El lunes 7 de abril, The New York Times publicó un largo artículo, en primera plana, basado en más de 3 millones de documentos sobre deportaciones obtenidos por el diario gracias al IFAI de allá. Los datos confirman la pesadilla en la que se ha convertido ser indocumentado en Estados Unidos, y en particular ser mexicano, varón y menor de 35 años, ya que la mayoría de los 3.2 millones de deportados a lo largo de los últimos 10 años revisten esas características. El análisis del cotidiano demuestra -ya se sospechaba- que las deportaciones se dispararon a partir de 2008, alcanzando su pico en 2012, con más de 400,000. A diferencia de lo dicho por la administración Obama, la gran mayoría no son delincuentes ni criminales, sino personas culpables de haber incurrido en violaciones de tránsito menores: el número de deportados por este tipo de motivos casi se quintuplicó durante los últimos 5 años. Además, a la mayoría de los deportados se les niega la oportunidad de apelar; por otro lado, se ha incrementado enormemente la tendencia a asentar una acusación formal en su contra, impidiendo su regreso legal a EEUU durante 5 años.
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El censo educativo
El censo educativo ha arrojado datos importantes que habrá que estudiar con paciencia y prudencia. Es lógico que en un primer momento los medios y las organizaciones de la sociedad civil abocadas a la educación y a responsabilizar al SNTE del desastre educativo se centren en los resultados en apariencia más alarmantes: el número de comisionados, el número de aviadores, el número de fantasmas. Pero hay otros datos interesantes que una primera lectura ofrece y que convendría también tomar en cuenta. Si se quiere, empecemos con el escándalo y el escarnio para luego pasar a lo menos amarillista y más triste.
El secretario de Educación ya advirtió que, de los 30 mil comisionados, no se sabe cuántos tienen licencia con goce de sueldo, y cuáles no. Tampoco está disponible aún la información sobre su destino en tanto comisionados: a labores sindicales, políticas, a la “hueva”, o a otras tareas necesarias, mas no necesariamente frente a grupo. Algo semejante sucede con las 114.000 bajas por fallecimiento, jubilación o invalidez, donde se carece de explicaciones: ¿por qué un muerto sigue cobrando? Y podría argumentarse algo semejante en lo que se refiere a los aviadores que no son ni comisionados ni bajas. Por último, en el caso específico de los comisionados, sería importante saber si existe una figura equivalente en países con sindicatos poderosos (como Brasil, Estados Unidos o Francia) y cuál es el porcentaje correspondiente: 3% como en México, más, o menos.
Ahora bien, uno puede pensar que algunos de los otros datos del censo encierran implicaciones igualmente importantes para las políticas públicas. Van algunos, sin orden. Aunque el promedio de proporción de escuelas públicas y privadas del país es alrededor de 86% vs. 13%, en el DF es de 52% vs. 48%. Es un dato curioso, que explica el escándalo mediático de las clases medias capitalinas a colegiaturas, IVA y deducciones, pero que no se explica fácilmente. Quizás una razón consista en el ingreso per cápita más elevado del DF que en la mayoría de los estados, o en el hecho de que la educación pública en el DF sigue en manos del gobierno federal y no de la entidad federativa. Para los críticos de la “privatización”, he aquí una advertencia, que convendría correlacionar con 17 años seguidos de gobiernos de izquierda en la capital.
Otro dato: entre las escuelas públicas, el 98% son de turno matutino normal (cuatro horas y media en primaria). Para todos fines prácticos, desaparecieron las escuelas con turno vespertino. Pero al mismo tiempo, menos de 3% de los establecimientos son de tiempo completo o de jornada ampliada. Esto se supone que debe cambiar ahora, pero vemos aquí la hipocresía de las autoridades educativas en los últimos 25 años: uno de los argumentos esgrimidos contra la escuela de tiempo completo era el obstáculo del turno vespertino.
Otra perla: la diferencia entre el equipamiento de las escuelas en los estados “ricos” y los pobres es gigantesca. Aunque me cuesta un poco de trabajo creerlo, parece que en el DF el 95% de las escuelas públicas tiene internet; el siguiente estado es Baja California, con 78%. Oaxaca y Chiapas tienen 6% cada uno, Michoacán y Tabasco 12%. Los estados ricos tienen entre 7 y 15 veces más acceso a internet que los pobres: ¿cómo mantener unida a una sociedad con estas brechas?
Dejo dos preguntas en el tintero. ¿Cuánto costó este censo? Y más allá del amarillismo, ¿qué nos dice que no supiéramos o intuyéramos? Segunda: ¿por qué no se pudo aprovechar esta operación, inevitablemente costosa, para informarnos sobre quiénes son los maestros de México, y no sólo cuántos son? ¿Por qué no haber indagado cuál es su nivel educativo, de ingresos, de lectura, de acceso a internet, a telefonía celular, a automóviles, vivienda digna, si son hijos de maestros o no? En otras palabras, cuántos siguen siendo los maestros rurales y socialistas con guaraches de la época cardenista, y cuántas son maestras urbanas de clase media.
¿Mejor el fracaso que el éxito?
Desde su campaña, y en varios de sus discursos pronunciados después de su victoria electoral, Enrique Peña Nieto ha insistido que la principal diferencia entre su estrategia para combatir al crimen organizado y la inseguridad, frente a la de su predecesor, estribaría en concentrar los recursos humanos y materiales disponibles en combatir la violencia que afecta a la gente… dando a entender, sin decirlo, que no se concentrarían dichos recursos en el combate al narco. Parecía una solución y una formulación astuta y correcta: el problema en México no es el narco, sino el secuestro, la extorsión, los homicidios como tales, etcétera. A un año y dos meses de su toma de posesión contamos ya con algunos elementos para saber si esta estrategia se ha tratado de poner en práctica, y qué resultados ha arrojado. Aunque en realidad persiste una gran incógnita, que dificulta el análisis.
Como ya se ha comentado aquí, concentrar los recursos humanos y materiales disponibles en la lucha contra el secuestro, la extorsión, el asalto en vía pública y en domicilio, en un país con recursos escasos, implica cambiar el acento y de alguna manera replegarse en la lucha contra el narco. No sabemos si esto ha sucedido, en parte por buenas razones -el gobierno no tiene por qué andarlo diciendo-, en parte porque los medios no hacen su trabajo -no nos reportan cuántos retenes se han desmontado, cuántas tropas siguen en las carreteras y fuera de sus cuarteles, en dónde se encuentran los contingentes de la Policía Federal- y en parte porque los resultados de esta posible táctica novedosa tardarán en notarse. Ojalá así sea: nada tendría más sentido que combatir la extorsión, en particular en Michoacán, y dejar que los narcos, grandes o chicos, desarrollen con la mayor libertad posible su vocación originaria: cultivar amapola y marihuana, e instalar laboratorios de metanfetaminas.
Viena, Tamayo y Cassez
Ayer fue ejecutado Edgar Tamayo Arias en la prisión de Huntsville, Texas, al término de 20 años de cárcel, de juicios y apelaciones, como castigo por haber asesinado a un policía estadounidense. Es el tercer mexicano ejecutado por las autoridades texanas desde que el 31 de marzo de 2004. La Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió a favor de México la demanda interpuesta contra Estados Unidos por violar las disposiciones de la Convención de Viena de protección consular. Dicho fallo fue aceptado por el gobierno de George W. Bush, a principios de 2005, aunque la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió en 2008 que el presidente carecía de la autoridad para imponerle a los tribunales estatales la decisión de la CIJ. Simplifico: el fallo fue favorable en partes esenciales, más no en todas, y el Ejecutivo norteamericano lo aceptó sólo en parte.
Se puede uno preguntar hoy si la demanda valió la pena; si el resultado justifica el esfuerzo empeñado; y si no hay algo que México pueda hacer en casos como éste. Primero los antecedentes. En el caso AVENA, en realidad se agrupaba a 51 mexicanos condenados a muerte en EU, y que no habían podido ejercer su derecho de que las autoridades estadounidenses notificaran al consulado de México más cercano de su detención y de los cargos imputados.
Esa demanda, que tuve el honor de diseñar, impulsar y firmar en mi último acto como secretario de Relaciones Exteriores, se basó en un principio parecido al que al final del día contribuyó a que Florence Cassez fuera liberada exactamente hace un año. Un mexicano en apariencia culpable, en manos de un defensor de oficio hostil e incompetente, sin traductor, sin apoyo de su familia o de los funcionarios consulares mexicanos, puede no gozar del debido proceso que tendría si contara con todas estas prerrogativas. Si Cassez hubiera tenido acceso al Consulado de Francia desde el primer momento de su arresto, otro gallo hubiera cantado. Por eso la ministra Olga Sánchez Cordero insistió tanto en este tema en su ponencia ante la SCJN a principios del 2013. Si Edgar Tamayo hubiera contado con la traducción, la asesoría legal y el apoyo en general del Consulado de México en Houston, quizás de igual manera hubiera sido condenado, más no a la pena capital, con la que concluyó su vida. Aguas: no se puede invocar la Convención de Viena allá, y despreciarla aquí.
Mota y cabañuelas
Han sido buenas cabañuelas para la legalización de la marihuana en el mundo. Como se sabe, entraron en vigor las leyes ya aprobadas en los estados norteamericanos de Washington y Colorado, con todo tipo de sorpresas, desorden, efectos deseados y perversos, y una fuerte repercusión noticiosa internacional. También arrancó la legalización en Uruguay, justo a tiempo para que los argentinos, que suelen veranear desde hace décadas en Punta del Este, puedan alegrar sus días festivos sin temor alguno. Por su parte el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, posible candidato demócrata a la presidencia en 2016 si Hillary Clinton decide no presentarse, firmó un decreto legalizando el acceso a la marihuana para fines terapéuticos sólo para ciertas enfermedades, y en una veintena de hospitales. Tratándose del segundo estado más poblado de la Unión Americana, y que a pesar de la tolerancia de la ciudad de Nueva York, alberga actitudes conservadoras al respecto, es un paso adelante de suma importancia.
Asimismo, los organizadores de la nueva iniciativa de legalización del uso recreativo de la marihuana en California dieron el primer paso en el largo proceso que deberán recorrer para que este noviembre, en su caso, se gane lo que se perdió por una nariz hace tres años. Registraron ya su iniciativa de legalización; se darán un mes y medio para reunir los fondos necesarios para lograr las 700 u 800 mil firmas pertinentes; y decidirán en ese momento si pueden conseguir entre los 15 mil millones de dólares que costaría una campaña exitosa del Sí. No es seguro que todo este proceso sea este año, pero ya se echó a andar.
La culpa del retraso
La semana pasada comentábamos que para no pocos actores y analistas de la evolución política de México, en 1994 la resplandeciente transición mexicana desaprovechó una excelsa oportunidad para consumarse a tiempo, y cuando finalmente sobrevino, ya no pudo surtir todos los efectos deseados, ni logró detonar los círculos virtuosos anhelados. La reforma energética de Peña Nieto ¿correrá la misma suerte?
Hoy los protagonistas más capaces del PRI, como los que se encuentran en el gobierno, o Manlio Fabio Beltrones y David Penchyna en el Congreso, reconocen de una manera u otra que quizás la reforma de fondo ahora aprobada pudiera haberlo sido doce o seis años antes. Saben bien, porque allí estuvieron, que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, con las habilidades y torpezas de cada uno, se propusieron una abertura a la inversión privada en CFE y Pemex, y que fracasaron porque el PRI no quiso regalarles esa medalla. Especialistas de gran talento y simpatía por México como Daniel Yergin postulan, posiblemente con razón, que sólo un presidente del PRI hubiera podido enterrar la herencia del PRI: Nixon en China, como nos lo anunció Enrique Peña Nieto en La hora de opinar hace casi dos años. Todos concluyen, de alguna manera, que fue una lástima que todo esto -lo cual, como ya dije, aplaudo y aquilato- no haya sucedido antes, pero lo esencial es que haya acontecido ahora. ¿Y si no? ¿Podrá pasar lo mismo que con la transición a la democracia, o la apertura de la economía?