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El uso político de la economía

La Presidente dedicó el primer tercio de su balance de gestión antes de dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso nacional a los singulares logros en materia económica y se amplió a más de la mitad de su oratoria de poco más de tres horas y medias si se toman en cuenta las referencias a los aspectos sociales vinculados con la economía, como los programas asistenciales, los salarios docentes y las obras de infraestructura.

El uso político de la economía quedó puesto de manifiesto en el tiempo y prioridad que le dio Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa, sino fundamentalmente en destacar como grandes méritos a lo que fueron claros fracasos, y principalmente en omitir muchos de ellos.

Entre los primeros la Presidente resaltó la política de desendeudamiento, tanto en términos absolutos, dólares, como también en valores relativos al nivel del PBI, producto de la quita de unos u$s65 mil millones con el canje da en default en 2005; el pago al FMI de u$s9.530 millones al FMI en los primeros días de enero de 2006 y haber concretado otros pagos por unos u$s70.000 millones en los últimos doce años.

Sin embargo, pese a esas realidades, los datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación dan cuenta de que mientras la deuda pública total, interna y externa, era equivalente a fines de diciembre de 2001, último año de la convertibilidad fija de un peso y un dólar, a u$s144.500 millones y 53,7% del PBI, en junio de 2003 asciende a u$s152.600 millones y 138,7% del PBI; desciende a un mínimo de u$s125.400 millones en septiembre de 2005, un 61% del PBI. Desde ese momento y pese a los pagos efectuados con uso de reservas y aumento de la presión tributaria sobre las empresas y también los asalariados, escaló a junio de 2014, último dato, a u$s198.900 millones. Al cambio oficial representó 43% del PBI, pero al libre actual se amplía a más de 58% del PBI.

También fue un claro fracaso la supuesta industrialización de la economía, porque no sólo el conjunto del sector manufacturero perdió participación en el PBI, sino también en la contribución a generar empleos respecto del total registrado, e incluso en su aporte a la generación de divisas si se agrega el componente energía y combustibles.

La Presidente ponderó que la Argentina registra el nivel de industrialización más alto de América Latina al alcanzar el 20% del PBI, relegando a segundo lugar a México que, según dijo, es de 17,5% del PBI; Perú 14% y Brasil 12%. Sin embargo, de las cuentas nacionales surge que dicho 20% a precios de 2004, cuya serie comienza en 2006, es equivalente a 15,7% a precios del PBI de 1993, y representa un punto porcentuales menos que en 2003 y más de dos puntos porcentuales por debajo del pico de 18,2% que había alcanzado veinte años antes.

Tampoco la estadística oficial avala el logro de la disminución de la primarización de las exportaciones, esto es la mayor participación de las ventas al exterior de manufacturas industriales no agropecuarias y de energía y combustibles sobre el total del sectores productores de bienes generadores de divisas, porque de un promedio de 41,2% en los 90 y un pico de más de 49% en los últimos dos años de la convertibilidad cayó a 40% del total en el último año.

En línea con la contundencia de esos datos, las devaluadas estadísticas del Indec también revelan que el empleo registrado en el sector manufacturero si bien creció en los últimos once años en un 50%, esto es 400 mil puestos netos, respecto del total, público y privado, que aporta al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, declinó de 24,2% en 1994 a 17,7% en junio de 2003 y a 15,1% en el último dato a septiembre pasado.

Del mismo modo podría cuestionarse la relación del salario mínimo vital y móvil actual de $4.716, como el más alto de América Latina, porque los u$s530 al cambio oficial se reduce a menos de 365 al dólar libre.

Asimismo, la Encuesta Permanente de Hogares del Indec no avala la referencia que hizo la Presidente a la creación de seis millones de empleos, tanto en el agregado de los 31 aglomerados urbanos relavados, como incluso la extrapolación al total nacional. El aumento neto entre mediados de 2003 y fines de 2014 fue de 3,6 millones de personas, y se amplía poco más de 5 millones si se toma como referencia el mínimo anotado en mayo de 2002, bajo el inicio de la presidencia de Eduardo Duhalde, quien entregó el mando un año después con la economía en recuperación y creación de 1,4 millones de puestos de trabajo netos.

Los grandes ausentes
La Presidente decidió omitir aspectos relevantes de la economía donde el país ocupa los primeros puestos en el mundo, por su nivel de descrédito de la gestión.

Entre ellos sobresalen una tasa de inflación que pasó en los últimos ocho años de tasas de un dígito porcentual al año a un rango de dos dígitos altos, más de 35% en la actualidad.

El nivel de pobreza e indigencia, también en el rango de dos dígitos porcentuales de la población total, razón por la cual se dejó de elaborar la estadística a partir de la segunda mitad de 2013.

La fuga de capitales, que pasó de un total acumulado de 109 millones de dólares a fines de 2001 y 122.500 millones en diciembre de 2003 a 154.000 millones en 2007 y a más de u$s227.000 millones en el último dato a septiembre de 2014, según comunicó el Indec, por la política hostil contra la inversión extranjera directa y el impuesto inflacionario.

También estuvieron ausentes en el balance de gestión que hizo Cristina Kirchner las referencias al aumento de la carga impositiva sobre los ingresos de los trabajadores y las ganancias de las empresas en unos 15 puntos porcentuales en términos del PBI, en forma agregada, por la concurrencia de la no actualización de los mínimos no imponibles y permitir el ajuste de los balances por inflación, sino también por el impuesto inflacionario que se suma por el desfase entre el período del aumento nominal de los salarios y jubilaciones, cada un período medio de seis meses, y la suba diaria del promedio de precios de la economía.

Y pese al singular incremento de la presión tributaria, el resultado de las finanzas públicas pasó de un superávit de más de dos por ciento del PBI a un déficit pico de 8,2% en diciembre último y más de 4% en el promedio de 2014, sólo a nivel nacional. Deben agregarse un par de puntos de desequilibrio de las provincias y municipios y también el cuasi fiscal que genera el Banco Central con el financiamiento a tasa cero al Tesoro nacional y pago de tasas de más de 26% anual a los tomadores de Letras y Notas, principalmente bancos e inversores institucionales, como la Anses, compañías de seguro y fondos de inversión.

También se omitió toda referencia al cepo cambiario, las trabas impuestas a las importaciones y la política deliberada de apreciación del peso, los cuales se aunaron para provocar una severa pérdida de competitividad de la producción nacional y la consecuente contracción del comercio exterior argentino.

La lista del uso político de la economía podría continuar con la deliberada desactualización de los cuadros tarifarios de las empresas de servicios públicos, en particular para los sectores de medianos y altos ingresos; o las deficiencias en materia de infraestructura, porque las obras, energéticas, viales, portuarias, amén de las necesidades de asistencia educativa y hospitalaria estuvieron lejos de cubrir las necesidades de la población y de las empresas, entre otras, amén de la persistencia del default de parte de la deuda pública y la consecuente imposibilidad de acceder al mercado internacional de capitales a tasas de menos de 5% anual, como le ofrecen a países vecinos y tener que aceptar costos de casi el 9% anual, como el que asumió YPF pocas semanas atrás.

Las jubilaciones se mantendrán alejadas del 82 por ciento móvil

Tras el decimotercer ajuste semestral de las jubilaciones y pensiones, que surge de la fórmula polinómica que toma en cuenta dos variables: el índice del aumento general de salarios del último semestre publicado por el Indec y el aumento de la recaudación tributaria per cápita de la Anses, el haber mínimo se elevará a partir del 1 de marzo a 3.821,73 pesos. Se aproximará al objetivo largamente demandado y emblemático del 82% del salario mínimo vital y móvil, el cual desde enero es de 4.716 pesos.

Sin embargo, la realidad mostrará que no sólo esa referencia es antojadiza sino que, peor aún, es irreal, porque el salario promedio de los trabajadores es actualmente de poco más de 10.570 pesos y sube a 11.100 pesos si se excluye el efecto de los jornales de los empleados en negro, porque no hacen aporte para el sistema previsional. Sobre ese parámetro el haber medio de las jubilaciones, que la Presidente anunció que pasará a ser de 6.806 pesos a partir de marzo, apenas superará el 61 por ciento.

Pero no sólo eso, en una economía altamente inflacionaria, donde el promedio de precios sube a una tasa de 2% por mes, y los salarios, según el Indec, tienden a acompañar esa referencia, al momento de percibir los jubilados el haber actualizado pasará a representar menos del 57% del sueldo de un activo.

A partir de ahí, y dado el régimen de Movilidad Jubilatoria, que establece un ajuste de a escalones cada seis meses, esas referencias se irán achicando mes a mes, hasta proyectarse para agosto un piso inferior al 53 por ciento y promediar en el semestre un 55 por ciento.

Y si bien la utilización del salario mínimo vital y móvil como umbral objetivo de la jubilación mínima es funcional al objetivo político de terminar el ciclo con el logro del anhelado 82 por ciento móvil de un salario en actividad, las autoridades económicas, y en especial del área de Trabajo y de la Seguridad Social, saben muy bien que en la Argentina son muy pocos los trabajadores que reciben esa remuneración mínima, excepto por la vía de subsidios y programas asistenciales, por una jornada inferior a las 40 semanales.

Pérdida de oportunidades
Si realmente es intención del Gobierno mejorar en términos reales la relación del haber jubilatorio y el salario medio de la economía, hasta alcanzar el 82 por ciento, lo primero que debiera hacer es ocuparse y preocuparse por abandonar una política que en los últimos tres años se concentró en generar alta inflación, para poder cobrar el impuesto inflacionario a los asalariados y empresas, y destinar los recursos excedentes que pueda acumular la Anses a subir los haberes de los jubilados y pensionados por sobre el límite mínimo que surja de la fórmula polinómica, hasta alcanzar esa emblemática meta.

Hoy, con el ritmo desenfrenado de crecimiento del déficit fiscal, la Secretaría de Hacienda depende cada vez más de las transferencias de utilidades de Banco Central y de la Anses. En este último caso en el último año superaron los 39.000 millones de pesos: representaron el 11 por ciento del total de las jubilaciones y pensiones, más juicios perdidos, abonadas en ese período.

Si esos recursos se hubiesen destinado a elevar los haberes del sector pasivo, el nivel promedio hubiera ascendido al equivalente a 63 por ciento del salario promedio de la economía.

La brecha resultante con el punto inicial proyectado para marzo de más de seis puntos porcentuales es el efecto del impacto inflacionario, la recesión y la consecuente destrucción de empleos, sólo en el último año, porque se tradujo en conjunto en menores aportes reales al Sistema de la Seguridad Social por parte de trabajadores y empresas.

Elevado costo paga el Banco Central para contener al dólar

Después del severo descontrol monetario en los últimos días de diciembre, forzado por el abultado aumento del gasto público sin caja previa, el Banco Central decidió encarar una agresiva política de absorción de pesos de la City por la vía de la colocación de Letras entre cuatro y doce meses de plazo, pagando tasas del orden del 28 por ciento anual.

Técnicamente es lo que venían reclamando los denominados economistas ortodoxos, porque el exceso de pesos respecto de lo que demandan las empresas y las familias genera una presión severa sobre el valor del dólar y por esa vía de la inflación; como también sobre el consumo, y por ese canal, presiona a la suba de los precios, esto es de la inflación.

A partir de ahí Tomás Bulat escribió en otro medio que “el precio más cuidado de la economía es el dólar”. Obviamente, está en lo cierto. Pero del mismo modo podría dicho “el precio más descuidado de la economía es el peso”, porque lo que abunda son los billetes en circulación que dada vez tienen menos poder de compra.

El mejor ejemplo de ese fenómeno, pese a que en los últimos doce meses la base monetaria creció sólo 20%, esto es casi la mitad del ritmo que tuvo la tasa de inflación, es que la relación de convertibilidad con las reservas en divisas en el Banco Central se sostiene por arriba de 14 pesos, un 60 por ciento más alto que la atrasada paridad oficial de 8,68 pesos en el canal minorista. Se trata de una de las relaciones más altas del mundo, o lo que es lo mismo, de las peores si se considera el poder adquisitivo, ya que con un peso apenas se puede comprar 12 centavos de dólar al cambio oficial (antes del pago de un 20% a cuenta de impuestos) o siete centavos en el mercado libre.

De ahí que para evitar que esas relaciones se deterioren aún más, y agraven el grado de empobrecimiento que afecta cada vez a más argentinos, Alejandro Vanoli decidió repentinamente cambiar el rumbo de su política monetaria y retirar del mercado desde comienzos del año más de 22.000 millones de pesos netos, con la colocación de Letras por 68.315 millones de pesos de valor nominal, pese a que vencían 35.400 millones de pesos de valor nominal. Significó reducir en 5% la base monetaria en sólo 30 días y absorber gran parte del giro al sector público el 29 de diciembre de casi 30.000 millones de pesos.

El fantasma del déficit cuasi fiscal se hizo realidad
La mala noticia de esa estrategia es que, por un lado, el exceso de emisión de pesos para atenuar el rojo de las finanzas públicas se hizo a tasa cero, mientras que la posterior esterilización se hace con un costo de 28% anual. Sobre el total de Lebac en circulación de 245.000 millones de pesos el pago de intereses por año asciende a unos 69.000 millones de pesos, equivalente a 1,5 por ciento del PBI.

Ese es uno de los precios que el Banco Central decidió pagar, aunque seguramente será mayor por la demanda de gasto del sector público en un año electoral y Presupuesto 2015 que ya quedó desdibujado antes de empezar el ejercicio, para contener la inflación y la suba del dólar libre. A modo de suposición estadística debo destacar que la citada relación de convertibilidad de 14 pesos por dólar que se observa en la actualidad se elevaría a 22 pesos si la autoridad monetaria decidiera cancelar la totalidad de las Letras en circulación.

Otro de los precios que paga el Central por no inducir al Ministerio de Economía a que reordene las finanzas públicas, con eliminación de subsidios económicos a las empresas y sectores de altos ingresos (familias que perciben más de 30.000 pesos por mes, como posible punto de partida); reducción de la presión tributaria sobre asalariados y empresas, con la suba a proporciones históricas de los mínimos no imponible y ajustes de balance por inflación) y extinción de las retenciones sobre las exportación; junto a precios libres e incentivos a la inversión productiva, y liberación de las tarifas de los servicios públicos. con la creación de una tarifa social para no castigar a los sectores de bajos ingresos -más del 50% de los trabajadores, es el desaliento del crédito al sector productivo a tasas blandas de 19% anual, porque compite con ese segmento tentando a los bancos y a empresas a colocar su liquidez al 28 por ciento anual en Lebac, como ocurrió en las últimas licitaciones.

El resultado de esa política está a la vista, salvo el impulso del turismo doméstico para un cuarto de la población, en una estimación exageradamente optimista, sustentado en la pérdida de capacidad de gasto en el exterior, es la agudización de la recesión; la destrucción de más empleos; el mercado inmobiliario aún no encuentra su piso; la inflación no cede de modo genuino y permanente y por tanto la inversión productiva de envergadura se posterga otro año más.

Además, el exceso de regulaciones sobre el sistema financiero, las cuales se acentuaron en las últimas semanas con suspensiones a varias entidades de las operaciones en el mercado de capitales a través de sus casas de Bolsa, llevó al país a ocupar el puesto 172 sobre 177 en libertad monetaria, según difundió el índice que The Heritage Foundation realiza con el periódico estadounidense The Wall Street Journal.

Todos esos costos y descenso sostenido con prisa y sin pausa a las peores calificaciones en cualquier ranking mundial de indicadores económicos, sociales y políticos, se evitarían si al menos se siguieran las prácticas de la mayoría de los países, en lugar de acercarse cada vez más a los que están severamente reprobados y condenan a sus habitantes a condiciones de pobreza extrema y atraso de más de 50 años.

En ese escenario, el ingreso de capitales del exterior, sea de argentinos, sea de extraños, posibilitaría mejorar sensiblemente la relación de convertibilidad entre la base monetaria y las reservas en divisas, con un menor costo para el conjunto de los residentes. Pero la historia argentina es muy rica y muestra que los políticos prefieren los atajos y el gradualismo, antes que el ordenamiento macroeconómico de shock por su fuerte impacto inicial, pese a que los buenos resultados no sólo sucederían más rápido que tarde, sino que se tornarían sustentables, con efecto inclusivo genuinio sobre los sectores de la población más postergados.

Receta para terminar con las crisis crónicas en el país

En los últimos 70 años se ensayaron en el país los más diversos planes de estabilización de precios, como paso para superar las crisis sistémicas cada 7 o 10 años, según cómo se lo mida, pero ninguno, sea ortodoxo o heterodoxo, o una combinación de ambos, ha resultado eficaz para lograr su objetivo de modo concreto y contundente para exterminar el flagelo de la inflación y con ello, blindar a la economía del riesgo de repetición de una nueva crisis.

Así se probaron programas de controles de precios de los más diversos; inflación cero; precios administrados, desagio con el Plan Austral; caja de conversión con la Convertibilidad; y en este tiempo cambio de la Carta Orgánica del Banco Central para abandonar el rol de preservar el valor de la moneda para reorientar el crédito, y pasar a ser el principal banco del estado para financiar un gasto público que crece más que los recursos que se les sustrae a los residentes por la vía de impuestos, porque por capricho, y por suerte! en las actuales condiciones de fin de mandato, se mantiene la restricción al financiamiento con crédito del resto del mundo, en una apretada síntesis.

En este punto, cabe preguntarse si no es el momento de ensayar una nueva receta propia para las características de un país como la Argentina que se ha acostumbrado a burlar las instituciones, e intentar aplicar políticas económicas probadamente fracasadas, y que por tanto nunca debieran haber ocurrido, menos por gobiernos que se dicen democráticos simplemente porque se mantiene el voto cada dos o tres años para legisladores y cuatro para presidente de la nación.

Desde los años ’70 uno de los maestros de economistas, aún de los más contemporáneos, como Simon Smith Kuznets, Nobel de Economía en 1971, un estudioso de la estimación e interpretación de las cuentas nacionales, enseñaba en sus clases de Harvard y luego a través de sus libros que a los países se los podía agrupar en cuatro clases: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y la Argentina, para enfatizar la atipicidad de ambos casos, y que en la explicación del desarrollo económico no había que sobreestimar la importancia de los recursos naturales: Japón, que no tenía ninguno, había avanzado mucho más que la Argentina, que tenía muchos”. Frase célebre que repitió en sus libros Paul Anthony Samuelson.

A partir de esa clasificación, que en los últimos años se fue afirmando con arcaicos métodos de administración de precios e incentivo del consumo con gasto público desmedido, se me ocurre que es tiempo de que los argentinos comencemos a aceptar esa condición de ser defectuosamente diferentes, en la economía, al resto del mundo, pero que puede ser sanable de modo definitivo.

La Tesorería de la Nación como ente autárquico
El camino que se me ocurre para ser uno más en el planeta, en especial entre los casos exitosos, y no uno distinto que no sólo no logra emerger sino que pierde terreno en la capacidad de generación de riqueza relativa con sus vecinos, como Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, además de Brasil y otros, es crear la institución Tesorería de la Nación, con carácter autárquico, alejado del poder político y no modificable siquiera por nueva Ley de Congreso; así como recuperar la autarquía del Banco Central de la República Argentina, para que vuelva a velar por el valor de la moneda, esto es que no se devalue ni que se aprecie más allá de rangos muy acotados, tentativamente tres por ciento.

Su función debe ser ejecutar el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Nación propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso, con pauta mínima de resultado cero, o un déficit de hasta 3% del PBI, no acumulable, si se asegura el financiamiento con crédito externo. Y sin que pueda ser modificado, como hasta ahora, por meras decisiones administrativas del Jefe de Gabinete.

De este modo, el Poder Ejecutivo no podrá diseñar Presupuestos que sólo respondan a un trámite administrativo, sino que deberá concentrarse en la búsqueda de la mejor asignación del gasto en función de los esperados recursos tributarios, de acuerdo con los objetivos partidarios, pero sin poder desviarse de la exigencia de la extrema disciplina fiscal.

En las condiciones actuales, estimo que el punto de partida ofrece enormes grados de libertad para recuperar la solvencia fiscal sin generar situaciones traumáticas justificables racionalmente porque existen bolsones de gastos que no debieran existir, como la catarata de subsidios y gastos tributarios (exenciones) injustificables y el exceso de empleados en posiciones circunstanciales que aspiran a consolidarse en las áreas de administración que en parte podrían ser canalizadas a reforzar las áreas postergadas del sistema de salud, educación, seguridad, acción social y obras de infraestructura y en parte a aliviar la presión tributaria sobre el sector productivo y los asalariados.

Impacto virtuoso
De ese modo, con la creación de la institución Tesorería de la Nación, con funcionarios de carrera técnica y especializada en administración pública, no sólo se podrá atacar de cuajo y rápido la larga historia inflacionaria y de cesaciones de pagos reales, sino que se abrirá la puerta al desarrollo con ingreso de capitales productivos que posibilitarán un genuino aumento de los recursos tributarios.

En ese caso, el exceso de ingresos que pudiera surgir respecto de lo presupuestado deberá acumularse como Fondo Anticíclico, cuyo uso únicamente podrá votarse en el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, previa consulta a cada ministerio de las necesidades insatisfechas, para el siguiente año fiscal.

Se sabe que la inflación es un fenómeno monetario originado en la creación primaria de dinero por un sector público indisciplinado. De ahí que poniendo la caja en orden, alejada del manejo discrecional sin límite del apetito ilimitado que caracteriza a los políticos argentinos, se podrá no sólo exterminar la suba sostenida y generalizada del nivel de precios al consumidor, sino también se podrá ingresar más temprano que tarde en la senda del crecimiento y desarrollo sustentable, con aumento del empleo y el bienestar de todos los argentinos, como han logrado la mayoría de los países.

Habrá que esperar al 2017 para volver a crecer

El 2014 terminó de la peor manera: alta inflación, acentuada recesión, creciente endeudamiento del sector público, destrucción de empleos, merma del poder de compra de los salarios y jubilaciones, y arrastre negativos en todas las variables, en particular las sociales.

No se trata de predicciones personales, ni de previsiones de las consultoras privadas, sino de la simple lectura de la catarata de indicadores que en los dos últimos días del año difundió el Indec, con la pasividad que lo caracteriza y sin ameritar explicación alguna por el ministro de Economía, o de Trabajo y menos aún de los secretarios de Estado de cada área. Es lógico, ¿qué podrían haber argumentado?, que sus recetas y recomendaciones de política fracasaron, o que eso era lo que buscaban negando las enseñanzas más básicas de la ciencia económica, la cual muchos ignoran que es una ciencia social y que por tanto los desaciertos afectan severamente a las personas, más a las físicas que a las jurídicas (empresas). Continuar leyendo →

El país es forzado a vivir con billetes de 100 pesos

El Banco Central continúa impulsando la emisión de billetes de máxima denominación, cien pesos, y fuerza a muchas familias y comerciantes a perder cada dìa -centavos y hasta pesos- en el redondeo en las compras al menudeo de bienes no bancarizables, como un poco de pan, una golosina, una fruta, o verdura, o un jabón de tocador desnudo, entre múltiples necesidades cotidianas, porque no logra hacerse de dinero de las mínimas nominaciones de 2, 5, 10, 20 y hasta de 50 pesos y no está comúnmente aceptado en esos casos el pago con tarjeta de débito y menos aún con tarjetas de crédito.

Cada vez es más frecuente el reclamo de un vendedor a un consumidor de un bien o servicio, como el taxi: ¿no tiene más chico?, y la respuesta se repite cada segundo: “no!, el banco no entrega billetes de menos de cien pesos”, por lo tanto hay alguien que gana o pierde con el redondeo, por capricho del poder político.

La razón es muy simple: Sobre 100 billetes en circulación al cierre de la primera quincena de diciembre 34,5% correspondían a papeles de 50 a 2 pesos y el 65,5 por ciento restante a los de cien. Pero cuando se recalcula la participación de estos últimos en términos del valor del papel moneda en circulación se eleva a poco más de 91 por ciento del total.Esto quiere decir que del valor de la circulación monetaria en poder del público menos de 10% está compuesta por billetes de nominación inferior a la máxima, fenómeno que complica al extremo las transacciones cotidianas.

Inflación y bancarización
No obstante, el Gobierno nacional, y la nueva autoridad monetaria, han decidido, pese al contexto inflacionario de 24% en la medición del Indec y de 40% en los cálculos privados, mantener la política de emisión preferencial de billetes de 100 pesos, los cuales ya suman 3.052 millones papelitos y alcanzó el equivalente a casi 74 por habitante. Mientras que de las denominaciones de 2 a 50 pesos circulan en conjunto un total que es la mitad de la de 100 pesos, pero en valor representan por habitante menos del 10 por ciento de sus disponibilidades.

Semejante disparidad se profundiza quincena a quincena, porque el Gobierno y la autoridad monetaria miran más el costo de la impresión de los billetes, más bajo en términos relativos cuanto más alta es su nominación, porque todos demandan el mismo gramaje de papel y tinta, que las desventuras que enfrenta más de la mitad de los ciudadanos, y el supuesto deseo, indefendible, de alentar la bancarización de todas las transacciones. Al tiempo, que consideran que con esa estrategia evitan reconocer la brutal tasa de inflación acumulada en los últimos siete años.

Frente a este escenario, argumentan que es necesario que se use más el plástico no sólo para viajar, o pagar los impuestos y el valor de los servicios, sean públicos como teléfono, gas, agua, o privados, como colegios, expensas y compras en centros de compras, entre otros, sino que se extienda a los bienes que se venden a menos de 50 y 20 pesos, aunque no se toman las medidas conducentes a ese proceso, como combatir en serio la economía en negro y exterminar la inflación.

Del lado de los banqueros, salvo raras excepciones, es común escuchar que el Banco Central debería lanzar billetes de 200 y hasta de 500 pesos para “aumentar la seguridad, reducir el costo operativo de los bancos y que se termine el problema de faltante de dinero en los cajeros automáticos”.

Sin embargo no ocurre a menudo oír argumentos sobre que corregir un problema en el extremo superior del mercado no soluciona los costos operativos que se acumulan en el extremo inferior, no sólo porque el poder adquisitivo promedio de las familias se mantiene en niveles inferiores a los 10.000 pesos, sino también que más de un 35% se desempeña en la informalidad y que la mayoría de los alimentos y artículos de limpieza que consumen la mayor parte de los hogares no sólo tienen precios inferiores a 50 pesos, sino que se expenden en lugares donde la presencia de bancos es muy baja y casi ninguno se ha especializado en entregar cambio en forma ágil.

Pero no sólo eso, la mayoría de los países en desarrollo y más aún los altamente desarrollados tienen en circulación billetes con máxima nominación que equivalen a casi diez veces el peso argentino, en el caso de los EEUU y hasta más de 80 en el de Europa, y sus índices de bancarización (relación de depósitos y préstamos con el PBI) es superior entre cuatro y cinco veces.

De ahí que entre las asignaturas pendientes que se prevén que quedarán para el próximo gobierno no sólo estarán la superación de los desequilibrios macroeconómicos, sino también la de equilibrar la proporción de la circulación de billetes de todas las nominaciones necesarias para las transacciones al menudeo y también el lanzamiento de emisiones apropiadas para grandes operaciones.