El ataque descarado del gobierno y Cristina Fernández de Kirchner contra los despedidos de Gestamp es el resultado político más acabado del acuerdo con el Club de París y los pactos con Repsol y Chevron. A puro grito, la presidenta reclamó desde la Patagonia el desalojo de la planta por cualquier medio. Scioli se encargó de usar el más cínico y miserable: el desconocimiento de una conciliación obligatoria que él mismo había establecido y el trabajo sucio subsiguiente de presionar a la defección de los compañeros cesanteados.

¿Cómo ponerse del bando contrario a la española Gestamp, cuando España acaba de “ayudarnos” en el Club de París? ¿Cómo “atraer inversiones extranjeras”, luego de todos estos arreglos entreguistas, si luego los “inversores” no pueden ejercer “el derecho de propiedad”, disponiendo de la fuerza de trabajo de acuerdo con su conveniencia? La promesa de “crear trabajo” en el futuro empieza por la destrucción de la fuerza de trabajo en el presente. El ingreso de los despedidos, que establecía la conciliación luego derogada, afectaba el “clima de inversiones” que promueven los nacionales y populares. Tolerar un triunfo obrero habría convertido en inútiles todas las agachadas ante el gran capital. Cuando el laburante Pignanelli amenaza con una fuerza de choque contra los trabajadores, simplemente cumple con su oficio de alcahuete del capital extranjero.

Mentiras y estafas

El desalojo de Gestamp con mentiras y estafas es una lección muy valiosa para los trabajadores, que el gobierno y las patronales van a pagar caro. Han destruido la conciliación obligatoria y las mediaciones de los ministerios de Trabajo. Cuando las suspensiones y despidos arrecian, el Estado ha entregado un arma antiobrera importante. La macarteada de la Presidenta al comparar la lucha de Gestamp con la toma del Palacio de Invierno, seguida por las procacidades pedracistas de Pignanelli, han suscitado una reacción democrática que crece. La ciudadanía advierte que la colaboración de la burocracia sindical con la Triple A no quedó en el cajón de los recuerdos. Las patronales y los gobiernos vuelven a recurrir a los servicios de la burocracia.

Esta vez, sin embargo, “no pasarán”. Por lo pronto, la lucha por la reincorporación continúa, en medio de suspensiones y despidos en otras empresas metalmecánicas, en la construcción y en la industria en general. Los planteos de la huelga nacional del 10 de abril pasado siguen vigentes; las suspensiones y despidos están lejos de cerrarse. Honda, por ejemplo, acaba de informar que suspenderá durante un mes a todo su personal. En Cables Lear, las suspensiones alcanzan al 50% de la planta. Iveco ha extendido el plazo de suspensiones que había anunciado inicialmente. General Motors quiere canjear las suspensiones por una rebaja del salario en un 35 por ciento.

Lo que viene

Todavía están pendientes las paritarias de gremios grandes, entre ellos camioneros, Alimentación y Transporte. Los compañeros de la 60 y de Ecotrans ya han empezado con medidas de advertencia; el clima entre los choferes está caliente.

La crisis tienen que pagarla los capitalistas. Ni suspensiones ni despidos: que se reduzca la jornada laboral con el mismo salario de bolsillo actual. Que se abran los libros de las automotrices y autopartistas, y de sus financieras. Ni Cristina Fernández de Kirchner ni Scioli ni Pignanelli van a torcer el brazo de la clase obrera. La lucha por la reincorporación de los compañeros de Gestamp continúa, con acampes, cortes, volanteadas, fondos de huelga y acciones de solidaridad. El alcance que ha tomado la ofensiva capitalista requiere una respuesta de conjunto. Planteamos por ello una campaña por la huelga general.