Desde esta columna siempre hemos dicho que los conflictos laborales y sociales son el motor y la prueba de una democracia sustantiva activa y en continuo progreso.

Claro está que en esa conceptualidad del conflicto juega un rol fundamental – mas allá de las divergencias – la buena fe entre las partes, cuestión esta que desde el sector sindical no estuvo presente en al conflicto de Maxiconsumo.

En la cuestión docente entendemos que la buena fe negocial está presente de ambas partes, el problema de la misma es su propia complejidad. Complejidad que tiene varias aristas.

La primera es que es una negociación articulada, cuyo primer eslabón es el acuerdo de un piso mínimo garantizado por la Nación para todo el país, pero después tiene una segunda etapa donde juegan un rol esencial las provincias para desarrollar en cada lugar la escala salarial y los aumentos salariales, propiamente dichos.

A su vez esta articulación contiene en su interior otras problemáticas:

1) El negociador “patronal” de primera instancia, el Ministerio de Educación a nivel nacional, en realidad no tiene bajo su órbita en el ámbito de la educación inicial y primaria escuelas a su cargo.

Ello implica que no tiene docentes directos bajo relación de dependencia, el salario mínimo que se fija en esa negociación a nivel nacional en realidad es la garantía que la Nación le da a los maestros de un salario inicial, pero sin que éstos dependan de ella.

Obviamente, este es un caso sui generis donde alguien que no es “empleador” garantiza un salario.

Esta es una señal que los sindicatos docentes deberían tener en cuenta a la hora de manifestar las posibles medidas de fuerza, puesto que desde la lógica de la negociación colectiva alguien que no es empleador no tiene porque garantizar ningún tipo de salario.

El segundo dato a tener en cuenta es que el ámbito donde se desarrolla el conflicto es la educación pública y, no la educación privada, siendo además que este Gobierno ha puesto un acento más que importante en ese pilar de la sociedad.

2) La segunda problemática radica en que esa negociación se articula con las negociaciones salariales a nivel distrital y, al no tener la Nación trabajadores en relación de dependencia directa, ni escuelas propias bajo su órbita – quizá sea el momento de repensar y debatir sobre la estructura de la educación en la Argentina – al fijar el piso del salario inicial no debe pensar en su poder de erogación, sino en la posibilidad de erogación de las demás jurisdicciones.

En esa dinámica la/s propuestas siempre van a estar más cerca del porcentaje menor puesto que se deben tener en cuenta las capacidades de inversión en salario de todos los distritos que van a converger en la negociación salarial posterior.

3) El tercer nivel de complejidad está dado porque el empleador directo son las provincias y, en algunos casos las municipalidades.

Para que la negociación salarial sea coherente y el primer nivel de negociación – el nacional – funcione efectivamente como piso y garantía de la misma, las provincias deberían tener una correspondencia directa con el nivel de inversión en educación por parte de la Nación.

O sea, tener entre sus prioridades primeras y directas la educación como lo hace el Gobierno Nacional. Ello implica que la responsabilidad principal en el desarrollo de la paz social o del conflicto recae principalmente en las provincias.

Todas estas cuestiones hacen que las “paritarias” docentes tengan un nivel de conflictividad alto y de exposición mayor.

En general todo conflicto afecta a las partes y a un tercero, esa es la dinámica de cualquier conflicto. En este caso el tercero que afecta es la población de educandos, fundamentalmente de los sectores obreros y más carenciados, por un lado, y a sus padres en términos de desbalance de la tarea educacional y de programación de las actividades familiares.

Tal cuestión logra una gran repercusión y pareciera que las medidas de fuerza docente fueran una “agresión” al cuerpo social.

Sin embargo, si negáramos esta posibilidad de conflicto le estaríamos negando a un sector de los trabajadores, lo que todos los trabajadores tienen por derecho.

Después entra en juego la racionalidad del conflicto; cuándo y cómo debe desarrollarse un paro o una huelga; cuándo optar por otras medidas de fuerza; cuándo el diálogo es posible y cómo debe canalizarse, finalmente, el conflicto.

La peculiaridad de la negociación salarial docente merece respuestas originales para no agotar, ni ensimismarse en las medidas de fuerza tradicionales, que son fundamentales para el movimiento obrero, pero que deben ser aplicadas racionalmente y como último, ultimísimo recurso, sobre todo cuando se actúa en la órbita de la educación pública.

Es imposible no notar que en el ámbito de la educación privada no existen, prácticamente, conflictos y los salarios no son diferentes en un ámbito que en otro, hasta podemos decir que las condiciones de trabajo en el sector privado son peores que en la educación pública.

Es cierto que los sindicatos del sector privado y del sector estatal – en la educación – no son los mismos, pero no es menos cierto que en muchos casos los maestros convergen tanto en la educación pública como en la privada, pero tienen – sin generalizar por supuesto – comportamientos distintos dependen del ámbito en que actúen.

El conflicto es en tanto este escenario inherente a cualquier negociación salarial y como tal es parte de ese proceso democratizador.

Nadie niega las justas reivindicaciones salariales en las distintas zonas por parte de los docentes, ni su encomiable tarea educativa, pero a la hora de las definiciones en toda negociación deben contemplarse las necesidades propias y las posibilidades ajenas en el contexto de cada sociedad, así como el contexto en el que se desarrollan.

El paso dado por el kirchnerismo en materia de fijación de salarios docentes ha sido una innovación laboral y excepcional en la historia sindical argentina, poniendo en marcha un mecanismo democrático de diálogo social a tales efectos.

Por lo tanto no podemos dejar de señalar lo importante de la paritaria docente, más allá de los conflictos y las posiciones de cada una de las partes. Esta es una muestra cabal más que, el gobierno de Nestor Kirchner primero, y el de Cristina Fernández después, siempre pusieron en marcha mecanismos democratizadores sustanciales en la sociedad. Simplemente, defendámoslos con racionalidad.

 

Fuente: Télam