Con beneplácito tanto en el país como en el mundo fue recibida la decisión del nuevo Gobierno de no apelar el fallo judicial que declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán por el caso AMIA, lo cual allana el camino hacia su derogación.
Anómalo en su concepción y autoritario en su imposición a la sociedad argentina a través de la ratificación por un Congreso adepto, este acuerdo sin beneficio alguno colocó a nuestro país del lado de los que negocian y ceden sus derechos soberanos ante Estados promotores del terrorismo internacional.
Pero aún más grave que el daño a la imagen internacional de Argentina fue el daño a nuestra sociedad y a las instituciones republicanas de la nación, que tuvo su expresión más trágica con la muerte del fiscal Alberto Nisman el pasado enero.
El interés de Irán por el acuerdo fue tibio desde un principio. Posiblemente se redujo a intentar la remoción de las circulares rojas de Interpol (pedidos de captura internacional) para algunos sospechosos, gente cercana al poder, entre ellos el entonces ministro de Defensa Ahmad Vahidi. Tal remoción nunca sucedió. Otra hipótesis fue la de la necesidad de Irán de lograr vías amigables para aliviar el régimen de sanciones internacionales por su programa nuclear, por medio de relaciones con países con cierto desarrollo tecnológico como el nuestro. Resultó evidente que la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, de gran ascendiente en el gobierno k y claro promotor del acuerdo, conspiró en contra de su relevancia y su continuidad. Continuar leyendo