Abuso sexual infantil: el inexistente Síndrome de Alienación Parental

Cuando una pareja con hijos se separa son muchas las razones, y muchos los conflictos que devienen de ese proceso que las familias deben enfrentar. Cuando una de las razones de dicha separación es el abuso sexual que uno de los progenitores ejerció sobre sus hijos, sin duda esa razón pasa a ser la fundamental, la más traumática y difícil de abordar.

Frente a esa situación, como familia, como sociedad, como justicia y como Estado en general, tenemos dos formar de proceder: enfrentando la verdad o tratando de ocultarla; visibilizando una problemática que aún sigue siendo tabú o utilizando excusas; defendiendo los derechos del niño o violándolos con estrategias judiciales aberrantes.

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Ni cuentos, ni relatos: realidad

Que el vicepresidente es víctima de un linchamiento mediático; que la inflación del 2013 fue de 10,9%; que EEUU pretende desestabilizar el gobierno de Cristina; que no hay inflación sino reacomodamiento de precios; que este no es ni va a ser el gobierno del ajuste y tampoco el que devalúe; que la gente compra dólares porque le sobra la plata y tiene mucha capacidad de ahorro; que estamos ante los años de mayores avances energéticos; que nuestra aerolínea de bandera es una de las mejores posicionadas del mercado y que tenemos reservas para rato.

Este gobierno nos tiene acostumbrados a lecturas desviadas de la realidad. Explicaciones que deben contar con el respaldo del relato que baja verticalmente, que justifica lo injustificable y que pretende instalar esa realidad que no es real. No hay canales oficiales, ni publicidad oficial, ni conferencias de prensa, ni planes sociales ni presiones a la justicia que tapen lo que cada uno de nosotros vivimos día a día. ¿Quién le va a decir a los que sufren los cortes de luz que hay avances en materia energética? ¿Quién le va explicar a los varados en el aeropuerto que tenemos la mejor aerolínea de bandera? ¿Cómo le van a explicar a la gente que su sueldo ahora vale la mitad de lo que valía el año pasado? ¿Qué le van a decir a los beneficiarios de los planes sociales cuando el monto que perciben no les alcance ni para un cuarto de las necesidades que debería cubrirles? ¿Cómo van a justificar la cantidad de muertes en rutas y trenes? Seguramente respondan con más relato, ya no para convencer a los demás sino para autoconvencerse y seguir negando(se) la realidad. Negar la realidad trae como consecuencia decisiones erróneas e ineficaces. A esta peligrosa dinámica nos quieren acostumbrar. Nos subestiman.

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Violencia de Género: un desafío para la próxima agenda parlamentaria

Llega un nuevo 25 de noviembre, fecha reconocida internacionalmente como el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y momento más que oportuno para hacer un balance con respecto al camino recorrido y por recorrer.

Todos los días vivimos una tragedia relacionada con la violencia de género, una mujer aterrada, lastimada, asesinada; hijos creciendo en la violencia familiar, hombres que repiten patrones de conducta violentos en todas sus relaciones de pareja, familias destruidas.

Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, desde hace cinco años, cada 35 horas una mujer es asesinada por violencia sexista en nuestro país. Unos 30 niños por mes quedan huérfanos al ser asesinadas sus madres y sólo en 2012 fueron 357 los menores que quedaron en esa situación.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación, en estos últimos cuatro años, hemos presentado, la mayoría de los bloques, numerosos proyectos que abordan esta problemática desde todas sus aristas, a veces en un intento desesperado por dar respuesta a las súplicas de las mujeres víctimas que se atreven a peregrinar por los pasillos de nuestros despachos, haciéndose escuchar no sólo por ellas sino por otras tantas que el miedo aún silencia. Sin embargo, la agenda que en estos años impuso la mayoría poco ha tenido que ver con sus realidades.

De estas importantes iniciativas que cuentan con estado parlamentario en el Congreso de la Nación, pero que aún no se les ha dado tratamiento, pueden destacarse algunas como la creación de refugios y de subsidios para mujeres víctimas de violencia doméstica, la regulación del tratamiento mediático de la violencia de género, la incorporación de la temática en la currícula escolar, la creación del Registro Único de Violencia Doméstica, medidas que faciliten el acceso a la Justicia y numerosas modificaciones útiles que requiere nuestra Legislación Penal.

En todas ellas, la necesidad de lograr el empoderamiento de las mujeres víctimas surge como un imperativo que nos exige seguir pensando soluciones que se traduzcan en políticas públicas concretas y focalizadas. Tal es el caso del proyecto que impulso a fin de crear un programa para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia doméstica que les brinde la suficiente seguridad y sustento como para salir del círculo vicioso en el que se encuentran inmersas, a través de una sana revinculación social y laboral facilitada por el Estado.

Que las mujeres víctimas tomen conciencia del poder y la capacidad que tienen para recuperar su propia dignidad, es, sin dudas, un proceso que lleva tiempo pero que es mucho más lento cuando no están empoderadas económicamente, es decir: cuando no tienen la posibilidad de sustentarse, ellas y sus hijos. De ahí la importancia de diseñar e implementar políticas no sólo de asistencia inmediata a la víctima (tales como refugios y subsidios) sino también de políticas que les permitan el sostenimiento en el tiempo, la construcción de una nueva vida.

Por otro lado, tal como lo establece la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se nos plantea también la necesidad de abordar la problemática haciendo hincapié en la reeducación de los hombres violentos, disminuyendo las posibilidades de que la violencia se siga reproduciendo. Programas como los mencionados ya se están llevando a cabo en la mayor parte de los países europeos, tales como España, Escocia e Inglaterra, con presencia en países latinoamericanos como Chile y Uruguay. En la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Vicente López está desarrollando programas análogos, por medio del Centro de la Mujer y Políticas de Género de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano.

Como es evidente son muchas las iniciativas presentadas, y una vez más estamos ante el desafío de que nuevas mayorías en el Congreso impongan el tratamiento de estos temas conformando una agenda parlamentaria con perspectiva de género.

La paradoja del Salón de las Mujeres

El 6 de marzo de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, y en esa oportunidad manifestó que su intención era “crear un lugar permanente para las mujeres”, para homenajearlas.

Desde ese Salón, la Presidenta suele anunciarlo y decirlo todo, rodeada de las fotografías de quienes supieron ser protagonistas de sus tiempos, de quienes, en palabras de CFK, “tuvieron la valentía de oponerse a los convencionalismos de su época”.
Cada vez que un jefe de Estado le habla a su pueblo, se supone anuncia o explica las decisiones más importantes de su política pública. Cada vez que nuestra Jefa de Estado lo hace en el Salón de las Mujeres, pareciera que quiere incluirlas en su discurso, al menos hablarles a aquellas que eligió para que la acompañen desde las paredes. Pero si realmente esas grandes mujeres de nuestra historia pudiesen escuchar y ver no sólo lo que se anuncia sino fundamentalmente lo que no se dice pero sucede, no se sentirían tan honradas por tal homenaje.
Y digo esto, especialmente en estos días, cuando hemos tenido que discutir el presupuesto nacional, la ley de leyes, y cuando he podido comprobar, una vez más, que la política de género en Argentina no es prioridad para nuestra mandataria.
Según datos de La Casa del Encuentro, solamente durante el 2009 hubieron 231 femicidios, y desde ese año hasta el 2012, el total fue de 1028 mujeres asesinadas. Durante esos años, el presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer, que es el organismo rector encargado del diseño y la ejecución de las políticas públicas de género y que en consecuencia es la autoridad de aplicación en todo lo que respecta a la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, ha sido el reflejo concreto de que el Salón de las Mujeres es solo un símbolo de un relato vacío.
Para el próximo año 2014, el presupuesto destinado al Consejo disminuye un 7,15% respecto del año anterior, como si las cifras de la realidad que padecemos nos mostraran que la política pública que se implementa es exitosa, como si cada mujer que muere asesinada por violencia sexista cada 35 horas en nuestro país y los 30 niños por mes que quedan huérfanos,  no fueran indicadores suficientes de que hay mucho más que hace falta hacer.
Hacen falta refugios para mujeres víctimas, botones antipánico, subsidios temporales, planes de empleo para que las víctimas puedan subsistir sin depender del hombre, incorporación de la temática en las currículas escolares, intensas campañas de concientización y prevención, mayor capacitación de todos los operadores del Estado, incluida la justicia, para garantizar fallos con perspectiva de género y el cumplimiento a rajatabla de la ley 26.485. Hace falta voluntad política para asignar los recursos y ejecutarlos, la misma que exige el tema para que la mayoría vigente en el Congreso permita el tratamiento de leyes necesarias para seguir avanzando. Hace falta mucho.
El Salón de las Mujeres Argentinas debiera ser el cajón de resonancia de las voces femeninas, de la causa de las mujeres, sin embargo esos rostros allí retratados, lejos de inspirar decisiones políticas con perspectiva de género, parecen ser solo imágenes estáticas, como si los tiempos de las heroínas fuesen solo del pasado, como si las grandes luchas por los derechos de las mujeres ya hubiesen librado todas las batallas.

Régimen Penal Juvenil: bajar o no bajar la edad, esa no es la cuestión

Cuando se habla de Régimen Penal Juvenil hay que saber que entramos en un debate que trasciende la cuestión de la imputabilidad penal. Se trata de una discusión sobre derechos humanos, sobre educación, infancia y adolescencia, sobre sociedades inclusivas. No podemos instalar este tema persiguiendo solamente el “castigo” sino que debemos proponernos trabajar en pos del mejoramiento de los mecanismos de integración social que puedan evitar la reproducción de las conductas delictivas en los jóvenes. La imputabilidad tiene que ver con la capacidad psíquica que tiene una persona para comprender que realizó algo en contra de la ley. A partir de la edad en que se considera que se adquiere esa capacidad psíquica, es cuando el sujeto, para la ley, puede ser sancionado con una pena.

La legislación tutelar vigente encierra graves problemas de legalidad ya que, bajo la excusa de aplicar un régimen de protección, se deja a los chicos sin la posibilidad de contar con un proceso justo que respete su derecho a la defensa y a ser oído, y en muchos casos se los priva de su libertad por delitos que a un adulto se lo dejaría libre. Esta situación se observa sobre todo con los menores de 16 años.

La Argentina tiene una asignatura pendiente, la de instalar un debate serio y responsable respecto de los menores en conflicto con la ley, es decir: la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil. Hasta el momento, el debate en nuestro país siempre surgió como consecuencia de un hecho puntual o bien como medida efectista/oportunista producto de un año electoral.

La seguridad no está exenta de los cambios producidos a nivel mundial en torno al contexto económico-social y cultural. La desestructuración del mundo laboral y del espacio familiar son dos situaciones repetidas en la vida de la mayoría de los menores que delinquen. Asimismo, el lugar que ocupa la droga es fundamental ya que el narcotráfico suele encontrar en los más jóvenes un terreno fértil donde operar.

Sin duda alguna, la inseguridad es el hecho que ocupa y preocupa a la sociedad, es lo que atraviesa a todas las clases sociales, es la verdadera “agenda” de la gente. Pero ocuparnos de dar respuestas efectivas a esta demanda social no puede significar, de ninguna manera, decirle a la gente que encerrando a los menores se terminan los delitos, lo que es lo mismo que criminalizarlos, ese es el mensaje que está detrás de un título liviano e irresponsable, vacío de contenido, que pone el acento equivocado en lo que no es prioridad, al solo efecto de causar un impacto electoral que los muestre preocupados por un tema que hasta hoy era solo una sensación.

El debate de fondo que debemos dar no pasa por “bajar o no bajar la edad” de imputabilidad. La discusión empieza por diseñar un régimen penal juvenil especial en absoluta sintonía con la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y los tratados internacionales con jerarquía constitucional a los que adhirió nuestro país. Un sistema que contemple las características distintivas que tienen los menores respecto de los adultos, que tenga en cuenta su grado de maduración, que establezca procesos cortos y penas alternativas, mecanismos de mediación y restauración del daño que causen, donde la privación de la libertad sea el último recurso, pero se pueda trabajar con el menor para que asuma la responsabilidad de sus actos, cumpla la sanción y tenga la oportunidad de adquirir las reglas de convivencia que evidentemente no pudo aprender, y que son necesarias para vivir en sociedad lejos del delito. Se trata entonces, no solo de garantías sino también de medidas sociales y educativas. Diseñar este sistema, sancionar una ley en consecuencia nos exige un segundo debate, y es si el Estado, si los gobiernos, están en condiciones o tienen la voluntad política de crear la infraestructura necesaria y de disponer de los recursos para hacerla efectiva.

Por eso, cuando algún ministro del gobierno nacional habla de la valentía del candidato a primer diputado nacional del Frente para la Victoria en la Provincia de Buenos Aires, al plantear el tema de la baja en la edad de imputabilidad, me pregunto ¿qué significará la valentía para él? Si por valentía entendemos coraje moral para actuar correctamente a pesar de los obstáculos, lejos está su planteo de lo correcto, de lo valiente, mucho más cerca está de su opuesto, de la cobardía de no hacerse cargo de los demandas reales de la gente, superando los discursos efectistas y los falsos debates, con la voluntad política necesaria para reconocer un problema, y darle solución.