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Dólar: termina una década de gradualismo

El marcado salto de 25 centavos que registró el dólar, tanto en su cotización mayorista como minorista, significa un rotundo giro en la política cambiaria del Banco Central, con el afán de recortar la preocupante brecha que separa al dólar oficial del libre, y proteger las debilitadas reservas, cuya sangría es cada vez más abundante.

En mayo del año pasado, la presidente Cristina Kirchner había advertido desde un atril en Casa Rosada que “los que quieren ganar plata a costa de la devaluación y del pueblo, van a tener que esperar a otro Gobierno”. Ocho meses después, la acuciante realidad generada por la virtual ausencia de una política económica integral –visible con mayor crudeza en el salto del dólar paralelo y la pérdida de activos en las arcas del BCRA- refuta esa declaración de principios. El déficit fiscal financiado con pesos emitidos sin respaldo, la utilización de los dólares del Central para pagar deuda e importaciones de energía y la obcecada omisión de la inflación a través de estadísticas adulteradas llevaron al colapso de la retórica oficial.

La actual cotización de $7,14 en las pizarras de casas de cambio y bancos para operaciones autorizadas por la AFIP, y de $7,12 en el mercado mayorista, donde operan bancos, casas de cambio y empresas, pulverizó la referencia de $6,33 que había fijado el Gobierno como promedio para todo el año en la elaboración del Presupuesto 2014.

Desde que Axel Kicillof se hizo cargo de la conducción de la política económica, hace apenas dos meses, la suba del dólar oficial fue de 18,1%, desde los $6,04 a los $7,12 en el mercado mayorista. Con la perspectiva de la última década, si se observa el valor del dólar oficial en enero de 2003 ($3,363), la apreciación hasta diciembre de 2012 ($4,9173) fue de 46,2 por ciento. Desde el 2 de enero de 2013 ($4,9228) a hoy ($7,12), el salto del dólar oficial fue de 44,6 por ciento. Es decir que la administración kirchnerista se vio obligada a devaluar en un año casi lo mismo que en los diez años anteriores, en una determinación que pude explicarse por las presión hasta ahora reprimida de la inflación sobre la tasa de cambio y que también debe interpretarse como una medida de supervivencia política, a 23 meses de un recambio presidencial en 2015.

También pesó demasiado el costo de sostener el crecimiento económico de 2013 con los dólares de la entidad que ahora preside Juan Carlos Fábrega. La importación de insumos y piezas para amplios sectores industriales, deficitarios en términos de comercio exterior, así como el ingreso de productos premium al tipo de cambio oficial, para incentivar el consumo interno en el año electoral, fueron grandes causas de la salida de divisas del país. Por añadidura, el virtual subsidio al turismo en el exterior a pesar de la imposición de una tasa para los gastos con tarjeta fue otro despilfarro de divisas que, está claro, no sobraban en la economía doméstica.

Los analistas económicos coinciden en que la devaluación como medida aislada será más perjudicial, en un marco de incertidumbre sobre el futuro económico. Faltan alternativas de ahorro e inversión que reemplacen al dólar como opción para escaparle a la escalada de precios minoristas. En ese aspecto, el rezago de las tasas de interés respecto de la inflación no contribuye a frenar la vertiginosa circulación de pesos excedentes, que se vuelcan al circuito paralelo.

La distorsión de precios relativos generada por el atraso cambiario tuvo su origen con la crisis del campo de 2008 y perduró con una exasperante sobrevida por el establecimiento del “cepo” cambiario. Mantener rezagado al dólar implicó reconocerles menos pesos a los productores agrarios por sus exportaciones, ya gravadas con retenciones, a la vez que se otorgó un incentivo para las importaciones de los sectores fabriles, como variante para financiar con recursos de un sector superavitario a otro que es un insustituible creador de empleo, pero que no puede evitar ser deficitario hasta que se desarrolle y tome vuelo competitivo en el mercado global.

Ahora más que nunca el Gobierno dependerá de las exportaciones del complejo cerealero-oleaginoso, principal fuente de dólares para la economía. Con una tasa de cambio que se actualiza de forma vertiginosa, en el Palacio de Hacienda esperan que los productores se apuren a liquidar exportaciones de la soja que quedó almacenada desde la última cosecha, en un momento delicado en el frente externo, puesto que las perspectivas sobre la evolución de los precios internacionales de los granos no son las mejores para los meses venideros.

Cepo: la peor medida y la más difícil de desactivar

A dos años de introducidas las restricciones cambiarias, muchos economistas coinciden en que estas medidas contribuyeron más a desacelerar la economía que a fortalecerla. En principio, el “cepo” fue pensado para detener la fuga de capitales, un objetivo que claramente no cumplió. Los dólares dejaron de ingresar al sistema financiero, la caída de depósitos por unos u$s7.000 millones redujo estas colocaciones a la mitad, las inversiones en dólares se retrajeron y, en cambio, se aceleró la cancelación de deuda en divisas (privada y pública) sin que se renovaran créditos y se incentivó el consumo suntuario de bienes y servicios del exterior.

La brecha entre el dólar oficial y el blue cercana al 70% es un escollo insalvable para unificar el mercado de cambios y recuperar las condiciones anteriores al 31 de octubre de 2011, cuando nació el “cepo”. En realidad, el atraso cambiario ya existía entonces, pero el ancla de un dólar oficial efectivamente libre lo aferraba a un precio bajo. El dólar “atrasado” comenzó a percibirse en forma moderada después de la disputa con los productores del campo por la resolución 125, pero se fue profundizando con el transcurso de los meses. El billete verde subió a un ritmo menor que la inflación y fue el dólar paralelo, muy a pesar de las intenciones del Palacio de Hacienda, el que llegó para emparejar el precio de la divisa con el del resto de los bienes.

La pregunta, a pocas horas del retorno de Cristina Kirchner al ejercicio pleno de sus funciones, es cómo el Gobierno piensa administrar el déficit fiscal en los próximos dos años. Una opción es mantener las restricciones al dólar, los controles a las importaciones, el financiamiento del Tesoro con reservas y su contracara: la sobreemisión de pesos. Una salida ortodoxa pasa por buscar crédito internacional, como esbozó el principio de acuerdo con el Banco Mundial por unos u$s3.000 millones, el reconocimiento de sentencias en el CIADI, el trabajo conjunto con el FMI por las estadísticas oficiales y el diálogo con los holdouts. Una tercera vía sería un indeseable ajuste.

Si la percepción oficial es que un recorte del gasto para equilibrar las finanzas públicas o una devaluación contradicen las virtudes del “modelo económico” actual, el “cepo” será inevitable hasta que asuma otra administración y revise esa tesis. En este sentido se interpretan las declaraciones de la presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, quien aseguró que la caída de reservas responde a “los pagos de deuda pública en moneda extranjera”.

Según la funcionaria, un 75% de la caída de reservas este año (cerca de u$s11.000 millones) corresponde al “desendeudamiento” en moneda extranjera, hasta reducir estos pasivos a un monto que representa apenas un 8,5% del PBI. No obstante, la deuda pública total aumenta, lo que significa que se cancelan esas obligaciones con nueva deuda, colocada a organismos del Estado como la ANSeS y el propio BCRA.

Según los datos aportados por Marcó del Pont, este año ya se pagaron unos u$s8.000 millones por capital e intereses, una cifra similar al déficit comercial del sector automotriz o el del sector industrial radicado en Tierra del Fuego. También es equiparable al rojo por turismo y pagos con tarjeta en el exterior, y algo mayor al déficit de la factura energética. Todos estos ítems son parcialmente compensados por las exportaciones del agro y en menor grado por la minería. La diferencia en la balanza de pagos se cristaliza en la pérdida de reservas, por tanto, limitarla sólo al cumplimiento de las obligaciones soberanas es una verdad a medias que oculta otras distorsiones, exacerbadas por el “cepo” cambiario y la convivencia de un dólar oficial a seis pesos y otro blue a diez.

Ejemplo de esto es el auge de ventas de autos 0 kilómetro, con elevado componente importado o directamente unidades terminadas procedentes del exterior; el éxodo turístico fronteras afuera; los tours de compras a Chile, Uruguay o Miami, y el irrefrenable consumo “hormiga” con tarjeta a través de sitios web extranjeros, que explica la mitad de la sangría de dólares que se computa por turismo.

La baja de reservas anticipa debilidad para la economía

En agosto pasado, Cristina Kirchner cuestionó que “todos los días algunos están poniendo en duda las reservas de la República Argentina, cuando representan un 7,8% del PBI”, al tiempo que recordó que la relación entre reservas y el monto de importación es de 54%, y que entre reservas y deuda externa la proporción es 26,2 por ciento.

La mandataria destacó estos datos cuando otras naciones equiparables a la Argentina por su tamaño, cantidad de población e historia independiente no podían exhibir cifras similares. En Australia, la relación entre reservas y monto de importación es de 20% y entre reservas y deuda es del 3,6%, mientras que en Canadá, esta comparación equivale al 15% y 5,2%, respectivamente.

Las reservas del Banco Central son un indicador seguido día a día por lo fiable de este informe oficial, aún cuando está sujeto a ajustes y hay polémica sobre algunos componentes del activo líquido, como los préstamos de bancos internacionales a la entidad. Este martes, descendieron a u$s33.121 millones, un nivel similar al del 22 de enero de 2007.

Por eso, aunque no muestren niveles negativos frente a los datos parciales de otros países, es imposible omitir que la caída de reservas demuestra el retroceso del respaldo que estas divisas significan para la actividad económica nacional, y la pérdida de fortaleza al comparar la economía argentina de 2013 con la de años precedentes. Con analizar los informes oficiales, queda al desnudo esta debilidad creciente en términos macroeconómicos, que se traduce en un peso argentino cada día más devaluado.

Cristina Kirchner comparó reservas contra una deuda argentina en torno a u$s130 mil millones, pero no tomó la totalidad de este pasivo. Al sumarle la deuda externa en manos del sector privado (cerca de u$s60 mil millones al cierre del año pasado), totaliza u$s197.464 millones, un 44,9% del PBI, según el Ministerio de Economía. Con reservas en u$s43.290 millones al 31 de diciembre de 2012, los activos líquidos del BCRA (donde no se contabilizan bonos públicos y adelantos transitorios al Tesoro) alcanzan al 21,9% de esa deuda pública y un 9,8% del PBI. Con los datos de agosto último expuestos por Cristina quedan aún más abajo, en 7,8% del PBI.

La actual erosión de las reservas es más acuciante si se retrocede al cierre de 2011, cuando el Palacio de Hacienda estimaba una deuda pública de u$s178.963 millones, lo que equivalía aproximadamente al 41,8% del PBI de Argentina, entonces en 428 mil millones de dólares. En este cálculo de deuda, cabe aclarar, tampoco se suman los títulos soberanos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Así, las reservas al 31 de diciembre de 2011 ascendían a u$s46.376 millones, un 10,8% del PBI y un 25,9% de la deuda pública.

Un poco más atrás, con datos de fines de 2010, cuando la deuda pública alcanzaba unos u$s164.330 millones y el PBI se estimaba en u$s359 mil millones, las reservas (en u$s52.190 millones al 31 de diciembre de 2010, cerca de su máximo histórico) representaban un 14,5% del Producto y un 31,7% de la deuda.

Un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea indica que las reservas actualmente equivalen a 6,7% del PBI nominal y apunta que estos activos habían alcanzado un récord de 17,7% del PBI en 2007. “Si se repite en 2014 y 2015 una situación similar a la de 2013, en el sentido que las reservas caen en un monto parecido a los vencimientos de deuda en moneda extranjera, la relación ‘Reservas-PBI’ se ubicará en 2015 en alrededor de 3,6%” del Producto, subraya el estudio.

La Presidente también ponderó el nivel presuntamente elevado de las reservas argentinas respecto del monto de las importaciones. Esta comparación tampoco favorece a la economía de 2013 frente a la de los años precedentes. En 2010, las reservas de u$s52.190 millones representaban el 92,5% de las importaciones totales por 56.443 millones. En 2011, las reservas (u$s46.376 millones) se redujeron al 62,7% de las compras externas por 73.922 millones de dólares. Al concluir 2012, la comparación mejoró ligeramente al 63,2%, pero en un contexto de férreos controles de la Secretaría de Comercio Exterior, con importaciones por u$s68.514 millones frente a reservas por 43.290 millones de dólares.

En el transcurso de 2013, este indicador es aún más concluyente. El último dato sobre comercio exterior informado por el INDEC mostró que entre enero y septiembre las importaciones sumaron 56.338 millones de dólares. En base a ese número (proyectando en 12 meses importaciones totales por unos u$s75.117 millones), los u$s34.741 millones de reservas al 30 de septiembre significan un 46% de esas compras externas, porcentaje que seguramente será aún más bajo a medida que nos acerquemos a fin de año, si se tiene en cuenta que las reservas están a punto de quebrar el piso de los 33 mil millones de dólares.

Cefalea y acefalía

Dos palabras resumen el estado de incertidumbre que invadió al poder político y a gran parte de la sociedad argentina: cefalea y acefalía. La primera, el síntoma de la “colección subdural crónica”, el hematoma craneal que motivó la operación de la presidente Cristina Kirchner y que desplegó generalizadas muestras de apoyo y oportunos deseos de pronta recuperación. La segunda expresa las dudas sobre la real extensión de los plazos del interinato de Amado Boudou, a cargo del Poder Ejecutivo, sus atribuciones para mantener activa la gestión y su capacidad para afrontar los conflictos irresueltos que arrastra la administración kirchnerista.

Oficialismo y oposición manifestaron su solidaridad sin fisuras hacia la jefa de Estado, que en un escenario óptimo podrá estar en plenitud de funciones días después de las elecciones legislativas, para completar el mandato hasta 2015, con toda la legitimidad del 54% de votos obtenido en 2011. La operación es seria, aunque de bajo riesgo, como definieron varios especialistas en las últimas horas. Sin embargo, no deja de preocupar que el post-operatorio se estire a 90 días y que el Gobierno deambule por un período de intrascendencia, a cargo de un vicepresidente desprestigiado, investigado por la Justicia y sin margen de maniobra para encarar iniciativas impostergables.

En el plano económico corre tiempo de descuento. El crecimiento de la actividad sostenido en base a emisión sin respaldo -que a la vez alimenta la inflación-, la pérdida de los fundamentos que hasta 2011 le dieron brío a esta expansión y la imposición de un Presupuesto 2014 inconsistente desde todo aspecto, votado a las apuradas a falta de un trimestre para que concluya el año, son muestras de un esquema agotado y que además dejó de ofrecer réditos electorales para el oficialismo.

Las cuentas públicas transitan por el déficit fiscal primario, si se descuenta el auxilio financiero de los préstamos del BCRA, ANSeS y el PAMI al Tesoro nacional. Insistir a la vez con un creciente déficit energético, atraso cambiario, declive de reservas en el Banco Central y aislamiento financiero internacional es exponerse a factores de riesgo para la estabilidad económica en un contexto de mayor debilidad política para el Gobierno. Las medidas para corregir estas deficiencias se esperaban para después de octubre, pero la enfermedad de la Presidente arrasa con estas expectativas inmediatas.

Cualquier decisión trascendente en estos aspectos no puede tomarse sin la aprobación de Cristina Kirchner. Como la mayoría de sus antecesores en la primera magistratura, ella se caracteriza por su personalismo. No es su culpa: la ciudadanía siempre avaló esta representación por un sistema híper-presidencialista. A la hora de votar los argentinos consagramos jefes de Estado con imagen fuerte, los caudillos, la concentración del poder en una mano. Esta impronta no es ajena a muchos de los problemas de salud de aquejaron nuestros máximos dirigentes.

En el mejor de los casos, la actual es una oportunidad para poner a prueba los distintos mecanismos de la República, que el país no se paralice y transite por un sendero de estabilidad institucional, aún con elecciones de por medio. Será una muestra de adultez de nuestra democracia, que superó sin perder la línea de sucesión constitucional un trance mucho más grave, de profunda crisis social, política y económica en diciembre de 2001, después de la renuncia de Fernando de la Rúa y aquella semana con cinco presidentes, que dejó muertos y heridos por la represión a las manifestaciones y un default cuyas consecuencias todavía marcan la agenda del Gobierno.

El Indec lo hizo: Argentina lidera el crecimiento mundial

¿Cuánto crece la Argentina? Es una de pregunta casi imposible de contestar. La divergencia entre los índices de inflación oficiales y de consultoras privadas, e incluso de la percepción de precios de los propios consumidores, se trasladó en los últimos meses a datos más abarcadores, como los de crecimiento de Producto Interno Bruto.

Es seguro que el segundo trimestre fue el de mejor desempeño del año para la economía nacional, con el destacado empuje de la cosecha récord de granos (un 20% superior a la de 2012, que había sido consumida por la sequía) y la producción automotriz, animada por las exportaciones a Brasil y la demanda interna.

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El camino a 2015 no resiste más “piloto automático”

Durante los últimos dos años de la presidencia de Carlos Menem se acuñó la frase “piloto automático” para describir los rígidos lineamientos económicos que mantuvieron en pie a la convertibilidad. El acceso al crédito internacional permitió la continuidad del “uno a uno”, el tipo de cambio bajo que equiparaba al peso con el dólar, y dio estabilidad a la actividad económica –y a los precios- a la vez que expandió la deuda externa, mientras que consolidó la desocupación por encima del 13% de la población activa.

Aquel período, en el que Roque Fernández reemplazó a Domingo Cavallo como ministro de Economía, perdió el envión de crecimiento posterior al “efecto Tequila” (+8,1% en 1997 y +3,9% en 1998) en un escenario negativo para los países emergentes por el default en Rusia. La apreciación cambiaria de la convertibilidad continuó aún durante la recesión que comenzó en 1999 (-3,4%) y se extendió a 2000 (-0,8%) y 2001 (-4,4%), cuando el derrumbe del gobierno de la Alianza, con una deuda insostenible, obligó a una fortísima devaluación de 67% en el mandato de Eduardo Duhalde, que impactó en la caída de 10,9% del PBI en 2002.

Pasó más de una década y muchas circunstancias de la realidad económica y social mejoraron en forma nítida durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, aunque la obstinación del Gobierno para ignorar la persistente inflación y la actual dinámica de atraso cambiario, entre múltiples distorsiones, revivió a partir de 2011 el concepto de “piloto automático”: mantener la actividad en una meseta y postergar las medidas que generen costos a riesgo de deteriorar más las variables económicas.

Así como Menem perdió las esperanzas de una re-reelección después de la derrota legislativa de 1997, la continuidad de un gobierno kirchnerista a partir de 2015 parece improbable y este condicionamiento político es otra vez un obstáculo para que la iniciativa de rectificar el rumbo provenga del propio Gobierno. La dirigencia prefiere que la pérdida de rédito político por las reformas sea afrontada por un sucesor.

A diferencia de los años ’90, la Argentina tiene cerrado el acceso al financiamiento externo. A cambio, el piloto automático de hoy obtiene recursos del Banco Central, cuyas reservas récord por encima de u$s52 mil millones retrocedieron a la zona de u$s35 mil millones en menos de tres años. La entidad asumió desde 2012 un peligroso doble rol de financista del Estado para pagar deuda en dólares y solventar parte del gasto público con emisión de pesos, cursados como adelantos transitorios y giro de utilidades.

Los números del proyecto de Presupuesto 2014 anticipan el desembolso de unos u$s12 mil millones (rentas de la propiedad) entre capital e intereses de títulos públicos, pago del Cupón atado al PBI y vencimientos con organismos internacionales que saldrán de las reservas del BCRA en lugar de las arcas del Tesoro, que es el deudor original.

El presupuesto para el año próximo tendrá que atravesar un debate parlamentario más duro que en otras oportunidades. Muchas de sus estimaciones no son creíbles: prevé un dólar oficial promedio de $6,33, cuando ese será probablemente un piso de cotización, mientras que anticipa un crecimiento del gasto público del orden del 17%, porcentaje que encubriría un ajuste significativo si se toma en cuenta una inflación real que supera en 2013 el 20% anual. En ese aspecto, el incremento del índice de precios al consumidor delineado por el ministro Hernán Lorenzino es apenas de 10% para 2014.

Otros cálculos son excesivamente optimistas: un crecimiento del PBI de 6,2% o un superávit comercial por encima de los 10 mil millones de dólares. Entre los números realistas figura el de la recaudación esperada, un 27,1% superior a la de 2013 y consistente con la inflación, y otro concreto y certero: el del monto establecido para cancelar deuda.

Si bien la ley de convertibilidad fue derogada, el respaldo en dólares de los pesos en circulación disminuye con tónica preocupante. Esta relación es observada de cerca por los actores del mercado financiero, porque en la historia reciente a la sequía de dólares siempre siguió una devaluación que dejó en una situación mucho más vulnerable a los sectores de menores ingresos, aquellos que no tienen ahorros y cobran en pesos. El presente de esos argentinos está lejos de la cobertura que ofrecen inversiones sofisticadas como acciones o títulos dolarizados, y aún del hábito de atesorar divisas “en el colchón” o adquirir bienes durables como refugio de valor, adoptado por buena parte de la clase media.

Septiembre, el mes más difícil para las reservas

En septiembre el Banco Central tendrá que afrontar con reservas pagos de capital de deuda por u$s2.361 millones, más u$s394 millones por vencimiento de intereses, según consigna la Secretaría de Finanzas. Estos u$s2.755 millones que se cancelarán en divisas extranjeras se deben principalmente al pago de capital e intereses del Bonar VII por u$s2.070 millones que se concretará el jueves 12. También se efectuarán pagos de intereses de bonos Par 38 en dólares, euros y yenes (el lunes 30) y del Bonar 2019 (u$s43,26 millones, el día 15).

Algunos analistas financieros aseguran que la caída de reservas será parcial, porque una proporción importante de estos títulos soberanos está en cartera de organismos públicos, como el Bonar VII. Mientras los dólares sigan depositados, no modificarán los números del BCRA. También se descuenta que los dólares percibidos por bancos y compañías de seguros, que cuentan con este bono entre sus activos, permanecerán en el sistema y no afectarán el haber del Banco Central. Otra porción podría destinarse a la adquisición de bonos del llamado “tramo medio” de vencimiento, como el Boden 15, debido a que muchas empresas e inversores no les conviene quedarse con billetes, que en sus balances quedarán contabilizados al tipo de cambio oficial. En cualquier caso, las reservas no quedarán indemnes ante la elección de muchos tenedores por quedarse con los dólares físicos.

Este cumplimiento del Bonar VII no corre riesgo alguno por la disputa con los holdouts en Nueva York, pues se trata de un auténtico bono “kirchnerista”,  emitido en septiembre de 2006 bajo legislación argentina.

El Banco Central está obligado a preocuparse por la pérdida de reservas líquidas este año, aún cuando por la reforma de su Carta Orgánica, la entidad eliminó los “resabios de la convertibilidad” que imponían contar con los dólares suficientes para respaldar la base monetaria al tipo de cambio oficial, hoy en 5,71 pesos. Por eso, mientras que las reservas descendieron un 15,2% en el año, unos u$s6.570 millones, la entidad monetaria impulsó una apreciación de dólar mayorista en proporción similar, de 15,9% desde enero.

Las reservas internacionales tocaron su máximo el 26 de enero de 2011, en u$s52.654 millones, pero la utilización de divisas del Central para pagar deuda, a través del Fondo de Desendeudamiento Argentino, las redujeron en u$s15.934 millones, un 30,3%, hasta los presentes 36.720 millones. Ya a mediados de noviembre de 2011, los dólares de la entidad dejaron de cubrir los pesos de la base monetaria, cuando entonces se puso en práctica la restricción al mercado de cambios minorista.

El peso de la deuda

La presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, salió del mutis mediático la última semana para argumentar ante la opinión pública sobre la solidez del nivel de reservas, que son elevadas en un análisis histórico, pero con una progresión bajista tan abrupta como no se observaba desde 2001. Por radio Nacional aseguró que las actuales reservas son suficientes “para garantizar poder pagar la deuda e importar” y “conjurar cualquier jugada especulativa que nos quieran imponer en el mercado de cambios”. En el mismo sentido, señaló a Telam que el nivel “es el adecuado para llevar adelante la política cambiaria” y que posibilitó que “la deuda en moneda extranjera con tenedores privados cayera del 105% al 8,3% el PBI“, desendeudamiento que en los últimos dos años fue sostenido exclusivamente por el aporte de la entidad.

Sin embargo las cifras indican que septiembre será el período del año con mayor presión sobre las reservas por los vencimientos de deuda con acreedores privados y organismos internacionales. En el año, este concepto, así como el retiro de depósitos en moneda extranjera de los bancos (que se contabilizan como activos del Central), la devolución de préstamos internacionales y la caída del precio del oro afectaron la hoja de balance de la entidad que conduce Marcó del Pont. Aunque no hay una relación exacta entre la pérdida de reservas y el pago de vencimiento de capital e intereses de deuda en moneda extranjera, en la mayoría de los casos los meses con mayor monto cancelado también fueron los de más drenaje de divisas del BCRA.

En enero los activos cedieron u$s759 millones y se pagaron bonos en moneda extranjera por u$s282 millones. En febrero perdieron u$s922 millones (con cancelaciones por u$s258 millones), en marzo restaron u$s1.163 millones (con cancelaciones por u$s1.111 millones) y en abril cayeron u$s914 millones (con pagos por u$s1.432 millones).

En mayo las reservas del BCRA cedieron u$s981 millones, con pagos por u$s560 millones y junio fue el mes con mayor pérdida de activos: u$s1.546 millones, con pagos de deuda por 1.004 millones de dólares. Julio fue el único mes del año en el que los activos del Central subieron: u$s44 millones, con pagos de deuda por 133 millones. En agosto, las reservas volvieron a ceder u$s248 millones, poco menos que los vencimientos, por 290 millones.

Septiembre tiene casi u$s2.800 millones en vencimientos, el doble que abril, que fue el anterior mes del año con mayor cantidad de divisas comprometidas en estos pagos. En esta progresión, dicho monto anticipa un importante e inevitable sacrificio de reservas, que caerán en 2013 por un total sin precedentes desde el comienzo de la administración kirchnerista.

2013 con varios récords y muchos interrogantes

El 2013 es un año de grandes variaciones en los indicadores económicos, algunas en términos reales y otras en términos nominales por las distorsiones que generan el desdoblamiento virtual del mercado cambiario y el de la inflación, según sea medida por el Gobierno o por consultoras privadas. Hay signos nítidos de tensión macroeconómica por estas inconsistencias, que explican por qué el Gobierno empezó a avanzar en una dirección distinta a la de años anteriores, giro que ya se planteó incluso antes del decepcionante resultado obtenido por las listas del oficialismo en las elecciones primarias.

La actitud responsable de iniciar cuanto antes una corrección de variables puede evitar un ajuste con políticas de shock, que la Presidente rechazó de plano las veces que tuvo oportunidad. Por eso el año en curso se presenta como una encrucijada dentro del ciclo económico de la “década ganada”, con cifras “récord” que delatan la necesidad de cambios.

- Caída de reservas. Consistente con el pago de deuda con reservas líquidas del Banco Central definida por la reforma de la Carta Orgánica de la entidad, éstas pierden participación dentro de los activos, en su mayoría títulos intransferibles del Tesoro. Las reservas cayeron este martes a u$s36.752 millones, su piso desde el 13 de abril de 2007, unos u$6.538 millones desde enero, una pérdida sin precedentes desde 2001.

- Devaluación del peso. La apreciación del tipo de cambio oficial, en $5,69 por dólar, es la mayor en 10 años. En poco más de ocho meses de 2013 ya alcanzó el 15,6%, por encima de los 14,4% de todo 2012, aceleración que si bien contribuye a la suba de la inflación, sincera parcialmente el atraso en el precio del dólar respecto de otros bienes. Esto significa una devaluación del peso argentino del 13,6% desde enero (cayó de u$s0,2033 a u$s0,1757).

- Ascenso del dólar libre. La divisa norteamericana avanza en el año 35,4% (a $9,25) y en el mismo sentido amplió la brecha con el oficial a 62,6%, mucho mayor que en los diez años anteriores, aunque debajo del rango máximo de 100 por ciento que tocó el último 8 de mayo. El billete verde por fuera de los controles oficiales mantiene la presión para recuperar precios en función de la inflación real.

- Emisión de pesos. Las transferencias de utilidades y los adelantos transitorios a través de los cuales el Banco Central es una columna fundamental para el sostenimiento de las cuentas públicas acumularon en doce meses $62 mil millones, a $249 mil millones –datos actualizados al 23 de agosto último-, cifra que superó incluso el aumento de la circulación monetaria, de $53 mil millones en el último año.

La base monetaria (circulación más encajes) creció al 23 de agosto un 24% interanual, por debajo del 39% de crecimiento en 2011 (+$62.500 millones) y del 38% de 2012 (+$84.400 millones). Si en el último cuatrimestre del año se apura la emisión, al calor del clima electoral, estos montos podrían superarse holgadamente en cifras nominales, aunque es probable que no lo hagan en cuanto a porcentaje.

- Inflación en alza. La abundancia de pesos fue un obstáculo para que los acuerdos de precios obtuvieran un resultado contundente. El sitio Inflación Verdadera estimó una desaceleración del avance inflacionario a 20,5% anual al 21 de agosto último, contra el 26% del acumulado en 2012, máximo en la etapa kirchnerista. Sin embargo, ese 26% podría replicarse hacia el cierre de 2013 por el incremento de las jubilaciones, los aumentos salariales por paritarias y la inyección de pesos por la suba del mínimo no imponible de Ganancias que serán un incentivo a la demanda con impacto en los precios.

- Déficit fiscal. El Ministerio de Economía informó que en el primer semestre de 2013 acumuló un resultado primario positivo de $4.727,1 millones, apenas inferior a los $ 4.893,3 millones de enero-junio de 2012. Si la tendencia del gasto público repite el recorrido del año pasado, éste podría ser el segundo año consecutivo con déficit primario, como no ocurría hace 16 años. Además, al incluir los pagos de deuda, el déficit financiero sumó un récord de $13.789,2 millones en seis meses, un 31% más frente al mismo período de 2012, moderado por el auxilio financiero del Banco Central, la ANSeS y otros organismos.

- Déficit del balance cambiario. En el primer semestre de 2013, la salida de divisas por el déficit turístico marcó un récord de u$s4.504 millones, rubro secundado por el rojo comercial automotor (u$s3.258 millones entre enero y junio) y el déficit energético (u$s2.151 millones). El intercambio negativo de estos bienes y servicios fue otro factor de pérdida de reservas.

Afortunadamente, otros indicadores récord se mantuvieron del lado positivo de la balanza, para atenuar en alguna medida la debilidad de los ítems anteriores.

-Cosecha récord. Más allá de las disputas económicas y políticas entre el Gobierno y las entidades del agro, este sector es el que más aporta al crecimiento económico de 2013 y el que sostiene el superávit comercial, con una participación en las exportaciones que supera el 30% del total. Cristina Kirchner anunció este año una cosecha histórica de granos de 105,4 millones de toneladas, útil para mantener alejada a la Argentina de un escenario de crisis.

- Sector automotriz. Las terminales apuntalan el crecimiento fabril y aspiran a una producción récord. Las ventas de vehículos 0 kilómetro son el máximo exponente del “boom” de consumo que se sostiene en un techo desde la salida de la Convertibilidad. En los primeros ocho meses del 2013 se registraron 669.606 nuevos vehículos y los concesionarios prevén alcanzar un récord anual de 900 mil unidades. Como contraparte, el atraso cambiario es un aliciente al ingreso de vehículos y autopartes importados: el 63% de los coches comercializados en Argentina se fabricó en el exterior, y de los nacionales, el 70% de sus componentes es importado.

- Menos peso de la deuda. Con datos del cierre de 2012, el Gobierno destaca la reducción de la deuda externa bruta al 30% del PBI, un nivel excepcionalmente bajo en la muestra histórica y también en una comparación con otros países, y de 45% del PBI cuando se le suman los acreedores dentro del territorio nacional (deuda pública bruta). De todos modos, esta comparación se realiza sobre un cálculo de PBI récord de u$s475 mil millones, sobreestimado por el tipo de cambio oficial. La medición no cuenta acreencias como las pendientes con los holdouts, el Club de París y las demandas ante el CIADI, entre otras, que habrán de regularizarse en algún momento e incrementarán en forma significativa la deuda.

En cuanto al stock, la deuda pública ascendió a un máximo histórico de u$s197.464 millones al 31 de diciembre de 2012, por encima del nivel del default de 2001 y del número previo al canje de 2005, a pesar de haberse cancelado vencimientos por u$s173.733 millones en los últimos diez años. Ahora casi el 60% de los pasivos quedaron en cartera de organismos públicos.

Este puñado de cifras marca una dinámica de la economía que se sucede con más velocidad que la que marcan los tiempos de la política. Es de esperar que el Gobierno ceda más lugar a las decisiones que se tomen con la mirada puesta en 2015 antes que en 2013, una vez que los comicios legislativos de octubre despejen las incógnitas sobre un eventual recambio presidencial dentro de dos años.

El Gobierno, decidido a dominar la agenda

Aunque el pasado 11 de agosto la Presidente afirmó que el Frente para la Victoria realizó una “elección excelente” en las primarias abiertas y obligatorias, es claro que el resultado de la votación impactó en un oficialismo que parecía inconmovible e impermeable a las críticas desde aquel histórico 54% obtenido en octubre de 2011.

A dos meses de las elecciones legislativas que sellarán su futuro político, Cristina Kirchner demostró otra vez su rápida capacidad de reacción para tomar la iniciativa e imponer los temas de debate para toda la dirigencia.

La incremento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias tiene un importante alcance para los sectores asalariados formales del escalafón medio, hasta los $15 mil de salario bruto, que integran una parte de la base de votantes del kirchnerismo, con un costo fiscal de sólo $2.581 millones, inferior al 1% del total anual de la recaudación, gracias a la compensación que aporta el gravamen sobre acciones y dividendos de las empresas.

Con esta mejora se inyectarán casi 4.500 millones de pesos anuales al consumo. La suba del piso de Ganancias fue una de las demandas más reiteradas por los sindicatos y también por los pequeños contribuyentes que observaban cómo sus ingresos se reducían en términos reales por el doble efecto de la inflación y la creciente percepción de impuestos, que licuaban los aumentos obtenidos en las negociaciones paritarias.

De todos modos, la inflación sigue y afecta a toda la población, sin distinción alguna, en especial a los pobres, que no reciben un beneficio directo por la rebaja del impuesto a las Ganancias. Si el aporte fiscal de su reducción se va a financiar con emisión sin respaldo, la consecuente inflación lo va a transformar en regresivo -recursos de los sectores de menos ingresos e informales que se destinan a sectores medios- en lugar de progresivo, tal como fue concebido -que aporten más los que más ganan-. A la vez, este gravamen, sin una actualización automática en base a datos estadísticos creíbles sobre inflación, continúa sometido al humor del Poder Ejecutivo, e incluso a la arbitrariedad de sus necesidades electorales, cuando debería ser el Congreso el que lo actualice como una facultad indelegable.

A favor del Gobierno suma el hecho de que el cambio en Ganancias y la ley que grava activos financieros para solventarlo surgieron del diálogo político y social, en el que participaron funcionarios, empresarios y sindicalistas.

Con los mismos reflejos, la jefa de Estado anunció el lunes la reapertura del canje de deuda luego de conocerse el fallo adverso en segunda instancia en la Justicia norteamericana en la causa iniciada contra el país por los bonistas que no ingresaron a las anteriores reestructuraciones de deuda. El objetivo es evitar el pago a los llamados “fondos buitre”, ganar tiempo hasta el 2015 -cuando vence la cláusula que impide mejorar la oferta- y eludir tanto un embargo como un eventual default con los acreedores que ya aceptaron  los dos canjes anteriores.

Esta iniciativa, que tiene todavía un resultado muy incierto, también recibió el apoyo de muchos referentes políticos y económicos, aunque desnudó la improvisación que asoma detrás de decisiones trascendentes y que tendrán largo efecto en el tiempo.

En ambos casos –Ganancias y holdouts-, Cristina dejó sentado que va a apostar todo su capital político para mejorar la performance del oficialismo en las elecciones legislativas. Queda sin definir si semejante reacción llega a tiempo o si ya es demasiado tarde para torcer la tendencia del voto en octubre.

El Gobierno devalúa, pero no le alcanza

Durante julio, el Banco Central subió un 2,24% el dólar mayorista, referencia del mercado de cambios oficial, desde los $5,395 del 28 de julio, hasta los 5,515 pesos. De esta forma, el tipo de cambio aumentó un 12,2% en los primeros siete meses del año. Al anualizar esta apreciación entre enero y julio, refleja una tasa de casi 21%, que resulta un dólar oficial de $5,95 a fin de año.

Este dólar está de acuerdo con la “estimación” de un dólar oficial a seis pesos atribuida al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a comienzos del año, pero aún muestra que es imparcial o falaz interpretar que la devaluación oficial acompaña el ritmo de la inflación. En realidad “corrió desde atrás” al subir menos que la inflación real algunos meses, mientras que lo hizo más en otros. En enero, la inflación difundida por legisladores de la oposición en el Congreso fue de 2,58%, contra un incremento del dólar oficial 1,20%; 1,23% contra 1,33% en febrero; 1,54% contra 1,51% en marzo, y 1,52% contra 1,31% en abril.

El atraso cambiario presionó para que el dólar recuperara la tendencia ganadora en mayo y junio. En el quinto mes del año, la inflación detectada fue de 1,57% contra 1,84% que ganó el dólar, y en junio fue 1,93% contra 2,08 por ciento. En julio, la divisa mayorista ganó 2,2%, cuando algunas consultoras privadas ya calculan una aceleración de los precios en un rango de 2,4 a 3 por ciento. Así, una aproximación más realista muestra en el primer semestre un incremento de precios minoristas de 10,82% contra una suba del dólar de 9,65%: el billete siguió rezagado contra el promedio de los precios.

Por eso, el Banco Central decidió acelerar el ritmo de apreciación de la divisa. Si se tomara en cuenta la progresión alcista del bimestre junio-julio (subió 23 centavos, desde los 5,285 a 5,515 pesos) el incremento sería 4,35% bimestral, un 26,1% anual. Si se anualizara el 2,24% que avanzó el billete verde en julio, esta suba del dólar aceleraría un 26,9 por ciento. Es decir, la autoridad monetaria está apretando el acelerador.

En estrictos términos de devaluación, hay que decir que el peso argentino se devaluó 10,84% en el transcurso del año (frente a 12,2% que ganó el dólar), desde los u$s0,203 por peso ($4,925 por dólar en enero) a u$s0,181 por peso el 31 de julio. Anualizada, esta devaluación asciende a 18,58%, un porcentaje significativo que contraría la expresión de Cristina Kirchner, quien dijo en mayo que “para devaluar tendrán que esperar a otro Gobierno”.

Brasil y Venezuela

Probablemente haya sido el ajuste del dólar en Brasil el factor que más empujo al BCRA a apurar la escalada local de la divisa. En el trimestre mayo-julio el país vecino apreció el dólar un 14 por ciento. Respecto de enero, la divisa norteamericana en Brasil avanzó 12,2%, lo mismo que ganó el dólar oficial en Argentina. Esta relación es crucial en materia de exportaciones, debido a que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Sin embargo, la diferencia de inflación entre ambos (3,15% contra 10,82% en el primer semestre) es otro dolor de cabeza para los funcionarios argentinos y factor de pérdida de competitividad para los productos nacionales.

El combate de la inflación que el Gobierno decidió hacer manifiesto en este 2013 es un fracaso concreto y subyace a las medidas para ajustar la tasa de cambio. Cuanto más ajustes, controles y acuerdos de precios se intentaron aplicar, menos efecto se consiguió en las góndolas. Por el contrario, la inflación parece estabilizarse en un 2% mensual.

Argentina está muy lejos de la realidad de Venezuela, pero simula seguir sus pasos. La administración chavista intentó a su modo fijar precios en época preelectoral y luego de los comicios la inflación se le fue de control: acumuló 25% durante el primer semestre del año, por encima del 7,5% del mismo período de 2012.

El país caribeño mantiene un férreo control de cambios con una cotización oficial de 6,30 bolívares por dólar, aunque la moneda de los EEUU es prácticamente inaccesible de no ser por el mercado paralelo, en el que su valor se quintuplica. Por ejemplo, el codiciado dólar “turista” al que acceden pocos venezolanos, con montos de u$s1.000 en promedio y un límite de u$s2.500, vale cerca de 11,7 bolívares, casi el doble que el oficial. En la Argentina, la tasa de recargo es apenas 20 por ciento.

Asimismo, en febrero, el gobierno de Nicolás Maduro decidió devaluar casi el 32% el bolívar respecto del dólar, que pasó de costar 4,3 bolívares a los actuales 6,3. Argentina todavía está lejos de un ajuste tan brutal, con su devaluación estimada en 18,8% anual. Más que un espejo Venezuela es en este sentido una caricatura que exagera el presente argentino, pero obliga a pensar sobre las consecuencias de las políticas económicas erráticas, descoordinadas y tolerantes de una inflación que carcome los ingresos.