La puja por el dólar

Un tema central para la coyuntura política-económica durante las últimas semanas han sido las medidas que ha tomado el gobierno nacional respecto del mercado cambiario. El valor de la divisa extranjera es importante para controlar múltiples variables macroeconómicas, y más en una economía como la argentina que aboga por un desarrollo industrial postergado durante décadas. En efecto, a medida que se desarrolla la industria y mejora la economía en su conjunto, surgen las llamadas tensiones de crecimiento que se manifiestan fundamentalmente en el sector externo. Esta situación es llamada restricción externa y se trata de una problemática propia de cualquier economía en desarrollo que no imprime dólares.

Lo que sucede es que a medida que la industria crece, aumenta la demanda de insumos o bienes intermedios que, por una corta trayectoria productiva, aún el país no fabrica. Para no frenar este crecimiento de la industria se necesita divisa extranjera, ya que las partes con las que la economía nacional no cuenta, se compran en el exterior en dólares, que es la moneda que rige el comercio internacional. El control del valor de la divisa, entonces, resulta una variable trascendental.

Durante la última década el control del precio de la divisa había garantizado un valor que beneficiaba a la industria, que facilitaba la adquisición de insumos y energía en el exterior. Sin embargo, a medida que crecía la economía, se mejoraba la distribución de los ingresos y el poder adquisitivo de los trabajadores: los bienes de uso, es decir, los bienes finales provenientes del extranjero, también se tornaron baratos de adquirir. A medida que este proceso se profundizaba, y de la mano con el uso de reservas para desendeudamiento, fueron necesarias ciertas medidas que canalizaran el uso de divisas hacia las ramas primordiales, como la industria y la reducción de la deuda, permitiendo a su vez sostener el consumo de bienes locales. Medidas en este sentido fueron el adelanto de ganancias para compra con tarjeta, el control de los montos de extracción, la restricción a la compra para atesoramiento, entre otras.

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Una resolución necesaria

A través de la resolución 3550, publicada en el Boletín Oficial, la AFIP, en condición de agente de percepción, determinó el aumento del 20% al 35% del recargo que aplica por las compras que los argentinos realizan con tarjetas de crédito o débito en el exterior, a través de páginas web y adquiriendo paquetes turísticos o pasajes aéreos. El porcentaje es considerado un adelanto del impuesto a los bienes personales y de ganancias. Esto significa que una persona cuando adquiere moneda extranjera a través de una transacción de adquisición de servicios turísticos, tiene esta percepción por parte de la AFIP y luego en su declaración jurada impositiva se toma como pago a cuenta. Las personas que no abonan estos impuestos pueden tramitar su devolución.

La retención a la transacción en moneda extranjera se aplica desde septiembre de 2012, como un mecanismo para evitar la evasión, cobrándose el impuesto en forma anticipada, y como una forma de contener la salida de divisas, esenciales para la balanza comercial y el pago de deuda.

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Futuro energético

YPF y la estadounidense Chevron firmaron un acuerdo de explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica -fracking-, que consiste en perforar formaciones rocosas compactas a 2500 metros, donde se hallan el gas y el petróleo de difícil o nulo acceso. Se trata de una técnica relativamente nueva y en la que no muchas empresas se han especializado en el mundo. Chevron es una de ellas.

Esta nueva modalidad de explotación estará dirigida especialmente a la región de Vaca Muerta, en las áreas de Loma La Lata Norte y Loma Campana, provincia de Neuquén. La asociación de Chevron e YPF (controlada por el Estado argentino) consolida una inversión de 1.240 millones de dólares, con un monto estimado en U$S 600 millones este mismo año como primera instancia de la puesta en marcha de mil pozos de recursos no convencionales de petróleo y gas (shale oil y shale gas) en el yacimiento. El proyecto determina la explotación de “350 y 400 kilómetros cuadrados, con mil pozos, y si se estima un costo de 8 millones de dólares por cada uno, la inversión sería de 8.000 millones de dólares, para hacerlos en los próximos años″, según informó días previos a la firma el gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag. De acuerdo al Plan Estratégico 2012-2017 presentado por el presidente de YPF, Miguel Galuccio, correspondería a un 32% de crecimiento en volumen de petróleo y un 37% en gas.

Mucho se ha hablado en estos días sobre este acuerdo. A diferencia de planteos recientes que lo han criticado duramente, en general hechos por ex secretarios de Energía que hoy pretenden incidir en la agenda, la sociedad de YPF con la firma norteamericana no tiene nada que ver con las políticas de total apertura que regían en la década del ’90 de la cual, paradójicamente, estos presuntos expertos fueron parte como funcionarios. La Ley de Soberanía Hidrocarburífera de mayo de 2012 no sólo define a los hidrocarburos como de “interés público”, siendo un elemento central en la estructura de costos y precios del circuito productivo, sino que da facultades al Estado para fijar las reglas a las que deben atenerse las compañías privadas a cargo de concesiones de explotación y permisos de exploración. Es en ese marco en el que debe interpretarse el reciente decreto 929, que especifica que las firmas que inviertan al menos 1000 millones de dólares podrán comercializar sin retenciones el 20% de lo producido a partir del quinto año de iniciada la inversión, y dispondrán libremente de esas divisas. Este decreto no se aplica únicamente a la negociación con Chevron, sino a la previsión de acuerdos similares con las compañías Exxon, Pan American Energy, Gas Medanito y CGC. Y forma parte de un conjunto de incentivos adicionales, como el decreto 927 publicado el día posterior -que reduce la carga tributaria sobre los bienes de capital nuevos y usados importados por las empresas- tendientes a facilitar inversiones en un sector capital-intensivo que requiere de un Estado activo en pos de atraerlas. A diferencia de quienes sospechan “cláusulas secretas” escondidas en este acuerdo, vale decir que el decreto 929 faculta al Gobierno a elaborar anualmente un informe acerca del grado de cumplimiento de los objetivos y, en caso de detectar “incumplimientos sustanciales”, el beneficio previsto cesará.

La inversión extranjera en sí misma no es buena o mala. Recaer en esas categorías de análisis es por demás simplista, y hasta inverosímil a la hora de plantear objetivos estratégicos. El Gobierno nunca ha declarado al sector hidrocarburífero de “interés público” sobre la base de fundamentos ideológicos estáticos, ni tampoco se desprende de sus principales funcionarios el desdén a las inversiones extranjeras para dinamizarlo. Por el contrario, en las declaraciones del equipo económico a cargo del sector energético siempre se habló de la necesidad de una convergencia entre el sector público y el privado para alcanzar ese autoabastecimiento. En todo caso, lo que sí se cuestiona es la vocación “entreguista” con que el neoliberalismo había confiado a los privados el desarrollo de ese sector clave para cualquier país, cuya máxima expresión fue la venta de YPF. Pero debe pensarse que quienes hoy creen ver un “doble estándar” en un Gobierno que hace un año recuperaba la empresa y hoy suscribe este acuerdo con Chevron, sólo especulan con desgastar la iniciativa oficial por intereses políticos. Pretender ver en el anuncio cierta regresión en ese sentido es absolutamente inconsistente y engañoso, además de un deliberado intento por menoscabar los esfuerzos que se están haciendo por recuperar el autoabastecimiento energético que muchos de los hoy críticos contribuyeron a erosionar.

Los ejes, al analizar esta cuestión, son: por un lado el rol que asume el Estado frente al capital externo y, por otro, el problema histórico de la economía argentina: la “restricción externa”. Con respecto a la primera cuestión, entendemos que desde el momento en que el arribo de capitales cuenta con un marco institucional de regulación estricta, el rol activo que pretende actualmente asumir el Estado nacional queda más que claro. El problema de la restricción externa merece un análisis de mayor profundidad, ya que no responde a una situación coyuntural sino a déficit estructural propio de un país que no imprime los dólares necesarios para importar insumos industriales y modificar así su matriz productiva. Esto significa que la producción industrial sigue dependiendo de la importación de una gran cantidad de insumos y de bienes de capital que, o no son producidos localmente, o su escala es insuficiente.

Por eso el punto en el que debemos hacer hincapié es el ya conocido proceso de sustitución de importaciones y los beneficios que la explotación y disposición de un insumo clave para el desarrollo industrial, como es el combustible, generarán en el largo plazo. El acuerdo representa entonces un ingreso de capital extranjero regulado y volcado al desarrollo de un elemento fundamental para aumentar la competitividad de nuestra economía, que se complementa con los ya existentes complejos industriales que estimulan la generación de empleos, la distribución del ingreso y los avances de la ciencia y la tecnología.  

En la inauguración de una estación de desgasificado al vacío en la fábrica de Siderar en San Nicolás, celebrada hace pocos días, la presidenta Cristina Fernández destacó la importancia de las políticas tendientes a mejorar la competitividad fortaleciendo la industria, y advirtió: “Se viene una nueva división internacional del trabajo y nos quieren asignar la reprimarización de nuestras exportaciones. Esto debemos impedirlo con políticas públicas destinadas a invertir en tecnología”. Lo que está en juego, por lo tanto, es la puesta en producción de un recurso clave para el futuro energético de nuestro país.

Estatizar para fortalecer la Industria

Recientemente, en conferencia de prensa, el ministro del Interior Florencio Randazzo anunció la rescisión del contrato con la empresa brasilera ALL (América Latina Logística) de dos servicios ferroviarios de carga de Cuyo y la Mesopotamia y del Tren de la Costa del grupo Sociedad Comercial del Plata (SCP), una firma que controla el grupo Soldati.

De esta manera, se recupera el trazado cuyano Pacífico San Martín que recorre las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y finaliza en Buenos Aires y el mesopotámico General, que atraviesa las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos y empalma con ramales en Paraguay, Uruguay y con la red ferroviaria de ALL en Brasil. Los dos ramales de carga quedarán a cargo de la empresa Belgrano Cargas y Logística, presidida por Marcelo Bosch, quiEn ejercía el cargo de interventor del Estado hasta su re estatización el 22 de mayo del año pasado.

Aún debe definirse, para el caso del Tren de la Costa, si junto con el tren el Estado pasará a hacerse cargo de los predios que conforman el parque de atracciones y los locales comerciales que tenía cada estación del tramo.

Fundamentar o tener que “defender” una estatización está de más. La gestión estatal implica que determinado servicio deja de regirse por pautas únicamente mercantiles de costo y beneficio y pasa a estar al servicio de un interés nacional orientado y planificado. Sin embargo, los vestigios del discurso y el interés neoliberal en nuestro país siguen vigentes en determinados sectores y perjudican la percepción de medidas como esta para el conjunto de la población. Por esto es importante remarcar la importancia de cada avance y enmarcarlo en una red de gestión estatal orientada.

La rescisión se presenta en función de incumplimientos claros por parte de las empresas a las concesiones:

- El Tren de la Costa exhibía falta de mantenimiento, una cesión del contrato de concesión sin consentimiento del Estado -durante su concurso de quiebra, SCP intentó dividir la firma al frente del ferrocarril en dos, Nuevo Tren de la Costa, que quedaba a cargo de la explotación del tren, la parte menos rentable, y una nueva sociedad para la explotación de los “inmuebles colaterales”, como las estaciones y los terrenos del Parque de la Costa- y omisión del pago del canon. Incluso el pago de los salarios de los trabajadores del ramal ya estaba en manos del Estado.

- La compañía ALL tenía multas que superaban el 30% de la garantía del contrato, incumplimiento del programa de inversiones, abandono de ramales y levantamiento de vías, entre otras. Cabe recordar, en especial a aquellos defensores de los bienes privados, la responsabilidad de la empresa en la llamada “tragedia de Zanjitas” en la localidad de San Luis, donde murieron 8 personas en noviembre de 2011, cuando un convoy del ferrocarril San Martín Cargas de 44 vagones contenedores impactó un ómnibus escolar en un paso a nivel que carecía de barrera y señal lumínico-sonora.

Incluso una vez iniciado el proceso judicial, la compañía obstruyó la investigación al negarse a aportar la planilla de recorridos. La estatización de un rubro como es el de transporte -en especial el transporte de mercaderías- permite reducir los costos para mejorar la competitividad de la producción. En esa misma línea ubicamos la estatización del Belgrano Cargas y la de YPF. Transporte y energía son dos elementos básicos en una estructura de costos de producción; por un lado, un precio accesible brinda un margen mayor para el ingreso al circuito productivo, que multiplica la cantidad de productores (y por esto la producción) y en segundo lugar, el precio de comercialización final del bien será menor y más competitivo.

Durante la conferencia de prensa en la que se anunció la estatización, Randazzo declaró: “Debemos recuperar el material rodante, las vías y la infraestructura para alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto de transportar 100 mil toneladas por mes a finales de este año y alcanzar las 300 mil toneladas por mes en el año 2015″ y que la acción “no tendrán costo alguno para el Estado” al “comprobarse los incumplimientos de los concesionarios”. Entonces, no se trata solamente del control y la planificación del recurso como único objetivo, sino de sentar precedentes en torno a la gestión de las empresas privadas que se encargan de brindar servicios en el país. Políticas de desinversión, desmantelamiento y vaciamiento, como ha quedado demostrado, no serán avaladas por un gobierno nacional con el objetivo específico de preservar aquellos elementos que sirvan al desarrollo de conjunto de la población.

El conflicto docente y las responsabilidades de la provincia de Buenos Aires

El complicado inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires constituye un ejemplo más de la creciente conflictividad que se viene manifestando en la principal jurisdicción del país en los últimos tiempos. Como precedente podemos mencionar el anuncio del gobernador el año pasado, de diferir el pago de aguinaldos a los empleados estatales, que finalmente se evitó gracias a la asistencia financiera dela Nación.

La dimensión del problema docente, por el alto impacto que tiene en la provincia más poblada del país, obliga entonces a un repaso de lo realizado hasta aquí en materia educativa para identificar responsabilidades. Al mismo tiempo, amerita un análisis que identifique las causas de la falta de recursos en Buenos Aires- argumento planteado por la gobernación para justificar la imposibilidad de afrontar el aumento que demandan los gremios- en tanto no deja de resultar paradójico que, en un país que ha conseguido reestructurar y reducir su deuda en más de un 100% de su PBI, manteniendo un crecimiento sostenido, su principal unidad subnacional registre una situación financiera tan complicada que no le permita asumir compromisos que hacen a la prestación de bienes y servicios públicos básicos.

Las negociaciones por los salarios docentes se iniciaron el 14 de enero y se pospusieron hasta el día 8 de febrero por las diferencias entre ambos sectores. Entre una instancia y otra, cabe destacar el anuncio de la Presidentasobre el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias -29 de enero- de gran impacto ya que permite que parte del ingreso adicional percibido pueda ser redireccionado al consumo. El cierre a la fecha de las paritarias fija que el salario mínimo de los docentes, con una jornada simple sin antigüedad, será de marzo a agosto de $3248, de septiembre a noviembre de $ 3332 y de diciembre a febrero de 2014 de $3416. Con este acuerdo el aumento es del 22%, actuando como un mínimo sobre el cual las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán fijar sus propios convenios con los 110 gremios que existen a nivel nacional, según la situación económica, poblacional y tributaria de cada una. Como ratificó el ministro de Educación Alberto Sileoni, la instancia tiene una “función exclusivamente orientadora”. Dadas las potestades que cada provincia tiene en ese sentido, el objetivo de la paritaria nacional es establecer un salario “testigo” (el mínimo) para el docente que cuenta con una jornada simple sin antigüedad, sobre el que luego debe negociarse a nivel provincial.

El Estado Nacional actualmente invierte en materia educativa 5.200 millones de pesos anuales que son destinados al Fondo Nacional de Incentivo Docente ($255 por cargo) y al Programa de Compensación Salarial  para las provincias. Se estima que el salario docente en Argentina se incrementó un 665% desde 2003, llegando a tener una inversión en Educación del 6,47% del PBI.

El análisis general de las negociaciones salariales no puede disociarse del contexto específico en el que se desarrollan, circunstancia que habitualmente parece no tomarse en cuenta a la hora de ensayar alguna explicación al respecto. En primer lugar, por los acuerdos llevados adelante desde la Secretaria de Comercio Interior para congelar precios, evitando así que un posterior aumento impulsado desde las grandes cadenas de hipermercados termine disminuyendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Dicho congelamiento, en lo inmediato, resulta necesario para detener la tensión de precios, y a mayor plazo constituye un antecedente muy útil para pensar en una coordinación de una política monetaria y fiscal que reúna a los distintos actores, ya que para mantener el nivel de actividad económica actual es necesario preservar los salarios reales moderando los aumentos para evitar la carrera de precios.

Por otro lado, es importante entender que, fijado el aumento mínimo nacional en un 22%, las provincias deben actuar de acuerdo a sus respectivas capacidades impositivas para hacer frente a las negociaciones salariales acordadas sobre este porcentaje. Y aquí es donde quizás más se manifiestan las limitaciones de la gestión económica bonaerense actual que, promediando un segundo gobierno, aún no ha podido revertir la regresividad de su estructura tributaria ni incrementar la recaudación propia, aumentando la carga fiscal en los sectores de mayor capacidad contributiva de la provincia. Esto ha generado un persistente déficit que, desde hace años, no baja de los $10.000 o  $12.000 millones. Ante esto, Fernando “Chino” Navarro, diputado por la Provincia de Buenos Aires, manifestó la imprudencia en términos de gasto y la falta de voluntad política de la dirigencia provincial para cobrar impuestos a quien corresponde. Ciertamente, el déficit de la provincia es estructural y viene de larga data, pero la actual administración, lejos de revertirla, la profundizó. En el período 2007-2012, la administración de Cristina Fernández destinó el 42% del incremento de la asistencia financiera a las provincias sólo a Buenos Aires ($ 3.600 sobre un total de $ 8.700 millones), además de haber promovido un Plan Federal de Desendeudamiento del cual resultó ser la más beneficiada, pues desde su implementación en el 2010, y hasta el 2017, podrá ahorrar $22.600 millones. Pese a las transferencias que recibe por parte del gobierno Nacional, Buenos Aires continúa delegando gastos en materia educativa, como el traspaso del mantenimiento de escuelas a los Municipios, que deberán afrontarlo con dinero del Fondo Educativo incluido en el Presupuesto nacional. Asimismo, los ingresos corrientes provenientes de la coparticipación y del Fondo Federal Solidario en el primer bimestre se incrementaron en un 24% en relación al año pasado, lo que invita a replantear la estrategia del Ejecutivo provincial de victimizarse continuamente, acusando falta de recursos desde el Gobierno Nacional.

Qué impuestos y a quiénes cobrárselos pueden reflejar los lineamientos de los proyectos políticos a discutir durante los próximos años enla Argentina. La cuestión que subyace es en qué pone el foco cada provincia a la hora de administrar sus recursos, cómo los distribuye y, fundamentalmente, la manera en que se hacen cargo y resuelven sus problemas, evitando especulaciones que continúen postergando la ejecución de decisiones políticas claves y transformadoras.