La Corte Constitucional tiene en sus manos decisiones trascendentales para el presente y el futuro del país. El plebiscito, la conformación de una comisión legislativa o “congresito” y los poderes especiales para el presidente de la república, todos ellos en función de legitimar y desarrollar los consensos fruto de los acuerdos entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC).
La sociedad colombiana estará pendiente y en ascuas durante los meses venideros, a la espera del pronunciamiento inobjetable y definitivo de dicha corporación, que los puede considerar exequibles o inexequibles, parcial o totalmente y hasta podría intervenir modulando sus contenidos.
Después de la Guerra de los Mil Días, Colombia, no obstante su historia llena de vicisitudes y violencia política, pocas veces se ha visto encarada, como ahora, ante definiciones que pueden alterar en grado superlativo su rumbo. Sabemos que es difícil comparar coyunturas de alta tensión, puesto que cada momento está rodeado de circunstancias irrepetibles y únicas. Sin embargo, es válido reflexionar, ya que aún no se ha consumado nada, si se justifica apostar la suerte del país para atraer a una agrupación guerrillera y terrorista al campo de la institucionalidad.
Los defensores de los términos de esas conversaciones sostienen que la paz es un bien supremo en cuyo nombre se debe hacer todo tipo de sacrificios y concesiones. Traen a cuento que la Constitución política consagra la búsqueda de la paz como deber de los gobernantes, como si ese mandato dijera que tal propósito tiene que hacerse a cualquier costo, incluso violando la Constitución. Continuar leyendo