustificadas, puesto que cualquier pronunciamiento que quede firme, en vía administrativa o judicial, tiene carácter retroactivo.

Una segunda conclusión deviene de la propia medida de fuerza  -el bloqueo-. Esa modalidad implica debilidad en términos sindicales, puesto que no cabe más que concluir que no hay fuerza real propia que importe la concreción de una huelga o paro de actividades, lo que resumiría al menos el consenso de los trabajadores del autoservicio -aunque ello de por sí no alcance legalmente para “tener razón”.

Por lo tanto, el bloqueo en estas circunstancias se asemeja más a un “apriete”, a una conducta patoteril que a una medida de fuerza estrictamente sindical.

Pero como en el ámbito gremial y en el político -en realidad en ningún ámbito- las casualidades no existen, esta medida de acción directa ejercida “aparentemente” contra el autoservicio mayorista Maxiconsumo, y que voceros del propio sindicato amenazan -nunca mejor utilizada la palabra- con extenderla a otros supermercados de abastecimiento mayorista como Diario, Makro, entre otros, pareciera ir más en la dirección de una “advertencia” al Gobierno en que el acuerdo de precios no puede cumplirse y que el desabastecimiento es un fantasma que lo merodea.

Ello coexiste con el lanzamiento por parte del moyanismo del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo en donde se crítico el acuerdo de precios y se habló de la posibilidad desabastecimiento, sin dejar de rozar la alianza con las patronales del campo quienes proponen marchar y hacer medidas de fuerza conjuntas.

Las acciones gremiales, los conflictos por lo general, tiene la ambición de la superación de la clase trabajadora y en ese sentido son motor democrático de la sociedad.

Sin embargo, en este caso la cuestión se encuentra desvirtuada, totalmente, utilizando medidas que podrían ser útiles –acompañadas de otras- en casos extremos, pero que al ejercerse para objetivos que no se condicen realmente con una reivindicación efectiva de los trabajadores, se la bastardea y se la banaliza.

Cuando se banalizan las acciones gremiales para fines que importan una mera oposición política sin consenso colectivo, ni propuesta real, se traslada al imaginario colectivo la peor imagen del sindicalismo, mellando, fuertemente, la utilidad del trabajo sindical, lo que implica en definitiva ejercer conductas antisindicales y denostadoras del ejercicio gremial y por ende antidemocráticas.

Fuente: Télam