Por: Gladys González
Cuando una pareja con hijos se separa son muchas las razones, y muchos los conflictos que devienen de ese proceso que las familias deben enfrentar. Cuando una de las razones de dicha separación es el abuso sexual que uno de los progenitores ejerció sobre sus hijos, sin duda esa razón pasa a ser la fundamental, la más traumática y difícil de abordar.
Frente a esa situación, como familia, como sociedad, como justicia y como Estado en general, tenemos dos formar de proceder: enfrentando la verdad o tratando de ocultarla; visibilizando una problemática que aún sigue siendo tabú o utilizando excusas; defendiendo los derechos del niño o violándolos con estrategias judiciales aberrantes.
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es una estrategia judicial monstruosa, que acusa a las madres de “lavarles la cabeza” a sus hijos en contra de sus padres, capaces de inventar actos tan horrendos como los que supone que un padre abuse sexualmente de sus hijos. Y aún pensando que algo así pudiera suceder, que hubiese mujeres capaces de tal invento, es una estrategia que subestima la contundencia de las pruebas del relato y los dibujos de esos niños, de los informes de los cuerpos médicos que categóricamente determinan que esos chicos han sido abusados por sus padres varones. Así el SAP se suele utilizar como argumento de defensa de abusadores y pedófilos para lograr su impunidad y no investigar uno de los delitos más aberrantes como lo es el abuso sexual infantil.
Lo inaceptable en estos casos es que el poder que debe defender a las víctimas sea cómplice de la aberración. Esto se denomina violencia institucional y es la que sufren cientos de mujeres durante todo el proceso judicial. No sólo son víctimas de violencia de género, psicológica, económica y física, sino que además tienen que luchar solas contra un Estado que no sólo no las escucha sino que además silencia a sus hijos. Esto se ve reflejado en la expectativa social de quienes denuncian: la mayoría cree que no se va a hacer justicia y que se va a revictimizar a la víctima. Existe una disuasión por parte del sistema hacia esas personas. Y más peligrosas aún son las prácticas que la aceptación del SAP por parte de un magistrado implican: revinculaciones forzosas, reversión de la tenencia a favor del padre acusado de abuso, revictimización de los menores y ataque a la madre, entre otras cosas.
El SAP no es un síndrome científicamente aceptado ni avalado por ninguna organización mundial. Somos muchos los que estamos trabajando para evitar que las organizaciones de padres abusadores, a veces con mucho poder, sigan haciendo lobby para que sea incluido en el Manual de Trastornos Psicopatológicos que elabora la American Psychiatric Association. Tanto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como en la Cámara de Diputados de la Nación hemos expresado nuestra preocupación por la utilización del inexistente SAP en procesos judiciales penales y de familia, por ser contrario a la ley 26.061, de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y no contar con el respaldo ni el reconocimiento de la comunidad científica. En el Congreso Nacional hemos alcanzado un consenso esperanzador en esta materia. Representantes de una gran cantidad de bloques aseveramos en la primera Jornada que llevamos a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación, para exponer sobre la temática, que en la Argentina no vamos a permitir ninguna ley que avale, adhiera o permita la utilización del SAP. La defensa de los derechos de mujeres y niños es la prioridad inalterable en cada uno de los proyectos que salgan de esta Cámara.
Lograr sentencias que sean una fiel consecuencia de las pruebas que se generan en el proceso; realizar informes fundamentados por parte de los peritos intervinientes; una sociedad civil que no deje de exigir y un Estado consciente y dispuesto a capacitar a sus funcionarios en la temática, son algunos de los posibles caminos que podemos ir recorriendo.
Espero que tanto nuestras voces como las de muchas organizaciones, periodistas, y profesionales que se han unido a esta lucha para visibilizar y poner en la agenda pública el abuso sexual infantil y el uso del SAP, sean escuchadas a fin de evitar que se sigan silenciando las de tantos niños que aman y temen, pero son incapaces de tales mentiras.