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Que 2015 sea un año de tres semanas

Esta nota es una mezcla de buenos deseos y opinión. No es cuestión de tirar pálidas solamente, de modo que detallaré mis esperanzas para el nuevo año con todo optimismo.

Empiezo entonces resumiendo con el título. Anhelo que, en términos de acción de gobierno,  este sea un año de tres semanas: las que van del 10 al 31 de diciembre.

El resto del año espero que el gobierno no haga nada, o, si fuera necesario, que no le permitamos hacer nada, entre la ciudadanía, el periodismo libre, la oposición y la justicia.   

Estos son mis deseos: 

- Que no se tome ninguna medida que aumente el gasto: nombramientos, designaciones, contrataciones, tercerizaciones y compras de cualquier otro tipo. Si fuera posible que se subejecuten todas las partidas presupuestarias. Continuar leyendo →

Y cuando Cristina se haya ido, ¿qué?

Venimos tratando de imaginar el futuro sin Cristina Kirchner, si Dios quiere, o dicho con más propiedad, de intentar discernir los caminos económicos que podría recorrer el próximo gobierno.

Ya propusimos fijar primero una misión, una meta a mediano plazo, y luego, descendiendo a las urgencias, hablamos del cepo y el modo de salir de él en un solo día, con un mercado libre de cambios, sin el Central. Esto, para escándalo de los liberales locales, que temen a la libertad y sus horribles efectos.

Si quiere leerlas están ahí, son las dos primeras a la derecha de su pantalla, Señora. Continuar leyendo →

La estafa de los derechos adquiridos

Solemos pasar por alto los elefantes y ocuparnos de las ovejitas. Se leen por doquier las críticas al robo al Estado, el exceso de gasto público, “lo que roban estos tipos” y similares conceptos, todos válidos o con una alta dosis de verdad.

Pero somos más inocentes cuando vamos a lo concreto. A buscar las raíces de los problemas o el modo más fácil de resolverlos. Caemos en generalidades y frases hechas, y preferimos, por desidia, por conveniencia o por lo que fuera, no profundizar en algunos temas.

Por ejemplo, no queremos aceptar que toda corrupción del Estado tiene un socio y cómplice privado. Nos parece que el funcionario tiene una obligación ética y de lealtad, mientras que el privado es “un empresario que defiende su empresa”. Tenemos que revisar urgentemente la definición de empresario o por lo menos hacer una gran división.

Y también habrá de revisarse el límite preciso de estos derechos adquiridos que la mayoría de las veces son derechos comprados, que aunque parezca un sinónimo no lo es.

Miles de “empresarios creativos” inventan negocios inviables o inexistentes y luego se asocian con los funcionarios para expoliar al Estado. Sobreviven de gobierno a gobierno y van evolucionando. Una vez que se ganan la confianza de los funcionarios corruptos, son éstos quienes los buscan con nuevas ideas para desarrollar.

En el imaginario popular, sólo unos poquísimos nombres son demonizados con el estigma. Pero hay miles prendidos al presupuesto nacional y a los provinciales y municipales. Caminos, puentes, represas, informática, subsidios, importación de gas y petróleos, concesiones, venta de equipamiento militar, hospitalario. No se trata de “facilitating payments”, como los llama la hipocresía americana. Son auténticas sociedades para robar.

Allí hay empresarios que comparten y empresarios testaferros o prestanombres. La industria de las facturas truchas para justificar impositivamente el pago de retornos ha evolucionado ahora a facturas truchas al Estado, que no recibe ningún servicio, donde el funcionario corrupto devuelve al “empresario” el 30% y se queda con el resto.

Los presupuestos tienen hoy ese efecto acumulado. Todos estos casos tienen un denominador común. Si alguien quisiera eliminarlos se enfrentaría a que se le opondría el concepto de derechos adquiridos, o de seguridad jurídica, en términos de lobby. Un lobby poderosísimo que se mide cuando se empiezan a barajar nombres, muchos de ellos consultados por la prensa diariamente como si fueran expertos en otra cosa que el latrocinio.

Vamos a poner dos ejemplos recientes. El primero la Ley de Hidrocarburos que se acaba de aprobar y que es tema de comentario en todos los medios. En esa norma, además de otras barbaridades que no son objeto de esta columna, se otorgan preferencias, concesiones y prebendas de todo tipo a empresas amigas, socias, testaferros, y seguramente a alguna que no ha hecho nada malo pero que se beneficia en la volteada.

Esos privilegios, además de la falla ética,  ponen en riesgo cualquier política energética -si alguna vez hay una- al establecer un derecho de pernada y un virtual oligopolio para esas empresas, que aportarán un muy bajo financiamiento en una actividad que requiere justamente todo lo opuesto. También ahuyentará a las pocas empresas en el mundo con capacidad técnica y financiera para la gigantesca y difícil tarea de explotar Vaca Muerta.

Cuando alguna vez tengamos gobierno, necesariamente tendrá que revisar estos privilegios para poder incorporar a los grandes jugadores. Se encontrará entonces conque estos beneficiarios de hoy reclaman una compensación fabulosa por sus “derechos adquiridos” sea lo que fuere que esa frase signifique. Así crece exponencialmente el gasto del Estado. Con decisiones que nadie entiende, a veces sin coherencia, a veces con cláusulas secretas.

En la cola se pondrán a partir de la fecha los afectados por esta ley que se aprueba hoy, enarbolando también los derechos adquiridos problablemente de algún modo similar. Los montos son mucho más significativos que el ahorro real de despedir empleados, vagos o no, medida que también se suele esgrimir siempre, con cero resultado.

Lo mismo ocurre con la ley de Medios bis, o como se quiera llamar a la reciente Ley de Telecomunicaciones que permite la entrada de las telco en el juego del cable, con o sin justificativo. Va a generar juicios por enormes reclamos que el Estado perderá, como siempre, por parte de los antiguos protagonistas, protegidos de la competencia de la banda ancha, y en el futuro, reclamos de todos los nuevos beneficiados cuando la práctica obligue a los cambios que ya se advierten va a sufrir la norma en el futuro.

La cantidad de casos y los montos son tan relevantes, que se debe pensar en los mecanismos de legislación de emergencia para poder modificar o anular estos contratos, y en el tratamiento permanente futuro de estos convenios, a la vez que en un plan sistemático para la detección y revisión de estos casos. Definitivamente, también habrá que modificar las responsabilidades penales de los privados en la corrupción de estado. Si la oposición habla de derogar el Código Civil, con más razón habría que revertir estos “derechos adquiridos”. Cierto que habrá que enfrentarse al lobby más poderoso y de rancia corrupción de la Argentina.

Está claro que se debe respetar la seguridad jurídica, pero un punguista no puede alegar el derecho de posesión de una billetera robada, ¿no?

Esto es más necesario cuando se advierte que varias de estas normas han sido hechas  a las apuradas y con el solo propósito de generar privilegios, prebendas o ventajas políticas antes del cambio presidencial de 2015.

Por una serie de razones muchos dirán que esto no es posible. Nada es posible entre nosotros, salvo robarle al Estado. Y hablar al vicio.

¿Quiénes bajarán el gasto a sangre y fuego?

Hasta aquí hemos venido hablando de en qué y dónde bajar el gasto. Empecemos ahora a hablar de los quiénes y los cómo.

La organización humana empieza con el siguiente nombramiento:                                                         

Auditor General del Presupuesto

1. El Presidente de la Nación designará al Auditor General del Presupuesto, quién le reportará directa y exclusivamente.

2. Durará cinco años en su cargo y será inamovible, con las mismas condiciones que rigen para un senador o para el Presidente del Banco Central. Continuar leyendo →

Cortando el gasto: cuchillo entre los dientes y mucho management

Siguiendo con  mi nota anterior, sostengo que bajar el gasto no debe ser una reacción histérica y prepotente, sino una tarea profesional y técnica.  No ya de técnica económica, sino de Gerenciamiento de proyectos y presupuestos, más la utilización de profesionales en políticas públicas, tarea para las que existe formación académica en el país, cuyos frustrados egresados tienen poca o ninguna salida laboral.

Todo lo detallado enmarcado en una política de estado de reducción del gasto, y la aplicación de las políticas públicas correspondientes.

Urgido por la realidad,  usted, lector,  ya me está diciendo que estoy loco porque no se puede esperar tanto tiempo, que hay que cortar de un tajo. Permítame que le retruque: ¿Por qué se cree que nunca se bajó el gasto? Porque siempre hemos pensado de ese modo y al final no hicimos nada.

Para que se quede tranquilo, vamos a establecer una diferencia en la metodología y en la velocidad de las medidas a tomar, según el tipo de gasto. Lo explicaré en seguida. Pero primero querría salir al cruce de un pensamiento facilista, que podríamos describir así: «echemos a todos esos vagos empleados públicos, y que se vayan a laburar al sector privado»

Puede que el método sea rápido, pero ofrece, como decíamos en la nota anterior, el problema de que se corren riesgos muy serios de inequidades e ineficiencias de todo tipo. Con  el  peligro de dejar lo peor dentro de los presupuestos. De todas maneras, cabe una pregunta: ¿qué va a hacerse con los que sobren? Porque el sector privado, por muchos años, no podrá ofrecer ninguna cantidad relevante de empleos.

Como no estamos empezando el mundo de cero, como dije, todos los ajustes deben hacerse, pero no al voleo. Eso no significa que no hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo bien, y eso lleva tiempo y estudios serios.

 

Todo el análisis de baja del gasto debe arrancar al mismo tiempo

 

Si bien existen varios tipos de gasto, se debe comenzar toda la tarea al mismo tiempo, con diferentes equipos, aceptando que algunas tendrán resultados más rápidos dado su conformación y otras más lentos dada su complejidad. Será importante que se muestre a la sociedad esos resultados rápidamente y  se apliquen los cambios, como un modo de reforzar el compromiso y de empezar a producir ahorro  lo  antes posible donde efectivamente pueda hacerse.

Haciendo esa salvedad, detallamos los rubros o grupos donde más rápido se podrán obtener resultados.

 

Por dónde empezar a cortar

Estos son los rubros por dónde se podrá empezar la reducción,  los que más fácil resultan de detectar y eliminar, y los que mayor sustento ético tienen. Aún sabiendo que ofrecen flancos jurídicos que hay que resolver, habrá que enfrentarlos, pelearlos y ganarlos. Y hay modos. Empezando por un juicio penal por cada caso de corrupción que se encuentre.

 

Contratos, tercerizaciones, concesiones, sistemas de subsidios y «Sociedades Anónimas» del Estado

Cada uno de los contratos y sus prórrogas de cualquier índole o formato, concertado por el método que fuese, será analizado por un equipo multidisciplinario, (explicaremos el modo) en su génesis, su razonabilidad, sus costos y los reclamos generados. Se elevará a juicio cualquier contrato irregular. Se hará un seguimiento de vencimientos para evitar las prórrogas automáticas. Se anularán los contratos irregulares con procedimientos legales. Se adecuarán las leyes  para evitar la industria del juicio y se implementará un sistema de workflow para evitar la caída deliberada de los plazos procesales, viejo truco indio para hacerse millonario a costa de nosotros.

Se identificará a los titulares reales de todas las empresas que contraten con el estado, lo que está ya legislado actualmente. Todo contrato o concesión con empresas sin identificación de sus accionistas EN EL MOMENTO de la contratación, será pasible de ser anulado. Toda transferencia de titularidad de un contrato o de las acciones de un contratista, deberá contar con la aprobación del estado.

Se pondrá  énfasis en los servicios de consultoría de toda índole, no sólo apuntando a detectar los despropósitos contenidos, sino a su eliminación.

En este rubro se prevén rápidos éxitos y resultados. La ciudadanía deberá ser informada rápidamente de los hallazgos, los juicios y los ahorros producidos. El efecto Ciccone debe permear a toda la sociedad.

 

Subsidios

El sistema de subsidios de cualquier tipo debe ser modificado en la planificación para propugnar su cambio en la realidad. Cualquier tipo de subsidio será entregado directamente al beneficiario, en una cuenta de ahorro, caso por caso.

A esta altura de la tecnología y el espionaje, es absolutamente fácil determinar quién es pobre, cuántos hijos tiene, consumo eléctrico, calidad de vivienda, etc. Entonces, distribuir subsidios entregándoselos a empresas, punteros, Milagro Sala u otras ONG’s, es no solo ineficiente sino una fuente de corrupción y desperdicio. Las tarifas deben ser únicas, y los problemas de equidad resolverse con subsidios directos.  De paso, el mecanismo evitará los beneficios repetidos, como los abusos en los planes, asignación universal por hijo, gas, electricidad, etc.

Una tarjeta y registro único de beneficiarios de subsidios es vital para la equidad, la eficiencia y el contralor. No es difícil y será muy útil. El reflejo de esta política en el presupuesto será muy notorio.

Una reflexión. Deben descartarse de planos los planteos del tipo «Habiendo tantos otros gastos y robos que cortar, ¿por qué cortar justamente esto?» Tal pensamiento es paralizante y minimizante. Siempre habrá otros gastos, prebendas y robos que cortar, menos el que le conviene a cada uno.

 

Personal designado en los últimos 6 años por sobre ciertos niveles salariales mínimos

Se pondrá en revisión con iguales sistemas todos estos casos. La diferencia será que se dejará de abonar  de inmediato estos salarios por encima de los mínimos en cualquier formato que se hubiera contratado. También en este caso se promoverán acciones penales contra los funcionarios y los beneficiarios, cuando no surja claramente la razón del pago excepcional.

Este procedimiento se realizará tanto en las reparticiones del estado como en cualquiera de las sociedades con cualquier formato que dependan del estado. Se harán públicos los nombres de los beneficiados con este otro truco indio.

 

Jubilados con regímenes excepcionales sin aportes

Si bien es cierto este rubro no forma parte de lo que se conoce como gasto, cuando se genera un déficit debe ser absorbido de algún modo.  Se incluyen aquí los 3000,000 de jubilados sin aportes beneficiados por regímenes especiales en los últimos 7 años. Se analizarán todos los casos y se establecerá un régimen para el futuro que no ponga en igual nivel las actualizaciones de estas jubilaciones con las de quienes cumplieron con todos sus aportes. También se revisarán en igual sentido las jubilaciones de privilegio concedidas en este período.

Es posible pensar en tomar un grupo significativo de casos piloto para analizar si efectivamente correspondió el otorgamiento del beneficio dentro de la normativa vigente. Si de ese test surgiera  un resultado alto de incumplimiento, tendrá sentido pensar en ampliar el estudio para anular toda jubilación mal concedida.

En términos de carga impositiva total, no es descabellado pensar que se pueden obtener ahorros que permitan reducir el costo laboral.

 

Tarifas desactualizadas o políticas en  todos los servicios públicos y privados

Se trata del valor de las tarifas, no de los subsidios, que están tratados por aparte más arriba. En un lapso de tres años estas tarifas deben ser gradualmente adecuadas a la realidad y por vía de subsidios individuales debe resolverse la situación de los carenciados o necesitados.

Este paquete de componentes del gasto indirecto será la primera etapa a cumplir. La idea es obtener rápidos resultados, un fuerte apoyo de la población, y dar una base ética importante a los ajustes al gasto en general.  Si bien es cierto todo este grupo de gastos NO ES tan relevante como el resto del presupuesto, el global sí lo es, y además el ahorro porcentual puede ser muy grande por las barbaridades contenidas.

Por  otra parte, las tarifas son fundamentales en los casos de energía para estimular la producción, razón primordial de la pérdida del autoabastecimiento energético.

Estas tareas, como en el resto de los casos, se realizarán tanto en el presupuesto nacional como en los provinciales y municipales.

Los dejo masticando todo esto que hay que hacer, que es un poco más difícil, laborioso y técnico que simplemente decir: «hay que bajar el gasto», no?

Al mismo tiempo, analizando estos temas, se verá la gran oportunidad que se presenta de analizar desde cero todas las políticas públicas, su procedencia, importancia y costo. Si somos inteligentes, en vez de efectuar un mero trabajo de corte de gastos, podemos transformar esta instancia en un proceso refundacional del estado y consecuentemente  del sistema impositivo y toda la economía.

Eso sigue la semana próxima. Duro, espero que útil.