Nada rompe el silencio de la oposición

La crisis se acentúa trimestre a trimestre, mes a mes y día a día, pero los principales referentes de los partidos de la oposición al Gobierno nacional, en particular del área económica, parecen anestesiados e incapaces para hacer oír sus voces de preocupación y buscar consensos, para lograr cambios de políticas que posibiliten que ese proceso primero se frene y luego se revierta.

La semana comenzó con la confirmación de la suba del desempleo por tercer trimestre consecutivo, aunque atenuada por dos fenómenos: el aumento del efecto desaliento que se manifestó en el retiro del mercado de trabajo de más de 340 mil trabajadores en términos simples, pero en casi 540 mil en términos reales, por el crecimiento vegetativo de la población; y las inconsistencias a las que nos tienen acostumbrados las estadísticas del Indec: la Encuesta Permanente de Hogares no constituye la excepción.

Luego apareció la primera estimación seria de variación de la producción del conjunto de las manufacturas, la cual para la consultora Orlando Ferreres arrojó una caída de 6,1% con amplia mayoría de sectores en receso, por efecto de la contracción simultánea y creciente del consumo interno y también de las exportaciones.

Y el martes, sorpresivamente por la fecha, aunque esperado por las tendencias de corto plazo, apareció en el Boletín Oficial el decreto 2129 del 13 de noviembre, con la firma de la Presidente, al parecer en el sanatorio donde estaba internada, que dispuso el aumento del gasto público en unos 57.000 millones de pesos y un salto del déficit fiscal aceptado para el corriente año equivalente a 5% del PBI.

Estos indicadores fueron precedidos por la aceleración de la inflación respecto de un año atrás a un rango firme de más de 40% en doce meses, no obstante que la actividad en su conjunto se afirma en una recesión que para el tercer y cuarto trimestre por arriba del cuatro por ciento.

Y sin embargo, del lado del Gobierno niegan de diversas formas la magnitud de la crisis, y por tanto sus efectos sociales que se manifiestan abiertamente en despidos, suspensiones, vacancias de locales y el reimpulso de la informalidad. Sólo se atina a culpar al escenario internacional, aunque premios nobel que en el pasado avalaban la política económica de la última década ahora la cuestionan abiertamente en seminarios organizados por funcionarios del propio gobierno, como hizo Paul Krugman.

Estrategia que no atiende las necesidades del presente

Por el contrario, los máximos referentes de los partidos que aspiran a competir por la sucesión del gobierno a partir del 10 de diciembre de 2015 sólo se concentran en tejer alianzas y pelear para que un puñado de trabajadores sean eximidos del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo, para que no lo pierdan en forma plena antes de fin del año, pese a que semejante confiscación del fruto del trabajo y justo reclamo sólo comprende a menos del 10% de la masa de trabajadores registrados y a menos del 7% del total de los ocupados.

Del restante 93%, como de casi el 15% de desocupados o más que surge del reprocesamiento de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, no se habla, y se los mantiene en el olvido, pese a que en algún momento se los irá a buscar para captar su voto.

El momento es ahora. Trece meses, hasta el cambio de gobierno, es mucho tiempo, para dejarlo al libre albedrío, bajo la convicción de que cuánto en peor estado se llegue en el plano económico y social a las elecciones mayor será la contundencia del triunfo opositor, con probabilidad de lograrlo, incluso, en primera vuelta.

Quienes así piensan, que a juzgar por los hechos, hoy no parecen ser pocos, estarían subestimando que un mayor deterioro del escenario económico y social les impedirá imponer giros de política que posibiliten superar rápidamente los efectos inerciales de la crisis y consecuentemente aliviar la carga de los que hoy ya padecen de angustias y privaciones. Basta con recordar el tiempo que le llevó a Carlos Menem preparar la economía para dejar atrás la hiperinflación y Néstor Kirchner para revertir la depresión de 2002.

La salida traumática de la crisis de 2001 derivó en una depresión en 2002 y sólo por la tonificación de los precios de la soja y de otras materias primas que vende la Argentina se pudo pasar de la etapa de la recuperación a la del crecimiento a partir del sexto año, aunque rápidamente se interrumpió, porque la Argentina de los últimos 60 años se especializó en crisis y sus salidas, pero nunca en lograr dar el paso siguiente al del crecimiento genuino, entendido por la superación del pico previo a la recesión y menos aún pensar en estadios de desarrollo, sin uso de contabilidades creativas y atraso cambiario, para mostrar una potencialidad y solvencia superior a la real.

Mantener el silencio, y guardar las recetas para reordenar la economía hasta cuando les toque gobernar, con la esperanza de que el sólo cambio de presidente y equipo atraerá masivamente capitales de riesgo, es desconocer la historia argentina y sobreestimar el apetito de los inversores.

Es cierto que las autoridades del gobierno se muestran cerradas a abrirse al diálogo y, más aún reacias a validar iniciativas de la oposición. Pero no por eso se debe abandonar el intento y menos aún renunciar a la prédica y búsqueda del respaldo popular para lograr consensos que lleven a la vuelta de la racionalidad y la institucionalidad, por sobre la discrecionalidad y el abuso de autoridad para controlar los mercados.

El Banco Central padeció de ilusión monetaria

Se trata de creer que porque suben las variables nominales se está mejor. Por eso se habla de récord de recaudación de impuestos, alzas de salarios y de jubilaciones y de depósitos bancarios y créditos a niveles inéditos, o puntos máximos de gasto en supermercados y shopping.

Sin embargo, los economistas bautizaron como variables reales no sólo a los niveles físicos de producción y venta de bienes -sea automóviles, cemento, cosechas, carne, etcétera-, sino también al efecto de depurar a las variables monetarias del impacto de la inflación, para poder detectar si realmente se está mejor porque se tienen más dinero en el bolsillo o en la cuenta bancaria, o si por el contrario, se está peor porque los precios se incrementaron en mayor cuantía. Obviamente que puede ocurrir lo contrario, como se observó en el primer lustro desde la salida de la convertibilidad fija de un peso en un dólar.

Claramente, esa distinción la hacen a menudo los economistas, no necesariamente el conjunto de la población que tras cada aumento de salarios y de jubilaciones que recibe cae en la ilusión monetaria de creer que comenzará a estar más aliviada para satisfacer sus necesidades, pese a que desde el mismo momento del anuncio de la suba de ingreso hasta que se lo percibe ya sufrió algún desagio. Eso lo comprueba con contundencia a la larga cuando ve que comprar las mismas cantidades de siempre le exige desembolsar más pesos, y aun así no logra el objetivo, entonces luego lo refleja en el voto en las urnas cada dos años.

Sin embargo, en el discurso de apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2013, tres días antes de que fuera despedida de la presidencia del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont había hablado más como ama de casa que como economista profesional y máxima autoridad de política monetaria, financiera y cambiaria del país, cuando dijo: “nosotros pensamos que es fundamental para garantizar la fase de transformación productiva tener un régimen de flotación administrada que un régimen de metas de inflación”.

Para eso ejemplificó con la supuesta convicción de que como “desde antes de la crisis de 2007 en adelante, el tipo de cambio nominal en la Argentina aumentó 95%, mientras que en la región, salvo Venezuela porque tuvo una devaluación fuerte el año pasado, el tipo de cambio nominal cayó un 5%”, se promovió y garantizó el proceso de industrialización, porque “no es neutro en materia de precios, no es neutro en términos de disciplinamiento que supone la apreciación cambiaria para regular las tensiones inflacionarias”.

Sin embargo, Marcó del Pont omitió hacer el análisis en términos reales, no ya con los datos de inflación acotados que informa mes a mes el ultradevaluado Indec, sino con el que brinda la real medición alza de los precios. Aunque reconoció que en materia de inflación “algo había que hacer” y provocó, a ojos de muchos analistas la apertura de la puerta de salida.

Atraso cambiario y pérdida de competitividad
Así, en el caso de la región la baja nominal de 5% del tipo de cambio tuvo lugar en un escenario de alza de precios de menos de 40% en los seis años que tomó como referencia Marcó del Pont, en tanto en la Argentina el salto en 95% de la paridad cambiaria oficial se dio frente a un promedio de incremento del Índice de Precios Implícitos en el cálculo oficial del PBI de 175%, en tanto que el consenso del mercado, sintetizada en la denominada inflación Congreso, se amplió a 320 por ciento.

En consecuencia, mientras que en el promedio de los países sudamericanos las monedas se apreciaron en términos reales un 30%, en la Argentina se verificó un fenómeno casi idéntico si se toma el IPI del PBI, pero se acentuó a más de 53% si se ajusta por la inflación verdadera.

Eso quiere decir que, en el primer caso, el valor de la producción de bienes y servicios se encareció en términos de moneda extranjera poco más de 40%, a un ritmo de 5,8% anual acumulativo, aproximadamente, mientras que en el segundo saltó más de 115%, a una tasa acumulativa por año de 13,6 por ciento.

Claramente, una apreciación real de la moneda del orden de 5 a 6% por año puede ser absorbida por el sector productivo con ganancias de productividad en el uso de los factores de producción, junto a cambios estratégicos en la estructura productiva y aumento de la oferta de productos, para no perder competitividad con el resto del mundo.

Pero la exigencia se torna imposible si en forma repetida las empresas se ven presionadas por políticas discrecionales que niegan la realidad que llevan a una apreciación cambiaria de dos a tres veces más marcada que en el promedio de la región. La consecuencia se ve en el crecimiento de las reservas monetarias en divisas en la mayoría de los países de la región, en contraste con la Argentina, donde se asiste a una inquietante hemorragia que se busca detener con el auxilio de blindajes financieros por parte de los gobiernos de Francia y de China, como ya fallidamente se intentó en los últimos meses de la convertibilidad, en 2001, por parte de la dupla De la Rúa, en la presidencia, y Domingo Cavallo, en el Ministerio de Economía.

El reemplazo de Marcó del Pont por un técnico de larga carrera como bancario y de reconocido carácter para no ser dominado por caprichos y discrecionalidades dogmáticas que se contraponen contra la fuerza de la realidad, como se le atribuye a Juan Carlos Fábrega, es visto en el mercado como un cambio positivo hacia la vuelta a la austeridad monetaria, condición necesaria pero no suficiente para desacelerar el ritmo inflacionario y la pérdida de reservas monetarias internacionales.

La renuncia de Guillermo Moreno abre un camino de esperanza hacia la vuelta de la discrecionalidad, racionalidad en la regulación de la economía, pero aún el ahora formal ministro de Economía, Axel Kicillof, como el flamante Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y menos aún Cristina Kirchner, se han manifestado sobre qué rumbo tomará la política económica, en particular en lo referente a las áreas fiscal, comercial, cambiaria y de endeudamiento con el resto del mundo, donde se han acumulado severos desequilibrios y condicionado la política monetaria. Como sostiene Juan Carlos de Pablo, “sabemos que cambian personas y modos, ¿cambiarán también los contenidos?”.

Los titulares juegan mal

Unos de los grandes estandartes de la política económica que surgió después de la crisis de la convertibilidad fue el logro de excedentes en las finanzas públicas y en las cuentas del sector externo.

Esa característica predominó en forma indiscutible hasta 2007, pero desde entonces, y en particular desde la crisis financiera y fiscal internacional de fines de 2008 y principios de 2009, se observó un claro debilitamiento, hasta tornarse en deficitario en 2012 y se observan claros indicios de que se profundizaron en la primera mitad del corriente año.

Al menos así surgen de los últimos datos de la ejecución de los gastos en la Administración Pública Nacional, los cuales crecen más de cuatro puntos porcentuales que los ingresos, a pesar de que éstos cuentan con un singular aporte expansivo de las utilidades que prevé contabilizar el Banco Central.

Y también del balance cambiario de la autoridad monetaria, que pasó de registrar un superávit de la cuenta corriente (suma del saldo comercial con el de los servicios) de más de u$s7.600 millones en la primera mitad de 2012 a un rojo de más de u$s2.300 millones, un año después.

Déficit Gemelos 1170 (1)

Las consecuencias de semejante giro de la política económica son el resurgimiento de altas tasas de inflación, atraso cambiario, pérdida de reservas de divisas en el Banco Central y extinción de la capacidad del sector privado para generar empleos productivos.

De ahí que tras el resultado adverso para el oficialismo en las últimas las PASO hubiera sido pertinente que la Presidente convocara a los titulares que condujeron a ese escenario, los cuales se encuentran en el Ministerio de Economía y el Banco Central, como cabezas sobresalientes, y en los casos específicos en la Secretaría de Hacienda, porque convalida una ejecución de gastos superior a los ingresos que percibe, a la Secretaría de Comercio porque se resiste a reconocer la ineficacia de los controles de precios y de las importaciones, la AFIP y el Banco Central también por el perjuicio que generó el cepo cambiario sobre el mercado inmobiliario y la atracción de inversiones.

Y ni qué hablar del Indec, que al subestimar en los últimos cinco años la tasa de inflación, ha sobrestimado el crecimiento del PBI y con ello infló la partida de pago a los bonistas que adhirieron al canje de deuda en 2005 y 2010 y tomaron bonos con cupones de PBI incluido en miles de millones de dólares. Cuántos conciudadanos se podrían haber sacado de las líneas de indigencia y pobreza con esos recursos, o cuántos empleos se impidieron generar, o construir más escuelas, hospitales, caminos, represas energéticas, mejorado el sistema de seguridad, en una apretada lista de las grandes asignaturas pendientes.

Tampoco escapan áreas específicas de Economía que alientan el vivir con lo nuestro y la reinversión forzosa de utilidades de las empresas en el país, aun de aquellas generadas por compañías con accionistas principales en el resto del mundo, y del Ministerio de Industria que impulsa la sustitución de importaciones, pese a que en muchos casos eso ha derivado en trabas a la producción agregada.

Impuesto inflacionario en expansión

Así se llega a un estadio en que el exceso del gasto público se acostumbró a financiarse con emisión espúria de dinero, acicateando el aumento promedio de precios para el consumo interno. Y para que esto no espiralice en subas más aceleradas, llevó a contener el ritmo de ajuste de la paridad cambiaria. Sólo la relevante devaluación del real de Brasil en los últimos meses indujo a cambiar de política, pero sin corregir los severos desvíos en el último lustro.

La consecuencia fue el deterioro de la posibilidad de sostener los negocios por parte de los exportadores, en particular de productos con valor agregado, porque sus costos internos subieron no sólo a tasas de dos dígitos por año en pesos, sino también en términos de moneda extranjera.

Mientras que, pese al cepo cambiario y las DJAI, se intensificaron las importaciones de bienes de consumo, en particular de automotores, como también la demanda indirecta de divisas para pagar los gastos de turismo en el exterior, por parte de residentes, con el uso potenciado de la tarjeta de crédito, ante las trabas para comprar billetes baratos (cambio oficial más un recargo de 20% a cuenta de pago futuro de impuestos) respecto del valor en el mercado libre, 60% más caro.

Esos movimientos, llevaron a poner un freno al crecimiento de la actividad productiva en general, con las excepciones transitorias de las cosechas y de las terminales automotrices, con el consecuente impacto negativo sobre el empleo, el consumo interno y la recaudación tributaria.

Ajustes cosméticos que no alcanzan
De ahí que ahora se intenta reanimar la demanda interna, a través de la mejora parcial del ingreso disponible de los asalariados alcanzados por Impuesto a las Ganancias, con la suba parcial del mínimo no imponible y la creación de otro impuesto, como a la renta financiera, en lugar de impulsar un reforma integral del sistema tributario y su coparticipación entre las provincias.

Los los severos desequilibrios que llevaron a la pérdida de los superávit gemelos que brillaron en la mayor parte de la última década, los cuales en pequeña parte pueden atribuirse a cambios en el escenario internacional, exigen mucho más que ajustes cosméticos en materia impositiva.

Se requiere de una reforma tributaria plena junto a un replanteo de la política de subsidios, menos general y más selectiva y la búsqueda de la disciplina fiscal, en la que el Presupuesto no sólo deje de ser papel mojado antes de que se inicie el ejercicio, sino también que deje de estar sometido a criterios de discrecionalidad por parte del Jefe de Gabinete de Ministros, dado que debe ser un resorte exclusivo del Congreso.

Sólo así podrá comenzar a transitarse el camino hacia la vuelta de la estabilidad monetaria y la recuperación de la solvencia fiscal y externa.

¿Hay que ahorrar divisas o generarlas?

Una vez más, la ministra de Industria, Débora Giorgi, cargó contra los sectores que demandan moneda extranjera. Ahora fue el turno de los importadores a quienes responsabilizó de ser impulsores de la “devalueta” del peso.

La respuesta de los empresarios agrupados en la Cámara de Importadores de la República Argentina no se dejó esperar y advirtieron que “la entidad jamás pidió la devaluación”, al tiempo que “rechazaron el término vulgar que el Ministerio de Industria emitió en su propio comunicado”.

No se trata de tomar partido por uno o por otro, sino simplemente de comprender la racionalidad del debate en los términos utilizados.

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Las tensiones fiscales y comerciales elevan el cambio del dólar libre

Funcionarios del gobierno sostienen que desde 2003 no existen tensiones en el mercado de cambios, no obstante idearon un nuevo blanqueo de capitales destinado exclusivamente a atraer al tesoro del Banco Central los dólares acumulados por empresas y familias.

Según se reveló en conferencia de prensa el martes último, los líderes del equipo económico estimaron que dentro de la fronteras hay guardado fuera del circuito financiero más de u$s40.000 millones, esto es, más que las reservas en divisas que custodia la autoridad monetaria. Y más de tres veces ese monto en paraísos fiscales y cuentas en blanco fuera del país.

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Plazo fijo vs dólar o el karting vs un fórmula 1

La historia económica argentina es muy rica en experiencias sobre el paso de un régimen de tipo de cambio fijo y consecuente caída en atraso cambiario por no acompañar el ritmo de la inflación, a sistemas cambiarios flotantes que se inician con paridades altas y competitivas, pero que luego derivan en retrasos y deterioro de la competitividad de los productores de bienes y servicios cuando se acelera el alza de precios por desequilibrios fiscales crecientes.

En el primer caso se asiste a un escenario en que los inversores, y también las familias, tienden a financiar sus actividades y consumos con ahorros en moneda extranjera, porque observan que sus excedentes en pesos rinden más en colocaciones a interés en el sistema financiero.

Por el contrario, en el segundo, cuando la paridad cambiaria flotante empieza a ser manipulada como ancla inflacionaria, habida cuenta de la alta dependencia de la producción manufacturera del componente importado y de la toma de precios del mercado internacional de los sectores exportadores, en particular de cereales y oleaginosas, se despierta la tendencia al ahorro en dólares, en detrimento de las imposiciones en pesos.

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