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Tener casi todo no asegura ser un “país viable”

El lunes la Presidente destacó en un discurso donde inauguraba pequeñas obras que “Somos un país viable…y voy a contar una anécdota que me contó un presidente latinoamericano, que no es, precisamente, de nuestra ideología, es un buen hombre, buen gobernante, acaba de ganar elecciones, pero no es precisamente de nuestro pensamiento, él tiene un pensamiento un poquito hacia otro lado, pero no tiene nada que ver, no importa. Y me contaba, él estudió en Estados Unidos y me contaba la anécdota de un economista muy conocido, que no lo voy a nombrar porque sino se van a dar cuenta, que les hizo a él y a un grupo de amigos un ejercicio diciéndole: ‘Si mañana se terminara el comercio internacional, si de repente se decidieran no haber relaciones más comerciales en el mundo, o sea, nadie vende a nadie y nadie recibe ninguna exportación ni nadie importa nada, nada, ¿cuál es el único país que podría sobrevivir?’ Y este presidente, actual presidente, junto a un grupo de amigos también universitarios, un grupo de estudiosos, se quedaron mirándolo sorprendidos ‘y no –dijo y este conocido economista norteamericano, eso sí lo voy a decir, dijo- Argentina. ¿Por qué? Porque es el único país que tiene energía, agua potable, octavo territorio en el mundo y apto como pocos, recursos humanos altamente calificados, no densamente poblado y, bueno, y todo eso lo convierte en un país…” Cuando yo decía el otro día ‘país viable’, decía esto”.

Sin embargo, la historia Argentina desde su gestación, en 1810 con el Primer Gobierno Patrio, o si se quiere desde 1816 con la declaración de la Independencia de España, ha incurrido en reiteradas crisis, muchas de las cuales derivaron en default de la deuda pública y salvatajes de deudas privadas, escalando al tercer puesto entre los mayores repetidores en dos siglos y el quinto sesi se amplía al club a experiencias desde tiempos más antiguos, demostrando sus incapacidades para ser un país viable.

Claramente, la culpa no de está en la diosa naturaleza que le brindó al país recursos abundantes y vitales, como tierras fértiles y extensas, reservorios de agua y mineros, junto a un singular potencial energético, y también reconocidos talentos humanos, aunque estos no en abundancia y mucho menos en la esfera de la política.

Ya por 1950 un maestro de maestro de economistas, como fue Paul Samuelson, había detectado que en el mundo diferenciaba cuatro tipos de países: desarrollados, en desarrollo, Japón y la Argentina. El curso del tiempo no ha cambiado esas características. La Argentina, una vez más quiere diferenciarse de todo el resto y como lo intentaron Perón, Alfonsín, Menem y ahora los Kirchner, ha encumbrado en el poder a gentes que se creyeron capaces de generar movimientos hegemónicos que pudieran cambiar los destinos del país y su historia, hacia un lugar realmente destacado a tono con sus capacidades naturales.

Sin embargo, una vez más, se advierten a todas luces severas incapacidades de estadistas a los políticos que llegaron a conducir los destinos del país, esto es de trabajar más con el norte en el futuro que en transgredir el presente, en aras de méritos inmediatos. Se insiste con la receta, pese a que los resultados fueron y son, a la postre, singularmente negativos.

Eso es lo que se repite ahora en que se ha llevado al país al octavo default en su historia, pese a que algunos economistas del Gobierno, pero también de la oposición, pretenden minimizarlo al calificarlo de inducido, chiquito, efímero, a plazo fijo, o peor aún de negarlo, porque se han depositados los fondos, pero después de más de 30 días de mora aún no han llegado a manos de los beneficiarios, y no se cumple con la legislación extranjera que se eligió para resolver un nuevo litigio con acreedores, además de prorrogar el estado de cesación de pagos por más de 12 años con quienes no aceptaron las condiciones de canje voluntario, no compulsivo.

Condiciones necesarias, pero no suficientes

De ahí que una vez más queda al descubierto que contar con todos los recursos naturales y climas y en condiciones abundantes, junto a talento humano y alto potencial de desarrollo, sólo constituyen condiciones necesarias, pero no suficientes para que la Argentina no sólo pueda autoabastecerse, sino, principalmente, desarrollarse como lo han logrado y aspiran diversas economías. ¿Qué nos falta?: apertura, primero interior, donde la democracia sea ejercida con el respeto y acompañamiento de las minorías, y luego, exterior, no sólo en busca de financiamiento, que es uno de nuestros recursos escasos, sino también de conocimiento, como han hecho Japón, Taiwán y el resto de los Tigres Asiáticos, y también algunos patriotas en los primeros tiempos del siglo XIX, y ahora lo hacen China, India, además de Brasil, Rusia y Sudáfrica, entre otros.

Por el contrario, en la Argentina cada año se ve como los chicos pierden horas de clases, a veces por justos reclamos de mejoras salariales de los docentes y de las condiciones edilicias de los establecimientos, pero también muchas veces y cada vez más por inventados feriados puentes para fomentar más el consumo y la diversión de unos pocos, que el conocimiento y la capacitación de muchos.

Por su puesto que tampoco se puede aspirar a un país viable donde no sólo se niega, sino que se fomente la inflación, el default, la inseguridad física y juridica, el desacato a la justicia y el descuido y aprovisionamiento adecuado de los hospitales y el sistema educativo, entre otras grandes falencias.

Desde el fallo de Griesa se dejó de generar riqueza por u$s100.000 millones

Ese es el lucro cesante desde el segundo trimestre de 2012, luego de que la Argentina sufriera el primer revés en la justicia de los EEUU en el pleito que iniciaron un pequeño grupo de bonistas que no aceptaron ingresar voluntariamente a los canjes de la deuda en default en 2005 y 2010.

El ejercicio es simple y muy conservador, dado que por el severo atraso cambiario el cálculo del PBI en dólares puede sufrir una depreciación sustancialmente mayor, en particular en comparación con el valor inflado pico de 635.000 millones, equivalente anual, que el Indec calculó para el cuarto trimestre de 2012 a precios de 2004 y luego redujo a 482.100 millones para los primeros tres meses de 2014, por efecto de la devaluación del peso en enero.

Después de una saludable recuperación de la actividad productiva y comercial desde 2003 hasta 2008 y con altibajos hasta 2011, el PBI mostró un virtual estancamiento en términos reales en adelante con 0,9% en 2012, casi 3% en 2013 y ahora se proyecta con caída entre un piso de 2%, sin default y máximo de 4 por ciento con nueva cesación de pagos.

Y si bien, gran parte del receso que hoy se manifiesta en pérdida de capacidad del sector privado para generar empleos y horas de trabajo; sostenida contracción del comercio exterior; caída de la tasa de inversión, con derrumbe de la inversión extranjera directa y disminución fuerte del poder de compra de la población, sea asalariada o jubilada, es consecuencia de un caprichoso e inexplicable cepo cambiario impuesto a fines de octubre de 2011, no hay duda de que esas restricciones se profundizaron desde que el juez Thomas Griesa dictara su fallo a favor de los holdouts a fines de febrero del año siguiente.

De ahí que si en lugar del estancamiento inicial que liberó a la Argentina de pagar el cupón de PBI en diciembre 2013 y también en igual mes del corriente año, la desaceleración de la actividad se hubiera frenado en la tasa tendencial o de ritmo del PBI potencial en torno a 3,5%, que es el disparador de ese premio a los bonistas que ingresaron a los canjes I y II, a fin de año el PBI sería unos 100.000 millones de dólares más alto al que se puede estimar hoy.

Claramente que en un país donde un día el ministro de Economía habla de “tipo de cambio de equilibrio de sustentabilidad macroeconómica”, para justificar la devaluación del 23 de enero último en más de 15%, para llevar el tipo de cambio oficial a ocho pesos por dólar, y seis meses después lo licúa con un ritmo inflacionario cercano a 20% en el período, al punto de provocar la octava caída interanual consecutiva de las exportaciones, el PBI en dólares puede volver a volar a la zona de los 650.000 millones, o derrumbarse a un rango de 350.000 millones, por decisión de una persona o, si se quiere, mini gabinete.

Golpe a todos los bolsillos
Pero en cualquier caso, no se podrá negar que gran parte de la sociedad argentina, como los sectores de la producción, el comercio y los servicios, vuelven a sufrir las consecuencias de haber extendido por más de doce años un estado de default que hasta hace apenas unos meses parecía camino a dejar atrás (acuerdo con empresas en el CIADI, pago generoso a Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF, convenio muy benévolo con los acreedores del Club de París) y que ahora amenaza con multiplicarse, no sólo con los holdouts que cuentan con sentencia en firme a su favor, sino también con una parte de los bonistas que habían aceptado las reestructuraciones en 2005 y 2010, al cumplirse los 30 días de mora.

Y si bien podrá argumentarse que el próximo 31 de julio podría ingresarse en el cuarto default de la Argentina, aunque con un horizonte finito de poco más de cinco meses, hasta el 1 de enero de 2015, cuando expire la fatídica cláusula RUFO, me pregunto quién podrá garantizar que los bonistas reestructurados con legislación Nueva York no demanden a la Argentina también por cifras hipermillonarias y arrastre a todo el resto y por tanto que su arreglo se resuelva en horas?

De ahí que, de caer en una nueva cesación de pagos de parte de la deuda pública, por no haber mostrado diplomacia y habilidad para pedirle al juez Griesa que especifique que el pago de un fallo judicial constituye un mandato ineludible y que, por tanto, no puede vincularse a un “arreglo volunario” que dispare la cláusula RUFO, nadie podrá asegurar que su estado será acotado y transitorio y, menos aún sostener que “no pasará nada”.

La economía real no sólo se ha enfriado, sino que peor aún va ganando consenso entre los economistas profesionales, en particular los no vinculados a banderías políticas que pueden ser tentados por una retórica interesada, la expectativa de que de ingresar en un nuevo default, aunque sea parcial, o, peor aún se lo niegue porque se deposita el pago aunque nunca llegue a destino del acreedor, potenciará la recesión del primer semestre de 1,5 a 2% a una zona peligrosa de 3,5 a cuatro por ciento en el segundo, como ya indican los datos de la industria, la construcción, el comercio interior y también del comercio exterior.

La consecuencia de ese escenario no sólo será mayor destrucción de fuentes de empleo, por ahora disimulado con suspensiones parciales, sino también creciente pérdida de horas de trabajo y mayor deterioro del poder de compra de los salarios de bolsillo, junto a crecientes restricciones al acceso al crédito comercial con el resto del mundo que se contaba para impulsar emprendimientos productivos, obras de infraestructura e incluso financiar desequilibrios en las finanzas públicas de la nación y provincias.

El rol del especulador

En los negocios financieros, pero también en los mercados de bienes, es habitual y común que se hagan operaciones de compra y venta de títulos o de derechos de compra y venta, en bolsas de comercio, de metales, cereales, entre otras, con el debido conocimiento de los riesgos, pero sin dar certezas de ganancias o pérdidas, y operan en mercados institucionalizados, es decir regulados por legislaciones nacionales y extranjeras, según los casos: bonos, acciones, metales, granos, petróleo, entre los más conocidos de su existencia por parte del público general.

Se nutren de la visión encontrada entre quienes prevén el aumento de un precio y el que proyecta su baja, sea en mercados de contado y/o a plazo de diversos activos. Se caracterizan por la liquidez que ofrecen, sean activos físicos o financieros, como los títulos de deuda que necesitan emitir empresas y estados nacionales, provinciales y municipales, porque posibilitan que los inversores y ahorristas puedan entrar y salir cuando lo deseen según la renta o cobertura buscada.

Sin embargo, en ciertas ocasiones algún Gobierno le asigna a quienes operan en esos mercados el carácter de “especulador”, con un tono peyorativo, cuando se llega a circunstancias que terminan afectando al deudor, al menos respecto de sus expectativas y caprichos.

El último martes, Axel Kicillof se refirió en esos términos a los holdouts que litigaron en contra de la Argentina, por no haber aceptado las condiciones de los canjes de deuda de 2005 y 2010 de los bonos que por aclamación parlamentaria cayeron en cesación de pagos a fines de 2001: “Son fondos buitres que nunca le prestaron a la Argentina, sino que compran bonos cuando encuentran una falla judicial y hoy un juez americano les garantiza cobrar 832 millones de dólares, cuando pagaron 48 millones de dólares, con una tasa de 1.608%, y trataron de obtener diversos embargos”.

Claramente, no hay forma de defender esas maniobras, pero me parece relevante no perder el norte sobre cuál es la causa que les dio origen: el desequilibrio irresponsable de las finanzas públicas, el cual se repite y se agrava, pese al costo social que provoca en términos de deterioro del poder de compra de los salarios, sea porque se financia con emisión que deriva en inflación, sea por el aumento de la presión tributaria, tanto a los trabajadores y las empresas, con el consecuente desaliento a la inversión productiva.

Es justamente en esos casos de desestabilización de las variables macroeconómicas donde aparecen severas fluctuaciones de los precios de los activos, de bienes de consumo e inversión, pero también y principalmente en los financieros, porque han terminado muchas veces licuaciones con devaluaciones, desagios, confiscaciones y hasta con el default, y cuya máxima expresión se manifiesta en el caso argentino en la virtual ausencia de un mercado de capitales para negociación de deudas de las empresas para financiar la producción y el desarrollo sustentable.

Mercados secundarios

Tampoco se debiera desestimar que es la existencia de “tomadores de riesgo” lo que posibilita que empresas y gobiernos emitan títulos de deuda hasta 100 años de plazo, como acaba de concretar México, y España analice lanzar un bono a 50 años de plazo, sin que el comprador primario (quién le presta al emisor) deba inmovilizar sus capitales o ahorros por semejante tiempo, porque es justamente la existencia del mercado secundario lo que le da sustento.

La Argentina defraudó a los que confiaron en la solvencia del país y le dieron su dinero para financiar su crecimiento, o cancelar deuda. Eso parece más grave que ser “buitre”. Los holdouts quieren cobrar lo que un gobierno se comprometió a pagar, como deberán hacer las futuras administraciones de los títulos entregados por las reestructuraciones de 2005 y 2010. En tal caso, el que primero vendió el bono no reestructurado poscanje a otro tomador de riesgo fue el que sufrió una pérdida sustancial de su capital y es víctima, no la nación, aunque finalmente siempre es el pueblo el que paga, con sus impuestos, sus pérdidas de oportunidades laborales y licuación del salario con las repetidas devaluaciones de la moneda.

De ahí que si se llega a casos extremos que terminan en cesación de pagos, esto es incumplimiento de la deuda, el tenedor de un bono o acción no puede ser abiertamente descalificado porque los adquirió en segunda, tercera, o enésima instancia.

Y si, justamente, por un cuadro de default, la cotización de un título de deuda pierde valor al extremo de ser categorizado como “bono basura”, la pregunta que corresponde hacer es ¿por qué el emisor no lo rescató a ese precio en el mercado de valores, para no dejarlo a mano de los altos tomadores de riesgo, como fueron muchos de los holdouts, que el Gobierno prefiere categorizar de buitres.

En el futuro inmediato, es deseable que la Argentina logre acordar términos de negociación con los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, en los términos acordados con Repsol, el Club de París, en incluso con parte de los bonistas: sin quita, pero con menos tasas y más plazo que las condiciones originales.

Para lograr ese objetivo sería relevante no sólo que se acepte la necesidad y la conveniencia de reducir al mínimo aceptable el abultado déficit fiscal de los gobiernos nacional, provincial y municipal, sino que se lo explicite en un plan económico integral, con respaldo legislativo de los principales bloques de oposición. De lo contrario, no sólo seguirá atrasándose la renovación de la infraestructura y trabando el crecimiento de la economía en su conjunto, sino que se estará preparando el camino para un nuevo default, ante la clara saturación de los agentes económicos para soportar más inflación y más suba de impuestos.

Mucho esfuerzo que se decidió no coronar

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los EEUU de no aceptar tomar el caso argentino tras los fallos adversos en el estado de Nueva York y en la Cámara de Apelaciones impuso un baño de realismo y cordura que desdibujó las expectativas en contrario que durante la última semana corrieron como un reguero de pólvora.

Frente a ese cuadro, la primera reacción de la presidente Cristina Kirchner fue acudir a su hombre de confianza, Juan Carlos Fábrega, por su responsabilidad para administrar las muy debilitadas reservas de divisas en el Banco Central, y decidió anunciar que “no va a ceder frente a la extorsión de los bonistas y que garantizará los pagos al 92% que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010”.

De este modo, lejos de avanzar hacia la resolución definitiva de lo que constituye el último capítulo del default de la deuda pública, la Presidente eligió mantenerse en la línea de la confrontación no sólo con los holdouts sino, peor aun, con los Tribunales de Nueva York, y echar por tierra los últimos avances hacia la normalización de las relaciones internacionales, requisito imprescindible para poder aspirar a la obtención de financiamiento de largo plazo y divisas para financiar el crecimiento de la economía.

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¿Estaremos en 2015 mejor que en 2007?

Antes de sacar una conclusión, me parece apropiado ir por partes y analizar los principales tópicos de la economía, de los más sensibles a los más duros que, claramente, son los responsables del desempeño de los primeros.

La ocurrencia de este balance de gestión y la herencia que queda para el próximo gobierno, cuando aún resta más de un año para concluir el segundo mandato presidencial, surgió a partir de los dichos de la Presidente cuando caía la tarde del lunes, sobre que dejará un país mejor al que recibió. Fue en un breve mensaje por videoconferencia desde la Casa Rosada cuando reinauguraba una planta que elaborará biodiesel en Timbúes, Santa Fe, luego de una inversión de 480 millones de dólares que completó en noviembre de 2013, pero que estaba paralizada por las sanciones comerciales que impuso la Europea, ante la lenta reacción del Gobierno nacional.

Está claro que el balance de gestión debe hacerse desde el comienzo de 2008, es decir cotejar los indicadores sociales y económicos con los que las cuentas nacionales registraban en 2007, y no como a veces se pretende hacer con 2003, o peor aún respecto de los niveles posteriores a la crisis de 2001 cuando la Argentina cayó en una profunda depresión, porque no sólo correspondió a otro presidente, sino porque no luce sensato hacer una evaluación de desempeño contra uno de los peores momentos de la historia política, económica y social. Del mismo modo que no parece sensato que otras presidencias se compararan con los cuadros que existían en 1989, 1975, 1958, 1949, u otros de los tantos años malos de la historia argentina y que dieron origen a nuevas administraciones.

Y si bien aún parece prematuro hacer un balance sobre qué país, en el orden económico y social, dejará Cristina Kirchner a fin de su mandato, el 10 de diciembre de 2015, la magnitud de los desajustes macroeconómicos generados desde 2008 y las acciones espasmódicas con la que se vienen tomando medidas desde el cambio parcial de gabinete el 20 de noviembre último, no alientan un giro radical que permita, al menos, volver a los niveles de fines de 2007.

 

Algunos indicadores sensibles
Pobreza e indigencia: El resultado de los grandes desaciertos de política económica desde 2008, con la intensificación de los controles, el aumento de la presión tributaria y ahora el encarecimiento del crédito, fue la amplificación de los focos de precariedad de las familias argentinas, al punto que más del 40% de los jefes de hogar perciben ingresos menores al salario mínimo vital y móvil y estudios privados como el Observatorio Social de la UCA y el IDELAS de la UCES ubican largamente por arriba de 25%. Sin embargo, el Indec no sólo dejó de publicar sus estadísticas, las cuales indicaban un índice de pobreza de apenas 3,7% de los grupos habitacionales, en contraste con 13,8% que informó para el segundo semestre de 2007, sino que peor aún, ahora el jefe de Gabinete reconoce las severas dificultades metodologicas para seguir calculando esos valores.

Mercado de trabajo: La generación neta de empleos pasó de 284 mil puestos netos en 2007 a 119 mil en 2013, aunque ahora no fue menor por efecto de las desmedidas incorporaciones en el sector público, porque el privado acumuló un trienio de estancamiento y las expectativas para este año son más de destrucción de posiciones que de incorporaciones netas. Y si bien la tasa de desempleo se redujo a niveles mínimos históricos en más de 20 años, se explica fundamentalmente por el efecto desaliento al aumento de la oferta de trabajadores, ante las limitadas oportunidades para obtener un empleo genuino.

PBI: El crecimiento de la economía pasó de tasas de más de 8% anual acumulativo y con escasos cuestionamientos, a un cuasi estancamiento desde 2012 y perspectivas moderadamente recesivas para el corriente año, pese a que el contexto internacional se mantiene favorable para la Argentina, a juzgar por el nivel de precios de las materias primas que más exporta el país, por la activa demanda de alimentos y de minerales metalíferos de China. Las complicaciones comerciales con Brasil tienen su origen más en acciones aisladas del gobierno local, como las trabas al pago de importaciones, que en las dificultades del mayor socio en el Mercosur para crecer a tasas superiores a tres por ciento. Ese cuadro desalentó la inversión productiva, tanto de origen externo como también doméstico y se acentuaron las limitaciones de la infraestructura, aunque el Gobierno hizo esfuerzos para disimularla con importaciones de combustibles y aumento sostenido del precio de los combustibles para alimentar la caja de la ahora YPF con predominio estatal.

Inflación: De un ritmo de un dígito alto se pasó a dos dígitos elevados, con tendencia indefinida, como consecuencia del abandono de la política de solvencia fiscal, pese a que se forzó al extremo el aumento de los impuestos, porque el gasto alcanzó una dinámica desenfrenada de tal magnitud que hizo que el financiamiento del Banco Central con emisión no fuera suficiente y se debió recurrir al endeudamiento interno con organismos descentralizados, con el costo de provocar la escalada de las tasas de interés. De un superávit fiscal equivalente a 1,1% del PBI pasó a un rojo de 4,6 por ciento y medido por la variación de la deuda pública neta se expandió de 8.000 millones de dólares a 12.500 millones de dólares. La consecuencia de ese proceso fue el rápido debilitamiento de la capacidad de consumo de las familias, una severa caída de la confianza de las familias y un golpe adicional a la pobre inversión productiva.

Sector externo: La persistencia de alto nivel de inflación, pese a la política de precios administrados, junto con los recurrentes cambios de las regulaciones del comercio y una política arbitraria de pagos de importaciones como estrategia de resguardo de las reservas del Banco Central, minaron las posibilidades de concretar nuevos negocios de exportación, más allá de los vinculados con la colocación de la cosecha de soja y derivados primarios, principalmente. La consecuencia fue un acelerado deterioro de la posición de divisas de la autoridad monetaria, de más de 46.000 millones de dólares que se computaron a fines de 2007 a poco menos de 31.000 millones al cierre de 2013 y actualmente se mantienen por debajo de 29.000 millones, pese a la estacionalidad favorable del comercio exterior.

Por tanto, más que pensar qué país se dejará el 10 de diciembre de 2015 sería mejor que la Presidente y su equipo aceptaran escuchar a los referentes de los partidos de oposición y también a los empresarios sobre sus reclamos para que la Argentina avance hacia un salto de calidad que permita no tanto contentarse en la herencia que recibirá el próximo gobierno, sino mejor aún para poder comenzar ya a transitar el futuro mejor que ofrece el mundo para el país, en lugar de presentarlo hostil y persistir en la confrontación, pese a los elevados costos sociales que ya no se pueden ocultar, aunque Economía decida no difundir los datos reales de pobreza e indigencia, ni los precios que toma para calcular la inflación.

El Indec no solo deo de difundir los indices de pobreza…, sino que peor aun, ahora el Jefe de Gabinete reconoce las severas dificultades metodologicas para seguir calculando esos valores.