Desarrollo y políticas sociales igualitarias

La cercanía del final del ciclo kirchnerista nos obliga a pensar en la Argentina que viene. Se trata, por supuesto, de abrir una nueva etapa, superadora de la actual, para encarar los enormes desafíos que enfrenta el país. Sin embargo, es fundamental que no cedamos a la tentación de borrar de un plumazo todo lo hecho para arrancar de cero, como tantas veces se ha hecho en la historia argentina, con consecuencias que hoy estamos pagando. Si hay cosas que se hicieron bien, hay que identificarlas e insistir en ellas. Esto no irá en desmedro sino, por el contrario, fortalecerá las nuevas políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de quienes más sufren, que deberán constituir el núcleo programático del próximo gobierno.

Entre las políticas sociales puestas en marcha por la actual administración, es destacable la Asignación Universal por Hijo, que había sido propuesta por fuerzas de la oposición. Aunque transferir dinero directamente no es la mejor solución para resolver problemas de pobreza, se trata de una respuesta adecuada para la emergencia, mientras se planifica una contención integral a través de educación, salud y vivienda de calidad. También fue positiva la moratoria jubilatoria, que permitió el ingreso al sistema de seguridad social de miles de trabajadores y amas de casa que no contaban con 30 años de aportes. Esta población es la de ingresos más bajos, por lo que la jubilación pasó así a ocupar un lugar importante en la lucha contra la pobreza. Por supuesto, es necesario un debate de todas las fuerzas políticas, en busca de un camino que haga sustentable el sistema previsional, de manera que no hipotequemos el sostén de los jubilados futuros.

Otra decisión acertada fue el lanzamiento del programa Conectar Igualdad, que consiste en entregar una netbook a cada alumno de escuela pública en el país, con lo que resulta una puerta de acceso la información y un instrumento igualador de oportunidades.

Sabemos, del otro lado, que son muchas las deudas en materia social que dejará el kirchnerismo. La primera tarea será generar reglas económicas distintas, porque las actuales castigan principalmente a los sectores vulnerables. Es urgente bajar la inflación, que no es otra cosa que un impuesto a la pobreza. Es imperativo, también, ordenar la macroeconomía para atraer la inversión y que se generen puestos de trabajo y vuelva crédito. Debemos terminar con la Argentina en la que sólo puede acceder a una vivienda propia quien cuenta con una gran suma de dinero ahorrada. Los de menores recursos son los que más sufren esta economía del dólar paralelo, de los casinos, de la imposibilidad de ahorro y de los préstamos personales en lugar de hipotecarios.

Hay que terminar con la falsificación de los indicadores del INDEC. Si no aceptamos la realidad, difícilmente podamos mejorarla. Y hay que revertir la precarización laboral. El 33,5% de la población económicamente activa trabaja hoy en negro y esto significa que un tercio de los argentinos no está generando aportes para su futuro, no califica para ningún crédito y carece de obra social.

Hay que ocuparse del acceso al suelo y de su urbanización, ya que la existencia de tierras sin servicios públicos -agua, saneamiento, luz, gas, asfalto- aumenta el riesgo de tomas ilegales en las principales ciudades del país. Las redes de servicios prácticamente no crecieron en la última década en el conurbano bonaerense, lo que, sumado al crecimiento de la población, explica en gran parte el crecimiento del déficit habitacional del país en un 24%.

El 80% gasto social en transferencias del Estado está focalizado en la moratoria de ANSES, pero durante los últimos años no existió una política concreta para la primera infancia. En la Argentina hay alrededor de 4 millones de niños y niñas de hasta 5 años. Justo en esa etapa de la vida, en la que se enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad, la mitad de ellos vive en condiciones de hacinamiento y el 60% integra hogares cuyo jefe/a tiene un empleo precario o está desocupado.

La deuda social es enorme y debemos atacarla sin demora. Hace falta una planificación a largo plazo y no el proyecto de un líder carismático que sólo dure un año. Hay que integrar las políticas que hoy funcionan a un programa superador que abarque la totalidad de la situación. Sólo con políticas sociales igualitarias, que prioricen a los más vulnerables, podremos vislumbrar un cambio. Porque proyectar un país desarrollado implica indefectiblemente la idea de una sociedad con igualdad de oportunidades.

Otro modelo de vivienda social, otro modelo de país

Para ser mejor y más justa, la Argentina que viene necesita un plan de ordenamiento en territorial. Un Estado serio y eficaz debe estar presente, no para hacer clientelismo, sino para facilitar el acceso al suelo de quienes lo necesitan y para proteger la propiedad privada. Hoy eso no sucede y un solo dato basta para reflejarlo: durante los últimos diez años, menos de la mitad de las tierras transferidas en el Conurbano bonaerense tramitaron por la vía formal. Esto no es casual: demuestra que para muchísimas familias es imposible acceder al suelo en forma regular. Y un emergente de esta situación tan difícil son las ocupaciones ilegales de terrenos en la Ciudad de Buenos Aires también. En los últimos meses sufrimos siete intentos de toma solo en la comuna 8 (Villa Lugano) También sucede en otras parte del país, porque la realidad social es difícil en todos lados y la vivienda es la problemática más sensible para los sectores vulnerables.

Prácticamente una de cada cuatro familias de la Argentina no tiene una vivienda digna. Un 10% de los hogares comparte el espacio con otro, o habita en construcciones muy precarias en términos de materiales, y otro 14% vive en viviendas precarias recuperables o en situación de hacinamiento. Esto redondea un 24% de familias en una situación que técnicamente llamamos déficit habitacional y que en la vida real significa que casi un cuarto de quienes habitan en el país vive en un espacio que, en lugar de ayudar, dificulta enormemente su desarrollo como personas para su propio bienestar y para la construcción de una sociedad mejor. El escenario del déficit habitacional es alarmante en todo el territorio, aunque desigual geográficamente: va del 11,6% en la Ciudad de Buenos Aires al 54,4% en Formosa.

En el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) estamos trabajando para modificar esta realidad. Entendemos que el crédito hipotecario, con condiciones que lo hagan realmente accesible, es la herramienta ideal para enfrentar la crisis habitacional, porque tiene un fuerte efecto igualitario e inclusivo. Representa un paso adelante con respecto al eje de la tradicional política en esta materia, que consistía en la construcción de grandes edificios de viviendas sociales, que en muchos casos terminaban con problemas estructurales y estigmatizaban a sus habitantes. Con el crédito hipotecario, es la persona con necesidades –y no una dependencia pública- la que elige dónde y cómo quiere vivir.

Sabemos, por supuesto, que hoy en la Argentina el acceso a los créditos hipotecarios es por demás limitado. La falta de políticas públicas nacionales que apunten a resolver el problema de la vivienda, combinada con la elevadísima inflación y el cambio permanente de las reglas de juego, han vuelto inalcanzables los créditos para la enorme mayoría de las personas que realmente los necesitan. Por eso, el IVC, en conjunto con el Banco Ciudad, lanzó la línea de créditos hipotecarios Primera Casa BA. Pensado para familias de ingresos bajos, tienen plazos de devolución de hasta 30 años y una tasa de interés subsidiada, de manera que la cuota mensual puede ser de 2.500 pesos, un monto que hoy se paga en la Ciudad en alquileres informales, incluso en villas.

Su criterio de adjudicación busca priorizar las situaciones más vulnerables, con la lupa puesta en las variables de hacinamiento, discapacidad y número de integrantes del núcleo familiar. De esta manera, no da espacio a los intereses políticos que sostienen la corrupción y el clientelismo. Un ejemplo de esto último es el plan de crédito para viviendas ProCreAr, que el Gobierno nacional relanzó el año último: con un falso concepto de igualdad de oportunidades adjudica las viviendas sin ningún tipo de selección –por sorteo de la Lotería Nacional- y de ninguna manera cumple el objetivo que debería cumplir, que es brindar soluciones de vivienda a las familias de mayor vulnerabilidad

El plan Primera Casa, además, no admite participación en fideicomisos o pozos sino que el dinero se otorga contra presentación de los papeles del inmueble a adquirir, que deben estar en tiempo y forma y al día. Así, no da lugar a los históricos problemas de regularidad de títulos que todavía hoy padecen las viviendas sociales. Más de 1000 familias, que antes veían imposible el sueño de la vivienda propia, ya escrituraron sus departamentos durante los primeros dos años del Plan. En el último trimestre de 2013, Primera Casa representó el 35% del total de créditos hipotecarios entregados en al Ciudad, considerando tanto bancos públicos y privados.

El escenario es muy complejo, pero no es imposible de abordar si lo hacemos con planificación y políticas a largo plazo. Todas las provincias del país deben encarar con seriedad la grave crisis habitacional para que todos los habitantes de la Argentina accedan a una vivienda digna y podamos contruir otro modelo de sociedad y de país.