La Presidente tiene perdida la guerra por el default

Es inexplicable que, desde sectores bien informados y “meseros” de la City porteña, pasando por abogados financieros, economistas, periodistas, analistas y políticos de todos los sectores, se haya creído que el gobierno estaba negociando algún tipo de arreglo con los vencedores por una porción de la deuda argentina defaulteada en 2001 tras haber quedado firme en junio el fallo de 2012 del juez Thomas Griesa. El kirchnerismo fue siempre clarísimo: reiteró hasta el cansancio de manera pública que, aunque hubiera sentencia ya inapelable, no pensaba pagar jamás.

Desde luego que su determinación es tan inconveniente para el país, incoherente por haber litigado una década y aceptado la jurisdicción extranjera, que “la lógica” indicaba que había que cerrar trato y pagar, en efectivo o con nuevos bonos pero pagar. Sin embargo, a todos el Gobierno les decía en la cara que no iba a cumplir, aún cuando se ingresara en default por la deuda regularizada del 2005 producto de embargos que afectaran a sus titulares. Pero casi nadie lo quiso creer hasta el discurso del Ministro Kicillof del miércoles 30 de julio desde el Consulado en Nueva York.

El propio juez Griesa es otro de los engañados. Pensó que en verdad Argentina estaba chicaneando sobre la forma de pago, no sobre el hecho mismo del cumplimiento de su fallo. Nombró un mediador para arreglar un modo no ofensivo ni humillante para la Argentina de pago del juicio, pero los representantes del gobierno lo trataron como si comenzara el proceso de vuelta y armaron otra campaña política pública para fundamentar su desconocimiento a la decisión de la Justicia.

Mintieron a todo el país y al extranjero con la cláusula RUFO, alegándola para no pagar el falllo, cuando es tan obvio que no se trata de ningún modo de una liberalidad de Argentina de andar regalando nada distinto a lo de los acreedores 2005/2010 sino que cumple obligadamente porque el proceso llegó al final. Y, por el mismo motivo, mienten ahora si dicen que desde el 1 de enero de 2015 se abre otra oportunidad para acordar no condicionados por la RUFO.

El ministro Kicillof, que hasta frustró una negociación privada de bancos motorizada por otros sectores del gobierno más racionales, representa ahora la ideología financiera kirchnerista que consiste, en esta materia, en lo siguiente:

1) El titular de un título del Estado no tiene derecho a cobrar lo que el bono dice que se debe pagar sino lo que voluntariamente el Gobierno decida que se paga, siempre. Las obligaciones contenidas en el contrato son meramente potestativas, tipificación del Código Civil argentino específicamente prohibida en el derecho nacional, que son aquellas donde el deudor cumple si quiere y si no quiere no cumple. O sea, son obligaciones establecidas “en broma”, no son verdaderas conductas debidas por parte del deudor al acreedor.

2) Quien compra un título del Estado en el mercado secundario a descuento no tiene derecho a percibir aquello que está escrito en el bono sino mucho menos y siempre es lo que el Estado arbitrariamente diga que paga. Se considera injusto que quien compra un papel del Estado barato pueda pretender el 100% del crédito, por más de que las oscilaciones de precios en el mercado sean hechos normales y legales y formen parte de las reglas de juego, y aunque el Estado emisor deba siempre lo mismo con independencia del fenómeno de precios del bono o sea el 100%. Este ha sido el argumento más fuerte para no pagar la sentencia, “pusieron 60 millones y pretenden el 1600% de rentabilidad”, “nosotros les ofrecemos a los buitres el 300% y ellos quieren el 1600%”. Este fraude propagandístico del kirchnerismo lo compró casi todo el país, hasta uno escucha gente de ideología liberal decir que los demandantes no merecen cobrar porque pretendieron ganar demasiado. ¿Cómo es posible que nadie, desde la política o el derecho, descalifique semejante absurda construcción? No se puede confundir una ganancia de capital (resultante de la compra-venta de activos) de la ganancia consistente en la tasa de interés a la que se comprometió el deudor. La ganancia de capital que terceros realicen no le afecta al emisor del bono, cuya obligación pertenece al universo rentístico y no de capital, puesto a que debe solo lo recibido en préstamo más la tasa de interés y su deuda es inflexible al precio cotizado en el mercado. Así lo ha reconocido la Justicia competente de Estados Unidos, tema que ni trata ni discute porque no es jurídico como no jurídico es el concepto de “fondo buitre” tal cual lo manifesté en este medio en 2013.

3) Nos presentamos en los juicios de Nueva York simplemente para ganar tiempo. Si los ganábamos, todo bien. Si los perdíamos, como sucedió, no cumplimos nada. Solo nosotros determinamos qué, cuándo, cómo y dónde pagar. No hay autoridad que esté por sobre nuestra voluntad política absoluta. Las declaraciones de ayer del juez Eugenio Zaffaroni atacando a la Justicia norteamericana son el agregado político final que se necesitaba para confirmar que Argentina hace lo que quiere. El repudio al fallo judicial equivocadamente suele compararse con la decisión de recuperar las Malvinas de 1982. Es un error. El antecedente de este comportamiento es el de la Junta Militar y de Videla del 25 de enero de 1978, cuando insólitamente se decide repudiar el laudo arbitral que determinó que tres islas del Canal de Beagle eran de Chile y no de nuestro país, tras lo cual estuvimos al borde de entrar en guerra solo por el disparate máximo de ir a juicio y, como se pierde, no aceptar la sentencia. No hay modo de que ahora el Gobierno se salga con la suya. Se embargarán bienes del país, inclusive fuera de los EE.UU., y los acreedores “buitres” y “no buitres” cobrarán. En breve llegarán sentencias adicionales por los restantes holdouts, unos 18.000-22.000 millones más, y caerá el canje de bonos de 2005 por reclamos de acreedores que pedirán la aceleración de cobro de sus créditos acorde a los mismos contratos firmados por el gobierno de Néstor Kirchner. Todo esto por la traba ideológica de Kicillof y Cristina Kirchner de no aceptar que los “buitres” tenían razón y que deben cumplir la sentencia que les resultó adversa. La reacción en cadena económica que se libera ahora con estos hechos es de extrema gravedad para el país, y la negación generalizada también. Atención, que la presunta deuda pública “reducida” que tenemos se puede como nada duplicar o más en pocos meses producto del delirio del gobierno de defaultear una sentencia de poca monta y de defaultear los pagos a los bonos de 2005 (aunque pretenda decir que pagó cuando no pagó).

Es mayoritario el sentimiento corporativo político nacional en cuanto a que el pago de un título público es un hecho más de la política económica del Gobierno, es decir, se cuenta con absoluta facultad para cumplir o no cumplir según los intereses y deseos del momento. No se visualiza en Argentina que los contratos financieros como éstos constituyan una actividad que el Estado desarrolla como un privado más y que por ello es susceptible de ser demandado como cualquiera con resultados que en los juicios pueden resultarles favorables o desfavorables.

Esta mentalidad nacional, que nos consagra como campeones mundiales del incumplimiento y que deriva evidentemente en una decisión política de la sociedad, debería generar correlativamente una política permanente de Estado al no endeudamiento por incapacidad psicológica de asumir que lo que una vez se recibe como préstamo tiene un único destino que es la devolución con intereses del capital obtenido acorde a los compromisos del contrato firmado. Analícense los sentimientos de quienes administran el país, provincias o municipios en esta materia. Piden créditos, emiten bonos para formalizarlos, incorporan los fondos a su patrimonio como activos que se gastan, pero directamente borran de sus pensamientos la obligación de repagar la deuda. Alcanzadas las fechas de pago, y no obteniéndose renovación del crédito, comienza la guerra contra el acreedor al que se reputa culpable de haber prestado. Estimo que frente a esta realidad cíclica nacional, la corporación política toda debería decidir no tomar deuda nunca más, ni externa, ni interna, ni de organismos internacionales, nada de nada. Sería lo más prolijo en virtud de la incapacidad para manejarse en este terreno.

Advertencia: Declaro no ser acreedor de la República Argentina, no estar ni haber estado en juicio contra el país por causas de deuda incumplida ni asesorar a acreedores del estado de ninguna clase.

Seis preguntas para el ministro Kicillof

Seis preguntas para el titular de Economía, ahora que acude a la banca extranjera.

La periodista Florencia Donovan, de La Nación escribió que el ministro de economía Axel Kicillof, citó recientemente a los representantes de los bancos extranjeros que operan en Argentina y les pidió que consiguieran 10.000 millones de dólares en préstamos para el país para entregarlos al Banco Central y así fortalecer las “reservas” de la institución. Lamento no haber estado en esa reunión, como banquero o al menos como gerente empleado de banquero extranjero. Contra todo protocolo, hubiese pedido la palabra y preguntado y dicho al ministro lo siguiente:

1) Cómo juega su pedido de buscar crédito contra la política de presunto desendeudamiento reiteradamente anunciada por Néstor y Cristina Kirchner desde 2003 en adelante?

2) Por qué buscar financiamiento mediante oscuras negociaciones bilaterales con banqueros y con sus mesas de dinero, al estilo setentista de Martínez de Hoz y del dictador Videla, en vez de salir a pedir plata mediante transparentes suscripciones públicas de bonos en el mercado de capitales?

3) Qué garantía hay de que créditos concedidos por el mecanismo que usted propone no sean después repudiados como ilegítimos además de defaulteados de oficio alegando que no se va a pagar deuda sobre el hambre del pueblo?

4) Por qué no recurrir, en cambio, al FMI solicitando 30.000 millones a tasa bajísima para salir de esta situación de coyuntura desesperante?

5) No cree usted que este pedido que formula es una muestra de debilidad financiera que incentivará mayor corrida cambiaria, mayor corrida bancaria y mayor corrida bajista contra la deuda pública argentina que cotiza en los mercados?

6) Usted dijo en el Congreso cuando confiscó YPF en 2012 que hay dos términos que le parecían horribles: “clima de negocios” y “seguridad jurídica”. Si su ideología es que el deudor de una obligación puede liberarse repudiando la deuda, como cada tanto tiempo hace el Estado argentino, dado que se profesa la no-seguridad jurídica como doctrina oficial de la política nacional, ¿por qué prestamistas del exterior lo van a ayudar ahora si saben de antemano que usted, y los que lo continúen en el poder más adelante, dirán que no pagarán capital e intereses de los créditos otorgados porque no pueden, porque no quieren, o porque los acreedores sabían que era muy riesgoso prestarle a la Argentina y que por lo tanto deben embromarse y aceptar el default, además de que serán difamados bajo el rótulo de “acreedores buitres”?

Gracias anticipadamente por sus respuestas, señor ministro Kicillof.

Es inminente el colapso total del peso argentino de papel

El movimiento de precios registrado en el mercado negro de cambios entre el peso y el dólar en las últimas semanas, sumado al desarrollo en fuerza desde que se alcanzara 10,45 pesos por dólar el 8 de mayo de 2013, unido a toda la estructura ascendente desde el nivel de 6,09 (octubre 2012), desde 2,73 (julio de 2005) y desde el mínimo inicial de 1,00 peso por dólar (noviembre de 2001), permite ahora que las fuerzas ascendentes del dólar queden otra vez liberadas rumbo a nuevos máximos bien superiores a los ya vistos en mayo pasado. Es mi opinión, basada en técnica y en dinámica de mercado; no se trata de una opinión política ni de deducciones de lo qué haría o dejaría de hacer el gobierno, y mucho menos se relaciona con deseos políticos o intenciones personales. Los mercados se mueven, siempre, y no pueden ser a la larga modificados en su comportamiento por la voluntad del Estado regulador ni por la manía delirante del funcionario público. Los precios de las cosas, entre los que se encuentran los cambios entre monedas, son esencialmente inestables, a veces se despliegan con fuerza al alza y a la baja generalmente en cortos períodos de tiempo, otras veces lateralizan durante meses en preparación para el próximo movimiento impulsivo.

La fuerza inmediata que gobierna el mercado real de cambios dólar-peso, que la autoridad decidió reputarlo como “negro” hace más de dos años al declarar con sus actos la definitiva inconvertibilidad del peso argentino de papel, es el movimiento que comenzara el 5 de julio de 2013 en los mínimos de 7,88. A este registro se había llegado tras un descenso fuerte desde el nivel de 10,45 del 8 de mayo de 2013. Desde 7,88 se produjo una subida hasta 10,20 en octubre, para verificarse luego una retracción hasta 9,05 a principios de diciembre a los pocos días de la asunción de Capitanich y Kicillof. La superación posterior de 9,70 y el testeo de estos días de la zona de 9,95-10,20 está habilitando nuevas estructuras alcistas de importancia. Considero, en primer lugar, que el dólar volará hasta 11,37 a velocidad, pero como parte integrante de una expansión mayor hacia 12,78 pesos por dólar en las próximas semanas. El final del recorrido, sin embargo, no concluiría ni en 11,37 ni en 12,78. Una secuencia posterior de movimientos estimo llevaría al dólar norteamericano, en esta primera parte de 2014, a niveles tan elevados como 14,93 y 18,66. Expansiones, ya de mediano plazo, colocarían al dólar posteriormente en 23,89 y 36,96 pesos argentinos de papel.

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La Argentina se ahoga en un vaso de agua

Ni el gobierno kirchnerista, ni los sectores de oposición de izquierda y centroizquierda, consiguen dar en la tecla para frenar la corrida contra el peso argentino y la caída en las reservas del BCRA, ni logran encontrar la forma de “administrar” las importaciones, exportaciones y movimientos de capitales hacia y desde el país al exterior. Se trata de un tema muy sencillo, que ya no se discute más a nivel mundial desde principios de 1970, al alcanzarse por motivos técnicos y prácticos un sistema universal que permite que se manejen automáticamente precios de las monedas, cantidades transables de bienes y servicios y que no requiere de torturantes permisos previos del Estado para realizar movimientos financieros ni tampoco para comerciar más allá de las fronteras.

En verdad es el sistema cambiario, es decir una cuestión netamente financiera, la que determina según el modelo que se desee la forma en que se ordena el comercio internacional. La simplificación adquirida hace ya más de cuatro décadas consiste primeramente en permitir el libre acceso de cualquiera al mercado de cambios. Esto significa, en la práctica, que pueden comprar y vender divisas sin que la operación deba ser previamemte “aprobada” por el gobierno tanto importadores como exportadores, egresantes e ingresantes de capitales, turistas al exterior como turistas que visitan el país, quienes quieren tener posesión de moneda extranjera como quienes desean desprenderse de ella a cambio del papel moneda local. Pero, además, como tienden todas estas fuentes operacionales a converger en mercados de divisas, los precios que se forman en las transacciones se tornan públicos, transparentes, con bajo spread entre compra y venta, y fundamentalmente flotan, o sea se mueven muchas veces por día hasta en cienmilésimos de entero y a gran velocidad.

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