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Con default o sin default, el daño ya está hecho

Después de 43 días de insistir con posturas intransigentes y sin surgir una idea diferente a la rechazada por el juez y los holdouts para enfrentar el cumplimiento de una sentencia judicial adversa, apareció el intento de un aporte del sector financiero privado nacional para evitar un nuevo default, pero a último momento la iniciativa fue desestimada por el Gobierno y se aproxima la cesación de pagos, sin adjetivaciones (técnico, selectivo, inducido, express).

Fue justamente el sector al que repetidamente se lo cuestiona por supuestas abultadas ganancias, por su “gen especulativo y poco propenso a atender las necesidades de la economía real”, argumentan a menudo, el que una vez más intentó poner el pecho a las balas, pensando no sólo en el perjuicio que le ocasionaría a sus activos un nuevo default de la Argentina, sino fundamentalmente a la sociedad en su conjunto en términos de actividad, inflación, devaluación, desempleo y mayor aislamiento internacional. Los costos serán enormes, e impredecibles, por eso no se puede descartar una salida de este laberinto en pocos días, o semanas.

La industria bancaria representa sólo el 5% del PBI interno, pero una crisis financiera por descapitalización y pérdida de liquidez generaría singulares perjuicios sobre el 95% restante. Por tanto, si bien la reacción desesperada de último momento de la banca privada nacional puede atribuirse a una clara defensa de intereses corporativos, porque no tiene las espaldas que caracteriza a la banca extranjera y también a la pública (por su capacidad de obtener asistencia ilimitada del Tesoro nacional), no debieran desestimarse las consecuencias sobre una economía real ya jaqueada por la aceleración de la inflación, la profundización de la recesión, con su consecuente impacto sobre la angustia de las familias argentinas, y la vuelta de las tensiones cambiarias.

Nada de eso cambiará a partir de hoy, ni hubiera cambiado si se anunciaba un acuerdo en los términos de la iniciativa que presentó Adeba, porque en la medida en que sólo se intentaba comprar tiempo para llegar al 1 de enero de 2015, cuando desaparecerán los infundados temores a las derivaciones de la aplicación de la cláusula RUFO, la pasividad de la política económica seguirá con el “más de lo mismo”: creciente déficit fiscal, atraso cambiario para no avivar el fuego de la inflación, deterioro del superávit comercial y por tanto postergación de las inversiones privadas, y también las del sector público, y consecuentemente debilitamiento del consumo, por las pérdidas de oportunidades laborales, caída de las horas trabajadas y mayor desempleo.

Los últimos seis meses han dejado claro que Economía pareció comprar tiempo con la devaluación de enero para poder recuperar grados de libertad en el frente externo y mejorar el clima de negocios, pero no lo aprovechó. Por tanto, no existen razones de peso para pensar que ahora si se acordaba, o se acuerda en semanas sea diferente. En particular, porque el salvavidas de último momento para evitar un nuevo cuadro de default vino de la mano del sector privado, aunque con alguna ayuda del presidente del Banco Central de la República Argentina, y no de la creatividad e ingeniería de los equipos de Economía, que sólo fue capaz de alimentar el relato, y no lo abandonó el día D.

Perjuicio severo
Se agregó otra mancha al deterioro de la institucionalidad porque se ratificó el rechazo a un fallo desfavorable de una sentencia judicial por parte de una jurisdicción extranjera que eligió el propio país. Esto va más allá de si la resolución no fue justa, ni equitativa, ni avalada por organismos internacionales y presidentes de países amigos. Nadie dijo explícitamente que es de buena gente no acatar los fallos de la justicia, y menos cuando fue avalada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones y la Suprema Corte, de un país que voluntariamente propuso otro.

Me pregunto, ¿con este precedente, aún cuando se pueda resolver en días o semanas, sin llegar hasta el 1 enero de 2015, qué inversor del resto del mundo estará dispuesto a confiar sus ahorros a un país que ha mostrado no cumplir con las garantías de emisión de deuda en caso de conflicto de intereses?.

YPF lanzó una emisión de bonos por 5.000 millones de dólares para avanzar con su plan de inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, pero sólo pudo colocar 1.000 millones, y ahora seguirá trunco, o condicionado a aportes de los jubilados, con uso de fondos de la caja de la Anses, el Banco Nación y otras fuentes oficiales, que pueden fondear sus desequilibrios con emisión monetaria.

La generación del ahorro doméstico ha sido singularmente debilitada desde la aplicación del cepo cambiario a fines de 2011 y si bien es relevante en su stock, en un proporción largamente superior a 100.000 millones de dólares, no se advierten señales de política económica de cambio para tentarlos a que sean volcados a la actividad productiva. Todo lo contrario: aumentan los controles de precios, el aumento de la presión tributaria, el atraso cambiario y la descalificación de los sistemas judiciales del resto del mundo, y ahora, con el nuevo escenario, alimentará la fuga del sistema institucionalizado.

Con ese precedente, hablar de apetito inversor por parte de empresas y bancos extranjeros, parece constituir una parte más del relato y de las expresiones de buenos deseos de los interesados: Gobierno nacional y provincial y asesores financieros, más que en factores fundamentales sustentados en un clima de negocios no sólo favorable por el potencial de las riquezas subexplotadas de la Argentina, sino también por una demorada revalorización de las garantías constitucionales ofrecidas.

Los economistas sabemos muy bien que en la economía, como en cualquier orden de la vida, se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. Con el default sucede otro tanto, se sabe cómo y cuándo se ingresa, pero no su extensión y efectos. Si realmente el escenario que brindó Kicillof es el correcto, la reestructuración de la deuda pública vencida a hoy y de los vencimientos que se acelerarán en los próximos seis meses, no lo podrá resolver un Gobierno débil y en retirada. Por eso, el consenso de los analistas descuenta una salida inmediata, para que, al menos, la recesión no sólo no se agrave a un rango de más de cuatro por ciento en lo que resta del año, sino para que no se extienda también hasta el 2015.

La ilusión monetaria ilumina la recaudación

Una vez más el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, se mostró feliz al anunciar al comienzo de la semana un nuevo récord de la recaudación tributaria, más aún porque se ingresó en el rango de los doce dígitos! (105.000 millones de pesos), después de 108 meses con niveles de ingresos de 11 dígitos.

Sin embargo, el mérito de semejante logro no ha sido otro que la escalada de la inflación, la cual se ha traducido en que el Banco Central haya concentrado la emisión en el billete de máxima nominación, aunque un billete de cien pesos apenas se puede cambiar por 10,2 dólares en el limitado canal de venta para ahorro y poco más de ocho en el circuito informal (representa 62% del total de billetes en circulación y casi 92% de la masa monetaria), con el consecuente perjuicio que genera para las transacciones diarias de las familias en una economía donde más de 40% está en negro y donde la bancarización es de apenas un quinto del PBI.

Lejos está de invitar a festejar la aparentemente abultada recaudación de impuestos, cargas aduaneras y aportes y contribuciones a la caja de jubilaciones, no sólo porque no se apoya en un escenario de una economía pujante, floreciente, donde pagar Ganancias constituya un objetivo de “pertenecer” al sector pudiente, en el caso de los trabajadores, y al club de los líderes en el caso de las empresas y sectores exitosos, sino porque desde hace más de nueve meses consecutivos el aumento de los recursos se ubicó por debajo del ritmo de expansión del gasto público y con ello volvió a resultar insuficiente para evitar el abultamiento del déficit fiscal, que es el principal responsable de generar la ilusión monetaria.

Claramente, en una economía inflacionaria todo sube, no sólo los precios de los bienes y servicios, sino también del trabajo, de la moneda y del costo del dinero. De ahí que la prueba ácida que hacen los economistas, y que también debiera hacerlo el buen recaudador cuando no es tentado por el relato de la política, es analizar el desempeño de los tributos en función de las variaciones de dichos precios de la economía, para evaluar realmente la disciplina fiscal de la sociedad y el verdadero curso de la actividad productiva, comercial y sus efectos sobre el mercado de trabajo.

Todo en terreno negativo
El aumento de la recaudación total de 35,1% interanual en mayo se ubicó entre 6 a 9 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del gasto público.

El incremento de 26,8% del IVA sobre la producción nacional fue casi 14 puntos porcentuales menor al alza media de los precios minoristas, indicando que ese canal del consumo se derrumbó alrededor de 9% en los últimos doce meses; mientras que la suba de 25% de lo ingresado por el IVA aduanero estuvo 28 puntos porcentuales alejado del salto del tipo de cambio oficial en el período. De ahí se desprende una contracción de la demanda de bienes de origen importado del orden de 18%. Si se toma el agregado de los tributos al comercio exterior que repuntaron 39% en valores nominales, se advierte un deterioro en términos reales de 9,2 por ciento.

En tanto en el caso de la Seguridad Social, el incremento nominal de 28,1% en un año fue 4,8 puntos porcentuales inferior a la suba promedio de los salarios registrados que estimó el Indec.

Con algunos matices, aunque en general un poco más atenuado, se obtienen resultados negativos en el desempeño de los primeros cinco meses, fenómeno que indicaría que la recesión más que comenzar a revertirse se ha intensificado.

Por tanto, sólo la ilusión monetaria que genera la nominalidad permite festejar un número que debiera haber provocado angustia y la necesidad de revisar qué está pasando en la política económica para evitar que ese cuadro se agrave, sobre todo porque ya se manifiesta en pérdidas de puesto de trabajo, recorte de la jornada laboral y aumento de la porción de la población que demora su ingreso al mercado de trabajo, más la que abandona la búsqueda, al percibir que se desvanecieron las oportunidades de empleo.

Este fenómeno fue detectado por el Indec en la última Encuesta de Demanda Laboral, la cual arrojó que sólo 32,5% de las empresas buscó personal en el primer trimestre, en contraste con 39,4% que lo hacía antes del cepo cambiario impuesto en noviembre de 2011 y casi 42% antes de asumir Cristina Kirchner la primera presidencia en diciembre de 2007.

Claramente, todos los análisis de mediano y largo plazo prenuncian un futuro floreciente, asumiendo que cada vez se está más cerca de un punto de giro hacia la vuelta a la institucionalidad y la recreación de un clima de negocios, sea por la inclinación a un capitalismo de mercado o a un socialismo con plan, que posibilite poner en valor la potencialidad que brinda la naturaleza en materia energética, agro y minería, junto al reconocido talento argentino y la muy baja bancarización, en un mundo donde prevale una elevada liquidez y la necesidad de diversificar el flujo de capitales hacia emprendimientos productivos y obras de infraestructura.

Pero el corto plazo luce cada vez más oscuro, porque cada anuncio de política económica, social y gubernamental, está vinculado con el aumento del gasto, pese a que se debilita aceleradamente la capacidad de generar recursos genuinos.

¿Cuán lejos estamos de las tasas de desempleo de Croacia y Portugal?

Una nueva Encuesta Permanente de Hogares del Indec volvió a dar cuenta de que en el peor trimestre desde la depresión de los primeros meses de 2002, porque desde entonces no se veía una continuidad de más de cuatro meses con tasas de caída del PBI intermensual como se registran ahora, o bajas de dos dígitos en la producción y ventas de autos, maquinaria de uso agrícola, en el transporte de carga, o en la actividad inmobiliaria, y retracción real de la construcción superior a 4% o del consumo privado de más de 7%, la tasa de desempleo volvió a bajar respecto de un año atrás.

Lo curioso para muchos fue que la disminución de la desocupación en casi un punto porcentual del total de la oferta laboral tuvo lugar pese a que se asistió a una destrucción neta de más de 40 mil empleos y que la oferta de trabajadores se redujo en 163 mil personas, pese a que la población total del país creció en casi 400 mil, según la proyección de la tasa intercensal.

Sin embargo, aquel resultado respondió a un simple ejercicio estadístico que contrasta con la penuria que invade a cada vez más familias argentinas que no encuentran oportunidades para generar ingreso con sus capacidades y deben depender cada vez de la ayuda asistencial del Gobierno nacional.

Pese a esos datos, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, resaltó el logro de haber bajado la tasa de desempleo a 7,1% de la PEA. Y un día después de que el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijera que “a Europa le costará un siglo lo que a la Argentina le tomó 10 años”, el ex gobernador de Chaco comparó las tasas de desempleo del país con algunas naciones europeas: “en España la desocupación es de 25,3 por ciento debido a los efectos de un ‘ajuste ortodoxo’ que se realizó en ese país y en otras naciones europeas. Países como los de América latina prácticamente no aportaron los niveles de desempleo, sino muy por el contrario, tuvieron políticas activas, casi son 50 mil desempleados los que participaron en el esquema global”, explicó el ministro coordinador.

Y luego contrastó: “los que sí han sufrido de un modo dramático, a través de un mecanismo de ajuste ortodoxo, tienen que ver con los países europeos, 11,8 por ciento de tasa de desempleo en 17 países del Eurozona y tenemos casos como España, el 25,3 por ciento; Portugal del 15,2 por ciento; o de Croacia, con 17,3 por ciento”.

No sólo eso, Capitanich destacó que “de las cifras dadas a conocer el lunes por el Indec se obtienen tres conclusiones: una caída en la tasa de desempleo comparativamente respecto al (primer trimestre de) 2013, de 7,9 a 7,1 por ciento; segundo, no existe una destrucción de empleo y, tercero, que efectivamente no ha habido en este sentido ningún incremento en la tasa de actividad, esto es más personas que hayan buscado empleo”.

Los números cantan la realidad
Sin embargo, lejos de asistirse a un escenario virtuoso donde la desocupación declina gracias a una economía pujante capaz de absorber el crecimiento natural del total de la oferta de trabajadores porque se generan puestos adicionales, lo ocurrido en el último trimestre, que replica en gran parte lo sucedido desde 2007, respondió a un efecto malicioso porque la baja del desempleo se originó en que la oferta de trabajadores disminuyó mucho más que la caída del empleo neto, como consecuencia a la pérdida de oportunidades.

Hoy la Argentina retrocedió a las tasas de participación de la población en el mercado de trabajo que registraba siete años atrás y la proporción de ocupados fue la menor de los últimos ocho años. Una prueba ácida para determinar lo que se ha bautizado “efecto desaliento” es comparar para los diferentes aglomerados la tasa de empleo del primer trimestre de 2014 con la tasa de actividad promedio nacional de igual período de siete años. Ese ejercicio determinó que el nivel de desempleo para el total país sería de 10,2% y sube a 16,6% si se agrega el efecto de los 1,5 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan y ni buscan trabajo y que ahora se los quiere seducir con el plan Progresar.

Y si se avanzara un poco más y se replicara la tasa promedio de actividad del primer trimestre de 2007 a cada una de las 31 jurisdicciones se comprobaría que la tasa cero de desempleo en Gran Resistencia, Chaco, la provincia que fue gobernada hasta noviembre último por el Jefe de Gabinete, tiene una tasa de desempleo oculta de 33% de la población: una vez y media la que tiene España y duplica virtualmente a las de Portugal y Croacia.

Podrá argumentarse que Chaco tiene una proporción de menores de 14 años y mayores de 65, que es lo que técnicamente se define como población económicamente activa, superior al promedio nacional, y por tanto registra una tasa de participación inferior a la media nacional. Sin embargo, esa brecha no es de 15 puntos porcentuales como surge de la Encuesta Permanente de Hogares, la cual toma en cuenta quiénes tienen un empleo más lo que lo buscan y los coteja con los ocupados, sea en blanco o en la informalidad, sin límites de edades.

Fenómenos similares se observarían en Formosa, donde el 2,1% se transformaría en 26,8%; el 1,5% de San Luis pasaría a 16,1%; el 1,2% de Santa Rosa-Toay en 16,3% y también anotarían tasas de desocupación superiores a las de Portugal y Croacia y en algunos casos mayores a las de España San Nicolás-Villa Constitución 24%; Concordia 24%; Corrientes 20%; Jujuy-Palpalá 19,1%; Gran San Juan 17%; Posadas 16,5%; Nequén-Plottier 15,5%; Salta 15,5%; Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 15% y La Rioja 15 por ciento.

De ahí que en lugar de compararse con los males y penurias ajenas, y en particular con casos aislados de una reducida selección del resto del mundo, sería bueno que en este fin de ciclo los funcionarios que tienen cargos que los habilitan para contribuir a mejorar en serio la calidad de vida de cada uno de todos los argentinos, miren con más detenimiento lo que ocurre en “el interior profundo” y también las múltiples experiencias exitosas que se registran en el mundo en general y en el vecindario en particular, en materia de empleo, oferta laboral, inflación, apertura al mundo y desempeño del PBI, entre otras variables socioeconómicas, que son tan relevantes para el objetivo de la inclusión social como los planes asistenciales para los sectores más relegados de la sociedad.

Saqueos: datos dudosos llevan a políticas erróneas

Reiteradamente el Gobierno nacional se ha negado a revaluar las funciones del organismo oficial de estadística, y en particular el resultado de sus informes mensuales y trimestrales de precios, actividad, pobreza e indigencia, distribución del ingreso, entre otros.

Sin embargo, ahora que se agotan las reservas del Banco Central, porque han caído a niveles críticos, menos de tres meses de importaciones representan las de libre disponibilidad, se accede a lanzar un nuevo IPC Urbano y Nacional, a partir de febrero desde 2014, y el recálculo del PBI a precios de 2003 desde marzo de 2014, para poder quedar más cerca del acceso a créditos contingentes del Fondo Monetario Internacional.

Pero mientras tanto no se sabe qué pasó en la pomposamente llamada “década ganada” para que no sólo aparezcan abultadas demandas de subas salariales por parte de las fuerzas policiales de las provincias, las cuales están siendo rápidamente reconocidas, sino que también amenazan con derivar en reclamos de igual tenor por parte de docentes, personal de la salud, y otros servicios públicos, incluida la administración pública, justo cuando las finanzas se debilitan por el efecto de la inflación desantendida.

Se argumenta que la situación de pleno empleo en varias provincias del norte del país y reducción de la desocupación a valores desusadamente bajos en los últimos 30 años no justifican reclamos salariales, porque a la luz de las estadísticas oficiales que no reflejan la realidad sino lo que el Gobierno quiere que revelen, en particular en el orden social, no hay hoy incapacidades extremas de poder de compra de las familias.

Más aún considerando que desde la salida de la convertibilidad la presión tributaria global, que es el porcentaje que representa la recaudación propia de la Nación, provincias y municipios del total de la generación de riqueza del país (PBI), se elevó en más de 15 puntos porcentuales, a casi 50% del producto, gracias a los aportes de las retenciones sobre las exportaciones, el impuesto al cheque, y el impuesto inflacionario sobre las empresas y también sobre el gasto de las familias.

Está claro que gran parte de esos recursos adicionales que hasta 2011 habían posibilitado acumular reservas se destinaron al pago de la deuda externa del sector público, principalmente con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos de crédito multilateral. Pero ahora no aparece claro qué porción se destinó a saldar la elevada deuda social.
Los jubilados nacionales no logran acceder al 82% móvil dispuesto por ley, pese a que la Anses se muestra con fondos excedentes para financiar el ahora abultado desequilibrio de las cuentas públicas.

Los índices de pobreza e indigencia que estiman los estudios universitarios, como el Observatorio Social de la UCA, superan en varias veces las cifras que difunde el Indec y se ubican en valores de dos dígitos altos.

La porción de los jóvenes de más de 18 años que revisten en la nómina de ni-ni-ni -no estudian, no trabajan y no buscan trabajo- ya supera el millón, y no se trata de personas adineradas que se pueden dar el lujo de vivir del ocio o de rentas heredadas, sino en gran parte corresponden a poblaciones en asentamientos precarios que se sospecha obtienen recursos mal habidos, como la delincuencia juvenil y saqueos.

La supuesta situación de pleno empleo no hace más que ocultar inquietantes bolsones de desocupados desalentados por no lograr el objetivo de ocuparse en tareas dignas y, muchos de ellos, por el temor a perder generosos planes asistenciales sin contraprestación laboral, aunque también sufren las consecuencias de la erosión que provoca la inflación.

Lamentablemente, por efecto de la sublevación policial en la mayoría de las provincias, hoy nos enteramos que esas fuerzas de seguridad, pese a su alta exposición al riesgo, apenas percibían, con adicionales, horas extras, jornadas de 48 horas, etcétera, poco más que el salario promedio de toda la economía. Lo mismo vale para el sistema de salud y la educación.

Demanda de transparencia hoy
Es tiempo de blanquear las estadísticas ya y hacer los análisis correspondientes sobre cómo se llegó a este estado de estancamiento de la actividad económica, alta inflación, reconocimiento de un dólar turista que supera en 35% al oficial, y en más de 74% al que regía un año atrás, debilitamiento acelerado del crecimiento de la recaudación tributaria, dos años de estancamiento del empleo en la actividad privada y, consecuentemente, creciente mal humor social.

Buscar financiamiento externo, aunque sea para obras de infraestructura; sostener el control de precios e intentar limitar también el margen de ganancias de las empresas y acelerar el ritmo devaluación para tentar a exportadores a que liquiden sus operaciones y desalentar a los importadores, es sólo insistir con atenuar las consecuencias de los crecientes y abultados desequilibrios macroeconómicos, provocados por caprichos transgresores. Seguir demorando las decisiones para enfrentar las causas que le dieron origen sólo conduce a generar más trastornos sociales y pérdida inquietante de vitalidad de la actividad económica. La producción de autos se desmorronó 20% en noviembre.

Para peor, el viento de cola del mundo parece haber comenzado a cambiar: los precios internacionales de las materias primas que exporta la Argentina cayeron en promedio 13%, según el índice del Banco Central de la República Argentina, y nada asegura que el ajuste declinante haya cesado. Parte de ese fenómeno explica la caída de los ingresos de la AFIP por retenciones sobre las exportaciones, justo cuando se elevan día a día las necesidades de divisas para pagar importaciones de combustibles que requieren las centrales térmicas.

Seguir buscando conspiradores y desestabilizadores, en lugar de reconocer desaciertos en la gestión y corregirlos, en particular los incurridos en los últimos dos años, sólo conducirá a agravar el descontento social el cual se manifestó en las últimas elecciones legislativas, aunque ese mensaje hasta ahora se desestimó.

El Presupuesto 2014 revela tasas de indigencia y desempleo de dos dígitos

Desde que el último jueves, cuando el ministro de Economía presentó y explicó las bases del Presupuesto de Gastos y Recursos para 2014 (PGR14) en el Congreso Nacional, corrieron hilos de tinta y expresiones radiales, televisivas y millones de bytes por internet, con las opiniones negativas de expertos por la falta de realismo de los supuestos macroeconómicos.

En este espacio no voy a distraerlo explicando dónde veo las mayores inconsistencias, entre lo previsto y lo realizado, así como más aún entre los datos actuales y los proyectados, porque como se trata de un presupuesto, se corre el riesgo de caer en lo contrafáctico, ya que se deberá esperar hasta los primeros meses de 2015 para poder dirimir quién estaba en lo cierto.

Sí me parece apropiado compartir las incongruencias entre las metas de 2013 y el dato conocido de 2012 establecidos en el presupuesto base para los Programas de Ministerio de Trabajo (Folio 151) y también en lo referido a la Seguridad Alimentaria (Folio133) del hace tiempo devaluado proyecto de “Ley de Leyes”.

¿Década ganada o perdida?

Mientras que de los últimos informes de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec surge que el desempleo total en el país promedió el año último 1,31 millones de personas y en la primera mitad del corriente se elevó en 35 mil trabajadores, el PGR14 da cuenta de que “la asistencia financiera a jóvenes desocupados” benefició por mes en 2012 a 1.729.598 y subió en 2013 a 1.800.000 personas.

Como se sabe, se considera desocupada a la porción de la población que no tiene un empleo que busca trabajo y no lo encuentra. Por tanto no incluye a los menores, ni a los estudiantes o mayores que no están ocupados y que además no buscan ocuparse en una tarea remunerada o rentada.

También se sabe que nunca “un dato parcial puede ser mayor al total”. Sin embargo, de la lectura del PGR14 surge que Trabajo da asistencia financiera a jóvenes desocupados que representan 133,5% del total desocupados que surgen de las mediciones del Indec.

Si se asume que los jóvenes de 20 a 39 años representan el 30% de los poco más de 41 millones de habitantes y que en ese estrato el desempleo en esa franja etaria más que duplica al promedio nacional, surge que el nivel de desocupación actual se ubica en torno a 16% de la población económicamente activa. Muy lejos del 7,2% que calcula el Indec.

Al mismo tiempo, el PGR14 da cuenta de que pese a que según las cuentas nacionales la actividad económica se reactivó a un ritmo de 5,2% en 2013 en comparación con 1,9% en 2012, la asistencia para la inserción laboral se elevó en ese período de 573.072 a 650.000 personas por mes; la atención del Seguro de Capacitación y Empleo subió de 1.687.415 a 1.750.000 y la asistencia para trabajadores desocupados para desarrollar proyectos formativos ocupacionales se amplió de 96.889 a 130.000 personas y para empleo transitorio saltó de 363.309 a 450.000 trabajadores.

En conjunto significa un aumento de 329.717 asistencias incrementales, en contraste con una baja de 159.745 personas de las personas que habían sido beneficiadas con el Programa de Mantenimiento de Empleo Privado, determinando un crecimiento neto del desempleo real en casi 170.000 personas, casi cinco veces el aumento que se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

La indigencia afecta a más de 14 millones de personas
El Folio 133 del PGR14 indica que en la meta física de seguridad alimentaria para 2013 se redujo la “Asistencia Alimentaria para Hogares Indigentes” de 15.932.282 a 14.167.549 personas, equivalente a 34% de la población total del país, y salta a 17 millones en la previsión para el año próximo, a poco más de 40% de los habitantes.

Además, en lo referente al “Componente Alimentario” el módulo sube de 784.35 beneficiarios en 2012 a 1.189.336 para el corriente año y 1,8 millones para el próximo. Representa 2,9% de la población, casi el doble del cálculo de indigencia que informó el Indec tras el último relevamiento de la EPH y salta a 4,3% para 2014.

También el PGR14 incrementa en forma sostenida la asistencia técnica financiera para la conformación de huertas de 2.941.762 personas asistidas en 2012 a 3,2 millones en 2013 y 3,45 millones para el año próximo.

Se trata de datos claramente inconsistentes con una economía que se dice pasa de crecer a un ritmo de 1,9% en 2012 a 5,1% en 2013 y proyecta un avance de 6,2% en 2014, con una inflación estable en poco más de 10% para los consumidores y más cercana a 16% para el conjunto de la economía, esto es familias, empresas y gobiernos nacionales, provinciales y municipales.

Queda en manos de los legisladores indagar en el Congreso sobre cuál es la realidad de la economía argentina, sus necesidades y recursos, para poder diseñar un Presupuesto que vuelva a convertirse en ordenador de los desequilibrios que, cómo se vio, no se pueden mantener ocultos, y recupere el rol de contribuir a las expectativas de los agentes económicos para planificar sus inversiones presentes y en particular las próximas, para un futuro mejor para el conjunto de los habitantes.

De la década ganada al decenio perdido

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, sorprendió a comienzo de la semana a propios y extraños cuando confesó públicamente que la cotización del dólar en el mercado paralelo le hace reír mucho, porque no midió el origen del resurgimiento de ese mercado en los últimos meses. Y, lo que es peor, sus consecuencias sobre la economía de las empresas y en especial de la mayoría de las familias argentinas.

Sobre todo porque considera que se trata de un mercado inexistente y dio a entender que es un invento de los periodistas, “interesados en impulsar una megadevaluación y atacar un modelo cuyo norte es garantizar los ejes de este modelo, los cuales no se tocan, son el crecimiento y el empleo, por eso no vamos a devaluar”, aseveró sin convicción ni autoridad.

Es que el Indec, organismo intervenido que está sobre su órbita, pero no sobre su guía, ha informado en los últimos días que el ritmo de crecimiento del PBI es ahora la mitad del que acusaba un año atrás y que de 165 mil personas que se incorporaron al mercado de trabajo en un año en busca de un empleo apenas lograron su objetivo 48 mil, esto es, menos de la tercera parte. El resto se sumó a la legión de desocupados.

Pero no sólo eso, insiste con que “este Gobierno no va a devaluar”, pero el Banco Central de la República Argentina, que hace más de un año abandonó su autonomía y se puso a las órdenes de la Secretaría de Hacienda para cubrir el desbordado déficit fiscal, aceleró la tasa de devaluación del peso (en el acotado mercado oficial) a 22% anual, alineándose a la desaceleración de la inflación que provoca el enfriamiento de la economía.

“El dólar negro es una herramienta más para presionar al Gobierno para lograr una devaluación. Sigue siendo ilegal, es un mercado que no tiene referencia clara de precio. Me río mucho cada vez que veo la cotización”, sostuvo el funcionario en una entrevista, y desafió al periodismo a revelar sus fuentes, por presumir que difunde un dato que no existe, simplemente porque se resiste a recorrer la calle y leer lo que está pasando, no ya en el “interior profundo” como le gustaba en el pasado hacer referencia la Presidente de la Nación, sino a metros de su despacho.

Aún no empezó el invierno, pero ya se siente
No se trata de seguir haciendo todo lo contrario a lo que se dice, ni de fomentar una megadevaluación del peso, que es lo que hace el Gobierno cuando ajusta la paridad cambiaria más de 21% al año y salta a más de 30% para el caso del productor de trigo, según anunció Cristina Kirchner dos semanas atrás y luego rubricó en el Boletín Oficial, sino de adoptar políticas económicas contrarias a las puestas en práctica desde los últimos días de 2011.

Y no parece que el camino sea partir de un nuevo blanqueo de capitales, ahora llamado exteriorización de moneda extranjera, para oficializar el mercado de cambios paralelo que el propio ministro niega pero que junto a cuatro funcionarios de su área y del Banco Central reconoció en la defensa del proyecto en el plenario de comisiones en el Senado de la Nación.

Menos aún sostener que “es una mentira que no haya opciones de ahorro en pesos”, cuando la renta que se ofrece a los ahorristas se ubica no sólo muy por debajo de la tasa de devaluación del peso, sino más aún de la tasa de inflación que enfrenta a diario, independientemente de la medición que difunde el Indec.

Sobre todo porque la cantidad de familias afectadas por la pérdida de vitalidad de la actividad económica y erosión de sus ingresos supera en más de 10 veces a la que aún tiene alguna capacidad de ahorro y es la que padece en mayor cuantía el efecto de la destrucción de puestos en la actividad privada, el recorte y supresión de horas extras en las fábricas y el comercio y la que, según el Indec, ha comenzado a sufrir el efecto desaliento, esto es el retiro del mercado de trabajo porque observa que las puertas se cierran en lugar de abrirse.

No hace falta ser psicólogo para advertir que la risa del ministro de Economía lejos de ser de alegría es nerviosa y de impotencia, ante la carencia de ideas y de capacidad técnica para revertir decisiones de política que en poco más de 18 meses transformó lo que se creía sellar como una década ganada, en un decenio que finaliza con tendencia a revivir las peores épocas institucionales y económicas de la larga historia de decadencia y de pérdida de oportunidades para la mayor parte de los argentinos.

La Presidente comunicó ayer seis anuncios destinados a incentivar el consumo interno, con la inyección a partir de junio de $1.400 millones, a través de la suba de los subsidios familiares, asignación universal por hijo y otras asistencias destinadas a favorecer la capacidad de compra de los hogares argentinos. Significa el equivalente a un aumento de la demanda privada de 1,4% por mes, la cual anualizada representará menos de un punto porcentual.

Pero como paralelamente no se anunciaron medidas vinculadas con el fomento de la inversión productiva, no hay motivos para pensar en un impulso de la actividad productiva y por tanto la mayor parte del impacto recaerá sobre los precios, pese a que ahora se los busque contener con movimientos políticos y juveniles, carentes de idoneidad. Podrán hacer que no suban los precios, pero no que se elaboren más productos y que éstos lleguen a las góndolas.

Lejos de responder a iniciativas innovadoras y con visión de futuro, parece un avance acelerado hacia el pasado, pese a su probado fracaso.