Días atrás se conoció una nueva iniciativa de Macri. Hacer una planta de tratamiento de residuos en un sector del autódromo. Para eso, primero hay que cambiar la zonificación establecida para un predio de unas veinte hectáreas.

Más allá del debate sobre el lugar elegido, conviene apuntar que no hay ningún plan detrás de esa decisión. Tan sólo es otra improvisación. Se argumenta la necesidad de cumplir con la Ley de Basura Cero. Una norma que rige desde antes que asumiera por primera vez Macri. Pasaron seis años sin que hiciera nada. Ahora, de apuro y porque ya no hay dónde llevar los restos que se recolectan en la Ciudad, se improvisan supuestas soluciones.

El mes pasado el gobierno porteño tuvo que declarar desierta una licitación de proyectos que había convocado para tres plantas de tratamiento de residuos orgánicos. Ninguna de las cinco propuestas recibidas respetaba las exigencias de la Ley de Basura Cero. El fracaso determinó una reunión de urgencia de la Comisión Técnica Asesora creada por la misma ley, con el objeto de recabar de la sociedad civil alternativas de acción.

Entre tanto, también en septiembre, se renovó por diez años el contrato a las empresas recolectoras de residuos. Sólo cambiaron de zonas. Son las mismas que prestan un servicio cada vez peor y que no aseguran la higiene de nuestros barrios. Sin embargo, se las premió con su década ganada. Así, se arregló quienes recolectarán la basura, pero no donde llevarla.

La información que da el Gobierno sobre la nueva planta que se haría en terrenos sustraídos al Autódromo, a orillas del Riachuelo, es escasa. Se dice que sería un establecimiento para “tratar hasta 1000 toneladas por día de residuos sólidos urbanos (…), a fin de separar la fracción reciclable, y continuar con la reducción de los mismos destinados a disposición final en rellenos sanitarios”.

El antecedente sería una instalación semejante inaugurada en enero de este año. De ella se dice en la página web del gobierno: “La nueva planta MBT (Tratamiento Mecánico-Biológico) recuperará el 10% de las 6000 toneladas de residuos que produce a diario la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, de las 1000 toneladas que tratará por día se estima que se podrán recuperar 590 toneladas. De las cuales, 410 toneladas de residuos orgánicos serán tratadas para luego ser utilizadas como cobertura del relleno sanitario y 180 toneladas de residuos secos (plástico, papel, cartón, vidrio y metal) serán enfardadas y comercializadas.”

Con hacer cuentas sencillas, cualquiera se da cuenta que de este modo sólo se evita mandar al relleno los materiales reciclables. Las 180 toneladas que se comercializan. El resto, sea como cubierta o como simple basura, termina enterrándose como hasta ahora. Una solución que cambia poco en lo que hay que cambiar.

¿Se puede hacer otra cosa? Claro que sí. Un establecimiento como el ahora propuesto parte de la base de que la basura está mezclada. No se la separa en origen. No se la recoge de manera diferenciada. De esa forma tampoco se la puede recuperar integralmente.

Los restos de comida y otros orgánicos pueden degradarse de manera controlada para generar biogás y abonos orgánicos recuperables por la agricultura. A condición que no estén contaminados con otros tipos de residuos. Los envases y artefactos desechados también se pueden reciclar, como lo demuestran diariamente las cooperativas de recuperadores urbanos.

Después de casi seis años de gestión, Macri se empieza a ocupar de la basura. Tarde pero seguro. Ahora la ciudad se apresta a contratar el servicio de recolección de residuos húmedos para los siguientes diez años. Este próximo jueves 6 de junio se recibirán las ofertas de las empresas, de acuerdo con lo estipulado por el decreto 162, publicado el 3 de mayo pasado. Hasta el momento están rigiendo prórrogas de los contratos vencidos en 2009, que fueron firmados durante el gobierno de Ibarra. Se prevén unos tres mil millones de pesos anuales por este servicio.

La buena noticia no resuelve el principal problema que está planteado. ¿Qué harán con la basura? No lo dice la licitación. En efecto, aunque los porteños destinamos una montaña de dinero cada año para resolver el tema, todo lo que venimos haciendo es tirarle el problema a nuestros vecinos de la provincia.

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Como esos equipos que se desesperan cuando van perdiendo y se acaba el tiempo, ahora el macrismo empezó a correr por toda la cancha, tratando de dejar al menos la impresión de que peleó el partido de la basura.

Hasta acá, todo fue dejar pasar el tiempo. Desde 2007, Macri tiene un cronograma marcado por la Ley N° 1854 de la Ciudad, que establece metas para reducir la cantidad de basura que se entierra en los rellenos de la Ceamse. Nunca intentó cumplirlo.

La ley, conocida como de Basura Cero, disponía para el año pasado que no se pudiera superar las 700 mil toneladas de desechos remitidos. Esa cantidad se alcanzó ya en abril de 2012. Después, sólo fue cuestión de seguir sumando.

La Ceamse, bueno es recordarlo, fue un invento de la dictadura. Una empresa conjunta de la Ciudad y la provincia que nació con la promesa de que enterrando la basura en el Conurbano se recuperarían terrenos inundables y se ganarían espacios verdes para oxigenar la urbe. El sueño de cualquier alquimista: trocar basura por parques. La realidad fue más fea. Los “rellenos sanitarios”, como se los llama, acumulan materiales tóxicos para el ambiente y las personas. El primer relleno en Villa Domínico fue cerrado debido a una movilización vecinal, provocada por una epidemia de leucemia en niños de barriadas próximas a causa de las emanaciones de gases del basural.

En el presente, tres razones justifican dejar de enterrar basura en el Conurbano. La primera es que se agota la capacidad técnica del relleno habilitado en José León Suárez. En abril de este año habrá sido colmado. La segunda: nadie quiere ningún relleno cerca. Todo un logro de la Ceamse después de 35 años: se consiguió mostrar a los habitantes del Conurbano que son peligrosos para la salud de la gente y del ambiente. Por eso también deben cerrarse los rellenos de Punta Lara y González Catán y la Justicia ya dictaminó que no pueden continuar operando. Nadie quiere ser la próxima víctima. Por eso, cuando surgieron proyectos de hacer nuevos rellenos, se movilizaron los que iban a ser afectados en rechazo de la novedad. Así como están las cosas, la Ciudad tendrá que hacerse cargo de su basura, tarde o temprano, lo mismo que cada municipio del Conurbano. La tercera razón es de otro orden. Mucho de lo que ahora se entierra,  puede ser recuperado en diversas formas. Se trata de recursos naturales que pueden ser reciclados, sirviendo así  a otros fines.

Estas tres razones se conocían en 2005, cuando se sancionó la Ley N° 1854. Al reglamentarla, se fijaron plazos prudentes que permitirían aproximarse por etapas a la meta de procesar la basura en la ciudad.  Macri se comprometió a cumplirla. Pero no pasó nada. Sólo el tiempo… Hasta que se acabó.

Ahora, a las apuradas, se intenta resolver lo que no se hizo en seis años. Primero fue la inauguración de una planta de tratamiento en San Martín, para reducir un diez por ciento los enterramientos. Ahora comenzará sus actividades en el Bajo Flores una instalación para recuperar los escombros que se tiran. Todavía falta licitar otras tres plantas que podrían resolver gran parte del problema. Al menos, eso prometen.

Más vale tarde que nunca, dice el refrán. Pero se sabe que es casi imposible dar vuelta un partido cuando falta apenas un minuto. Abril está a la vuelta de la esquina y todavía no se le conocen dotes de mago al ministro Santilli y, mucho menos, a Macri.