Desde su campaña, y en varios de sus discursos pronunciados después de su victoria electoral, Enrique Peña Nieto ha insistido que la principal diferencia entre su estrategia para combatir al crimen organizado y la inseguridad, frente a la de su predecesor, estribaría en concentrar los recursos humanos y materiales disponibles en combatir la violencia que afecta a la gente… dando a entender, sin decirlo, que no se concentrarían dichos recursos en el combate al narco. Parecía una solución y una formulación astuta y correcta: el problema en México no es el narco, sino el secuestro, la extorsión, los homicidios como tales, etcétera. A un año y dos meses de su toma de posesión contamos ya con algunos elementos para saber si esta estrategia se ha tratado de poner en práctica, y qué resultados ha arrojado. Aunque en realidad persiste una gran incógnita, que dificulta el análisis.
Como ya se ha comentado aquí, concentrar los recursos humanos y materiales disponibles en la lucha contra el secuestro, la extorsión, el asalto en vía pública y en domicilio, en un país con recursos escasos, implica cambiar el acento y de alguna manera replegarse en la lucha contra el narco. No sabemos si esto ha sucedido, en parte por buenas razones -el gobierno no tiene por qué andarlo diciendo-, en parte porque los medios no hacen su trabajo -no nos reportan cuántos retenes se han desmontado, cuántas tropas siguen en las carreteras y fuera de sus cuarteles, en dónde se encuentran los contingentes de la Policía Federal- y en parte porque los resultados de esta posible táctica novedosa tardarán en notarse. Ojalá así sea: nada tendría más sentido que combatir la extorsión, en particular en Michoacán, y dejar que los narcos, grandes o chicos, desarrollen con la mayor libertad posible su vocación originaria: cultivar amapola y marihuana, e instalar laboratorios de metanfetaminas.