El presidente Santos continúa ensillando sin traer las bestias. Su mayoría parlamentaria acaba de aprobar la convocatoria de un referendo que tendría por objeto someter a consideración de la ciudadanía los probables acuerdos de paz que se firmen en La Habana. El Marco Jurídico para la Paz fue expedido para ser aplicado a las guerrillas en un eventual acuerdo de paz. Quiere decir esto que el Estado colombiano se atiene a legislar ante una probabilidad, un albur, que, cada día que pasa, se hace más inviable.
A las FARC nada de lo que ha hecho y concedido este gobierno les ha llamado la atención. No le hacen buena atmósfera a leyes que contemplen algún castigo penal o una consulta a la población. Piensan que en una negociación de iguales, el otro igual, el Estado, no puede imponerles penas. Y de votos, ¡ni locos que estuvieran! pues saben que llevan las de perder. Tampoco las llena la actitud regalona e incondicional consagrada en la política de paz que echó a caminar el presidente y su Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo.
¿Qué es lo que quieren, entonces? “Refundar el Estado” es lo que han dicho sus voceros en diversas ocasiones. Eso implica la convocatoria de una asamblea constituyente con delegados a partes iguales. El presidente Santos ha perdido, hace buen rato, todo margen de maniobra y negociación en tanto se agota el tiempo para definir si va o no por la reelección. Sabe que para salvar la partida necesita que las FARC le firmen un acuerdo presentable y ellas conocedoras de sus afanes lo tienen maniatado, a su merced y le cobrarán duro, muy duro, satisfacer su demanda.
El desespero del gobierno se puede apreciar en las declaraciones del jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, quien reafirmó antes de salir rumbo a una nueva ronda que las negociaciones en principio no son sobre la paz sino que buscan acordar un conjunto de reformas a ser acometidas en una fase de transición de 10 años. Lo que suena muy curioso es que haya invitado a la nación a apoyar las conversaciones de paz si lo que se está discutiendo no es la paz. Y epígonos angustiados hacen circular el falaz argumento de que los tiempos de las FARC son rurales por tanto lentos, mientras los del gobierno son urbanos, con el que intentan justificar la falta de acuerdos a la vez que dan por sentado que las guerrillas representan el campesinado y no un anacrónico proyecto comunista. La angustia oficial lleva al fiscal Montenegro a atacar groseramente a la fiscal de la Corte Penal Internacional acusándola de rígida y dogmática en la defensa del derecho internacional humanitario.
No sabemos si, entre las muchas estrategias ensayadas por Santos para enmendar la plana, hayan apelado a meterle miedo a Márquez, Timochenko y compañía con el creciente apoyo popular a las tesis del uribismo y la posibilidad de un triunfo electoral del Centro Democrático, que significaría la cancelación de la mesa y el reinicio de una gran ofensiva militar. A lo mejor, puede creer que pintar a Uribe y a sus candidatos a la presidencia y al congreso como sedientos de sangre y partidarios del exterminio de las guerrillas melle la actitud diletante que hasta ahora han mantenido.
Que en el discurso de Santos, de Montenegro y de la Calle, de congresistas enmermelados y en la publicidad oficial se presenten como enemigos de la paz no a las guerrillas que exigen 99 condiciones en el segundo punto para seguir en la tertulia, no a las guerrillas que arrecian en sus ataques terroristas contra la fuerza pública y la población civil, como en Tumaco, sino a quienes con argumentos políticos demuestran la insinceridad de las FARC, su doble juego, su aprovechamiento de la ocasión para fortalecerse, es, claramente, una argucia miserable, un golpe bajo, una imperdonable mezquindad, porque ese es el primer paso para pasar a usar al uribismo y a los críticos del proceso como carta de amenaza.
Las FARC, pues, tienen la manija de las conversaciones. Entienden que el presidente sería capaz de moverse de su posición de aparente inflexibilidad en mantener el Marco Jurídico para la Paz y el referendo y es lo que van a forzar y si no lo pueden lograr, les queda la opción de continuar los diálogos más allá de fines de noviembre, sin ningún compromiso de firmar un acuerdo y buscando ser protagonistas de la próxima coyuntura electoral. A fin de cuentas, ya el presidente dio a entender que la negociación se tomará más de lo previsto. Y, como en la política de paz se estipula que en función de la misma se justifica tomar medidas extraordinarias, pues nada raro que nos veamos en un escenario impensado. Para eso tiene de ministro de Justicia a uno de los más hábiles alfiles del samperismo, fuerza política que soporta este impresentable experimento. ¿Y qué pasará con el referendo? La Corte Constitucional dará cuenta de ese esperpento, el presidente es consciente de ello. Así que no vale la pena analizar su contenido, es que no hay ni habrá nada para refrendar.
Coda: con la elección de Óscar Iván Zuluaga como candidato del uribismo a la presidencia se evita el duelo familiar Santos versus Santos.