A partir de los años ’90, al compás de las recomendaciones de las agencias internacionales (BID, Banco Mundial, BIRF), la construcción de vivienda para los sectores más desfavorecidos de la sociedad fue despreciada, a medida que se destruían los instrumentos del Estado y el mercado pasaba a ser el regulador del acceso a la ciudad dualizando el territorio interno de las ciudades y sus periferias, con el capital inmobiliario como planificador del uso y el valor del suelo.
Con la crisis como escenario que había destruido al sector de la construcción, con miles de obras y contratos paralizados o cancelados y su consecuencia sobre los puestos de trabajo, al asumir Néstor Kirchner el Gobierno en 2003 -como parte de las políticas redistributivas implementadas- la recomposición de la obra pública como dinamizadora de la economía impulsó un abanico de operatorias fundamentalmente dirigidas a la recuperación del trabajo y a la disminución del déficit habitacional en los sectores más desprotegidos y a la recuperación del rol activo del Estado.