Por: Emilio Basavilbaso
La cercanía del final del ciclo kirchnerista nos obliga a pensar en la Argentina que viene. Se trata, por supuesto, de abrir una nueva etapa, superadora de la actual, para encarar los enormes desafíos que enfrenta el país. Sin embargo, es fundamental que no cedamos a la tentación de borrar de un plumazo todo lo hecho para arrancar de cero, como tantas veces se ha hecho en la historia argentina, con consecuencias que hoy estamos pagando. Si hay cosas que se hicieron bien, hay que identificarlas e insistir en ellas. Esto no irá en desmedro sino, por el contrario, fortalecerá las nuevas políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de quienes más sufren, que deberán constituir el núcleo programático del próximo gobierno.
Entre las políticas sociales puestas en marcha por la actual administración, es destacable la Asignación Universal por Hijo, que había sido propuesta por fuerzas de la oposición. Aunque transferir dinero directamente no es la mejor solución para resolver problemas de pobreza, se trata de una respuesta adecuada para la emergencia, mientras se planifica una contención integral a través de educación, salud y vivienda de calidad. También fue positiva la moratoria jubilatoria, que permitió el ingreso al sistema de seguridad social de miles de trabajadores y amas de casa que no contaban con 30 años de aportes. Esta población es la de ingresos más bajos, por lo que la jubilación pasó así a ocupar un lugar importante en la lucha contra la pobreza. Por supuesto, es necesario un debate de todas las fuerzas políticas, en busca de un camino que haga sustentable el sistema previsional, de manera que no hipotequemos el sostén de los jubilados futuros.
Otra decisión acertada fue el lanzamiento del programa Conectar Igualdad, que consiste en entregar una netbook a cada alumno de escuela pública en el país, con lo que resulta una puerta de acceso la información y un instrumento igualador de oportunidades.
Sabemos, del otro lado, que son muchas las deudas en materia social que dejará el kirchnerismo. La primera tarea será generar reglas económicas distintas, porque las actuales castigan principalmente a los sectores vulnerables. Es urgente bajar la inflación, que no es otra cosa que un impuesto a la pobreza. Es imperativo, también, ordenar la macroeconomía para atraer la inversión y que se generen puestos de trabajo y vuelva crédito. Debemos terminar con la Argentina en la que sólo puede acceder a una vivienda propia quien cuenta con una gran suma de dinero ahorrada. Los de menores recursos son los que más sufren esta economía del dólar paralelo, de los casinos, de la imposibilidad de ahorro y de los préstamos personales en lugar de hipotecarios.
Hay que terminar con la falsificación de los indicadores del INDEC. Si no aceptamos la realidad, difícilmente podamos mejorarla. Y hay que revertir la precarización laboral. El 33,5% de la población económicamente activa trabaja hoy en negro y esto significa que un tercio de los argentinos no está generando aportes para su futuro, no califica para ningún crédito y carece de obra social.
Hay que ocuparse del acceso al suelo y de su urbanización, ya que la existencia de tierras sin servicios públicos -agua, saneamiento, luz, gas, asfalto- aumenta el riesgo de tomas ilegales en las principales ciudades del país. Las redes de servicios prácticamente no crecieron en la última década en el conurbano bonaerense, lo que, sumado al crecimiento de la población, explica en gran parte el crecimiento del déficit habitacional del país en un 24%.
El 80% gasto social en transferencias del Estado está focalizado en la moratoria de ANSES, pero durante los últimos años no existió una política concreta para la primera infancia. En la Argentina hay alrededor de 4 millones de niños y niñas de hasta 5 años. Justo en esa etapa de la vida, en la que se enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad, la mitad de ellos vive en condiciones de hacinamiento y el 60% integra hogares cuyo jefe/a tiene un empleo precario o está desocupado.
La deuda social es enorme y debemos atacarla sin demora. Hace falta una planificación a largo plazo y no el proyecto de un líder carismático que sólo dure un año. Hay que integrar las políticas que hoy funcionan a un programa superador que abarque la totalidad de la situación. Sólo con políticas sociales igualitarias, que prioricen a los más vulnerables, podremos vislumbrar un cambio. Porque proyectar un país desarrollado implica indefectiblemente la idea de una sociedad con igualdad de oportunidades.