Qué puede pasar con Trump

Donald Trump se encamina a conseguir el número mágico de 1.237 delegados republicanos a la Convención del partido que consagrará al candidato a presidente. Ese número es igual a la mitad más uno de los delegados totales, que suman 2.472. Los demócratas eligen casi el doble de delegados a su Convención (4.764), con lo que el candidato que quiera ganar necesita 2.383 delegados.

Normalmente se llega a las convenciones con un candidato que ha ganado claramente las primarias, que reúne el número de delegados mínimo para consagrarse. Pero si eso no ocurre, la nominación entra en un cono de incertidumbre por la conducta que podrían seguir los llamados superdelegados, que no tienen atado su voto a un candidato determinado, como los delegados normales. Cada estado envía un número diferente de superdelegados, de acuerdo con las disposiciones de cada partido en cada estado.

La Convención Republicana tendrá lugar entre el 18 y el 21 de julio en Cleveland. Las primarias terminan el 14 de junio en Washington D. C., la capital. Continuar leyendo

Reprobando al conductor

El karma de los pactos con Irán parece no solo repercutir en la Argentina. En Estados Unidos la negociación llevada a cabo por la administración del presidente Barack Obama para encuadrar el programa nuclear de Irán bajo patrones aceptables para Occidente y para su propio país ha levantado oleadas de opiniones y de críticas, en algunos casos muy severas y de elevado tono de preocupación.

En esa línea se inscribe el antiguo vicepresidente de George W. Bush, Dick Cheney (también fue secretario de Defensa de George Bush senior), que acaba de publicar un libro junto a su hija Liz en donde considera que debido a las políticas del presidente el país está más vulnerable a atentados terroristas hoy que antes del 11 de septiembre de 2001.

Con un nuevo aniversario de los atentados a las Torres Gemelas y al edificio del Pentágono en Washington avecinándose, el libro del los Cheney, Exceptional, es un alegato en favor de volver a una política dura en materia de presencia militar de los Estados Unidos. El relato trata de justificar por qué el mundo necesita de unos Estados Unidos poderosos.

Si bien el país ha conservado la tradición de que los Gobiernos salientes no critican a su inmediato sucesor, no ha sido el caso de Cheney, que no se ha privado de nada cuando le ha llegado el turno de hablar de Obama y de su presidencia.

El antiguo vicepresidente sostiene que el centro de la próxima elección debe concentrase en reconstruir la fortaleza militar norteamericana, algo que podría calificarse como políticamente incorrecto, pero que el funcionario no disimula para nada. Continuar leyendo

Por un Gobierno controlado

En 1976 se publicó la extraordinaria novela de Irving Wallace “El Documento ‘R’”, una historia de intriga y suspenso que cuenta el intento de concretar una conspiración para derogar la Ley de Derechos de los Estados Unidos y que está dirigida entre bastidores por el FBI.

En un trasfondo de creciente violencia, Wallace pone frente a frente dos fuerzas opuestas: por una parte, aquellos que tratan de modificar la Constitución para que el gobierno pueda imponer sin miramientos un programa de “ley y orden”; por otra, quienes creen que tras la Enmienda XXXV se oculta un plan de mayor alcance que tiene por fin subvertir el proceso del gobierno constitucional y reemplazarlo por un estado policíaco.

La Constitución de Estados Unidos es un documento difícil de modificar. Una enmienda es un cambio al documento aprobado en 1788. Tal y como lo especifica el Artículo V de la Constitución, existen dos formas de enmendarla. Una de ellas no ha sido utilizada nunca.

Uno de los dos métodos de enmendar la Constitución es que ambas cámaras del Congreso; la Cámara de Representantes y el Senado aprueben una propuesta para realizar el cambio. El voto debe alcanzar una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Una vez que la propuesta sea aprobada, se dirige a los estados. Treinta y ocho de las 50 legislaturas estatales deben aprobar la enmienda, es decir tres cuartos de los estados de la nación. Otra vía para lograr un cambio en la Constitución es si dos tercios de los estados convocan una convención constitucional en la que propondrían la(s) enmienda(s). De ahí en adelante, las propuestas de enmienda se decidirían por las legislaturas o convenciones estatales. Estados Unidos nunca ha recurrido a este método para enmendar su Constitución.

Lo cierto es que la historia de Wallace suponía la existencia de una nomenklatura fascista en la nación que pretendía derogar el diseño constitucional de 1787 y cambiarlo por otro en donde el centro del poder de decisión de la sociedad no estaría en los individuos sino en el Estado.

Parafraseando la historia de Wallace, podríamos decir que los argentinos nos encontramos frente al “Factor R”. Tan solo esa letra sirve para diferenciar la dramática decisión que tarde o temprano tendremos que tomar. La ambigüedad de mantener en lo formal una Constitución que pone al hombre libre en el centro del protagonismo social y, en lo real o sustancial, una realidad que retiene a ese protagonista para reemplazarlo por el Estado, no va más. Ese doble discurso ya no resiste. Es preciso que la sociedad resuelva esta disyuntiva que la mantiene postergada desde hace más de 80 años.

Se trata de elegir entre un sistema con un gobierno controlado (justamente por la sociedad, a través de los jueces, de los organismos independientes del poder ejecutivo y de la prensa) o con un gobierno controladoR , es decir que tiene en su puño la capacidad de regimentar la vida de todos a fuerza del dictado indiscutido e indiscutible de sus disposiciones.

Es hora de que la Argentina elija definitivamente si quiere tener un gobierno completamente desligado de la ley, sin control social y por encima de la Constitución, en donde los funcionarios vigilan a los ciudadanos, o si, al contrario y como establece la Ley Fundamental, la sociedad se inclina por vivir en un sistema en donde el gobierno está sujeto a severas limitaciones que le impiden avanzar sobre el círculo de soberanía individual que la Carta de Derechos reserva a los ciudadanos.

Como se ve por la simple enunciación teórica de los sistemas en pugna, se trata de dos concepciones completamente antagónicas de la vida. La cuestión no se limita simplemente a elegir un tipo de organización social; se trata de elegir una forma de vivir, una forma de ver el mundo, una forma de interrelacionarse con los semejantes y, como país, una forma de relacionarse con los demás países.

La conveniencia de la nomenklatura estatal hizo que millones de individuos se convencieran de que no pueden solos; de que no hay manera de cumplir los sueños individuales porque los “intereses de los poderosos” siempre se interpondrán en el camino y que sin la intervención milagrosa del Estado, estarían desahuciados. Esa minusvalía, esa profunda carencia de autoestima y de postración hizo que enormes franjas de la sociedad estuvieran de acuerdo en entregar su libertad a cambio de que el Estado les proveyera de una manutención mínima: renunciaron al cielo, por tocar el cielorraso.

Eso hizo que nos convirtiéramos en un país de techos bajos, chato, gris, sin protagonismo, intrascendente, como si para nosotros no estuvieran preparadas las grandes cosas, las grandes empresas.

Pero incoherente e hipócritamente hemos mantenido una Constitución escrita por un conjunto de visionarios que creía que los argentinos no tendríamos techo, si dejábamos volar nuestros sueños y le poníamos pasión, esfuerzo y trabajo a nuestros anhelos. Ninguno de esos Padres Fundadores nos creyó tan pusilánimes como para entrar en una transacción con un conjunto de vivos que nos vendió el paquete de la “seguridad económica” a cambio de quedarse con nuestras libertades. No creímos nunca que con nuestras libertades podíamos superar con creces lo que nuestros “protectores” nos ofrecían; transamos por migajas.

Este choque cultural ya no puede sostenerse. Y creo que detrás del 18F y el merecido recuerdo a la memoria del fiscal Nisman, muchos argentinos estarán mostrando que ya no quieren las consecuencias de aquella pusilanimidad. Creo que muchos de los que salieron a la calle  lo hicieron para pronunciarse por eliminar el “Factor R”, dejar atrás el gobierno “controladoR” y pasar a tener un gobierno “controlado”.

La ayuda de Obama que el Gobierno argentino ignora

Es posible que la presidente haya errado el timing y el lugar para su presentación por el tema de las reestructuraciones de deudas soberanas. Como se sabe, la Sra de Kirchner hablará hoy ante la Asamblea de las Naciones Unidas para proponer que, de ahora en más, y teniendo en cuenta lo que le ocurrió a la Argentina, se establezca un orden internacional universalemente aceptado por las naciones según el cual cuando un país logra un determinado porcentaje de aceptación de acreedores para un plan de regularización de deudas, la minoría que no lo acepte no pueda sino acceder a lo que decidió una mayoría calificada.

Se trata de llevar al Derecho Internacional Público las normas del derecho privado comercial en donde, efectivamente, cuando una empresa se presenta en convocatoria, si allí logra el consentimiento de un determinado porcentaje de acreedores, el resto debe aceptar su plan y empezar a cobrar de acuerdo a la propuesta presentada y aprobada.

La Presidente viene haciendo de esta postura una especie de batalla quijotesca por la Justicia Social Universal y en contra de los carroñeros fondos buitre que cuentan -en el escenario presidencial- con el invalorable apoyo del gobierno del Imperio que defiende los intereses de esos explotadores como si fueran propios.

Sin embargo, los hechos dicen otra cosa muy distinta a los ubicuos mensajes de antinorteamericanismo con los que la jefa de Estado ha bombardeado los oídos de todos nosotros en una inexplicable explotación demagógica de la política internacional.

A las muchas presentaciones de “amicus curiae” que el gobierno norteamericano ha hecho a favor de la Argentina durante todo el tiempo que duró el proceso en el juzgado de Griesa, se le sumó hace 20 días una propuesta que la administración de Barack Obama hizo ante la ICMA (International Capital Markets Association) para que a partir de ahora los acreedores minoritarios no puedan desconocer lo resuelto por una mayoría calificada en un programa de rerestructuración soberana. En pocas palabras, ni más ni menos que lo que la Presidente busca.

Kevin Sullivan, el encargado de negocios norteamericano en Buenos Aires a cargo interino de la Embajada, lo anunció al mismo tiempo que le recomendó al país salir del default para empezar a recibir las inversiones que necesita.

Ese fue su error. Era imperioso encontrar alguna palabra del diplomático que permitiera ocultar el hecho de que nada menos que el Imperio enemigo estaba liderando una corriente financiera para que en el futuro los países que reestructuren su deuda puedan estar a salvo de los “buitres”. Si Sullivan hubiera callado su consejo sobre el default, al gobierno se le habría caído un enemigo, probablemente el mejor enemigo de estos tiempos de populismo “reloaded”: el imperialismo yanqui mostrado aquí como poniéndose, siempre presuroso, al lado de los poderosos y en contra de los débiles.

Es más, la presentación de hoy de la Presidente se hace en un lugar equivocado e inoperante. Resulta ya histórica la inutilidad de la ONU prácticamente para cualquier tema que haga a las preocupaciones mundiales. Su pomposa organización no ha sido capaz de entregarle al mundo una sola solución a nada y ningún conflicto internacional ha podido ser evitado por la gracia de la ONU. Es, a todas luces, un organismo burocrático inservible.

Y si lo es en los aspectos fundamentales que tienen que ver con su fundación -la paz mundial y el evitar los conflictos armados- cuanto más en una cuestión que tiene que ver con las finanzas internacionales en donde la ONU no juega ni de visitante.

La International Capital Markets Association, en cambio, es una entidad que reúne a más de 450 instituciones financieras y fondos que operan diariamente con bonos y títulos en todo el mundo y que, por lo tanto, ejerce un peso mucho mayor sobre esos operadores que el que puede tener la pobre ONU. La presentación norteamericana, reiteramos, fue hecha allí. A tal punto es importante la cuestión que esa movida de la administración Obama probablemente sea el mayor impacto que hasta ahora han tenido los “buitres” en términos efectivos y no simplemente como parte de una incendiaria verborragia de propaganda.

Como todas las cosas útiles -y fundamentalmente en donde esa “utilidad” genera inconvenientes para algún pícaro- el dato fue menos conocido (o desconocido por completo) que los fuegos de artificio que la verba de Kicillof y la Presidente lanzaron estos días en contra de los EEUU y de su gobierno. Pero cuando uno va a buscar lo que Hipólito Yrigoyen hubiera denominado “efectividades conducentes”, son los EEUU los que están jugando su peso en la futura solución de estos conflictos. Y están haciéndolo en los lugares en donde realmente vale la pena y es útil hacerlo.

Lo que la mandataria y probablemente su ministro de economía desconozcan es que lo que el Gobierno de ese país no puede hacer es ignorar las decisiones soberanas de sus jueces, que son independientes de ellos y sobre los que no tienen ningún poder ni de vigilancia, ni de control, ni de superioridad jerárquica.

Probablemente, tanto la Sra. de Kirchner como Kicillof, acostumbrados a cómo se manejan las cosas en la Argentina, hubieran esperado que el presidente Obama levantara un teléfono y pusiera a Griesa “en su lugar”, amenazándolo incluso con dejarlo de patitas en la calle. Pero eso es parte de la visión aldeana que el oficialismo tiene del mundo, que le impide ver cómo funcionan las instituciones en la civilización de la democracia.

La concepción feudal del poder que existe en el kirchnerismo cree que las cosas son iguales en todas partes, y con su discurso plagado de sofismas trasmite esa misma idea a franjas desinformadas de la sociedad argentina que sigue fomándose en ese modelo “barrial” y encerrado de ver la vida.

Ese “tupper” en el que muchos argentinos viven le ha sido excepcionalmente funcional al Gobierno que, explota esa ignorancia para hacerles creer la versión de la realidad que más le conviene.

Pero más allá de esas mentiras, lo único que vale es la verdad. Y en ese terreno el gobierno norteamericano ha hecho más por la validación del voto mayoritario en las reestructuraciones soberanas de deuda que las sobreactuadas manifestaciones de la Presidente en un escenario proverbialmente conocido por su incompetencia.

Timerman y la hipocresía argentina

El Canciller Héctor Timerman, munido esta vez de un alicate imaginario, la emprendió contra el Encargado de Negocios de los EEUU, Kerry Sullivan, a quien citó a sus oficinas para advertirle que podría echarlo del país como consecuencia de sus dichos sobre el default.

Sullivan había comentado que sería bueno que la Argentina saliera cuanto antes de esa situación para poder atraer las inversiones que tanto necesita.

Fue suficiente para que el país se considerara ofendido y estuviera a punto de declarar persona no grata al diplomático.

Se trata de otra notoria similitud con el régimen venezolano que efectivamente echó al embajador de Washington ante Caracas por considerarlo un agente del Imperio enemigo. La pregunta que surge es ¿cómo terminará la Argentina luego de acumular tantos parecidos con el país del hombre que habla con los pájaros? Continuar leyendo

Es la cultura, estúpido

El gobierno argentino está jugando con fuego. Creyendo que el mundo se mueve con las prácticas que lo hacemos nosotros fronteras adentro, toma decisiones que ponen en serio riesgo a la economía y al bienestar de todos.

Lo que está pasando con el tema de los holdouts,  Griesa y las decisiones de la justicia norteamericana, es una especie de enorme choque cultural entre dos concepciones irreconciliables de ver el mundo y las relaciones entre los individuos. 

La Argentina (y no es una apreciación que le cabe sólo a la administración Kirchner, aunque, claramente, los ribetes de esta última década han profundizado esa cosmovisión) cree básicamente en la fuerza del poder. No logra procesar la idea de que el poder debe someterse al Derecho y que las razones de Estado tienen una jerarquía jurídica inferior a los derechos individuales.

El mundo occidental en general y los Estados Unidos en particular tienen la concepción opuesta: creen básicamente en la supremacía del Derecho y en la preeminencia de los derechos individuales por sobre las razones de Estado. 

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